Un año después, el 15-M, el movimiento de indignación que el año pasado recorrió todo el mundo desde la madrileña Puerta del Sol, ha celebrado su primer aniversario con diferentes actos en toda la geografía nacional. Para unos, el clamor de censura y crítica que arrancara con gran ímpetu el año pasado se ha desinflado. Para otros, el movimiento está madurando y ante los cambios de perspectivas sufridos desde el 15-M de 2011 está en proceso de crecimiento interno. Sea lo que sea, la verdad es que cuantitativamente todos hemos visto lo que ha acontecido estos días de conmemoración. Desde el punto de vista cualitativo, sin embargo, es cada vez más importante que la indignación encuentre, no sólo una forma de expresión, sino las que sean necesarias.
En efecto, el grado de deterioro de las condiciones de vida de tantos millones de personas se agrava por momentos. Mientras, observamos atónitos fluctuaciones especulativas de gran calado en las bolsas así como el inmovilismo que reina en las terminales de las formaciones partidarias, cuyos dirigentes parecen temerosos de perder la posición. La reforma real del sistema financiera no llega, todo lo más remedos y parches, cambios y transformaciones puntuales. Todo lo que se les ocurre a estos gobernantes es recortar y recortar como si la política fuera gestión y administración sin más. En cambio, las propuestas que el movimiento 15-M recogió el año pasado en los buzones a tal efecto colocados los días de su estacionamiento en la Puerta del Sol, siguen pendientes.
En efecto, estos días se ha hecho público, por un grupo de representantes del movimiento, el trabajo de recopilación de las 14.700 opiniones escritas que fueron introducidas en los diez buzones habilitados al efecto. El 32 % de las propuestas se referían a la política, el 21% a la economía, al medio ambiente el 14%, el 12% a la educación, a las cuestiones sociales el 10%, el 4% a la organización interna del movimiento 15-M y el 3% a asuntos culturales. Lo que más preocupa a las personas que depositaron sus ideas en los buzones es la política. En concreto, se reclama, de una u otra manera, el fin de los privilegios de los políticos. En este sentido, se solicita un cargo por persona, se censuran las elevadas dietas y asistencias de los altos cargos, se pide la supresión de la libre designación como sistema de promoción en la carrera administrativa, se postulan las listas abiertas para la selección de los candidatos más importantes de los partidos, así como medidas eficaces contra la corrupción como que los que roben dinero público, además de la pena de cárcel que le corresponda, devuelvan los fondos sustraídos.
Algunas de estas ideas o propuestas, sin embargo, han sido o están siendo objeto de tramitación parlamentaria. Es el caso de la responsabilidad jurídica, penal o administrativa según que el ilícito sea de una u otra naturaleza, en los casos de mala gestión de los fondos públicos. Otras, sin embargo, no están, según parece, en la agenda próxima de los cambios políticos. Es el caso de las listas abiertas, un tema que da pavor a los actuales dirigentes, temerosos de perder la posición. Es el caso de la libre designación, una forma de allegar afines y adeptos a la rectoría de los asuntos públicos en lugar de personas preparadas. También esperan el sueño de los justos la reforma de la ley electoral, la modificación de la financiación de los partidos políticos o la prohibición del desempeño de más de un cargo político.
En otras materias, sobre todo en materia económica y financiera, las cosas van muy despacio. Tanto que las agencias de calificación siguen disfrutando del mismo régimen jurídico privilegiado y que todavía es posible que una conjunción de inversores pueda poner a los pies de los caballos la deuda soberana de un Estado, y por ello las condiciones de vida de millones de ciudadanos.
Va siendo hora ya de que los dirigentes públicos se acostumbren a administrar y gestionar con los ingresos que reflejan los presupuestos sin tener que endeudar a generaciones de ciudadanos como han hecho quienes han regido los destinos públicos de nuestro país en las últimas décadas. Y, por cierto, engañar falseando las cuentas no es simplemente una determinada opción de supervivencia política. Es algo muy grave. ¿ O nó?.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es