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La centralidad de la ciudadanía

Uno de los conceptos que últimamente está despertando interesantes aproximaciones científicas es el de ciudadanía. Ya sea desde el punto de vista de la filosofía política, de la sociología o desde el derecho, está irrumpiendo con inusitada fuerza todo un conjunto de investigaciones multidisciplinares que buscan colocar en el primer plano de la hermeneútica democrática precisamente las iniciativas sociales de la ciudadanía  como elemento central del sistema de justicia y libertades.

      Parece que cada vez es más perceptible, como señala Llano, la realidad de un tejido social de carácter prepolítico y preeconómico, que se mueve en ese ámbito que -en su amplia acepción actual- podemos denominar cultura, es decir, activo cultivo de las capacidades personales y comunitarias para configurar un modo de vida que acaba por tener decisivas repercusiones políticas y económicas. En efecto, es crucual que emergan experiencias producto de la alianza  entre el libre ejercicio de la participación ciudadana y  la responsabilidad personal que apuntalen espacios de afirmación y defensa de la libertad solidaria de los ciudadanos.

Los poderes públicos y, sobre todo, el llamado Estado del Bienestar en su versión estática, han fracasado en su intento de definir unilateralmente las necesidades colectivas. Por una cuestión muy sencilla. Porque el estatismo y la burocratización que ha traído el Estado del Bienestar estático, no el dinámico, se ha olvidado de lo más importante: de pensar en la gente, en las personas concretas. Se ha aumentado el gasto público a través de programas especiales y del aumento de los funcionarios y el resultado ha sido que sigue mandando la burocracia con toda su red de poderes y, sin embargo, descendió notablemente el nivel de calidad de los servicios. Y lo que es más importante, bajó el grado de satisfacción de los ciudadanos por la prestación de dichos servicios. Como señalara Morin no hace mucho escribiendo sobre los servicios sociales, el aumento del gasto público en este área no ha traído consigo un mejor servicio a los excluidos, desfavorecidos o necesitados. Para pensar.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

JRA

Partidos políticos y centro

Los partidos políticos, como cualquier organización, tienen el compromiso, por el hecho de constituirse, de luchar por la consecución de sus fines propios. Ahora bien, esta aspiración es bidireccional, porque la sustenta en primer lugar quien participa y organiza el trabajo interno, así como los destinatarios  naturales de la actividad que se realiza. Así, ante el posible éxito de la iniciativa, habrá que considerar que los primeros beneficiarios sean los propios autores de la actividad, que supieron concretar una idea, un proyecto, una estrategia que se traducen en un resultado que pusieron al servicio de la sociedad, que también se reconoce mejorada por ese producto, por ese servicio.

De este esquema -que no pretende obviar la complejidad de los procesos- pueden extraerse las consecuencias que se derivan cuando la finalidad de la actividad no reside en el servicio o en los bienes que se ofrecen, sino que se instala en el bien de la propia organización y de sus dirigentes. Cuando tal cosa sucede en el ámbito de las organizaciones políticas, los resultados son manifiestos. En efecto,  la organización se convierte en fin: se burocratiza, los llamados aparatos cobran protagonismo absoluto. No se abren; se cierran, pierden los vínculos con la realidad social. Y, en última instancia, cuando no hay un proyecto que ofrecer más que la propia permanencia que se considera un bien por sí, el centro de interés estará en el control-dominio, que será la mejor garantía de subsistencia. La autoridad moral se derrumba, la iniciativa se pierde, el proyecto se vacía, y la organización se vuelve autista, sin capacidad para detectar los intereses de la gente, sin sensibilidad para captar las nuevas necesidades sociales.

En cambio, una organización que mira eficazmente a los bienes que la sociedad demanda y que permitirá hacerla mejor, es capaz de aglutinar las voluntades y de concitar las energías de la sociedad. Atiende a los ámbitos de convivencia y de cooperación, se convierte en centro de las aspiraciones de una mayoría social y en perseguidora del bien de todos. Esto es ocupar el centro social, o más bien, estar centrada en el interés social, no simplemente en el interés de una mayoría social.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

JRA

Poder y confrontación

En la democracia no parece admisible admitir que el hilo conductor de la vida política sea la confrontación, de modo que, consecuentemente, el objetivo para una fuerza política no debe ser la laminación del adversario político. Uno –o muchos- pueden pensarlo así, y desde luego que lo hacen, como es manifiesto en muchos que se declaran de izquierdas o de derechas, y en la acción política de muchos otros, se encuentren o no en esa franjas políticas. Pero así no debe ser entendida la vida política. Considero que el hilo conductor fundamental de la vida política es el acuerdo. Sin acuerdos fundamentales y profundos no puede establecerse una vida política democrática. Cuando menos, al decir de los liberales, el acuerdo en los procedimientos, que debe ser escrupulosamente cumplido. Aún pensando que el acuerdo va mucho más allá, quedémonos al menos con ese mínimo.

Pues bien, el carácter fundante o constituyente del acuerdo, para la vida política, no permite inferir de ahí que toda la vida política se reduzca a acuerdo. El acuerdo, el pacto, el consenso, es un momento del diálogo, no es ni su estado ideal, ni su conclusión. Pero el consenso sistemático no es posible cuando se afirma la fluidez y el dinamismo de la vida humana, y no ya el dinamismo de un sistema mecánico, o evolutivo, sino de un sistema libre. El consenso, el acuerdo es una etapa del diálogo, pero lo son también el disenso, la divergencia, la discusión, la ruptura, la desavenencia, y la recuperación de la concordia. Todas ellas son fases del diálogo y todas fases igualmente valiosas. Pero lo fundamental, lo principal, no es que los interlocutores se pongan de acuerdo en todo -ni en casi todo, ni siquiera en la mayor parte de los temas-, sino que respeten – y tengan permanentemente presente- el acuerdo básico, metapolítico, que hace posible el diálogo, que los convierte en interlocutores, en conciudadanos.

Cuando el acuerdo no es posible, no se rompe por eso el suelo político del centro, porque queda el procedimiento democrático, la confrontación en las urnas como método de resolución de las desavenencias que puedan producirse –y que ineludiblemente se producirán- en la vida política.

Se ha dicho que la confrontación es un ingrediente ineludible de la vida política. Estoy plenamente de acuerdo. Efectivamente, ante una propuesta determinada, ante un proyecto, la masa social fácilmente se dividirá entre partidarios y detractores –en una simplificación que no toma en cuenta los que no saben o no contestan, o los que consideran una tercera o cuarta opción-. Parece que en el momento presente, la sociología manifiesta que eso, de hecho, es así. Pero es que tal fenómeno en nada contradice la configuración del espacio político de centro como un espacio con personalidad propia. Ni tampoco puede aducirse como apoyo argumental para mantener la pertinencia de la división entre izquierdas y derechas.

Es más, de la reivindicación del espacio de la moderación, como nuevo terreno para el juego político, no puede colegirse que sea el único espacio político posible, porque el terreno ideológico queda disponible -como no podía ser menos- para quien quiera seguir instalado en él. Criticarlo por su insuficiencia no significa anatematizar –que de nada valdría por otra parte- a quienes lo ocupan; considerar que está históricamente superado, no significa negar la posibilidad de que se produzcan en él nuevas virtualidades, porque si algo aprendemos del pasado es que, aunque la historia nunca se repite, lo cierto es que da muchas vueltas.

No es incompatible, ni contradictorio, afirmar la categoría suprema del consenso básico, en muchos sentidos metapolítico, sobre el que ha de asentarse la vida democrática, y al mismo tiempo el carácter ineludible de las confrontaciones que el juego político produce. Estas confrontaciones, el juego político, no serían posibles sin aquel consenso.


En este sentido, podría decirse que el espacio de la moderación no se construye allanando la diversidad presente, sino más bien a base de anchear y expandir el espacio en el que nos hemos movido hasta ahora. Y el nuevo espacio dará más juego, sobre todo, a las personas, que es de lo que se trata.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

JRA

Las personas

Cuando las personas son la referencia del sistema de organización político, económico y social, aparece un nuevo marco en el que la mentalidad dialogante, la atención al contexto, el pensamiento reflexivo, la búsqueda continua de puntos de confluencia, la capacidad de conciliar y de sintetizar, sustituyen en la substanciación de la vida democrática a las bipolarizaciones dogmáticas y simplificadoras, y dan cuerpo a un estilo que, como se aprecia fácilmente, no supone referencias ideológicas de izquierda o derecha.

Para la política ideologizada lo primordial son las ideas, para la política centrada lo fundamental son las personas. Se afirma con frecuencia que “ todas las opiniones son respetables”. Aunque entiendo el sentido de la expresión cuando se emplea como manifestación de fe democrática, no puedo menos que asombrarme ante la constatación permanente de la inmensa cantidad de afirmaciones poco fundamentadas que cada día desde distintas termnales se emiten.  Sin embargo, propiamente, a quien es debido el respeto es a la persona. Y para expresar la fe democrática ante las opiniones, me parece más acertada la formulación de aquel político inglés que rechazando desde la raíz las convicciones de su rival, ponía por encima de su vida el derecho del contrario a defenderlas.

No son las ideas, aún siendo fundamentales, las que enriquecen la vida política, sino las personas que las sustentan. No están en los grandes sistemas de ideas las soluciones a los variopintos y multiformes problemas con que se enfrenta el político sino en la prudencial aplicación de los criterios de análisis a cada situación concreta, y esta aplicación sólo será prudencial si tiene en cuenta a las personas y si tiene presente la función instrumental de todos los sistemas de ideas sociales y políticas. Si se pensara más en las personas y menos en las estructuras…

Jaime Rodríguez-Arana

JRA

Autonomía e integración en lo territorial

 La convivencia, la cooperación y la solidaridad son valores básicos de la Etica pública. Unos valores que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que promover. Por eso, lo que interesa es la organización del Estado como ámbito de convivencia de todos los que ocupan los solares del territorio, a sabiendas de que la convivencia sólo es posible teniendo presente la plena aceptación de la identidad y el ser de cada quien, no desde una aceptación resignada o simplemente pasiva, sino a partir de una aceptación comprometida y decidida en el fortalecimiento de cada entidad, de cualquier comunidad. Ahora bien, no se puede olvidar que son también constitutivos de las Entidades lo que en ellas haya de vinculante, o de común con otras, lo que nos permitirá comprometernos definitivamente con toda entidad, con toda comunidad, en un contexto integrador.

En este marco, autonomía e integración configuran un ambiente de equilibrio que debemos buscar entre todos para cada etapa histórica. No la autonomía que olvida la integración -la convivencia, la cooperación, la solidaridad- porque acaba en particularismo, en diferencialismo. Tampoco contribuye al equilibrio una supuesta integración que menoscabe la legítima autonomía. Por eso el tan ansiado equilibrio que debe existir entre autonomía e integración no quiere decir autonomía tímida o integración moderada, sino que ambos términos se exigen mutuamente. La autonomía sin integración no es autonomía, sino disgregación; y la integración sin autonomía es uniformización, homogeneidad.

No me refiero solo a los entes o comunidades territoriales,  sino a un contexto más general, que incluye ciertamente a la concepción misma del individuo, o a cualquier institución. En el ámbito territorial, ese equilibrio claro que es posible, pero para que se produzca ciertamente en el escenario público habra de reinar en la mente de los principales interlocutores políticos, algo hoy complicado, muy complicado. Unos porque solo aspiran a la poltrona a cualquier precio y otros porque en lugar de hacer propuestas prefieren el acoso y derribo.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

JRA

Poder y ciudadanía

Ha sido frecuente, por mucho que sorprenda,  que bajo la consabida formulación del gobierno del pueblo,  para el pueblo y por el pueblo, se haya introducido en la mente de no pocos dirigentes públicos la idea de que el poder es de la propiedad de quien manda. Ha sido, y es, y siempre será,  una tentación bien sutil que termina por propiciar esa peligrosa separación entre los gobernantes y el pueblo que Minc calificó certeramente como una de las lacras de nuestro tiempo. Además, este divorcio, es bien sabido, lleva a la desconfianza de la ciudadanía frente a las instituciones, por lo que es cada vez más urgente recordar y realizar en la realidad dos afirmaciones fundamentales del pensamiento democrático.

Primera. El Poder público es de la ciudadanía. La ciudadnía debe exigir más en todo lo que supone ejercicio de políticas públicas. La ciudadanía debe -debemos- tomar conciencia de su papel central en el sistema y debe -debemos-, además de reclamar y exigir una mayor eficacia en la prestación de los servicios públicos, asumir su -nuestra- función en el conjunto del entramado social y auto-organizarse de verdad, con libertad, con autenticidad, para la defensa de sus intereses colectivos. Es muy importante que todos colaboremos por apuntalar esta auto-conciencia porque los tiempos que vienen nos deben encontrar bien organizados y preparados para evitar los autoritarismos y totalitarismos que esconden estos nuevos salvadores de la patria y mesias que pululan en tantas latitudes.

Y, segunda, y derivada de la primera. Los gobernantes, bien lo sabemos, pero que pronto se olvidan,  no son más, ni menos,  que gestores de intereses ajenos que deben rendir cuentas periódicamente de su administraciónal pueblo soberano. Pero no de cualquier manera. De forma veraz, concreta y puntual. Así de claro.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

JRA

Popper y los medios

Popper, como se sabe,  es uno de los filósofos más importantes que ha dado el siglo XX. No solo en lo que se refiere a la filosofía de la ciencia sino en el ámbito de la filosofía política especialmente por su defensa de la sociedad civil frente a todo totalitarismo, tarea que lleva a cabo en su ensayo: “La sociedad abierta y sus enemigos”.

El pensamiento de Karl Popper bascula en torno a la defensa a ultranza de la democracia, de la tolerancia y del respeto a la persona. Pues bien, parece ser que su último ensayo giró en torno a la degradación de la televisión y su influencia sobre los ciudadanos, tema desde luego de palpitante y rabiosa actualidad.

En efecto,  tras criticar esa idea tan extendida de que se debe ofrecer a la gente lo que la gente pide, nos advierte sobre el peligro que encierra para la democracia la falta de control de la televisión.  En este sentido afirma que no debe haber ningún poder político incontrolado en una democracia. Ahora que resulta que lan nuevas tecnologías y todavía la televisión son poderes mediáticos colosales, es conveniente llamar la atención sobre la necesidad de garantizar que estos medios sin control sean eso medios y no se conviertan en fines, tal y como muchas veces acontece.

 Una democracia no puede existir si no pone bajo control a la televisión, terminaba su reflexión Popper. Y ese control, cada vez más necesario, se encuentra en la propia dignidad de la persona y, lo que es más importante, en que de una vez nos decidamos a formar a la juventud seriamente en los valores, en el respeto a las ideas de los demás y en el amor a la verdad.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

JRA

La real realidad

La realidad es fundamental para comprender el sentido de las cosas, para interpretar lo que acontece y, también, para cuando sea el caso, poner en marcha determinadas iniciativas. Y para abordar un conocimiento auténtico de la  realidad es menester una mentalidad abierta que se traduce en la capacidad de desarrollar un pensamiento que sea dinámico y compatible.

El pensamiento dinámico es condición para acceder a la comprensión de las relaciones entre la persona y la sociedad. El individuo, la persona concreta, contribuye al bien general de la sociedad, y al tiempo, la sociedad se debe orientar a las personas, al ser la dignidad de la ciudadanía  prioritaria y fundante de la propia sociedad. Ahora bien, la dignidad de la persona se actualiza justamente cuando la persona colabora al bien común de la sociedad. De este modo la existencia de la persona puede ser definida como co-existencia.

Esta forma de abordar la realidad humana -personal y social- hace derivar su fuerza no tanto de su propia constitución como  de la ruptura de los rígidos principios de oposición individualistas-comunitaristas, que carecen de capacidad de retroalimentarse y que se cierran sobre sí mismos, mostrándose incapaces de explicar la dimensión personal del hombre y su carácter social. Tal cerrazón provoca una tensión que se ve liberada por esta comprensión dinámica de las relaciones persona-sociedad, y que canaliza estas tensiones hacia concepciones equilibradas que, al tiempo que afirman radicalmente la condición individual del ser humano, ni niegan ni menoscaban su dimensión social. Todo ello se traduce en que la persona percibirá de forma habitual el bien de los demás hombres y mujeres como un bien también auténticamente suyo.

Un pensamiento que quiera abordar con éxito la comprensión de la realidad tal y como es debe ser también, necesariamente, un pensamiento compatible. Se trata de un pensamiento que no encaja en los modelos rígidos y planos, y que tiene capacidad -precisamente porque trata de comprender al ser humano en todas sus dimensiones- de conciliar lo personal y lo social, lo estatal y lo civil, la libertad y el ordenamiento, el mercado competitivo y la regulación político-económica.

                       De lo que se trata es, en este contexto, de buscar convergencias de las que pueden surgir sinergias, afloramientos de energías que no se agoten en enfrentamientos estériles, por falsos. Por una parte, que cada persona o asociación aporte servicios en función de las demanda y de las necesidades sociales, desarrollando libremente sus iniciativas; y por otra, que el Estado actúe de acuerdo con su función imprescindible de subsidiariedad, arbitraje y custodia de la competencia, en un intento real de conseguir cotas más altas de justicia y equidad, y de abrir nuevos campos operativos para la efectiva iniciativa personal y social.

Las prestaciones del Estado a los más desfavorecidos serán simples dádivas si se quedan sólo en una redistribución de bienes y no inducen una mayor libertad y autonomía. La cuestión, pues,  sigue siendo enseñar a pescar y no dar peces. Algo, sin embargo que brilla por su ausencia.

Jaime Rodriguez-Arana

@jrodriguezaran

JRA

Venezuela, a las puertas de la libertad

Estos días la situación política y social en Venezuela se recrudece  luego de que Nicolás Maduro haya decidido permanecer ocupando la Presidencia de la República a pesar de no ser el legítimo presidente electo en Venezuela. Desde el 10 de enero del año en curso el mundo puede comprobar con más conocimiento de causa la real situación de los derechos humanos en un país de honda tradición democrática que, sin embargo, desde tiempo atrás reprime y lesiona los derechos fundamentales de los habitantes, sobre todos los de los no alineados con el régimen, hasta poner en peligro las más elementales  condiciones para una vida digna tal y como ha señalado reiteradamente la Comisión interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos)

En efecto, desde 2013, la situación de los derechos fundamentales en Venezuela se ha ido deteriorando, tal y como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en su informe Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y derechos humanos en Venezuela,  de 2017. Por un lado, el régimen de Nicolás Maduro ha reprimido derechos humanos fundamentales, especialmente como respuesta a las manifestaciones pacíficas realizadas entre 2014 y 2017. De otro lado, el régimen chavista ha adoptado políticas arbitrarias en la economía, que han ocasionado la emergencia humanitaria compleja y la crisis masiva de refugiados y migrantes sin precedentes en Venezuela. Es por ello que el régimen dirigente en Venezuela ha sido señalado como responsable de graves violaciones de derechos humanos, tal y como puede leerse en el Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, de 2018.

Como es sabido, el Foro Penal Venezolano registró un total de 153 expedientes de torturas entre febrero y septiembre de 2014, justo cuando comenzaron las primeras movilizaciones contra el régimen autoritario de Nicolás Maduro. A estos expedientes, que ha documentado personal de esta organización no oficial, habría que contar cientos de casos todavía en fase de procesamiento.  A los casos de los más famosos dirigentes opositores detenidos en la cárcel de Ramo Verde, como López, Scarano y Ceballos, se ha sumó entonces la del alcalde de Caracas Ledesma, hoy en exiliado en España. Sólo en 2014 el Foro Penal Venezolano documentó 3.293 detenciones. Hoy, tras los acontecimientos relativos a la protesta del pueblo y a la posición de Guaidó, la ONU habla de 850 detenidos, periodistas incluidos, y 40 muertos. En el colmo de la barbarie hoy nos llegan noticias de la detención de cerca de 80 niños con ocasión de la reacción del pueblo ante tanta arbitrariedad.

En 2010, conviene ahora recordarlo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya  alertaba, todavía en tiempos de Chávez, sobre lo que ahora es una evidencia clamorosa. En su informe, ya por entonces se  constataban algunos de los principales atentados a los derechos humanos  perpetrados a diario en la Venezuela chavista y se registraba la profunda politización del poder judicial. En efecto, el informe de la OEA reflejaba por entonces la sujeción del poder judicial al poder político. Desaparecieron, ya por entonces, las oposiciones a jueces y fiscales, que eran, y siguen siendo, nombrados de entre las personas afectas al régimen político.

Sin embargo, a pesar del origen del nombramiento de estos magistrados, muy mal deben ir las cosas para Maduro porque estos días hemos sabido que el Magistrado del Tribunal Supremo afecto al régimen Mojica acaba de negarse a firmar las medidas cautelares contra el Presidente encargado y la también Magistrada de ese Tribunal Godoy ha denunciado que no se ha producido el preceptivo debate entre Magistrados en relación con la petición del Fiscal General de la Tiranía de detener a Guaidó.

En fin, la crisis venezolana se ha agravado luego del 10 de enero de 2019 como comprobamos a diario. De conformidad con los artículos 230, 231 y 233 de la Constitución venezolana, ese día comenzó un nuevo período presidencial y por lo tanto, el Presidente electo debía tomar posesión del cargo mediante juramento prestado ante el Poder Legislativo, esto es, la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro ha reclamado su condición de Presidente electo, al haber sido proclamado por la autoridad electoral luego de los comicios celebrados el 20 de mayo de 2018. Pero lo cierto es que esos comicios no han sido reconocidos como elecciones libres y transparentes, al ser resultado de graves violaciones a derechos humanos de contenido electoral. Es por ello que Maduro no puede ser considerado como el legítimo Presidente electo en Venezuela, pese a lo cual, actualmente se mantiene en ejercicio de la Presidencia.

Tal y como declararon los países del Grupo de Lima en comunicado de 4 de enero de 2019,  Maduro no es Presidente electo y, por lo tanto, está obligado a transferirle el poder a la Asamblea Nacional, única autoridad legítima en Venezuela. Ello fue reiterado por el comunicado de la Alta Representante, en nombre de la Unión Europea, sobre el nuevo mandato de Nicolás Maduro, de 10 de enero. Además de reiterar el desconocimiento de los comicios del 20 de mayo, en ese comunicado se insiste en “reconocer y respetar la función y la independencia de la Asamblea Nacional, como institución elegida democráticamente, a liberar a todos los prisioneros políticos, a respetar el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales y a hacer frente de inmediato a las acuciantes necesidades de la población”.

Frente a este escenario, es menester denunciar el encarnizamiento de la crisis venezolana debido a la usurpación de la Presidencia de la República de Venezuela por Nicolás Maduro, y reiterar el llamado para el pleno reconocimiento de la Asamblea Nacional venezolana, y de su Presidente, diputado Juan Guaidó, a los fines de que se adopten todas las medidas que permitan restablecer el orden democrático y constitucional, garantizándose el pleno disfrute de los derechos humanos de todos los venezolanos y unas próximas elecciones libres administradas por una Autoridad electoral independiente. De lo contrario, será muy difícil que el pueblo venezolano recupere sus libertades pues a día de hoy el futuro del narcotráfico internacional, la financiación del terrorismo y la principal terminal del populismo no parecen dispuestos a perder la posición.

Jaime Rodríguez-Arana

Presidente del Capítulo Español de la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales y Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña.

JRA

Popper y la democracia

Popper es uno de los filósofos más importantes que ha dado el siglo XX. No solo en lo que se refiere a la filosofía de la ciencia sino en el ámbito de la filosofía política en el que es bien conocida su defensa de la sociedad civil frente a todo totalitarismo, y cuya obra emblemática ha sido su nunca bien ponderada “La sociedad abierta y sus enemigos”. Hoy, por cierto, de rabiosa y  palpitante actualidad.

En la primera parte de este libro libro Popper sostiene  que los que deforman la verdad no pueden ser demócratas. Por eso, cuando la democracia es relativista, lo que pasa, sólo basta con asomarse al mundo en que vivimos, es que se degrada el valor de la persona humana – guerras, pobreza, explotación, marginación, drogas, muerte provocada de inocentes – . Se elimina toda posibilidad de transcendencia, e incluso molesta que haya personas verdaderamente coherentes y comprometidas con la verdad. ¿ Por qué ? Porque el relativismo aspira a ser la única opción posible, de forma que toda actitud contraria molesta y debe ser atacada.

Si no se admite la transcendencia, se “trascendializan” los principios de la libre convivencia y lo que se desea de verdad es que dirijan la sociedad los grandes de este momento: el dinero, el triunfo, la fama, el éxito a cualquier precio. De esta manera, se tiene “secuestrada” a toda una importante mayoría de la sociedad, a la que se promete la salvación “mundana” a cambio de rendirse a una vida “sin esfuerzo” y “sin pensamiento”. Prohibido pensar, prohibido esforzarse y prohibido comprometerse, como no sea con el relativismo y el permisivismo. Estas son algunas de las consecuencias de un planteamiento que ni quiere oír hablar de la verdad ni quiere oír hablar de compromiso.

Pues bien, en este marco la lógica del intercambio de los equivalentes es la lógica social dominante y se destruye la lógica de la gratuidad, de la generosidad o de la magnanimidad. Se elimina, por tanto, toda referencia a la virtud como si democracia y virtud fueran dos enemigos irreconciliables cuando resulta que sin virtud no es posible ningún sistema político, porque la virtud,  practicar el bien, necesita conocimiento fuerte, certeza. Sin ella no tendremos razones, además, para defender la democracia. Casi nada.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

JRA