Primero, las personas, después, las estructuras. Las condiciones de vida de las personas, de los ciudadanos, de la población, deben estar siempre en el primer lugar de la toma de decisiones públicas. En una época de crisis, con mayor razón. Por eso, decisiones relativas al aumento de impuestos, de tasas, reducción de sueldos de personal al servicio de las Administraciones públicas o bajada de las pensiones, deben ser muy ponderadas. Hasta el punto de que, en mi opinión, solo deberían producirse tras un amplio y generoso ajuste de esas estructuras públicas y política que dan cobijo a toda una legión de miles y miles de individuos que están donde están, lisa y llanamente, por pertenecer a un partido político o por una relación de especial confianza con los principales dirigentes de la cosa pública.
El ajuste debe hacerse fundamentalmente en el sector público de las Comunidades Autónomas. Un sector público que debe reducirse sustancialmente bajo la máxima de tanta libertad como sea posible y tanta intervención pública como sea imprescindible. Además, para amortizar la elevadísima deuda pública, es menester también proceder a privatizaciones, desinversiones y entradas de capital privado en sociedades y empresas públicas. Se habla, en este supuesto, de que la iniciativa privada se comprometa en Renfe, Aena, Puertos del Estado o Paradores Nacionales. En el mismo sentido, también hay que dejar que la iniciativa privada participe en tantas empresas y sociedades públicas autonómicas, hasta su privatización en la mayoría de los casos. Y, por supuesto, hay que racionalizar la planta de personal del sector público, a día de hoy inasumible socialmente e insostenible económicamente.
La gente reclama ejemplaridad a los dirigentes políticos y financieros. Todo lo que estamos conociendo en este tiempo en relación con la corrupción política y financiera, aconseja que se tomen medidas drásticas que eviten la reiteración de conductas inapropiadas. Por eso, si la población percibe que se eliminan privilegios, que los sueldos se racionalizan y que, quien la hace la paga, seguramente las encuestas acerca de responsables políticos y financieros empezarán a cambiar. Todavía, a día de hoy, la ciudadanía sigue pensando que los jerifaltes se aprovechan de su posición y que están aislados de la realidad.
La gestión de los políticos en las cajas de ahorros en España, o la administración del Libor y del Ibor en la city londinense reflejan hasta que punto es necesario un cambio sustancial en la forma de manejar estas instituciones. En el mismo sentido, los datos aparecidos estos días acerca del número de personas de extracción política que trabajan en empresas y sociedades públicas, imponen una drástica reducción de plantillas. Es verdad que en algunos casos, prescindir de este personal supondrá aumentar el desempleo. Pero en términos generales, tales esfuerzos o sacrificios en la clase política provocará un aumento de la estimación en ella por parte de la gente y ayudará a asumir los recortes y sacrificios de presente.
A día de hoy, como es bien sabido, la opinión general sobre los políticos y los partidos políticos, es manifiestamente mejorable. A veces, hasta uno se pregunta si se enteraran de cómo viven tantos millones de españoles. Tantos millones de españoles que con gran esfuerzo y sacrificio consiguen sacar adelante una familia mientras otros, a causa de la filiación partidaria, disfrutan de condiciones laborales y retribuciones asombrosas. No puede ser. No puede ser.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es