En España, tras la Constitución de 1978 han sido los Entes locales los gobiernos públicos más castigados por los diferentes gobiernos de la nación. El alumbramiento de las Comunidades Autónomas los convirtió en Entes públicos bifrontes, dependientes para lo general de las Cortes Generales y para lo particular de las Asambleas legislativas de las Autonomías. A pesar de su obvia y evidente naturaleza política, no pocos responsables autonómicos y nacionales siguen instalados en el decimonónico concepto de la autonomía administrativa. Desde mediados de los ochenta sigue pendiente el llamado pacto local que pretendía, nada más y nada menos, que abrir la expresión unilateral del interés local a la dimensión local, hasta ahora dominada por la perspectiva nacional y la autonómica.
Los Entes locales, quien lo puede dudar, son las instituciones públicas más cercanas a las personas. Los habitantes se encuentran con lo público, con lo comunitario, con lo colectivo, en el escalón local, como primera expresión de lo que es el interés general, lo que es de todos, de todos los vecinos. La subsidiariedad, tan reclamada como ninguneada, plantea que sean precisamente los Entes locales los que administren más esferas del interés público. La subsidiariedad exige que las Entidades locales dispongan de los medios idóneos para la mejora de las condiciones de vida de los vecinos.
Las competencias locales, junto a las autonómicas y a las nacionales, deberían ser mejor definidas en la Constitución. No puede ser que el actual mapa competencial siga dominado por tanta confusión e incertidumbre. Además, la proliferación de tantos y tantos pequeños municipios no fomenta la calidad de los servicios de prestación local. Por eso, buena cosa es que se potencien las diputaciones provinciales precisamente para asumir aquellas competencias deficientemente ejercidas por los pequeños municipios. Igualmente, que se reduzcan los altos cargos y concejales parece una obvia necesidad a la vista de la situación que atraviesa España.
La racionalización del sector público local era un clamor. Como la necesidad de reforzar las funciones de los habilitados nacionales, sobre todo de los interventores, que son los encargados del control financiero de las Entidades locales. También habrá que fomentar fusiones o alianzas de municipios para una mejor, y más eficiente, prestación de los servicios, muchos de los cuáles deberán privatizarse si se demuestra que se prestan en mejores condiciones para los ciudadanos y de forma más eficiente.
Todavía queda una parte relevante de la reforma delas administraciones y gobiernos locales, como es la relativa a sus competencias, su organización y el régimen jurídico. El tema competencial debería hacerse por mor de una cada vez más necesaria reforma constitucional, pensando en la metodología alemana por ejemplo. La organización debiera abandonar el modelo uniformador francés para discurrir por unas vías más razonables que permitan adaptar la estructura a la realidad, no, como se viene haciendo, la planta a la realidad.
Sin embargo, a la vista de los anuncios de estos días, la gran pregunta que se hacen muchos españoles es la siguiente. ¿Por qué no se acomete ya la reforma del modelo administrativo de las Comunidades Autónomas y se empieza a desmantelar esa gran estructura administrativa que impide que se puedan atender mejor las necesidades colectivas de los ciudadanos?. ¿Por qué de nuevo son las Entidades locales las instituciones políticas más sacrificadas?. ¿Qué tienen las Autonomías que parecen intocables?. ¿No es llegado ya el momento de someter esta elefantiásica organización a parámetros de racionalidad?. Es verdad que no todas han tenido el mismo comportamiento. Pero en términos generales, hay mucho que podar, mucho, en las estructuras autonómicas. Tanto que fuera de España una de las principales censuras que recibimos a nuestro elevado gasto público precisamente vienen de unas instituciones políticas que consumen una parte muy relevante de la abultada deuda que tenemos.
No se trata, ni mucho menos, de abdicar del modelo autonómico. Todo lo contrario, se trata de hacerlo operativo, eficaz. Hasta el momento, el enjambre y el engranaje administrativo de corte autonómico, es de tal calibre, que precisamente impide calibrar la realidad para mejorarla. Por una razón. Por tanta rama no deja ver el bosque y al final las ramas se convierten en lo decisivo. Y lo decisivo, no se puede olvidar, es la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.
La solución a este interrogante quizás la encontremos en un nuevo paquete de recortes si es que los hasta ahora realizados no dan resultado. Veremos.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es