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Persona y política

La política debe ser entendida como el trabajo al servicio objetivo del interés general, al servicio de los derechos de los ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos. Por eso, podemos convenir en que existe una dimensión ética fundamental en la propia actividad política que interesa rescatar. Desde luego, el gobierno de los sabios o la consideración de la acción del gobierno como una suerte de elucubración teórica de intelectuales nada tienen que ver con la médula de un trabajo, el político que se justifica en la medida en que los derechos de los ciudadanos, especialmente de aquellos excluidos o abandonados a su suerte, brillen con luz propia.

La actividad política es una actividad que requiere  principios éticos que garantizan  que el poder no sea un fin en si mismo sino un instrumento al servicio de la colectividad. En este ambiente de servicio objetivo al interés general se puede comprender mejor que, en efecto, el centro de la acción política no está ni en los partidos, ni en sus dirigentes, sino en las personas, en la dignidad de la persona y en sus derechos inalienables. Especialmente, de aquellos que no tienen valedores, de los desfavorecidos y de los abandonados.

Desde esta perspectiva, la persona debe dejar de ser entendido como un sujeto inerte al que los políticos, y la política, dan cuerda para que se mueva como si de una marioneta se tratara. La persona no es un sujeto pasivo, inerme, receptor, destinatario contemplativo de las llamadas políticas públicas. Si pensamos que la persona está en el centro de la actividad política es menester reconocer, y propiciar, que, de verdad, la persona sea el protagonista por excelencia de la vida política. Algo todavía lejano debido a esa obsesión de la tecnoestructura por controlarlo todo, importando poco, o muy poco, la dignidad de quienes más sufren, de quienes no tienen ni voz ni capacidad de valerse por sí mismos.

¿Qué quiere decir afirmar el protagonismo de la persona en la actividad política?. Desde mi punto de vista, tal aseveración implica, con todos los colores y matices que se quiera, que la libertad de la persona, su participación en los asuntos públicos y su compromiso con la solidaridad, constituyen tres vectores centrales de la política moderna.

Sin embargo, con cuanta frecuencia y facilidad se utiliza a las personas al servicio de determinadas políticas contrarias al interés general. Con cuanta frecuencia no es el pueblo quien asume la centralidad del sistema, sino que son las organizaciones y sus dirigentes quienes mueven a las personas para la satisfacción incluso de ambiciones personales.

La centralidad de la persona requiere de medidas que fomenten las libertades solidarias, de compromisos con las necesidades reales de la gente. Estamos a tiempo, todavía, de pensar en soluciones abiertas y plurales que regeneren el ambiente político. Para ello, es menester que los líderes hablen más entre ellos de los problemas de todos. Y, sobre todo, que se demuestre con hechos y de verdad, que la política resuelve problemas reales, especialmente de los que menos tienen, que los excluidos, de los abandonados, de aquellos abandonados a su propia suerte. Si la política no es capaz de atender como se merecen estas personas, tenemos que buscar nuevas políticas que de verdad se centren sobre la forma de mejorar las condiciones de vida de las personas. Nada menos.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.

Personas y estructuras

Primero, las personas, después, las estructuras. Las condiciones de vida de las personas, de los ciudadanos, de la población, deben ocupar siempre un lugar central en el proceso de la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado. En una época de crisis, con mayor razón. Por eso, las medidas relativas a los impuestos, a las tasas, a las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones públicas, cuantía de las pensiones, salario mínimo interprofesional, etc, deben ser muy ponderadas. No tendría ningún sentido, se mire como se mire, desde un lado o desde el otro, que cuándo se adoptan medidas que suponen un evidente sacrificio para la mayoría social, sus frutos se dediquen a mantener toda una estructura pública en muchos casos innecesaria, en muchos casos poblada de legiones de afines o adeptos a tal o cual causa política.

En efecto. El ajuste fundamental debe partir de una reforma profunda y de calado de las Administraciones públicas y de las numerosas instituciones sociales, partidos, patronales y sindicatos, que se nutren de los fondos de todos, cuándo podrían mantenerse, así ocurre en no pocos países, a partir de las cuotas que pagan los interesados en el funcionamiento de estas instituciones

En este sentido, tras un análisis riguroso podrían volver al sector privado muchas empresas y sociedades públicas, se podría proceder a no pocas desinversiones y entradas de capital privado en sociedades y empresas públicas. Se habla, en este supuesto, de que la iniciativa privada se comprometa en aquellas empresas en públicas que por su posición estratégica deben tener presencia pública.

El pueblo, escandalizado por la constante y cotidiana corrupción, se aleja de la política y de los políticos. Reclama ejemplaridad a los dirigentes políticos y financieros y recibe, un día sí y otro también, noticias e informaciones, a todos los niveles, y en todas las latitudes, de manejos de fondos públicos fraudulentos, de estafas y robos. Todo lo que estamos conociendo en este tiempo en relación con la corrupción política y financiera, aconseja que se tomen medidas drásticas que eviten la reiteración de conductas inapropiadas. Por eso, si la población percibe que se eliminan privilegios, que los sueldos se racionalizan y que, quien la hace la paga, seguramente las encuestas acerca de la imagen de las instituciones públicas y financieras, y de sus dirigentes, empiecen a cambiar de tendencia.

A día de hoy los españoles saben muy bien por qué algunas de sus instituciones son las peores valoradas y las más desprestigiadas. En buena medida, que las cosas estén como están, aunque ciertamente haya no pocos dirigentes que efectivamente se dedican ejemplarmente al servicio público, se debe al afán de dominio, en el ámbito público, y también en el privado, que acompaña la vida y las actuaciones de quienes están a la cabeza. En lugar de gobernar pensando de verdad en las personas, se “gobierna” buscando mantener la posición, conservar el poder. Finalidad que concentra buena parte del tiempo que debería emplearse en atender adecuadamente las necesidades colectivas de las personas.

Es menester extirpar esa fatal obsesión por querer seguir controlando hasta el último recodo de la vida social que caracteriza la vida y obra de los manipuladores sociales que están al frente en muchas instituciones. Esta perspectiva de la intervención pública, sin embargo, ha caducado. Ahora es menester analizar una a una las estructuras públicas y mantener las que son necesarias por argumentadas razones de interés general. Las estructuras están para atender las necesidades colectivas de las personas no al revés. . Primero, los ajustes en las estructuras, después en las personas. Por una razón tan sencilla como que las estructuras surgen, y se justifican, para la vida digna de los ciudadanos. ¿O no?

Política y partidos

La política es una actividad humana dirigida a que los asuntos públicos se gestionen al servicio objetivo del pueblo. Los partidos tienen un papel central en lo que se refiere a trasladar a la sede de la soberanía popular las ideas y criterios presentes en la vida social. El problema es que en no pocas ocasiones los partidos, sus dirigentes, se han apropiado del poder, que es de titularidad ciudadana, manejándolo a su antojo, en función de consideraciones personales, como si fueran sus únicos dueños.

En estos años, tras la consolidación en numerosos países de Europa del denominado Estado de los partidos, hemos contemplado, a veces desde una pasividad inexplicable, como las formaciones han tomado, tantas veces en beneficio propio y exclusivo de sus cúpulas, los poderes del Estado, las instituciones, muchas  asociaciones profesionales y deportivas,  la universidad y cuantas corporaciones fuera menester para ahormar el control social.

El origen del problema hay que buscarlo en la ausencia de temple cívico, de educación política, de capacidad crítica de una sociedad dominada por el consumismo y la esperanza en que todo vendrá de los poderes públicos. Así, poco a poco la ciudadanía se desentendió de los asuntos de interés general confiando en que los políticos los resolverían positivamente para los ciudadanos. La realidad nos ofrece, sin embargo, un sombrío panorama que discurre por otros caminos, ahora patentes y explícitos.

En este contexto, de profunda crisis de los partidos tradicionales, emergen nuevas opciones, más oportunistas que oportunas, que con sentido de anticipación, pretenden encarnar nuevas soluciones a base de una teórica mayor participación y a partir de mensajes hábilmente diseñados que colman las lagunas y las deficiencias de la forma tradicional de hacer y estar en la política. Sin embargo, como comprobamos a diario, los dedazos también se producen en estas latitudes confirmando ticks autoritarios.

Las bases éticas de la democracia reclaman que las aguas vuelvan a su cauce. Que los políticos y los partidos asuman el papel que les corresponden, que renuncien a seguir asaltando las instituciones y escuchen más a los ciudadanos. Para ello, es menester que tomen conciencia de la realidad, de su posición, y sean capaces de devolver a los ciudadanos, a todos y cada uno, el poder del que se han apropiado. La tarea no es fácil porque a nadie amarga un dulce y pasar de propietarios a administradores que han de dar constantemente a los dueños y señores de la gestión no está al alcance de todos. El 95% de la ciudadanía, según parece, quiere que las cosas cambien. Sin embargo, quienes deben cambiar no lo hacen, mientras los oportunistas están sacando partido de la inactividad, de la incapacidad y de la indolencia reinante. Es lo que hay.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.

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Economía y sensibilidad social

¿Quién  ha dicho que la economía es incompatible con la sensibilidad social?. ¿Quién ha afirmado que desarrollo económico y justicia social son dos conceptos opuestos y enfrentados?. Éstas y otras preguntas, planteadas en el marco del llamado pensamiento único, nos sitúan en una de las cuestiones más interesantes del debate intelectual de estos años.

Pues bien, no sólo es compatible desarrollo económico y justicia social, sino que, desde el pensamiento compatible y complementario, resulta que  son dos realidades que se necesitan la una a la otra. Analizemos brevemente dos testimonios de este tiempo.

Primero. La Alianza por la Economía Social es una iniciativa británica compuesta por más de cuatrocientas organizaciones como universidades, thinks tanks, emprendedores sociales, sindicatos y organizaciones benéficas ddicadas a la promoción de la economía social. Esta alianza trata de influir a los principales partidos políticos del Reino Unido para que sus programas electorales establezcan medidas de impulso a la economía social pues el binomio Estado-mercado es insuficiente para impulsar el progreso social.

Las consecuencias del predominante, todavía, pensamiento idológico, conducen inexorablemente a pensar que la izquierda apuesta por el Estado y la ayuda voluntaria y la derecha por el mercado y una libertad económica sin límites. Tal reduccionismo, propio de las ideologías cerradas, impide socializar los mercados y hacerlos más ventajosos para la sociedad. Es decir, se trata de crear incentivos que hagan atractiva la inversión social y la conviertan de verdad en una ventaja competitiva para el mercado. Para ello es menester que crezcan las empresas sociales, que termine el monopolio del Estado en la provisión de servicios públicos, que se practique la llamada contratación pública sostenible o estratégica, que se prime fiscalmente la creación de empresas socialmente responsables, que se ayude a los jóvenes promotores y que la formación profesional dual adquiera un relieve relevante.

Segundo.  Amartya SEN, premio nobel de economía, recibió tal alto galardón por  contribuir a restaurar la dimensión ética del debate económico y social, combinando instrumentos económicos y filosóficos. En efecto, son bien conocidas las aportaciones del economista indio sobre el origen de la pobreza, sobre la economía del bienestar y sobre el utilitarismo. Entre sus estudios sobre la teoría de la elección social, destacan los que se ocupan de las medidas de la desigualdad y del modo de definir principios para la comparación del bienestar de los individuos, en los que el premio nobel defiende la necesidad de basar las comparaciones no en la simple medida de los ingresos individuales, sino en las oportunidades que proporcionan esos ingresos.

Las investigaciones más interesantes del profesor Sen quizás sean las centradas en el origen del hambre. Para SEN, las hambrunas no se deben a la falta de producción de alimentos o a las catástrofes naturales, sino a estructuras sociales -falta de democracia o de libertad de prensa- que impiden el control político de los gobiernos. En efecto, como escribe SEN, “el hambre no ha afligido nunca a ningún país que sea independiente, que convoque elecciones con regularidad, que tenga partidos de oposición para manifestar las críticas y que permita que los periódicos informen libremente…”. Es decir, la democracia entendida como punto y aparte gran movilización colectiva, impide, o debe impedir que se den crisis de hambre generalizada. ¿Porqué?. Sencillamente, porque si no hay elecciones, ni lugar para una crítica pública libre, los que tienen la autoridad no tienen por qué sufrir las consecuencias políticas de su fracaso en la prevención de hambrunas. Y, sobre todo, porque cuando se conocen a tiempo los primeros síntomas, se puede reaccionar con diligencia. En sentido contrario, nos encontraríamos con el caso de China en la hambruna de los 60 en la que fallecieron 29 millones de personas. Para SEN, la falta de libertad de prensa confundió al Gobierno, alimentado por su propaganda y por los informes de las autoridades deseosas de hacer méritos: así, existen datos que demuestran que cuando la hambruna llegó a su cenit, las autoridades chinas creían que tenían 100 millones de toneladas más de cereales de las que tenían en realidad.

Por tanto, una posible solución a los problemas de nuestro tiempo, proviene de aplicar el pensamiento compatible en un marco democrático de profunda humanización de la realidad. Economía y justicia social no solo no son incompatibles sino que hoy precisamos que se emtremezclen y entrecruzen. Cuanto más mejor.

Jaime Rodríguez-Arana

Catedrático de Derecho Administrativo

Razón, voluntad y Estado de Derecho

En el Estado de Derecho el ejercicio del poder público, también el financiero y el económico por supuesto, está sometido plenamente a la ley y al derecho. En efecto, el principio de juridicidad, junto a la separación de los poderes del Estado y al reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, los individuales y los sociales, componen el trípode sobre el que asienta ese modelo cultural y político que conocemos como Estado de Derecho. Un modelo que se pisotea y transgrede, sutilmente las más de las veces, groseramente de vez en cuando, cuándo se permite que la voluntad de mando, de poder, se convierte en canon único y exclusivo, sin límites,  de la actuación de quienes están investidos de alguna suerte de potestades, sean de la naturaleza que sean.

En efecto, a pesar de que los Ordenamientos constitucionales someten a la ley y al derecho las manifestaciones del poder político, económico y financiero, en realidad, como bien sabemos, el respeto que merece el derecho brilla por su ausencia pues con frecuencia quienes disponen del poder hacen, de una u otra manera, lo que les viene en gana. En el fondo, y siguiendo a Hobbes, se ha sustituido la razón por la voluntad como principal elemento de la norma jurídica, de forma y manera que la adecuación a la razón de las leyes del parlamento apenas tiene relevancia. La voluntad de dominar, de doblegar, de vencer, se impone a la razón, que es preterida, tantas veces postergada. Un claro ejemplo lo tenemos en esos parlamentos en los que no se razona, en los que únicamente tiene cabida el dominio asentado en la estadística, una ciencia que, como dijera tiempo atrás cínicamente Kissinger, la democracia no es más, ni menos, que una cuestión de números, de estadística.

En este tiempo, la prensa y la televisión nos sirven a diario escenas y pasajes que confirman que la victoria de Hobbes sobre Tomás de Aquino es una amarga realidad. La voluntad se impone a la razón y, por ende, el equilibrio aristotélico entre materia y forma se convierte en la dictadura de una forma que aleja de si tanto cuanto puede toda referencia a los principios, a la sustancia de la realidad. No de otra forma me parece que puede explicarse el galopante crecimiento de la corrupción política y económica en España en estos años de principios de siglo.

El Estado de partidos, que sustituye al Estado de derecho, convierte a las formaciones partidarias, especialmente a las cúpulas, en la fuente del poder y de las normas de los distintos poderes del Estado. Los diputados deben seguir a pies juntillas los mandatos de una cúpula que normalmente solo piensa y actúa en términos de control. En este marco, pues, el derecho, la justicia, acaba siendo, como mucho, un eslogan o argumento con el decorar ciertos discursos.

Como es bien sabido, los dictadores usaron en su provecho el propio Estado. Hitler, sin ir más lejos, utilizó, y de qué manera el Estado, sorprendentemente el llamado Estado de “Derecho” del momento, como arma arrojadiza contra el propio derecho hasta conseguir anularlo, laminarlo, dominando a su antojo a la sociedad. Los alemanes, por eso, en la Constitución de Bonn dejaron esculpido en uno de sus preceptos más relevantes que el poder público está sometido a la ley y al derecho. A la norma elaborada en el parlamento y a ese humus o conjunto de principios que han de respirar las normas para orientarse derechamente a la justicia.

La recuperación de la razón como norte de la ley es una tarea urgente. Se lleva hablando, y escribiendo desde hace tiempo, pero no se afronta esta cuestión de verdad porque el dominio de lo tecnoestructural, de la razón positivista, es tal que impide contemplar la realidad en su esencial dimensión plural y abierta. Los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario cada vez tienen más importancia y cada vez son más necesarios si es que de verdad queremos asentar el solar de nuestra democracia sobre bases sólidas.

Quienes nos dedicamos a la enseñanza del Derecho tenemos la gran responsabilidad de poner a disposición de la sociedad juristas, no simples conocedores de leyes, hombres y mujeres comprometidos con la justicia, con la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo, lo que se merece, no simples mercaderes de intereses que se compran y venden al mejor postor, sea en el ámbito político, económico o financiero. Los principios del Estado de Derecho, de la razón, son cada vez más importantes. El problema es que el primado de la eficacia, de lo conveniente, de lo útil para la tecnoestructura, todo lo invade, todo lo arrasa. Por eso, el tiempo en que estamos es un tiempo en que de nuevo la batalla entre los principios y el pragmatismo, entre la dignidad y la utilidad, vuelve al primer plano de la realidad. Así de claro.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo y miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya.

Sobre el pensamiento único

Ciertamente, no corren buenos tiempos para la libertad. En general, el dominio del pensamiento único en los más variados aspectos de las ciencias sociales está socavando los pilares de un edificio científico que precisa de nuevos planteamientos, de nuevos fundamentos. La pretendida negación por la cúpula tecnoestructural de la objeción de conciencia, la diferente regulación, en aras de la utilidad, de la eficacia o del sentimiento humano, de las condiciones de vida de la persona – en sus estadios previos o en su fase terminal-, proporcionan buenos ejemplos de los embates a que se está sometiendo a una determinada manera de entender el sentido de la vida.

Pues bien, frente a un pensamiento único que pretende, en materia jurídica, reducir las fuentes del derecho sólo a la ley pasando por alto los principios generales del derecho, nos encontramos en la versión más cerrada del positivismo jurídico que, de ser proyectada, por ejemplo, sobre determinadas etapas de la historia europea del siglo pasado, llevaría a consecuencias catastróficas de aceptarse en su dimensión absoluta. En realidad, lo que está en juego es si el poder es un concepto absoluto o debe estar abierto al servicio de la dignidad del ser humano. Si el poder es un concepto estático o cerrado, o la justificación única de la actividad política, entonces en mi opinión fallan los postulados sobre los que descansa el principio democrático. Si el poder es, como decían los clásicos, una función de servicio a la colectividad, entonces la actividad legislativa no debiera ser un ejercicio de supervivencia política o la justificación para mantenerse en el poder, sino la expresión de la voluntad general, de la razón de acuerdo con el bien común o, si se quiere, en lenguaje más moderno, en armonía con el bienestar integral de los ciudadanos.

En la medida en que el derecho es poder racionalizado o, fuerza racionalizada, entonces los atentados a la dignidad de las personas ni siquiera se valorarán. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se admita la adopción de seres humanos a los que ni siquiera se consulta?. O, ¿cómo se podrá explicar dentro de veinte o cuarenta años que se aprobaron leyes que permitían sencillamente la liquidación de embriones humanos, de seres humanos en potencia?.

La contestación a estas preguntas no se puede hacer cabalmente en estas pocas líneas. Lo que pretendo, con el artículo de hoy, es desmarcarme de la dictadura de lo políticamente correcto, censurar la versión insolidaria del socialismo que nos gobierna y, sobre todo, animar a quienes estén a gusto pensando libremente que manifiesten libremente sus puntos de vista y opiniones sin miedo.

Las afirmaciones dogmáticas y categóricas sobre la objeción de conciencia en un Estado democrático son una prueba paradigmática de que, como no hay mal que por bien no venga, nos encontramos en un momento bien relevante para fundamentar el orden político, social y económico sobre el suelo firme de la excelsa dignidad humana. Casi nada.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo.

Democracia representativa y directa

La profunda crisis que atraviesa la forma en que los políticos a nivel mundial entienden últimamente la democracia representativa conduce, de una u otra manera, a que la indignación reinante reclame democracia real, auténtica, genuina. Una de las causas de la honda crisis en que se encuentra el sistema político reside en que el pueblo empieza a percibir que su protagonismo ha sido suplantado, de una u otra manera, por los dirigentes. Un colectivo, el de los que mandan, que, con honrosas excepciones, se ha creído que es el titular del poder y que puede manejarlo como le venga en gana, a su antojo. Como se consideran los dueños del poder, así razonan erróneamente, manejan los fondos públicos sin conciencia de quienes son sus legítimos propietarios –los ciudadanos- llegando a cotas de despilfarro sin precedentes.

Efectivamente, la escasa relación que hoy existe entre el pueblo y sus representantes, justifica, en gran medida, que la petición de democracia real se sustancie por el camino de las fórmulas de democracia directa más conocidas: referéndums, iniciativas populares y consultas. Si las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas autonómicas hubieran propiciado y fomentado esquemas institucionales eficaces de relación y vinculación entre elegidos y electores, probablemente el distanciamiento y desafección dominante no hubiera alcanzado la dimensión que hoy tienen. Por eso hoy, ante la ausencia de reformas en la materia, tendrán que llegar, por las buenas o por las malas, cambios como las listas abiertas, la obligación de los diputados de tender a los electores en sus circunscripciones o incluso la convocatoria de referéndums cuando se trate de la adopción de medias de obvio interés general.

La necesidad de que el pueblo opine, al menos en los asuntos de mayor enjundia, en asuntos que afectan a sus condiciones de vida, es cada vez más urgente. No puede ser, de ninguna manera, que se tomen decisiones que afectan seriamente a las condiciones de vida de los ciudadanos sin consulta previa, sin conocer la opinión ciudadana, lo que no quiere decir, de ningún modo, referéndum para todo. De eso nada.

La democracia representativa debe ser renovada. Las listas abiertas deben abrirse camino. No es que los referéndums, consultas o iniciativas populares sustituyan totalmente al sistema representativo. Deben tener su espacio de forma equilibrada. Que no haya sido así se debe al profundo aislamiento de las cúpulas partidarias que prefieren su reinado y su primado, casi absoluto, al de la ciudadanía, al de quien es el verdadero soberano.

Es muy sencillo lo que está pasando. Quien es administrador o gestor de los asuntos de interés general ha pensado que podía adquirir la condición de dueño y señor. Para ello ha ideado un complejo argot y un sofisticado universo de especialistas en el manejo y conducción del interés general convenciendo al pueblo de que los asuntos de la comunidad están en las mejores manos y que no debía preocuparse lo más mínimo. Mientras tanto, desde las terminales mediáticas de la tecnoestructura se procede a una sutil y constante operación de control social a partir de las más variadas, y eficaces, formas de consumismo insolidario. Durante unos años el juego ha dado resultado, pero cuando el proyecto choca con los bolsillos de la gente, empiezan los problemas. Unos problemas que han permitido que el pueblo, de una u otra manera, despierte de su letargo, tome conciencia de lo que está pasando y empiece a manifestar su indignación.

Una indignación que no debieran echar en saco roto los partidos. Una indignación que esperemos traiga aires de regeneración democrática. Una indignación que ojala derribe los muros de un orden económico, político y social montado exclusivamente sobre el lucro y sobre el voto como fines en sí mismos que todo lo justifican, que todo lo permiten. Este modelo ha fracasado. No hay más que volver a democratizar el sistema político. Y, por supuesto, también el financiero. Sin embargo, los actuales dirigentes, o no les interesa el tema, o lo consideran imposible o, simplemente, prefieren seguir en este ambiente de control y manipulación social que tanto les gusta y que tan poco advierte la mayoría de la población. ¿Por qué será?

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es

Pensamiento dinámico y complementario

Una de las características que mejor define el pensamiento dominante, si es que se puede llamar pensamiento, es su condición estático e ideológico. Se trata de un precipitado necesario de las llamadas ideologías cerradas que por desgracia acampana entre nosotros desde la llegada al gobierno de los actuales dirigentes. En casi todos los aspectos de la vida social se observa esa penosa división entre buenos y malos, retrógrados y progresistas, ricos y pobres que es la principal señal de identidad del intento de aplicación a la realidad de un modelo teórico de laboratorio.

Como consecuencia de las ideologías cerradas, aquellas que parten de la presunción de solución de todos cuantos problemas jalonan la existencia colectiva de la humanidad, que son estáticas por propia naturaleza, surge la necesidad, incluso la pasión, para quienes así operan, de situarse en la vida política social y política con un sentido perverso, por cerrado: la izquierda y la derecha, los de arriba y los de abajo, los de delante y los de detrás. Es decir, estar posicionado -de un modo maniqueo- en “la izquierda, abajo y adelante” o  en “la derecha, arriba y detrás”, ha traído consigo el olvido lamentable de la tradición cultural de la que procedemos y que contribuimos a crear: una tradición de libertad, de pluralismo y de profundo respeto a la dignidad de la persona. Sin embargo, presos como estamos de imperio del pensamiento único, estático, cerrado e incompatible, deudor de la dictadura de las ideologías, seguimos hablando de explotadores y explotados, de retrógrados y progresistas, de ricos y pobres, expresiones que además de profundamente simplistas son formulaciones que denotan una real actitud de miedo a la libertad, a la riqueza plural de la gente, que no es traducible a etiquetas reduccionistas de su condición, y un profundo miedo a la búsqueda de soluciones  a  los problemas que aquejan a nuestra sociedad.

Ordinariamente, el pensamiento cerrado y estático que acompaña a las ideologías cerradas parte de la afirmación de prejuicios y de  concepciones simplistas de la realidad, que son indicativas de pobreza discursiva o de inmadurez política y humana. Por el contrario, el pensamiento abierto, dinámico y compatible, como estilo intelectual que responde a la realidad de las cosas, permite superar ciertamente las ideologías cerradas. No en el sentido de aislarlas y dejarlas sin lugar, que lo tendrán mientras haya gente con la disposición de aplicarlas, sino más bien en cuanto abren en el horizonte un espacio de pensamiento que rompe la bipolarización izquierda-derecha y que se caracteriza por su naturaleza abierta, crítica, plural y antidogmática, justo lo contrario, por ejemplo, de esa educación ciudadana pensada para disponer de ciudadanos en serie, a la medida, cortados por el patrón de la sumisión, la manipulación y el miedo a la libertad.

Hoy, debemos superar, si es posible, el ambiente en el que se desarrollan las ideologías cerradas: la lucha por la consecución de determinadas cuotas en el mercado ideológico. Es decir, la confrontación ideológica es, en primer lugar y sobre todo, captación de ideas, pero no enfrentamiento ideológico, con lo ello supone de entender la concepción de ideas como instrumento de poder, sino diálogo, siempre abierto al entendimiento, que ciertamente puede llegar o no.

El pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario es necesariamente un pensamiento más complejo, más profundo, más rico, en análisis, matizaciones, supuestos y, por supuesto, aproximaciones a lo real. Es más, esta modalidad de pensamiento lleva a un enriquecimiento del discurso democrático. Si el pensamiento único, estático e ideológico prevalece, como ocurre entre nosotros, el discurso político se repliega, se cierra y se concibe como un instrumento de poder, de dominación que aplasta la pluralidad y la apertura connatural a la democracia. La apertura del pensamiento político a la realidad reclama un notorio esfuerzo de transmisión, de clarificación, de matización, de información, un esfuerzo que puede calificarse de auténtico ejercicio de pedagogía política que, por cuanto abre campos al pensamiento, los abre asimismo a la libertad.

Hoy, en España, insisto, necesitamos volver a recordar la centralidad de la persona, de sus libertades. Necesitamos recordar siempre que sea necesario, que el poder se justifica en la medida en que facilita el bienestar integral de las personas, del pueblo. Algo que hoy brilla por su ausencia sencillamente porque quienes nos gobiernan parece que sólo piensan en conservar a toda costa el poder.

Los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y compatible nos invitan hoy a reivindicar que el poder político cumpla el papel que le corresponde y que deje de manipular el espacio público excluyendo todo lo que impida su modelo de dominación social. La educación libre y plural es una forma de romper ese modelo y hoy comprobamos como se intenta inculcar un único modelo educativo. Por eso, la lucha por la libertad sigue siendo una prioridad en la que librar una gran batalla cívica. Nada menos que nos jugamos la libertad de las próximas generaciones.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.

Regulación y capitalismos

Desde hace mucho tiempo y en diferentes escenarios se ha discutido, largo y tendido, acerca de la polémica entre los dos modelos de capitalismo reinantes: el renano y el norteamericano, el germánico y el anglosajón. En efecto, esta pugna no es nueva. Ahora cobra actualidad porque el tamaño del desaguisado a que han llevado los excesos anima, invita a reflexionar sobre lo que está pasando y sobre el enfoque capitalista en sentido estricto.

El capitalismo anglosajón se ha caracterizado, últimamente en grado superlativo, por el corto plazo, el beneficio rápido y una confianza ciega en la capacidad autorreguladora del mercado. Todo ello, además, en un ambiente de una precaria protección social porque se postula en este contexto la teoría del Estado mínimo: cuanto menos Estado y más mercado mejor. La escuela de los “Chicago boys” es, aunque simplificada, buena prueba de ello.

Por el contrario, los fundadores de la escuela de Friburgo, Hayek, Misses o Erhard, entre otros, postularon la célebre teoría de la economía social de mercado, que fue llevada a la práctica en los años en que precisamente Erhard dirigió los destinos de Alemania tras la Segunda Gran Guerra. Como recuerdan los lectores, este modelo de economía de mercado se plantea en un contexto de regulación, con intervención pública y con una fuerte sensibilidad social. El fundamento de la intervención pública en este esquema es bien claro: tanta regulación como sea imprescindible y tanta libertad como sea posible. La regla, el principio, es la libertad económica. Libertad que no se concede desde el poder público porque pertenece a cada ser humano por el solo hecho de serlo. El poder público actúa para fortalecer esa libertad, para garantizar que se ejercita en un contexto de racionalidad y equilibrio. En este contexto, los órganos reguladores son muy importantes, no tanto porque sean los artífices del sistema, que no lo son, sino porque lo aseguran con su actividad de inspección, comprobación, verificación, control y vigilancia. Además, en este modelo, el nervio de la presencia pública se concentra especialmente en la puesta al servicio de la comunidad de una completa red social de ayuda a los más necesitados, a los marginados, a los excluidos por el sistema.

Pues bien, durante los peores momentos de la crisis económica y financiera, hoy a punto de regresar aunque parece que por otras razones, se constató que la regulación no funcionó; es más,  la desregulación en ciertas actividades financieras fue un hecho. En efecto, asistimos por entonces al desagradable episodio de experimentar, unos más que otros, el lacerante efecto de esos 1,65 billones de euros de activos tóxicos que inundaron  el mercado financiero de todo el globo procedentes de un sistema, el yanqui, que en este punto fracasó estrepitosamente por creer a pies juntillas en esa monserga de que la regulación obstaculiza el sistema. Fueron los años de Greenspan, bajo mandato de Clinton, los años en que el desaguisado comenzó a tomar fuerza hasta llegar en 2008 a tumbar los mercados de todo el mundo.

Así las cosas, hay quienes piensan que el capitalismo ha fracasado y que hay que mirar de nuevo al marxismo como posible solución. La verdad es que volver a la economía planificada y  centralista, al control público de la economía y a la dictadura del proletariado, es, a día de hoy, una broma pesada. Más bien, de lo que se trata es de tomar lo mejor de cada uno de los modelos para, en un contexto de libertad solidaria, comprometerse a implantar una regulación global confiada a autoridades independientes, que no estén a las órdenes, ni de las burocracias partidistas ni de los consejos de administración de las grandes multinacionales.

La regulación es necesaria siempre que se realice en un contexto de autonomía y con garantías de independencia. Junto a ello, mientras no se caiga en la cuenta de que el sistema debe ser protegido de los excesos y de la obsesión por el beneficio inmediato y exponencial, dejaremos abiertas las puertas a otra epidemia de codicia y avaricia como la que ha caracterizado los últimos años. Por eso, ese orden global que hoy es una realidad, debe asentarse sobre la justicia, la racionalidad, el equilibrio y, sobre todo, sobre la dignidad del ser humano y la centralidad de los derechos fundamentales de la persona. Mientras eso no sea un compromiso de todos, seguiremos cosiendo sin hilo, o corriendo fuera de la pista, algo que, por lo que se ve, tiene muchos seguidores.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es

Sobre los derechos sociales fundamentales

En ocasiones, los derechos sociales fundamentales previstos expresamente en la Constitución no son desarrollados por el poder legislativo. Pues bien, cómo las  normas legales  contienen memorias financieras y presupuestarias para su puesta en aplicación, las prestaciones que integran estos derechos son plenamente exigibles judicialmente, sin que se pueda oponer como regla la excepción de reserva de lo posible o el mismo principio de separación de los poderes.

Si no hay previsión normativa ni existen en la Constitución parámetros mínimos que permitan deducir el alcance concreto de las prestaciones de derechos sociales fundamentales, entonces la aplicabilidad inmediata de los mismos puede ser implementada a través de requerimiento judicial al poder ejecutivo para que satisfaga el contenido del derecho social fundamental en cuestión.

Los derechos sociales fundamentales pueden estar previstos en la Constitución como tales, no es lo más frecuente, o pueden derivarse de una argumentación racional a partir de las bases mismas de la Constitución en relación con los postulados del Estado social y democrático de Derecho y de la centralidad de la dignidad del ser humano. Por ejemplo, la Constitución española alberga en su seno normas contradictorias porque si se reconocen estos valores constitucionales, no es coherente reconocer derechos sociales fundamentales desde la perspectiva de principios rectores dela vida económica y social únicamente exigibles en virtud de norma que lo prevea.

Es verdad que la legislación infraconstitucional en materia de derecho a la salud o derecho a la educación reconoce derechos subjetivos a los ciudadanos en estas materias que podrán reclamarse en los Tribunales, pero sin la especial protección que la Constitución dispensa a los derechos fundamentales. En el caso de que ni siquiera existan normas del poder legislativo, si no aplicáramos la doctrina de aplicación o eficacia directa de los derechos sociales fundamentales, se estaría haciendo posible desde el interior de la Constitución su imposibilidad de implementación en un aspecto básico como es el despliegue de la función promocional y removedora de los Poderes públicos. Es decir, la Constitución contendría en su seno normas materialmente inconstitucionales.

En el caso de que no haya normas legislativas que regulen los derechos fundamentales, negar su efectividad sería gravemente incongruente con las bases del Estado de Derecho por lo que al menos ante el Tribunal Constitucional tal situación podría analizarse. Además, según la Constitución española, las normas que regulan estos derechos deben respetar su contenido esencial, de forma y manera que se reconoce que hay un núcleo básico de indisponibilidad que es precisamente el ámbito propio en el que se ubica la dignidad humana. Tal aserto se predica también de los derechos sociales fundamentales porque son derechos de esta naturaleza y, por ello, gozan también de un espacio especial de contenido esencial que responde a la esencia misma de la dignidad humana y que debe poder ser desplegado por el titular del derecho social fundamental de que se trate, con independencia de si hay o no regulación legislativa. ¿O es que la persona, el ciudadano debe esperar para ejercer sus derechos fundamentales la reglamentación normativa?.

Jaime Rodríguz-Arana

@jrodriguezarana