El Estado de bienestar, en su versión estática, está en crisis. Quién lo pude dudar. Por eso la principal reforma del Estado de bienestar habrá de venir de la mano de ajustes razonables e inteligentes en la propia función básica del Estado. Hemos de pasar de la perspectiva estática y clientelar, la que hemos vivido estos años en España y en general en el mundo Occidental, a una perspectiva dinámica y solidaria del Estado de bienestar que permita el libre y  solidario desarrollo de las personas. El actual primer ministro de Holanda acaba de anunciar la defunción del actual modelo del Estado de bienestar, la perspectiva estática, y la emergencia del llamado Estado de solidaridad, que consiste en lo que denomino versión dinámica del Estado de bienestar.

 
En efecto, el Estado de bienestar entendido desde una perspectiva dinámica, no es más, ni menos, que un medio magnífico para que las personas dispongan de más espacios de libertad solidaria y autonomía. El Estado de bienestar estático y clientelar ha muerto porque se acabó la financiación. Sin embargo, ello no significa que haya que cerrar las políticas sociales y educativas, sólo faltaría, sino afrontarlas desde el pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario, algo que se olvida cuándo se aplican, como ha acontecido entre nosotros, políticas profundamente ideológicas.
 
Este conjunto de prestaciones del Estado, que constituye el entramado básico de lo que se denomina Estado de bienestar no puede tomarse como un fin en sí mismo. Cuándo así acontece, el Estado se reduce a mero suministrador de servicios, con lo que el ámbito público se convierte en una rémora del desarrollo social, político, económico y cultural. Además, una concepción de este tipo se traduce, no en el equilibrio social necesario para la creación de una atmósfera adecuada para los desarrollos libres de los ciudadanos y de las asociaciones, sino en una concepción estática que priva al cuerpo social del dinamismo necesario para desarrollarse en libertad solidaria.
 
Las prestaciones, los derechos, tienen un carácter dinámico que no puede quedar a merced de mayorías clientelares, anquilosadas, sin proyecto vital, que puede llegar a convertirse en un cáncer de la vida social. Las prestaciones del Estado tienen su sentido en su finalidad al servicio del libre desarrollo integral de las personas.
 
 
Las prestaciones sociales se deben ofrecer en el marco de inteligentes políticas de alianza con instituciones sociales especializadas en la materia, con obvias reducciones de costes y mejoras en la prestación de unos servicios que deben realizarse por quien esté en mejores condiciones de hacerlo. Claro, si se trata de asumir desde el espacio público todas estas actividades para colocar a los amigos y afines, el sistema tarde o temprano, lo hemos visto, se agota.
 
Las nuevas políticas públicas se deben hacerse siempre a favor de la gente, de su autonomía  – libertad y cooperación -,  dándole cancha a quienes la ejercen e incitando o propiciando su ejercicio  – libre –  por parte de quienes tienen mayores dificultades para hacerlo. Acción social y libre iniciativa son realidades que el pensamiento compatible capta como integradoras de una realidad única, no como realidades contrapuestas.
 
Las nuevas políticas no se hacen pensando en una mayoría social, en un segmento social que garantice las mayorías necesarias en la política democrática, sino que  se dirigen al conjunto de la sociedad, y cuando están verdaderamente centradas son capaces de concitar a la mayoría social, aquella mayoría natural de individuos que sitúan la libertad, la tolerancia y la solidaridad entre sus valores preferentes.
El Estado de bienestar hoy, en plena crisis económica y financiera, claro que es posible. Es posible si se camina por una concepción dinámica, solidaria e instrumental del poder. Es posible si desde el poder se trabaja por la mejora de las condiciones de vida de las personas. Es posible si se fomentan políticas abiertas a la vida y a las instituciones generadoras de solidaridad y estabilidad social.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana
Catedrático de Derecho Administrativo.