Una de las polémicas políticas más interesentes a las que podemos asistir en estos momentos es la de la función del Estado, más concretamente, la supuesta crisis del llamado Estado del Bienestar. O lo que es lo mismo, la crisis de los intervencionismos, de esos sistemas que todo lo fían a la acción benefactora, mágica, del gasto público y de la burocracias concebidos como fuentes de solución de todos los problemas habidos y por haber. Para unos, el Estado es, en clave hegeliana, la misma y genuina encarnación del ideal ético y para otros, formados en los postulados más radicales dela Escuelade Chicago, en el mercado y sólo en un mercado que se regula a sí mismo está la solución a nuestros males. Quizá, lo más razonable sea huir de los extremos y acercarnos desde la razón a la realidad de la cuestión.
¿Porqué ha entrado en crisis esta forma de entender las relaciones Estado-Sociedad?. Me parece que, entre otras razones, porque el Estado, que está al servicio del interés general, del bienestar general e integral de todos los ciudadanos, se olvidó, y no pocas veces, de los problemas reales de la gente. Claro, quienes se olvidaron fueron aquellos dirigentes que pensaron que la acción pública encierra en sí misma un efecto taumatúrgico que todo lo transforma en justo, igual y benéfico, especialmente para los desfavorecidos y excluidos del sistema. Las cosas, sin embargo, no ocurren así. Edgar Morín demostró años atrás que los servicios sociales franceses no eran más eficaces por más funcionarios o gasto público que se destinara a esta gran tarea. La clave estaba en que no se pensó en cómo se podía atender más humanamente a estas personas. En el mismo sentido, recuerdo la amarga queja del ex primer ministro francés Jospin cuándo fue apartado en primera vuelta de las presidenciales francesas por sus ciudadanos: nos hemos matado por el interés general, sólo que no hablamos con la población sobre cómo aplicarlo y concretarlo.
La reforma del Estado actual hace necesario colocar en el centro, en el corazón de su ser, a las personas, a los ciudadanos corrientes, de carne y hueso. Es menester pensar más en las personas, no en ese concepto abstracto de ciudadanía que a nadie representa como no sea a la casta dirigente. Es necesario tener más presente en la actividad pública la preocupación por las personas, por sus derechos, sus aspiraciones, sus expectativas, sus problemas, sus dificultades o sus ilusiones. El modelo de Estado del Bienestar estático acabó por ser un fin en sí mismo, como el gasto público y la burocracia. Se olvidó de su finalidad constitutiva y acabó siendo el mayor enemigo de la gente. Hoy, sin embargo, desde una perspectiva abierta, plural, dinámica y complementaria del interés general vinculado a la promoción y garantía de los derechos de las personas, el modelo del Estado de bienestar dinámico se nos presenta como una oportunidad para la libertad solidaria de los ciudadanos.
Por tanto, Estado de bienestar, claro que sí, pero diseñado en función de las necesidades colectivas de las personas, no de los caprichos y veleidades de quienes no ven en el poder más que la forma de satisfacer su obsesión por su conservación o por sus opíparos beneficios.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.