Estos días el Observatorio Venezolano de la Violencia daba a conocer unos datos escalofriantes que demuestran a las claras una de las principales manifestaciones de la dictadura venezolana. Durante 2014, Venezuela, por detrás de Honduras, fue el país al frente del ranking de homicidios. Nada menos que 82 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Es decir, 68 asesinatos cada día, lo que refleja el grado de paz y bienestar de un régimen que por estos lares algunos pretenden emular.
Fallecen más personas por causa de la violencia en Venezuela que en Irak. El régimen no informa de estos datos de 2004 por obvias razones. Respecto a 2013 se ha incrementado en un 4% la tasa de homicidios, que se concentran en las zonas pobres de las grandes ciudades, justo en los caladeros de votos del régimen instaurado por Hugo Chávez años atrás. Lo realmente sorprendente es que justo aumentó la violencia, medida en homicidios, durante un tiempo en el que según datos oficiales se incrementaron los ingresos procedentes del petróleo y se redujo la desigualdad social, algo ciertamente difícil de comprender.
El régimen chavista reconoce, ante estos datos, que la violencia es un problema mundial de esta época del que se debería cuestionar a nivel global acerca de sus causas. Los responsables, dicen los partidarios del régimen, hay que buscarlos en los gobiernos anteriores y, desde luego, el Observatorio Venezolano de la Violencia no es más que una terminal del “imperio” que trata de sembrar el desconcierto en la población y manipular la realidad. Como señalara un antiguo responsable de seguridad del régimen, esta situación no es más que una sensación de inseguridad que proclaman continuamente los opositores al régimen chavista con el fin de conspirar contra el poder constituido.
Desde luego, el idílico sistema venezolano que ahora algunos quieren poner de moda por aquí, no parece que sea ese paraíso tan atractivo y tan esperanzador para la instauración de la dignidad del ser humano. Al menos en términos de violencia y ejercicio de las libertades deja mucho, mucho que desear.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es