Los datos de la deuda pública española son ciertamente alucinantes. El reino de España tiene una deuda pública que a finales de 2011 ascendía a 734.962 millones de euros. O lo que es lo mismo, el equivalente al 68.5 % de PIB. Si contemplamos tal cantidad desde el número de habitantes resulta que asciende a 15.574 euros por persona. Se mire como se mire es una cifra que refleja a las claras el sentido de responsabilidad de tantos dirigentes de la cosa pública que en los niveles nacional, autonómico y local, han destacado durante largo tiempo precisamente por una lamentable capacidad de gestión o administración. Por si fuera poco, esto días ha trascendido que sólo País Vasco, Cataluña, Madrid y Valencia acumulan una deuda de 105.000 millones de euros. Por otra parte, no hace mucho un alto representante del ministerio de hacienda afirmaba que 4.000 municipios no son viables económicamente, la mitad casi de los entes locales de toda España.
La deuda pública es de tal calibre que la farmacopea necesaria implica una honda y profunda transformación. Con parches o medidas puntuales no se arreglará el problema. La tipificación de conductas de negligencia o irresponsabilidad en el manejo de los fondos son necesarias pero insuficientes. Es necesario trabajar sobre los fundamentos del modelo y actuar sobre las bases culturales de la democracia para apuntalarla de verdad.
En este contexto, es menester proceder, de forma consensuada, como hicieron los alemanes no hace mucho, una reforma de la Constitución para actualizar el modelo autonómico, un gran alumbramiento de los constituyentes de 1978, a la realidad, a las necesidades colectivas de los ciudadanos. Es posible delimitar con más precisión las competencias de los Entes territoriales, es recomendable dar una mejor regulación al principio de cooperación. Y sobre todo, es posible una nueva forma de entender el ejercicio de la política que piense más en el pueblo y menos en el mantenimiento y conservación del poder a como dé lugar.
En este contexto, sobran muchos cargos públicos, es necesario que el crédito fluya a quienes más los precisan, las estructuras públicas deben racionalizarse. En fin, que hacen falta muchas reformas, pero reformas a fondo, de verdad, no reformas para que todo siga igual. Reformas para que esa tecnoestructura que gira en torno a los banqueros, a los dirigentes políticos y a los responsables de los medios de comunicación se convierta a la democracia y asuman, que difícil debe ser, que el gobierno sea el del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esa es la cuestión. Una cuestión de siempre que hoy necesita plantearse seriamente si es que queremos que las cosas cambien de verdad, no en apariencia.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es