La realidad, aunque nos pese, es la que es. También en el ámbito social es sustancialmente mejorable. Hasta el punto que a día de hoy en España hay más pobres y son más pobres que el año pasado. La distancia entre ricos y pobres, siguiendo una tendencia global, es cada vez mayor y esa brecha no deja de crecer. La crisis económica y financiera está en el epicentro de todas las explicaciones que se puedan buscar, pero a su vez la crisis es trasunto de una más honda y profunda tendencia que se viene observando en los últimos tiempos como consecuencia de la deriva estática que ha tomado el Estado de bienestar. Un modelo de Estado que se olvidó de lo más importante: que las técnicas de ayuda a los colectivos más necesitados tienen sentido en la medida en que son medios, no fines, al servicio de una tarea permanente de mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Un modelo de Estado que, además, y esto ha sido lo más grave, ha dilapidado, ha despilfarrado ingentes subvenciones que debieron dirigirse a liberar la vitalidad de las iniciativas relevantes de las personas en lugar de ir a parar a actividades que garanticen el control de ciertos colectivos de todos conocidos.
En fin, los datos sociales de 2010 son realmente muy preocupantes. Aumenta la pobreza y la privación y desciende categóricamente la renta media, la tasa de empleo y los derechos y servicios de contenido social. En 2010 la proporción de hogares situados en el denominado umbral de pobreza se cifró en el 22%. Ya tenemos 580.000 hogares sin ningún tipo de ingresos y se calcula que en situación de riesgo de pobre hay 11.600.000 personas, de las que 30.000, sin hogar, viven en la calle.
Estos datos, escalofriantes se miren como se miren, fueron aportados recientemente por dirigentes de Cáritas y de la Fundación Foessa, responsable del informe “Exclusión y desarrollo social en2010”. Así las cosas, Cáritas atendió en2010 a1.500.00 personas aunque su principal tarea, es claro, no es sustituir al Estado en los servicios sociales, sino complementar desde la subsidiariedad. Es al Estado a quien primera y primariamente compete la tarea de ayudar a las personas desfavorecidas, a las personas excluidas. Esta, a día de hoy, con la que está cayendo, es su principal tarea y a la que debiera dedicar el mayor número posible de recursos porque de lo contrario, si se confirma, como parece que va a ocurrir, que seguiremos varios años en esta situación, podemos alcanzar situaciones muy pero que muy preocupantes.
Edgar Morin, sociólogo francés bien conocido, experto en políticas sociales, ya alertaba al final del mandato de Miterrand que el fracaso de las políticas sociales se debía, no tanto a disponer de medios y personal suficiente, sino al grado de insatisfacción de los usuarios, de las personas en riesgo de pobreza, en pobreza y excluidas. A su juicio, el Estado debería aliarse estratégicamente con aquellas instituciones sociales profesionalmente preparadas para mejor atender a estos colectivos. Hoy, además de reclamar políticas sociales eficaces, tenemos que reivindicar políticas sociales humanas, diseñadas y construidas para sacar a tantas decenas de miles de personas de una situación de postración social y moral. Si el Estado no es capaz de cumplir su función fundamental y mira para otro lado para atender cuestiones tecnoestructurales, entonces será la señal de que el diagnóstico demanda una operación rápida y a fondo. Casi nada.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es