El derecho al trabajo, mejor, el derecho a un trabajo digno de la condición humana, es un derecho humano en sentido estricto. Un derecho que los poderes públicos deben promover fomentando condiciones de igualdad para el acceso al mercado laboral y premiando a las empresas que contraten en buenas condiciones a personas preparadas. Es un derecho imprescindible para que el ser humano se desarrolle como tal, de forma y manera que cuándo, como pasa en España, hay tantos miles de ciudadanos en paro, la principal política pública debiera ser ayudar a las personas a encontrar trabajos dignos.
El desempleo es, en sí mismo, un drama global que contrasta, por otra parte, con el manejo tecnoestructural de unas variables macroeconómicas que utilizan en su propio beneficio quienes se enriquecen con ocasión de esta lacerante situación de crisis que vivimos en tantos países. El paro es ciertamente un riesgo global no sólo porque en muchas latitudes hay muchos millones de habitantes en esta situación, sino porque también hay muchos millones de personas en tantas partes del globo que trabajan en condiciones indignas, humillantes, vejatorias, que golpean la propia dignidad humana.
El desempleo, junto a la brecha existente entre ricos y pobres, la corrupción, el cambio climático y la seguridad cibernética, son los principales riesgos globales que afronta el mundo en este tiempo. La situación de un país con un 50% de desempleo juvenil y trabajos precarios que impiden el desarrollo de las personas e inutilizan sus esfuerzos para construir un desarrollo razonable, lastran los tímidos avances de la economía española.
El derecho al trabajo, junto a la lucha contra la corrupción, deberían ser las principales prioridades de la acción de gobierno. Por una parte porque realmente no se superará de verdad la crisis si una parte sustancial de la población no dispone de un derecho a un trabajo digno y otra parte relevante de quienes trabajan tiene empleos precarios, en condiciones lacerantes para la dignidad humana. Y si la factura de la corrupción es la que es, las cosas se tornan muy complejas a pesar de que exista una acuerdo de los poderosos por postergar la principal preocupación ciudadana. Piénsese que solo en materia de contratación pública, como ha reflejado en un reciente informe de la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados , se pierden nada menos que 47.000 millones de euros.
Primero las personas, luego las estructuras. Primero lo micro, luego lo macro. Lo razonable y humano es combatir primero el desempleo y la corrupción y luego lo demás. Pensar que los buenos datos macroeconómicos por arte de magia se proyectaran mecánicamente sobre personas y familias es una ingenuidad. Al menos por ahora las cosas para la mayoría de las personas siguen igual que antes. En cambio, si hubiera más personas trabajando en empleos dignos, la situación social cambiaría.
Primero las personas, luego las estructuras. Primero lo micro, luego lo macro. Y, desde luego, trabajo en condiciones dignas de la condición humana.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es