Estos días la cuestión de las pensiones vuelve al candelero. Por un lado porque el gobernador del Banco de España, en un ejercicio de responsabilidad, no hace más que reconocer la realidad y afirma que en unos años las pensiones no tendrán la cuantía que muchas personas esperan. Por otro, la negativa del gobierno heleno a bajar todavía más las pensiones de los griegos sacude la política europea y no sabemos si el proyecto del euro, dominado por la lógica financiera, deberá replantearse.
No hay que ser muy inteligente para comprender que si cada vez hay menos ciudadanos que aportan a la seguridad social y cada vez hay mayores receptores de pensiones, el sistema está llamado inexorablemente a su liquidación, antes o después. Si a eso añadimos que  ni se promueve la natalidad, ni se facilita la estabilidad familiar y que el desempleo sigue en unos dígitos inaceptables, entonces la quiebra del sistema será, antes o tarde, una realidad. Es decir, la solidaridad intergeneracional, valor esencial en un Estado que se llama social y democrático de Derecho, se está lesionando de forma grave entre nosotros sin que se advierta claramente de las consecuencias que trae consigo el progresivo vaciamiento de la hucha de las pensiones.
La pensión de jubilación es un derecho humano componente del derecho fundamental de la persona a la protección social. Un derecho que el Estado debe proteger, respetar y, si es posible, mejorar con el paso del tiempo. Un trabajador a lo largo de su vida activa debe entregar de forma obligatoria unas sumas de dinero a la seguridad social a cambio de que el día que se jubile disponga de una pensión razonable, justa y equitativa, proporcional a las cantidades aportadas a lo largo de su itinerario profesional.
Con el fin de garantizar ese derecho,  España dispone, desde 2.000, gracias al gobierno del presidente Aznar,  de un fondo de reserva que obviamente debe ser gestionado para tal fin. En 2011, momento más álgido,  había 66.816 millones de euros,  y en 2014 quedaban 41.634 millones. Es decir el gobierno se ha gastado en tres años el 37% de la denominada hucha de las pensiones, nada menos que 34.000 millones de euros. En 2012 se gastaron 7.003 millones, en 2013 11.648 millones y en 2014 la seguridad social retiró 15.300 millones más.
El gobierno, que es quien ha tomado estas decisiones, entiende que puede hacerlo porque la ley lo permite cuándo exista déficit estructural en las cuentas de la seguridad social para hacer frente a las pagas extra de los jubilados y a la mínima revalorización de las pensiones.  Sin embargo, parece que el límite máximo de retirada de fondos por año estaba en 3.000 millones de euros y que tal previsión ha sido suprimida por las autoridades gubernamentales entre 2012 y 2016.
La caída de las cotizaciones sociales a causa de las inaceptables cifras del paro en España, la incorporación de nuevos trabajadores con sueldos más bajos y la adopción de algunas medidas diseñadas para bonificar la contratación han provocado un notable agujero en las cuentas de la seguridad social, cuyo superávit hasta 2008 había contribuido a dotar el fondo.
Las expectativas de que el fondo recupere su dotación de 2011 se encuentran en que el desempleo se reduzca de forma sobresaliente y en que las inversiones con cargo al montante del fondo sean positivas. Tales estimaciones son posibilidades no hechos reales. Hechos reales son las jubilaciones de la generación del llamado “babe boom” que a partir que en la segunda década de este siglo querrán recibir sus ansiadas pensiones y entonces veremos cómo y de qué manera  se podrá atender a su derecho constitucional.
Pues bien, en este contexto nos encontramos con que las pensiones en este tiempo en que estamos han experimentado un razonable crecimiento y seguirán haciéndolo en los próximos años, con el agravante de que los nuevos jubilados tendrán pensiones más elevadas al haber cotizado mucho durante los años de esplendor previos a la crisis. Si esta tendencia se mantiene nos encontraremos en no mucho tiempo con que el sistema entrará en crisis si es que no se toman ya medidas especiales, que por supuesto no pasan por el progresivo vaciamiento de la hucha de las pensiones sino por dotarlo cada vez con más fondos.
Todo depende de que en efecto se creen muchos miles, cientos de miles de puestos de trabajo en los próximos años de manera que el fondo se pueda recuperar con las aportaciones de los futuros trabajadores a la seguridad social. Sin embargo, con ser ello importante, aunque sin pasar de una hipótesis deseable, la realidad nos coloca frente a un problema que si o si se va a producir: la avalancha de pensionistas prevista para 2020-2022 procedente de la llegada a la jubilación de todo el colectivo del “babe boom”.
La realidad es la que es y lo posible es lo posible. No por ser lo posible deseable se convierte en real. Al menos en la real realidad. Por eso, ¿qué pasaría si esta generación de los sesenta empieza a jubilarse anticipadamente?. ¿Quién, y con qué argumentos dará la cara para explicar a los millones de españoles que verán su derecho a la pensión en el aire o mermado sustancialmente?.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana