Venezuela acapara estos días la información de buena parte de los medios de comunicación del mundo entero. No es para menos pues el nivel de contestación social a las políticas del actual gobierno es, cada día que pasa, más elevado.
No se trata ya de la labor articulada de la oposición organizada al gobierno de Maduro. Se trata de un clamor social más allá de la militancia política, que protesta ante la ausencia de libertades en el país y ante las graves dificultades existentes para que muchos millones de venezolanos puedan vivir en dignas condiciones de vida. Varios ex ministros no dudan ya en criticar abiertamente al presidente y sus políticas inaugurando un escenario de división y enfrentamientos en el mismo oficialismo sin precedente.
En este marco, lesión de las libertades más elementales, control político de la prensa, detenciones de los opositores y restricción sin cuento de las actividades consideradas peligrosas por el régimen, nos encontramos con unos datos asombrosos. Asombrosos porque pareciera que la política de compra de votos a través de subsidios sociales sería el salvoconducto para la consolidación del chavismo en el país. Pues bien, ahora resulta que al año que la llegada de Maduro al poder Venezuela tiene una inflación anualizada del 56.2 % que explica el masivo desabastecimiento de productos que se aprecia en todo el país. Por si fuera poco, el índice de pobreza extrema pasó del 7.1 % en el segundo semestre de 2012 al 9.8 % en el mismo período de 2013. Es decir, nada menos que 737.364 venezolanos han pasado en un año a engrosar la lista de los pobres extremos del país. Tras estos datos, de 30 millones de habitantes, 2.791.000 viven en una situación de pobreza extrema.
Un país, con una inflación disparada, con un crecimiento exponencial de la violencia, cada día con más personas sumidas en la pobreza y comandado por un gobierno que se proclama socialista, no puede mantenerse por mucho tiempo sin cambio relevantes. Si a esto añadimos las críticas y disensiones internas que empiezan a aflorar, el panorama se complica por momentos y lo que el observador exterior desea es que los hermanos venezolanos puedan vivir en mejores condiciones. Algo que el actual régimen político, a pesar de definirse como socialista, es incapaz de garantizar.
El modelo económico del gobierno es inviable y se precisa un cambio de rumbo que se antoja muy complejo en las actuales circunstancias. Por eso es cada vez más urgente que se sienten las bases de un diálogo nacional y de una concertación general para sacar al país del atolladero en que se encuentra en este tiempo. El actual presidente no parece situarse en esta dirección por lo que es menester buscar dentro de las filas del actual gobierno personalidades que puedan convocar a la necesaria reconciliación o, mejor todavía, elecciones generales para que el pueblo decida.
En Iberoamérica estamos muy pendientes de que Venezuela recobre el pulso y temple democrático que en otros tiempos supo contagiar a tantos países de la región. Sabemos que la situación es muy compleja pero también somos conscientes del temperamento y compromiso democrático de un pueblo educado en los valores cívicos. Por eso, a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades y contratiempos varios, esperamos que los amigos venezolanos sepan encauzar sus problemas en el marco democrático y recuperen su prestigio y posición en el mundo. Eso sí, de la mano de partidos políticos renovados y limpios, dispuestos a propiciar las libertades y contundentes con la corrupción.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es