Las agencias de calificación de los créditos forman parte importante del sistema de mercado inspirado en la libertad económica. En sí mismas, son instituciones que juegan un papel decisivo en orden a la necesaria confianza que debe reinar en el sistema económico imperante. Su función es de interés general pues realizan actuaciones consistentes en la calificación de la calidad de la deuda de un Estado, de una empresa, de un determinado producto financiero. Influyen, pues, de manera determinante, lo estamos comprobando estos días, en la vida de los mercados de valores de todo el mundo.
Las agencias de calificación de los créditos son instituciones privadas que han gozado hasta el momento de un prestigio procedente del propio mercado. Al ser instituciones privadas obtienen ganancias con su actividad, lo que se compagina bastante mal con el nervio de su actividad pues pueden alterar los valores de las empresas, hasta de la deuda de un Estado en poco tiempo. Lo más grave: hasta el momento no responden de sus errores y el sujeto pasivo de la calificación no dispone de posibilidad alguna de defenderse. Sus veredictos son inapelables. Algo ciertamente que tampoco se compagina bien con un Estado de Derecho.
Las últimas decisiones de algunas de estas agencias, que están en la mente de todos, invitan precisamente a pensar su funcionalidad y su régimen jurídico. Siendo, como es, su tarea de evidente interés público quizás su conformación y estructura debiera ser pública con integrantes de reconocido prestigio profesional. Cosa importante es que las propuestas salgan de instituciones de prestigio en materia económica pues si se deja en manos de los partidos políticos o los centros de decisión económica y financiera tal asunto, la independencia y autonomía de estas agencias quedaría en entredicho.
El comisario europeo de mercado interior y servicios anunció el pasador una investigación acerca de las calificaciones emitidas por las actuales agencias en relación con la deuda de algunos países europeos. Investigación a la que seguiría la amenaza de constituir una agencia europea de calificación que sería pública obviamente. Ahora hemos conocido a través de un informe del Banco Central Europeo que estas instituciones benefician con buenos veredictos a a aquellas instituciones y empresas que contratan sus servicios. En fin, una función que es de obvio interés general, ¿puede seguir en manos de instituciones con fines de lucro?.La polémica está servida.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. Jra@udc.es