• jra@udc.es

Category ArchiveGeneral

Democracia y humanismo

No hay que ser un lince para darse cuenta de que en el mundo actual es menester potenciar cualidades tan profundamente enraizadas en el pensamiento democrático como el servicio a los más necesitados, el cuidado de los más débiles, el respeto a la corporalidad decaída, la capacidad de sacrificio, el reconocimiento de la dignidad intocable de cada una de las personas, la misericordia, la ternura o el agradecimiento.En el fondo, como ha señalado Llano, el humanismo cívico requiere atender a estas diferencias inspirando un nuevo concepto de ciudadanía, que apunte hacia los derechos humanos, con un sesgo más cultural que técnico-político.

Es bien sabido que en los últimos años se ha intentado a toda costa evitar que el proceso educativo se caracterice por la formación integral y por el cultivo de las humanidades. No es una casualidad. Es, me parece, una singular manera de evitar que la sociedad disponga de hombres y mujeres libres, con una formación amplia, amigos de la discusión y del debate, sensibles a la crítica y comprometidos con los valores humanos y las más genuinas cualidades democráticas.

Por paradójico que parezca, los planteamientos de corte intervencionista han intentado tener a la entera sociedad bajo el control público y, para ello, nada mejor que contribuir a formar -deformar- hombres y mujeres conformistas, pasivos, inertes, que todo lo esperan del Estado; hombres y mujeres que no saben lo que es el esfuerzo y que no quieren oír hablar de solidaridad o de compromiso. Hombres o mujeres a quien se proporciona, desde las terminales de la tecnoestructura, una colosal maquinaria de distracción que les hurta el pensamiento libre y crítico.

El conocimiento, por ejemplo de los clásicos, sirve para comprender mejor el mundo, para acercarnos a la belleza, a la esperanza, a esas las enseñanzas que hoy tanto necesitamos. Igualmente, la literatura y la filosofía clásica siguen siendo válidas porque el ser humano, menos mal, sigue siendo el mismo, sigue viviendo en una encrucijada de pasiones,  intereses o prejuicios, que, a pesar del tiempo transcurrido siguen siendo idénticos a los de los primeros pobladosres. El día en que temas como la solidaridad, el poder, la venganza, el honor o el amor no sean ya humanos, dejarán de ser actuales Homero, Sófocles O Virgilio, por ejemplo.

Es importante volver a los contenidos humanísticos en el bachillerato y en la universidad. Es importante y urgente porque la formación humanística aumenta la sensibilidad de los ciudadanos ante la injusticia, ante la intolerancia, ante los fundamentalismos, ante ese despotismo blando tan de moda que acaba por ir borrando poco a poco la fuerza de la libertad y del compromiso por los derechos humanos. Y, sobre todo, ante ese populismo y esa demagogia que tanto éxito tienen en un mundo en el gusto por el pensamiento y reflexión cotizan a la baja y en el que da pingues resultados la manipulación y el control social. Por eso, la educación es tan importante, tan importante.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

El espacio de centro

El espacio del centro, de una u otra forma,está en el candelero porque hoy, lo estamos viendo en diversas latitudes, los partidos tienden a escorarse hacia posiciones radicales y demagógicas, en uno y otro sentido. Lo vemos a nivel global, a nivel europeo y, por supuesto en   nuestro país. Por eso, la caracterización del espacio de centro como espacio propio, con personalidad política, es una cuestión que recurrentemente asoma a la palestra cuando se aprecian esas tendencias al exceso, hacia los extremos. Hacia el populismo, hacia la demagogia.

Pues bien, la apertura, la capacidad receptiva, el diálogo, la sensibilidad social, la racionalidad o el realismo, son actitudes básicas  que deben caracterizar la acción política de los partidos y de los dirigentes que pretendan realizar políticas de centro. Estas, entre otras, son características elementales necesarias para que los  dirigentes políticos centristas puedan realizar la función de síntesis de los intereses y aspiraciones de la sociedad. Síntesis que no es un proceso mecánico ni un proceso determinado por la historia, sino que se trata de un proceso creativo, de creatividad política, de cuyo éxito dependerá la representatividad que la sociedad otorgue a cada partido, y la capacidad del partido para galvanizar las fuerzas y empujes sociales en un proyecto común.

La exigencia de apertura a los intereses dela sociedad no es tampoco una apertura mecánica, una pura prospectiva, que nos haría caer en una nueva tecnocracia, que podríamos denominar sociométrica, tan denostable como la que llamaríamos clásica. La exigencia de apertura es una llamada a una auténtica participación social en el proyecto político propio, participación que no significa necesariamente participación política militante o profesional, sino participación política en el sentido de participación en el debate público, de intercambio de pareceres, de interés por la cosa pública, de participación en la actividad social en sus múltiples manifestaciones, de acuerdo con nuestros intereses, implicándose consecuentemente en su gestión con los criterios de moderación, conocimiento, apertura a que venimos aludiendo.

            El compomiso con el centro político tiene que significar ante todo un cambio ético. No entendido necesariamente como un cambio de los valores que uno tiene asumidos, ni como un cambio en todos los valores imperantes en la sociedad, que en muchos aspectos están siendo motores de nuestra mejora individual. Se trata, en el cambio ético a que se alude, de asumir valores que hagan posible el giro o la búsqueda que se propone.

En primer lugar, una mentalidad abierta a la realidad y a la experiencia, que nos haga adoptar aquella actitud socrática de reconocer la propia ignorancia, la limitación de nuestro conocimiento como la sabiduría propia humana, lejos de todo dogmatismo, y al mismo tiempo de todo escepticismo paralizador y esterilizador. Que nos impulsa necesariamente a una búsqueda permanente y sin tregua, ya que la mejora moral del hombre alcanza la vida entera.

En segundo término, una actitud dialogante, consecuencia inmediata de lo anterior, con un permanente ejercicio del pensamiento dinámico y compatible, que nos permite captar la realidad no en díadas, tríadas, opuestas o excluyentes, sino percatándonos, de acuerdo con aquel dicho del filósofo antiguo de que, en el ámbito humano y natural, todo está en todo. Percatándonos de que en la búsqueda de la pobre porción de certezas que por nuestra cuenta podamos alcanzar, necesitamos el concurso de quienes nos rodean, de aquellos con los que convivimos.

Y en tercer lugar, una disposición de comprensión, apertura y respeto absoluto a la persona, consecuencia de nuestra convicción profunda de que sobre los derechos humanos debe asentarse toda acción política y toda acción democrática. Entre nosotros, más en la hora presente, que necesario es el espacio del centro, de la moderación, de la centralidad de la dignidad humana.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Las humanidades

La separación entre la verdad y lo políticamente correcto manifiesta la profunda fractura que ha producido en la vida social la consideración totalitaria de la razón técnica. Entre otras razones, porque, aunque se postule una y otra vez, es prácticamente imposible la neutralidad moral en la ordenación de la vida pública. En cambio, es menester humanizar la razón técnica y la razón política como consecuencia del despertar de las iniciativas e impulsos vitales de las personas.

En el humanismo, el empeño por la propia libertad es lo esencial. Es una tarea, ésta, que no se puede improvisar, pues, como dice Llano, la libertad empeñada no es una mera libertad negativa. Es mucho más y exige una implicación de la persona en una comunidad de ciudadanos en la que, como señala este autor, sea posible aprender a ser libres, a base de enseñanzas y correcciones, de cumplimiento de las leyes, de participación en empresas comunes y de entrenamiento en el oficio de la ciudadanía,. Para el humanismo no hay democracia sin comunidad de manera que el poder político, como señaló Burke, se fundamente en la libertad concertada de los ciudadanos, no en la dominación o la prepotencia, hoy por cierto tan presentes entre nosotros.

Pues bien, en punto a la necesidad de humanizar la tecnificada y artificial realidad que nos circunda cobran una especial relevancia las Humanidades. Desgraciadamente, el interés general por la literatura, la historia, la filosofía, la teoría de la ciencia o el arte es escaso. Mientras el interés general de los ciudadanos se centra en la vida digital, en los escándalos políticos y en la libre manifestación de la intimidad de los famosos, el abandono de las Humanidades ha ido parejo con la inhibición de la ciudadanía de sus responsabilidades en la conformación del escenario público. Es lógico porque las Humanidades facilitan esa aproximación crítica ala realidad social, constituyen un foco permanente de cultura, nos recuerdan nuestra deuda con el pasado e inspiran nuestra creatividad. Por eso, deben mostrarnos más en serio las energías latentes en la sociedad y recoger el dinamismo vital del mundo de la cultura. Es mucho lo que nos jugamos.

Jaime Rodríguez-Arana @jrodriguezarana

Globalización y calidad de vida

La globalización, que duda cabe,está alterando las formas de trabajo y consecuentemente las condiciones de vida de millones de seres humanos en todo el mundo.¿ De qué manera, para mejor, para peor?. De entrada, hay que tener un poco de cuidado con el término flexibilidad. ¿Por qué? Porque, como ha apuntado recientemente el sociólogo Richard Sennet en su libro “La corrosión del carácter; Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo”, es posible que los beneficios de horarios flexibles y del tele-trabajo puedan enmascarar un control mayor de los jefes sobre los empleados y la instauración,de hecho, de jornadas de trabajo interminables.. Es decir, la oficina virtual nunca cierra, lo que abre la posibilidad de que los jefes abusen exigiendo que los empleados trabajen desde casa más allá de la jornada laboral.

La clave, por tanto, no está tanto en los sistemas, en las estructuras o en las metodologías por buenas y modernas que sean. La clave está en pensar en las personas una a una,  en saber como van a afectar a las personas determinadas decisiones. Si van a ampliar su espectro de posibilidades o si, por el contrario, se va a estrechar el cerco.

Las personas, como escribe Sennet, por duro que parezca, son hoy, tantas veces, tan de usar y tirar como los vasos de plástico de las flexibles oficinas en las que trabajan esas flexibles corporaciones. Sin embargo, es necesario volver a insistir que la sensibilidad hacia las personas debe ser una nota esencial de la globalización. Si no se da en la medida necesaria, ¿será porque estamos demasiado obsesionados con el corto plazo y no nos damos cuenta que convivimos con personas que muchas veces esperan de nosotros aliento, comprensión y estímulo?. Tenemos, ante nuestros ojos, una gran oportunidad que no debemos desaprovechar.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Sobre los derechos humanos

Europa, escenario de tantos anhelos de libertad y justicia a lo largo de la historia, encuentra precisamente en la exaltación de la libertad solidaria y en la incapacidad de soportar su carencia el nervio de su plena identificación cultural. La cultura europea se ha configurado sobre una radicalización de lo insoportable, es decir, sobre una extrema capacidad de indignación y una elevada resistencia a la privación de libertad, hoy sin embargo bajo mínimos a causa de la calculada operación de consumismo insolidaria que domina con inusitada potencia la vida de tantos millones de ciudadanos.

El Estado de Derecho es, sobre todo, aquel modelo de Estado que se propone  mantener una situación materialmente justa (Klein). O, como sentenció Theodor Maunz, “el Estado de Justicia”. Por eso, una de las más famosas resoluciones del Tribunal Federal Constitucional Alemán subrayó categóricamente que una vuelta a la mentalc y práctica jurídica.

En el fondo, la crisis del positivismo jurídico ha venido de la mano de los mismos excesos que el respeto a la ley trajo consigo y a las constantes infracciones del principio de legalidad entendido formalmente. Pero quizás la razón más determinante haya sido una mayor valoración y torma de conciencia de los criterios de justicia material. Orientación que surge de la tendencia a sustituir el llamado “Estado de Derecho” por un “Estado de Justicia” tal y como aparece en la Ley Fundamental de Bonn que afirma la vinculación a la ley y al Derecho del poder público, y también en la Constitución española en su artículo 103.

La fórmula Ley y Derecho parece aceptar la existencia de un Derecho supralegal que vendría a colocar a los Tribunales en una situación, hasta cierto punto autónoma respecto a la ley escrita. Esta corriente doctrinal parte, además del párrafo 3º del artículo 20 de la Ley Fundamental del Bonn -que es el que distingue entre Ley y Derecho-, del artículo 1 que configura a los “derechos humanos inviolables e inalienables como base de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo” y que declara que la dignidad del ser humano es inviolable.

Sin perjuicio de que la Constitución española de 1978 dedique el Título Primero a los derechos fundamentales, el preámbulo de nuestra Carta Magna ha querido dejar bien claro uno de los objetivos colectivos más importantes: la protección de todos los españoles (…), en el ejercicio de sus derechos humanos.

Varias consideraciones nos ofrece la lectura de esta parte del preámbulo. Por una parte, es significativo que la protección sea para todos. Es decir, todos los españoles gozan de la protección de la Constitución para el ejercicio de los derechos humanos o fundamentales. Por tanto, en la medida en que todavía hay españoles excluidos, españoles que no pueden ejercer efectivamente sus derechos humanos, en esa medida aún está pendiente de cumplimiento este objetivo constitucional que vincula también a todos los poderes públicos.

La protección de la Constitución a todos los españoles en el ejercicio de los derechos humanos exige una acción positiva de los poderes públicos que el propio texto constitucional explicita en multitud de parágrafos. Sin embargo, lo que ahora me interesa destacar en este punto es que los poderes públicos tienen una función constitucional de promocionar, de promover, de facilitar que todos los españoles puedan ejercerlos derechos humanos.

En este contexto, me parece que el artículo 10.1 constitucional cuando se refiere, desde el punto de vista técnico-jurídico a los derechos humanos, utiliza la expresión “derechos inviolables que le son inherentes”. Redacción que, a las claras, permite afirmar, sin demasiadas dificultades, que la Constitución entiende que existen derechos innatos, que nacen con la persona, que son susceptibles de una especial protección y que el Estado debe reconocer en la medida que constituyen patrimonio indivisible de la persona humana. Recordarlo en torno al 10 de diciembre, día de los derechos humanos, no viene nada mal.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Derechos Humanos

El próximo lúnes 10 dediciembre  es el día de los derechos humanos. Buena ocasión para reflexionar sobre una realidad que hoy nos interpela, como siempre, viendo la situación de tantos millones de personas en el tercer mundo y también en este primer mundo en el que tantas nuevas esclavitudes mantienen en estado de sumisión y vasallaje, en jaulas de oro, a numerosas personas,

 La protección de la Constitución a todos los españoles en el ejercicio de los derechos humanos exige una acción positiva delos poderes públicos que el propio texto constitucional explicita en multitud de parágrafos. Sin embargo, lo que ahora me interesa destacar en este artículo es que los poderes públicos tienen una función constitucional de promocionar,de promover, de facilitar que todos los españoles puedan ejercer en libertadsolidaria los derechos humanos.

En este contexto, me parece que el artículo 10.1 constitucional cuando se refiere, desde el punto de vista técnico-jurídico a los derechos humanos, utiliza la expresión “derechos inviolables que le son inherentes”. Redacción que, a las claras, permite afirmar, sin demasiadas dificultades, que la Constitución entiende que existen derechos innatos, que nacen con la persona, que son susceptibles de una especial protección y que el Estado debe reconocer en la medida que constituyen patrimonio indivisible de la persona humana.

En efecto, los derechos humanos o fundamentales constituyen una de las claves hermenéuticas de la Constitución y, como dispone el citado artículo 10.1, configuran, junto a la dignidad de la persona, los derechos de los demás y el libre desarrollo de la personalidad el “fundamento del orden político y la paz social”.  Es decir, hoy por hoy, en un Estado social y democrático de Derecho, los intereses generales del pueblo español caminan hacia el ejercicio efectivo, por parte de todos los españoles, de los derechos humanos.

La cuestión de si las libertades y los derechos de la persona son absolutos o no ha sido siempre un tema controvertido. Por ejemplo, si el derecho de propiedad puede sufrir limitaciones o no. Pues bien, este tema, afortunadamente, es pacífico desde el momento en que se cae en la cuenta del destino universal de los bienes y de que las necesidades públicas pueden, y a veces deben, implicar limitaciones a ese derecho individual que es el derecho de propiedad. Por eso, todos entendemos que a veces se sacrifique este derecho, previa indemnización, para que se construyan hospitales, colegios… que vengan, eso si, exigidos por las necesidades colectivas.

Por tanto, los derechos individuales no sólo no son absolutos, sino que, salvo el primario, principal y fundante de todos ellos, el derecho a la vida, son limitados y esas  limitaciones hacen posible que más personas disfruten de derechos. Asi es, el derecho a la vida es indisponible en la medida que es la fuente de la dignidad humana, de esa excelsa dignidad humana que cuando se empieza a cuartear, se acaba justificando lo injustificable. Lo vemos a diario.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Sobre los derechos fundamentales

La constitución de 1978 ha producido evidentes impactos sobre los pilares de nuestro Derecho Público llegando, en mi opinión, al establecimiento de un Derecho Público Constitucional presidido precisamente por una necesaria interpretación del interés general en armonía con los valores constitucionales.

Por otra parte, el artículo 103 constitucional comienza señalando que “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales”. Es decir, esos intereses generales que vienen definidos por la consolidación de los derechos fundamentales en el Estado social constituyen, por tanto, la vocación, la razón de ser, de la Administración Pública. El Derecho Administrativo Constitucional está llamado a potenciar los derechos fundamentales. Es más, es lógico que así sea puesto que el propio interés general se dirige hacia la efectividad de los derechos fundamentales de la persona. Además, la definición del Estado social y democrático de Derecho ha roto las artificiales barreras que separaban Estado y Sociedad, con lo que precisamente la operatividad del Derecho Público Constitucional debe buscarse en el necesario reforzamiento y consolidación de los derechos fundamentales en el marco de una acción combinada Estado-Sociedad.

Los derechos fundamentales como ha recordado el Tribunal Constitucional, “constituyen la esencia misma del régimen constitucional”, y son “elementos esenciales del Ordenamiento objetivo de la Comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica. Por ello, “dan sus contenidos básicos a dicho Ordenamiento, en nuestro caso al del Estado Social y Democrático de Derecho, y atañen al conjunto estatal (…), son un patrimonio común de los ciudadanos individual y colectivamente (…), establecen una vinculación directa entre los individuos y el Estado y actúan como fundamento de la unidad política sin mediación alguna”.  Recordarlo en torno al 10 de diciembre, día de los derechos humanos no está de más.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodríguezarana

Sobre los derechos fundamentales

La constitución de 1978 ha producido evidentes impactos sobre los pilares de nuestro Derecho Público llegando, en mi opinión, al establecimiento de un Derecho Público Constitucional presidido precisamente por una necesaria interpretación del interés general en armonía con los valores constitucionales.

Por otra parte, el artículo 103 constitucional comienza señalando que “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales”. Es decir, esos intereses generales que vienen definidos por la consolidación de los derechos fundamentales en el Estado social constituyen, por tanto, la vocación, la razón de ser, de la Administración Pública. El Derecho Administrativo Constitucional está llamado a potenciar los derechos fundamentales. Es más, es lógico que así sea puesto que el propio interés general se dirige hacia la efectividad de los derechos fundamentales de la persona. Además, la definición del Estado social y democrático de Derecho ha roto las artificiales barreras que separaban Estado y Sociedad, con lo que precisamente la operatividad del Derecho Público Constitucional debe buscarse en el necesario reforzamiento y consolidación de los derechos fundamentales en el marco de una acción combinada Estado-Sociedad.

Los derechos fundamentales como ha recordado el Tribunal Constitucional, “constituyen la esencia misma del régimen constitucional”, y son “elementos esenciales del Ordenamiento objetivo de la Comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica. Por ello, “dan sus contenidos básicos a dicho Ordenamiento, en nuestro caso al del Estado Social y Democrático de Derecho, y atañen al conjunto estatal (…), son un patrimonio común de los ciudadanos individual y colectivamente (…), establecen una vinculación directa entre los individuos y el Estado y actúan como fundamento de la unidad política sin mediación alguna”.  Recordarlo en torno al 10 de diciembre, día de los derechos humanos no está de más.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodríguezarana

El acuerdo y la Constitución de 1978

 

En los próximos días vamos a celebrar los cuarenta años de la Constitución. Sin trinfalismo ni fundamentalismo constitucional, en los tiempos que corren, sobre todo, es menester recordar la relevancia que el acuerdo y el entendimiento tuvieron en el proceso de elaboración de la Carta Magna de 1978.

 

Efectivamente, el  espíritu de consenso se puso particularmente de manifiesto en la elaboración de nuestro Acuerdo Constitucional. Muchos de nosotros podemos recordar con admiración la capacidad política, la altura de miras y la generosidad que presidió todo el proceso de elaboración de nuestra constitución de 1978. Una vez más se cumplió la máxima de Dahlmann: “En todas las empresas humanas, si existe un acuerdo respecto a su fin, la posibilidad de realizarlas es cosa secundaria…”. Hoy, gracias al tesón y al esfuerzo de aquellos españoles que hicieron posible la Constitución de 1978, la consolidación de las libertades y el compromiso con los derechos humanos son un inequívoca realidad entre nosotros aunque, no lo olvidemos, el populismo y la demagogia intentan, de una u otra manera, el regreso al autoritarismo.

 

En este tiempo interesa preguntar ¿cuál es la herencia entregada en aquel momento constituyente, cual es el legado constitucional?. Muy sencillo:  un amplio espacio de acuerdo, de consenso, de superación de posiciones encontradas, de búsqueda de soluciones, de tolerancia, de apertura a la realidad, de capacidad real para el diálogo que, hoy como ayer, siguen fundamentando nuestra convivencia democrática.

 

 

Este espíritu al que me refiero -de pacto, de acuerdo, de diálogo, de búsqueda de soluciones a los problemas reales- aparece cuando de verdad se piensa en los problemas de la gente, cuando detrás de las decisiones que hayan de adoptarse aparecen las necesidades, los anhelos y las aspiraciones legítimas de los ciudadanos. Por eso, cuando las personas son la referencia para la solución de los problemas, entonces se dan las condiciones que hicieron posible la Constitución de 1978: la mentalidad dialogante, la atención al contexto, el pensamiento compatible y reflexivo, la búsqueda continua de puntos de confluencia y la capacidad de conciliar y de escuchar a los demás. Y, lo que es más importante, la generosidad para superar las posiciones divergentes y la disposición para comenzar a trabajar juntos por la justicia, la libertad y la seguridad desde un marco de respeto a todas las ideas. Cuando se trabaja teniendo presente la magnitud de la empresa y desde la tolerancia, cobra especial relieve el proverbio portugués que reza “el valor crea vencedores, la concordia crea invencibles”. Es anecdótico lo que voy a decir, pero la misma razón puede encontrarse en aquella cantinela –“el pueblo unido jamás será vencido”- tan repetida en el período constitucional. Podremos disentir en no pocas de las cuestiones que nos afectan a diario. Pero habremos de permanecer unidos en la absoluta prioridad de los valores que nuestra Constitución proclama. Hoy más que nunca interesa recordarlo.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Preámbulo constitucional y principio de legalidad

La conmemoración próxima, el día 6 de diciembre, de los cuarenta años de la Constitución de 1978, invita a meditar acerca del preámbulo de nuestra Carta Magna y su grado de realización en la  vida social y política. En su seno encontramos los valores  que conforman la sustancia constitucional y la matriz de dónde surge el espíritu constitucional, el centro de donde procede el dinamismo y las virtualidades de la Constitución. En efecto, en el preámbulo de la Constitución encontramos ese conjunto de valores o de pautas que dan sentido a todo el texto constitucional y que deben impregnar el régimen jurídico y el orden social colectivo. Es decir, son las directrices que deben guiar nuestra vida política, no sólo la de los partidos, la de todos los españoles, nuestra vida cívica.

 

 

En el preámbulo  se señalan en primer lugar la justicia, la libertad y a seguridad como los tres valores constitucionales más importantes. En la idea de justicia late la convicción de que hay algo debido al hombre, al ser humano. Por encima de consideraciones sociológicas o históricas, más allá de valoraciones económicas o de utilidad, el hombre, el ser humano se yergue ante el Estado, ante cualquier poder, con un carácter que me atrevo a calificar de absoluto: esta mujer, este hombre, son lo inviolable; el poder, la ley, el Estado democráticos, se derrumbarán si no fueren respetados. En la preeminencia de la libertad se está expresando la dignidad del hombre, constructor de su propia existencia personal solidaria –escribo solidaria porque creo que no es posible concebir la existencia personal de otra manera-. Y finalmente, la seguridad, como condición para un orden de justicia y para el desarrollo de la libertad, y que cuando se encuentra en equilibrio dinámico con ellas, produce el fruto apetecido de la paz.

 

El segundo de los principios señalados en el preámbulo constitucional, siguiendo una vieja tradición del primer constitucionalismo del siglo pasado –una tradición cargada de profundo significado-, es el principio de legalidad. La ley es la expresión de la voluntad popular. La soberanía nacional se manifiesta a través de la ley. El principio de legalidad no significa otra cosa que respeto a la ley, respeto al proceso de su emanación democrática, y sometimiento a la ley, respeto a su mandato, que es el del pueblo.

 

En virtud del principio de legalidad el Estado de Derecho sustituye definitivamente a un modo arbitrario de entender el poder. El ejercicio de los poderes públicos debe realizarse en virtud de habilitaciones legales. Todos, ciudadanos y poderes públicos, están sujetos –así lo explicita el artículo 9 de la Carta Magna- a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico.

 

 

No podía ser de otra manera si la justicia, la libertad y la paz son los principios supremos que deben impregnar y orientar nuestro ordenamiento jurídico y político. Respetar la ley, la ley democrática, emanada del pueblo y establecida para hacer realidad aquellos grandes principios, es respetar la dignidad de las personas, los derechos inviolables que les son inherentes, el libre desarrollo de sus existencias personales, y su condición social.

 

El Estado de Derecho, el principio de legalidad, el imperio de la ley como expresión de la voluntad general, deben, pues, enmarcarse en el contexto de otros principios superiores que le dan sentido, que le proporcionan su adecuado alcance constitucional. No hacerlo así supondría caer en una interpretación mecánica y ordenancista del sistema jurídico y político, privando a la ley de su capacidad promotora de la dignidad del ciudadano. Y una ley que en su aplicación no respeta y promueve efectivamente la condición humana –en todas sus dimensiones- de cada ciudadano, o es inútil o es injusta. No es democrática.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana