Estos días hemos conocido un nuevo episodio, esta vez en Estados Unidos y en el Reino Unido, que viene a dar por buena la tesis de que en esta crisis algunos se han hecho de oro comerciando con información confidencial. Es verdad que la banca, algunos de sus directivos mejor dicho, no es la única institución responsable de los males que padecemos en tantas partes del mundo. No se puede, ni se debe generalizar. Efectivamente. Pero ello no quiere decir que pasemos por alto o no demos la importancia que merecen algunas noticias referentes a prácticas inadecuadas o incorrectas.
Es el caso, como ha reconocido la comisión norteamericana del mercado de opciones y futuros, del intento de manipulación, por parte de Barclays, de los tipos de estos mercados –Libor y Euribor-, que son usados, como es sabido, para los préstamos hipotecarios y de consumo. En concreto, se acusa al banco inglés de haber realizado informes falsos, entre 2005 y 2009, con el propósito de beneficiar sus posiciones en el mercado de los famosos derivados.
Los tipos Libor y Euribor se calculan a través de los datos facilitados diariamente por una muestra de bancos comerciales. Pues bien, en este supuesto, según el regulador de los EEUU, a petición de la dirección de Barclays, entre 2007 y 2009 esta entidad financiera presentó sus datos para la confección del Libor de forma artificialmente baja con el fin de proteger al banco de las corrientes negativas del mercado y de la percepción de la opinión pública sobre la salud financiera de la entidad financiera.
Tras acreditar estas prácticas la Comisión estadounidense sancionó al banco inglés al pago de una multa de 300 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños causados así como a la adopción, por parte de la entidad financiera, de medidas para garantizar la fiabilidad de sus informes al Libor y Euribor y a la mejora de los controles internos.
La integridad y veracidad de estas tasas de interés de referencia global es fundamental pues constituyen la base para operaciones de miles de millones de euros y de dólares en todo el mundo. En concreto, se calcula que estos índices sirven de referencia para fijar los precios de más de 350 billones de dólares en derivados. Claro, si los bancos manipulan la información o la falsean en función de sus posiciones, el mercado actúa sobre elementos erróneos con funestas consecuencias para todos.
El presidente de la entidad, en un gesto que le honra, acaba de dimitir a las pocas horas argumentando que él es el máximo responsable de la entidad y que , por ello, debe apartarse así como abrir una auditoría sobre las prácticas del banco a realizar, por supuesto, por una firma independiente. El consejero delegado ha seguido, lógicamente, el mismo camino ante la sospecha del uso interesado de estos índices.
Poco a poco vamos conociendo episodios que reflejan conductas o comportamientos realizados desde la banca que muestran la debilidad de los controles a que están sometidos ciertos informes que estas instituciones envían a los órganos competentes. En la crisis todos, de una u otra forma, fallaron. Los bancos porque pudieron cometer tropelías sin apenas obstáculos. Los entes de regulación y supervisión porque o no pudieron, o no supieron realizar su tarea. Y los ciudadanos, porque de una u otra forma, nos embarcamos en ciertos créditos que en otra situación no habríamos realizado.
En fin, de lo que vamos conociendo, y lo que falta, se colige que es menester determinar muy bien las causas y actuar contra ellas. Si nos quedamos en un repertorio puntual de medidas sin ir al fondo del tema, nos exponemos a que en no mucho tiempo volvamos a las andadas. Ahora bien, para actuar sobre los fundamentos requiere autoridad y compromiso. Algo que no parece que brille en demasía en unos gobernantes más preocupados por los votos que por la calidad de vida de los ciudadanos.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es