Días atrás celebramos un nuevo aniversario de la Constitución con ocasión de su treinta y cuatro cumpleaños. Un período de tiempo más que suficiente para evaluar el funcionamiento, por ejemplo, del modelo autonómico Un sistema de distribución territorial del poder que desde luego merece el más positivo de los juicios. La descentralización política, cuándo se realiza con eficacia y al servicio de los ciudadanos, sólo provoca efectos positivos. Esta es la clave, que el sistema autonómico funcione al servicio de las personas, que su organización y estructuración se plantee al servicio de los ciudadanos. En el Estado social y democrático de Derecho las instituciones están para atender con eficacia y racionalidad al pueblo, para trabajar al servicio objetivo de los intereses generales. Unos intereses que, en el caso de las Autonomías, son su razón de ser y se refieren a determinados aspectos de su realidad propia que, bajo un autogobierno y una autoadministración razonables, contribuyen de manera soberana a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.
 
El modelo autonómico, treinta y cuatro años después de su alumbramiento, requiere de reformas. Es lógico, el tiempo pasa y es menester periódicamente revisar el funcionamiento de los modelos y de las instituciones. Su revisión debería haberse realizado antes, mucho antes. Por ejemplo, cuándo se reclamó con sentido de Estado y moderación la denominada Administración común, ordinaria o sincronizada, allá por la década de los noventa del siglo pasado. En efecto, por entonces se planteó, ni más ni menos, la adecuación del esqueleto,  de la planta,  de la estructura de las Comunidades Autónomas de forma que el aparato público estuviera  más en consonancia con la mejor gestión de los intereses públicos autonómicos. No se hizo caso a tal propuesta y el esqueleto y la planta de los Entes autonómicos siguieron creciendo hasta llegar a traicionar y desnaturalizar el modelo. Efectivamente, un modelo diseñado para estar cerca de la gente se convirtió en un modelo burocrático y tecnoestructural, alejado de las personas e instalado en las estructuras, desde las que se optó, con un olvido sistemático de su fin propio, por la perpetuación en el poder de sus principales actores.
 
En aquellos años de finales del siglo pasado, bien lo recuerdo, se habló y se escribió no poco acerca de la racionalización del sistema autonómico. Por una razón, porque las Autonomías  ya por entonces se lanzaron a una loca carrera por emular e imitar, también institucionalmente, al mismo Estado. Es la época en que se reproducen mecánicamente, como un eco loco, todas y cada una de las instituciones que conforman la esencia misma del Estado, también las funciones consultivas y de control. Incluso los rótulos de las dependencias de los ejecutivos autonómicos no pocas veces coincidían con los del Estado. En otras palabras, por alguna razón no difícil de adivinar, desde luego no conectada con la racionalidad y la eficacia, menos aún con el  servicio real a las personas, se prefirió levantar un complejo sistema estructural, oneroso donde los haya,  que demandó el reclutamiento de miles y miles de personas, por supuesto con sueldos más elevados, en términos generales, que los percibidos por el personal al servicio dela Administracióndel Estado.
 
En mi opinión, el modelo autonómico reclama un esfuerzo de racionalidad para el mejor cumplimiento de sus funciones. En este tiempo se ha demostrado que replicar estructuralmente al Estado-nación no es la solución. La solución se encuentra en buscar un modelo de organización propio, que no tiene que ser el mismo en todo el territorio. Ni mucho menos. Se trata de buscar, con inteligencia y sentido común, un modelo que permita el mejor  ejercicio de políticas propias en el marco constitucional para tender de la mejor forma las peculiaridades o singularidades que conforman la propia identidad colectiva. Un modelo diseñado en función de las personas, de sus necesidades colectivas, no en función de las estructuras. Para eso es menester otra manera de aproximarse a la cuestión,  menos organizativa y más vital, menos burocrática y más real. Más abierta a las necesidades reales de  los ciudadanos, más comprometida con la mejor administración de los intereses públicos propios.
 
En este contexto, buena cosa sería analizar con rigor y seriedad el mapa competencial, también para introducir en el a los siempre preteridos Entes locales. Tras más de treinta años de desarrollo constitucional parece claro que hay que emprender un camino de mayor claridad en esta materia. Mientras la penumbra y la ambigüedad dominen el panorama, los supuestos de duplicación o triplicación de competencias seguirán campando a sus anchas. Y, obviamente, la duplicación o triplicación de órganos es una realidad, así como el escandaloso aumento de gasto público que ocasionan estas disfunciones.
 
Como suele decirse, nunca es tarde si la dicha es buena. En plena crisis, hay que racionalizar y simplificar el modelo Tenemos una gran oportunidad de pensar  un nuevo modelo de organización y estructura más eficaz, que piense más en los habitantes y en los intereses públicos propios y, sobre todo, que cueste menos. El coste del actual modelo es inasumible. El modelo autonómico debe fundarse, en lo que atiende a su planta y estructura, sobre nuevos planteamientos. Si ahora, ante la necesidad de ahorrar gastos metemos las tijeras y podamos sin criterio, el resultado puede ser catastrófico. Tenemos la oportunidad de proceder a reformas de calado, no a poner parches uno detrás de otro
 
El perfeccionamiento y mejora del modelo autonómico debe ser pactado entre los partidos políticos y las organizaciones e instituciones capaces de aportar rigor y racionalidad al debate. Si se reforma  unilateralmente, si se introducen criterios de pensamiento único o si se actúa mecánicamente, habremos hecho un pan con unas tortas. En cambio, si se piensa de verdad en la mejora de las condiciones de vida de las personas y si se razona acerca de la mejora del autogobierno al servicio de los intereses generales, el sentido de las reformas y el camino por el que deben discurrir es bien sencillo. Como decía Von Ihering, un jurista alemán que bien conocen los profesores de derecho público, la verdadera reforma administrativa es la de la mentalidad de los dirigentes de la cosa pública. Una mentalidad, me temo, que ha estado más  pendiente de las estructuras que de las personas. Por ahí, me parece, van los tiros,
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es