España es uno de los pocos países que todavía no cuenta con una ley de transparencia y acceso a la información de interés general. Por fin parece que tendremos una regulación en la materia ojala que acorde con los tiempos que vivimos, para facilitar el derecho a la información de los ciudadanos en todo lo que se refiere a los asuntos de interés público.
Los sujetos obligados a transparencia, es obvio, son todas aquellas instituciones que manejan fondos públicos. Por supuesto los tres poderes del Estado. Por supuesto la Casa del Rey, por supuesto los partidos, sindicatos y patronales. Por supuesto los concesionarios de servicios públicos. Y, solo faltaría, los medios de comunicación que reciben fondos públicos.
Ciertamente, el criterio de los fondos públicos obliga a estas instituciones a estar a disposición del pueblo. Pero también, a mi juicio, el argumento del interés general. Es decir, cualquier asunto de interés general, lo maneje quien lo maneje, debe poder ser conocido por los ciudadanos. Por una razón obvia: en la democracia las cuestiones que afectan al espacio público deben estar en una caja de cristal, al alcance de cualquier ciudadano.
En España, debido al clima de corrupción general que, nos guste o no, caracteriza la vida pública, se empiezan a tomar medidas dirigidas a la máxima publicidad. Es el caso del anuncio del poder ejecutivo de abrir el proyecto de ley de transparencia a instituciones que anteriormente no estaban obligadas a suministrar información como los partidos políticos. Es, desde luego, un paso adelante que parece derivarse, no tanto de las convicciones, como de hacer de la necesidad virtud.
En este sentido, ya que se está replanteando esta ley tan importante, buena cosa sería repensar el silencio administrativo negativo y, sobre todo, confiar la administración y gestión del sistema a un órgano plural y realmente independiente. No lo sería obviamente si sus integrantes fueran nombrados por el poder ejecutivo por razones que todo el mundo entiende.
El acceso a la información de interés y la transparencia son características fundamentales de la democracia. A mayor transparencia, más capacidad ciudadana para conocer la realidad y formarse sus puntos de vista. A mayor oscuridad u opacidad, más capacidad para que los dirigentes actúen en un ambiente de impunidad y de falta de control.
Es relevante que los ciudadanos podamos controlar el ejercicio del poder público y el uso del dinero del común. Para eso, máxima transparencia y mínima restricción. La regla es: tanta transparencia y acceso a la información como sea posible y tanta restricción como sea imprescindible. Por estos lares, a causa de la cultura cívica de la población, el grado de exigencia es el que es. Cuando de verdad el poder esté al servicio de la ciudadanía y las personas sean conscientes de su posición en el sistema político, los dirigentes no tendrán más remedio que cambiar de mentalidad y empezar a asumir el hábito cotidiano de rendir cuentas periódicamente al pueblo. Es cuestión de tiempo.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es