Los tiempos actuales, dominados por una pandemia que está poniendo a prueba la fortaleza de los sistemas políticos y sociales, animan a reflexionar sobre los grandes temas de este tiempo. Temas entre los que se encuentra, qué duda cabe, ese tópico tan manido y recurrente, que procedente de las más modernas tendencias de la gestión privada, se ha instalado con singular intensidad, en el debate actual sobre el gobierno de los asuntos de interés general. Me refiero claro está a la buena gobernanza, buen gobierno o, también buena administración, según nos ubiquemos en el Poder ejecutivo o en el aparato público del que sirven los Gobiernos para la mejor realización de los derechos fundamentales de las personas.
La buena gobernanza en los tiempos que corren debe comprenderse desde los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico, realista, racional, humano y complementario. En efecto, el pensamiento nos conduce a la liberación de muchos prejuicios del pasado que hoy nos impiden ver la real realidad. El pensamiento plural facilita precisamente ese pluralismo desde el que diferentes posiciones se enriquecen conjuntamente cuando se analizan y estudian con buena voluntad. El pensamiento dinámico pone de relieve que por muchos cambios y transformaciones que afecten a las categorías políticas y sociales emerge cada vez con más fuerza un concepto de interés general concebido desde las sinergias y la complementariedad existentes entre Gobiernos, Empresas y Agentes sociales, todos ellos convocados a definir de manera inteligente esa noción central del interés general que, en un Estado social y democrático de Derecho, se presenta en forma concreta, motivada, inescindiblemente vinculada a la protección, defensa y promoción de la dignidad humana, y motivada, con participación social.
En este contexto, la buena gobernanza, aplicada sobre las más variadas parcelas de la actividad humana, proporciona un enfoque de gobierno y administración abierto, plural, dinámico, compatible, realista, razonable y profundamente humano.
La buena gobernanza, el buen gobierno, la buena administración, es un principio que debe impregnar las actividades humanas en sectores estratégicos, es también una obligación de los sujetos llamados a la liderar estas tareas y, sobre todo, más en los tiempos que corren, es un derecho fundamental de todo ser humano como ha reconocido normativamente la Unión Europea en la Carta de los Derechos Fundamentales de 2000 y la Región Iberoamericana, en un plano político, en la Carta iberoamericana de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con las Administraciones públicas de octubre de 2013.
La industria extractiva no escapa, obviamente, a estas consideraciones, pues es un sector de la actividad económica que, como todos, debe entenderse y administrarse también desde estos postulados. Especialmente, por su evidente vinculación al interés general en el marco del modelo del Estado social y democrático de Derecho. En este sentido, la forma en que se gestione este recurso estratégico va a ser determinante para el progreso social y económico de los pueblos y de quien en ellos habitan.
Por eso, la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI) es una magnífica iniciativa, un instrumento útil para trabajar precisamente en este marco de gestión abierta y responsable, justa y equitativa de los recursos petroleros, gasísticos y minerales en los diferentes países. Desde 2003, año en que se aprobó esta Iniciativa en la Conferencia de Lancaster House, partiendo del aserto fundamental de que los recursos naturales de un país son de sus ciudadanos, se viene trabajando en la mejora de la comprensión y del conocimiento de estos esenciales recursos, se fomenta la fortaleza de la gobernanza pública y corporativa en el sector y se facilitan los datos y la información precisa para contribuir a una mejor y mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración de estos recursos.
Se trata de que exista una mejor y más completa divulgación acerca de la información en toda la cadena de valor de las industrias extractivas: desde la forma en que se otorgan los derechos de extracción hasta el camino que siguen los ingresos que reciben las Empresas y los Gobiernos por estas actividades y como revierten a los ciudadanos, a la sociedad en su conjunto.
La pandemia nos ha mostrado en tantas partes del mundo la debilidad y fragilidad de una transparencia, sobre todo en el sector público, que en ocasiones queda a la voluntad de los Autoridades políticas con los resultados que muestra la realidad cotidianamente. De ahí que sea tan importante que la industria extractiva también camine por esta senda de transparencia, responsabilidad, justicia y equidad.
El camino conjunto por esta senda entre lo público y lo privado ayuda enormemente a reducir la conflictividad social que ha caracterizado y caracteriza todavía a la industria extractiva. Para ello es menester trabajar con intensidad en el acceso directo a la información y en fomentar tanto las capacidades organizativas como participativas de la sociedad civil afectada por la industria extractiva a través de procedimientos adecuados y en especial a través de las instituciones representativas. Tales consultas a la sociedad civil deben hacerse de buena fe y de acuerdo con las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o de lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Entre todos, Gobiernos, Empresas, Sociedad Civil y Academia, es más fácil que la buena gobernanza en un Estado social y democrático de Derecho se proyecte también sobre este sector estratégico como es el de la industria extractiva. Hoy es imprescindible para un desarrollo humano, justo y equitativo.
Jaime Rodríguez-Arana es Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y autor del libro “Poder público y ciudadanos. El principio y el derecho a la buena administración” (Reus, Madrid, 2014).
@jrodriguezarana