Estado y ciudadanos

En 2006, los dos grandes partidos alemanes coincidieron en proponer una gran reforma del modelo territorial buscando la eficacia del sistema de distribución territorial del poder público. Para ello acometieron una serie de cambios y transformaciones que el tiempo y la experiencia  aconsejaban urgentes e  imprescindibles para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Se trataba de medidas presididas por el sentido común, el sentido del equilibrio, el respeto a la tradición del modelo y, por la búsqueda de lo mejor para los habitantes de ese gran país que es Alemania. Para alcanzar estos objetivos, los líderes políticos hubieron de enterrar sus legítimas posiciones partidarias para sellar un acuerdo en el que quienes ganaban eran los ciudadanos. Porque el Estado se justifica, y se legitima, en la medida en que propicie condiciones reales para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.
 
En síntesis el acuerdo en Alemania partió de la necesidad de racionalizar el modelo federal, de manera que el Estado dispusiera de los poderes y las competencias necesarias para cumplir cabalmente su tarea y los Estados federales, por su parte, de los cometidos y funciones necesarios para atender mejor las necesidades colectivas de los ciudadanos. Para ello fue menester acabar con el bloqueo sistemático del Bundesrat, residenciar en los Lander las competencias más conectadas a la realidad y al interés público concreto, dejando en manos del Estado las competencias referidas a la determinación de las políticas públicas de mayor alcance en materia, por ejemplo, de solidaridad y equidad.
 
Esta fue, me parece, la clave de la reforma alemana, de la que en España hemos de tomar buena nota. La hoja de ruta, como ahora se dice, la tenemos magistralmente marcada en el dictamen del Consejo de Estado de 16 de febrero de 2006 dónde encontramos reflexiones muy atinadas sobre la necesidad de precisar el principio de solidaridad, sobre la conveniencia de introducir en la letra dela Constituciónel principio de cooperación, sobre la integración de los principios de igualdad y diversidad y, sobre todo, sobre la relevancia de concretar el ámbito de operatividad del artículo 150.2 dela Constitución, determinándose el elenco de las competencias del Estado hasta dónde sea posible e introduciendo el principio de que la descentralización se producirá cuándo se verifique que va a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
 
Si algo nos enseña el ejemplo alemán es que no pasa nada porque el Estado, si es que así se  atiende al bienestar integral de los ciudadanos, reasuma funciones que en manos de las Comunidades no producen el resultado buscado. Igualmente, tampoco nadie debiera escandalizarse porque competencias ahora del Estado puedan pasar a las Comunidades en virtud del principio de eficacia. De lo que se trata es, en mi opinión, de estudiar caso a caso, con rigor y objetividad, cómo, de qué manera y en que tiempos el modelo constitucional, en lo que se refiere a la distribución territorial del poder, puede ofrecer un mejor balance a las condiciones de vida de la gente. En este contexto, adelanto algo en lo que vengo trabajando desde hace años: que el Estado asuma mayores competencias en lo que se refiere al contenido de la solidaridad y equidad, y sobre todo, en lo que atiende a su competencia exclusiva del 149.1.1 dela Constitución: la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Incluso se podría reformar este precepto en aras de la claridad, permitiendo una mayor congruencia en su interpretación según los contenidos de la solidaridad tal y como resultan de los artículos 138 y 139 dela Constitución.
 
El modelo constitucional diseñado en1978 harendido grandes resultaos. Es innegable. Pero también es innegable que partiendo de sus elementos configuradores, debe continuar propiciando la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Y, para ello, en las reformas por venir no se puede olvidar que los sistemas jurídicos y políticos se justifican en la democracia en la medida en que mejoren las condiciones de vida de las personas. Las estructuras públicas están para las personas, no al revés.
 
En este contexto, no podemos olvidarnos de los Entes locales, salvo que cedamos a la presión del pensamiento único, sea unitarista o particularista, me da igual. Los Entes locales están llamados a jugar, a partir del necesario equilibrio territorial, un papel fundamental en este proceso. No se trata sólo de reasignar papeles y poderes entre Estado y Comunidades. Se trata de encontrar el marco abierto, plural, dinámico y complementario que permita adecuar el sistema territorial a todos los ciudadanos, no a los intereses de determinadas minorías tecnoestructurales que pretenden, y de qué forma, adueñarse del modelo autonómico para perpetuarse en la cúpula y en el privilegio.
 
Este tipo de reformas, como la que se acaba de plantear desde la Comunidad Autónoma de Valencia estos días, requieren la participación de numerosos interlocutores. No pueden ser, salvo que ciegue la dimensión partidaria, armas arrojadizas contra nadie. Han de buscar el acuerdo y han de integrar todas las perspectivas. En mi opinión, tras la deriva que están tomando las reformas estatutarias, tras las profundas alteraciones del modelo perpetradas sin el concurso del pueblo, está llegando el momento de que, en efecto, se plantee una reforma constitucional equilibrada, pensando sobre todo en los ciudadanos. Los grandes olvidados del festín tecnoestructural de estos años.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.