Una polémica que suele presentarse en el estudio de las relaciones entre Gobierno y Democracia se refiere a si calidad de vida de la población es proporcional a la calidad ejercicio del Gobierno y a la calidad de la democracia. En punto a esta cuestión tan relevante encontramos dos posiciones, hay más, que me parece que tienen interés para enfocar algunos problemas derivados de la crisis económica y financiera que vivimos y su proyección sobre el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas.
Por un lado, Bo Rothstein, director del Instituto para la calidad de los Gobiernos de Gotemburg y, por otro el premio Nobel Amartya Sen, postulan diferentes argumentos. Para el economista indio las hambrunas se producen en sistemas políticos sin libertades. Sostiene el premio Nobel que una democracia con libertades reales facilita la mejora de las condiciones de vida de la población. El profesor alemán por su parte, señala, así lo confirmó estos días en Madrid, que el bienestar de la población no depende de la democracia sino de la calidad del Gobierno. Para Rothstein, la calidad de la salud, de la educación, la esperanza de vida, la mortalidad infantil y otros parámetros de esta índole dependen de la calidad del Gobierno. De la calidad de la democracia, dice, dependen los valores del pluralismo, los niveles de corrupción, la igualdad entre hombres o mujeres, el respeto a las minorías o la igualdad de condiciones para el acceso a determinados servicios generales.
Sin embargo, la clave de la cuestión está en que los Gobiernos en las democracias promuevan los valores de este sistema político en orden a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Si hay mucha corrupción, desigualdad social, persecución a las minorías o censura más o menos explícita es imposible que aumente el bienestar social de todos. Por una razón, el bienestar social tiene una dimensión material y otra espiritual. Y de lo que se trata es de trabajar sobre ambas dimensiones, de manera que un enfoque más abierto y plural, como el que defiende Sen, se pueda ir abriendo paso en el ejercicio de la acción pública en las democracias.
Desde luego, dejar constancia de que el bienestar material depende de la calidad del Gobierno, puede ser un dato empírico. Pero un dato empírico que debe llevar a la reflexión para patrocinar planteamientos más abiertos, dinámicos, compatibles y plurales del desarrollo social.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo. jra@udc.es