Parece, ya veremos, que el imperio de las agencias de rating empieza a sufrir sus primeros embates. Con varios años de retraso, el Consejo de Estabilidad Financiera creado al amparo del G-20 parece decidido a reducir los fenomenales privilegios e inmunidades de los que disfrutan estas opacas instituciones acostumbradas a la irrecurribilidad e irresistibilidad de sus veredictos. Además, sus calificaciones acerca de la salud financiera de empresas, gobiernos y administraciones, todavía tienen un sobresaliente impacto en los mercados internacionales.
En efecto, no parece razonable que unas instituciones privadas, movidas por el ánimo de lucro, concentren en sus manos una relevante y fundamental tarea de interés general como es el juicio acerca de la mayor o menor fiabilidad financiera y económica de empresas o países. Si a eso, que en sí mismo es más que discutible, agregamos que en los inicios de la crisis estas instituciones otorgaron sin mayores problemas las máximas calificaciones a los productos financieros de Madoff o de Lehman Brothers, entonces la revisión de la naturaleza y funcionalidad de estas agencias es imprescindible. Estamos en 2012, a finales, y todavía se empieza a tratar seriamente de la cuestión.
Según todos los indicios, parece que ahora el G-20, a través del Consejo de Estabilidad Financiera, pretende reducir el impacto de estas calificaciones así como introducir métodos de análisis alternativos a los actuales. La tarea se hará durante 2013 y 2014 y se quiere que sus resultados entren en vigencia en 2015. Largo me lo fiais.
Ciertamente, ante un problema de esta envergadura, no es de recibo que se reaccione con tanto retraso. Llevamos casi cinco años constatando las graves anomalías que rodean a estas agencias y ahora resulta que los expertos deciden dedicar dos años más a analizar los cambios a introducir, con los ojos puestos en 2015, año en que entrarían en vigor las transformaciones decididas.
Que ahora se anime a los bancos a reforzar sus análisis de riesgo para evitar el dominio de las agencias de rating llama la atención porque, en efecto, esta es una función esencial a la banca que debiera tener un peso relevante en todo lo que se refiere a la fiabilidad financiera de empresas y gobiernos.
En fin, poco a poco, aunque a velocidad de tortuga, se empieza a tener conciencia de la necesidad de poner coto al imperio de estas agencias. En algunos países, Australia e Italia por ejemplo, los Tribunales, además, están tomando cartas en el asunto. En Australia un juez acaba de condenar a Standard and Poors a indemnizar a 13 Ayuntamientos por haber recomendado un sofisticado complejo financiero que les ocasionó cuantiosas pérdidas en 2008. En Italia, la fiscalía ha iniciado una acusación penal a esta agencia y a Moody´s por la forma y el procedimiento empleados para calificar la deuda pública italiana, provocando una desestabilización de la imagen del país en los mercados financieros y una alteración del valor de sus títulos de Estado. Recientemente, un estudio del Banco Central Europeo demostró que estas agencias otorgan mejores puntuaciones a aquellos clientes que las contratan para otras actividades. Incluso se permite, es el colmo, que accionistas propietarios de estas instituciones, sean evaluados por ellas mismas.
Mientras actividades de interés general sean del dominio de organizaciones animadas por el ánimo de lucro, seguiremos como estamos. Así de claro.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es