El tiempo que vivimos, de hondos y profundos cambios, interpela y desafía a quienes nos dedicamos al estudio y a la investigación en las distintas ramas de la ciencia, también, por supuesto y sobre todo, a quienes cultivamos las ciencias sociales. En efecto, las ciencias sociales, todas y cada una de ellas, precisan ser repensadas desde nuevos postulados porque lo que nos enseña la realidad cotidianamente pone en cuestión la forma en que hasta el momento entendíamos y comprendíamos las categorías e instituciones propias de nuestras áreas de conocimiento.
En el caso del Derecho, del Derecho Administrativo para más señas, hemos vivido durante demasiado tiempo apegados a dogmas y prejuicios que han ido tejiendo y diseñando un Ordenamiento vertical a partir de la hegemonía de una Administración pública dueña y señora del interés general, muchas veces ausente de la realidad a través de una forma de aplicar la norma insensible a la dignidad del ser humano y los derechos fundamentales de ella derivados.
Hoy, en un modelo de Estado que se define como social y democrático de Derecho, el Derecho Administrativo y sus técnicas deben hacer posible la realización de los valores constitucionales. Para ello es menester que el corazón y el alma del Derecho Administrativo, anclado, como debe ser, en el servicio objetivo a los intereses generales, opere desde la centralidad de la dignidad humana. Algo que en España reclama la Constitución pues el artículo 10.1, con todos los peros que se quiera, señala que la dignidad del ser humano es fundamento del orden político y de la paz social. Y si esto es así, obviamente el conjunto de las categorías e instituciones de nuestra disciplina deberían diseñarse desde esta perspectiva.
En este sentido, mi reciente libro sobre Dignidad humana, Poder y Derecho Administrativo, plantea la relevancia de la dignidad humana en la construcción del Derecho Administrativo de un Estado social y democrático de Derecho. Además, aborda aspectos cardinales en materia de valores superiores del Ordenamiento, las relaciones entre tecnología y dignidad, así como las exigencias de una buena administración que surge de la misma dignidad humana. Por supuesto, se pasa revista a algunos temas de actualidad como el problema de la interpretación del interés general a partir de la participación social, la cuestión del consenso, el derecho a la vida y la función del Estado. Y, para terminar, un largo epílogo acerca de la crisis del Derecho Administrativo y su necesaria reconstrucción a través de la centralidad de la dignidad humana en el entendimiento del nuevo Derecho Administrativo.
Una de las tesis que aparece en esta reciente monografía, esbozada a través del tiempo en conferencias y disertaciones, radica en que la realización de la justicia implica la defensa de la dignidad. Si la justicia es la permanente y constante voluntad de dar a cada persona lo suyo, lo que se merece, cuanto tal operación se produce se está realizando en acto un supremo acto de dignidad pues se está reparando, restaurando la dignidad violada, lesionada, contravenida. Dignidad humana, Poder público y Derecho Administrativo.
Jaime Rodriguez-Arana
@jrodriguezarana