• jra@udc.es

Category ArchiveGeneral

Laicidad positiva

La separación de poderes no implica, como entendió el laicismo, que lo temporal y lo espiritual deban estar de espaldas el uno del otro. El ámbito espiritual y la dimensión temporal, no corren en paralelo. Más bien, si seguimos una versión abierta, positiva o integradora de la laicidad, resulta que lo religioso y lo político, sin identificarse, han de colaborar estrechamente para garantizar la centralidad de la dignidad del ser humano y de sus derechos fundamentales. En realidad, la acción social de la Iglesia Católica en todo el mundo, cuidando tantas veces a enfermos desahuciados o, por ejemplo, a las víctimas del sida que ya ni siquiera tienen acomodo en la red pública hospitalaria, demuestra hasta que punto la cooperación de la Iglesia es esencial en la responsabilidad social del Estado.

El diálogo entre Estado y religiones, el reconocimiento de la libertad religiosa, han de posibilitar que el mundo espiritual deje de estar proscrito, expulsado en tantos países del espacio público. Sobre todo porque, guste más, poco o nada, resulta que de los múltiples aspectos que conforman la realidad, la dimensión espiritual o religiosa es uno de ellos y, como tal, ha de tener el mismo reconocimiento público, al menos, que los demás factores que componen el espacio de la deliberación pública.

El Estado ha de crear las condiciones, como proclama solemnemente el artículo 9.2 de la Constitución española, para que la libertad, en todas sus proyecciones, sea real y efectiva. Por tanto el Estado debe facilitar el normal y razonable despliegue de esta libertad porque, aunque algunos no comprenden el pluralismo, el ser humano tiene derecho, como señala el artículo 10.1, también de nuestra vigente Constitución, al libre desarrollo de su personalidad.

Esperemos que este nuevo, y viejo, concepto de la laicidad positiva, abierta, plural o integradora, vaya poco a poco acabando con las versiones unilaterales de un laicismo que tiene como gran objetivo la expulsión de lo religioso, específicamente lo católico, de la vida pública. El pluralismo siempre es positivo para la convivencia humana, el unilateralismo, como se comprueba a diario, es negativo, nocivo. ¿ O no?.

Jaime Rodríguez-Arana

Las redes sociales

La influencia de las redes sociales en la vida cotidiana es, desde luego, cada vez más importante. Es verdad que mucha gente aprovecha las nuevas tecnologías para expresar sus puntos de vista. Unas opiniones, cualesquiera que sean, que sin estos medios jamás habrían tenido repercusión mediática. En algunos países, ciertos proyectos de decisiones públicas, o de ciertas legislaciones, fueron suspendidas o paralizadas precisamente por su repercusión en las redes sociales. En El Salvador unos pocos años atrás fue tal la multitudinaria oposición registrada en las redes sociales ante la pretensión de excluir al poder legislativo de la ley de transparencia y acceso a la información, que tal decisión fue abortada de inmediato.

Es muy saludable cívicamente que la gente exprese sus criterios y sus puntos de vista sobre las diferentes propuestas o proyectos existentes en el espacio de la deliberación pública, que por definición  es, debe ser, abierto y plural . Y eso, que duda cabe, se puede hacer también a través de las redes sociales. Sin embargo, las redes sociales, por relevantes que sean, jamás podrán sustituir a las denominadas asociaciones voluntarias. El grado del compromiso político y cívico que se puede deducir de la participación en las redes sociales, con ser digno de mención, no es, ni mucho menos, del calibre e importancia que la activa participación periódica en una asociación civil voluntaria.

Los expertos en sociología y teoría política tienen claro que la asociación voluntaria es manifestación adecuada de confianza social, y sin confianza no puede existir un proyecto de sociedad, y, por ende, tampoco un grado aceptable de participación. En el mundo occidental, por ejemplo, se constata un alarmante descenso de la presencia ciudadana en las asociaciones voluntarias. Las causas pueden ser variadas, pero en general, salvo excepciones, se observa un cierto repliegue hacia lo individual, hacia lo personal, un espacio reacio a conectar con las diversas formas de solidaridad que, de una u otra manera, podían controlar de algún modo al poder, cualquiera que fuera su naturaleza.

La existencia de instituciones intermedias sólidas, resultado de la agrupación real de la ciudadanía en diversas áreas, siempre se ha considerado un síntoma de pujanza democrática. Por ejemplo, en España la militancia política y la participación en determinadas acciones públicas y sociales, a pesar de la que está cayendo, es prácticamente insignificante. A veces incluso las ONGS, algunas, han pasado a ser OMGS, organizaciones muy gubernamentales.

En general, toda una colosal operación de manipulación y control social que parte de las diferentes tecnoestructuras impiden de forma grosera o sutil que aflore el descontento real que existe en la sociedad. Una parte de esa desconfianza, sin embargo, está siendo hábilmente manejado por esos populismos que aspiran, no hay más que ver sus antecedentes, a la perpetuación en el poder. El problema está en esa mayoría silenciosa que se esconde en un anonimato cómodo a veces camuflado de consumismo insolidario y otras, las más, de individualismo irresponsable ante la cosa pública.

Necesitamos, me parece, instituciones sociales sólidas, genuinas, independientes, que defiendan intereses colectivos y, sobre todo, que apuesten por facilitar y promover la libertad solidaria de los ciudadanos.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es

Sobre la libertad

Es bien conocida la cita de B. Shaw sobre la libertad: libertad implica responsabilidad. Por eso le tienen tanto miedo la mayoría de los hombres. No es, ni mucho menos, un gran descubrimiento señalar que una de las principales características que definen el mapa ideológico y político de este  tiempo es el miedo a la libertad. Y, por contra, un calculado y deliberado apego a los espacios del pensamiento único adobado con la militancia en el partido de lo políticamente correcto.  En este ambiente, la censura,  la restricción de las libertades para los que no están alienados con las tecnoestructuras, paradójicamente en un tiempo que se predica la extensión de los derechos, caracteriza este nuevo pensamiento unilateral, estático, cerrado que hoy  parece imponerse  entre nosotros a una velocidad vertiginosa, a causa del pánico a salirse del carril oficial.

           Thomas Pavel, profesor en Princeton, advertía no hace tanto que la “political correctress” trae su causa de un colectivismo particularista heredado de la pasión por la igualdad, en detrimento de la libertad personal. Otra característica de este poderoso fenómeno es la imposición de la discriminación positiva y la tendencia al fundamentalismo, ese fanatismo que tan bien describiera Holmes: “la mente del fanático es como la pupila de los ojos; cuando más luz recibe, más se contrae”. ¿Por qué?. Porque el fundamentalista o fanático ve con tanta claridad lo que le parece lo único posible que no se explica para qué sirve la libertad.

 Esta descripción del fundamentalismo recuerda aquello de Lenin de “libertad, ¿para qué?”. Pues libertad, para trabajar, para convivir y, sobre todo, para poder elegir con criterio. Libertad para opinar, para expresar las convicciones sin ser discriminado. Libertad, siempre libertad, aunque no nos gusten o convenzan las posiciones de los otros. Es más, en la democracia es menester aprender a respetar las opiniones contrarias, a convivir con quienes no piensan como nosotros, siempre, claro está, con un profundo respeto a las personas, aunque sea intensa la crítica a las ideas.

En un contexto, como el presente, de carril único prácticamente para todo, se manipula y orienta la opinión de una manera tan sutil y sibilina que lo que son profundas actitudes morales son súbitamente condenadas al mundo de lo ultraconservador cuando, a veces y no pocas, responden hasta a un sentir hasta mayoritario. Por eso, ¿por qué esa condena de conservadurismo tan frecuente, por ejemplo, a los que defienden el derecho a la vida en todas sus fases?. ¿Por qué se califica de insolidarios a los que proponen el cheque escolar?. ¿Por qué lo que es una obvia ofensa a las convicciones de las persones se presenta bajo la rúbrica de la libertad de expresión?. Quizás, con el paso del tiempo, los que hoy se denominan a si mismos progresistas, más adelante no sean así considerados, y viceversa.

En fin, no se trata de tolerar la libertad, se trata de hacerla posible. De lo contrario, estaríamos atentando contra esa tolerancia que consiste en reconocer en los demás la misma libertad de que uno dispone. Para terminar, siempre es reconfortante la vuelta a los clásicos. Tiberio escribió “en una ciudad libre conviene que la mente y la lengua sean libres”. Sabia consigna en un momento en que de nuevo nos acechan los enemigos de la libertad aprovechando la  gestión que se ha hecho en las últimas décadas de un sistema político que se define como el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Ahora, lo que se pretende, lisa y llanamente, es sustituir una minoría dirigentes por otra dipuesta, como sea, a resucitar, al socaire de la indignación reinante, fantasmas y modelos del pasado. Por eso, hoy es momento de defender los valores del Estado de derecho.

             Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Política y desafección ciudadana

Una de las causas de la actual desafección que caracteriza la posición de los ciudadanos en relación con la vida política española tiene que ver, y no poco, con la estructura y organización de los partidos. En efecto, jerarquía y verticalidad dominan la escena de la vida partidaria. Las decisiones se adoptan en la cúpula, o por uno o ciertos integrantes de la misma y se imponen al resto de la organización. El que manda o los que mandan imponen sus puntos de vista, muchas veces sin la participación de la militancia, que ordinariamente es “invitada” a compartir decisiones predeterminadas. Estos días de la fallida investidura lo hemos podido comprobar con suma facilidad.

Los partidos deben regirse por los principios de la democracia, tal como exige nada menos que la Constitución de 1978. Algo, a día de hoy, como todos sabemos, que tiene la virtualidad que tiene. Probablemente porque los dirigentes no están excesivamente comprometidos con la transparencia, con la promoción de la libre expresión de la voluntad de los militantes en relación a determinadas cuestiones polémicas en las que puede haber diversos puntos de vista. Hoy, guste poco, mucho, o nada, los partidos son organizaciones pétreas, monolíticas, dirigidas, única y exclusivamente, a alcanzar el poder. No se admiten, ordinariamente, las diferencias y, por ejemplo, se evita que se expresen ideas o argumentos contrarios a la posición oficial, a veces minoritaria si la consideramos en relación con los puntos de vista de la militancia.  Por eso están en crisis, por eso cada vez tienen menos apoyo y, por eso, el éxito de los nuevos movimientos políticos y sociales.

Un partido político en el que todos piensan lo mismo y lo repiten acríticamente a pies juntillas, sin debate y sin contrastes, refleja una organización autista, incapaz de debatir. Lo que se observa, a uno y otro lado del espectro político, es un ejercicio de sumisión que está contribuyendo a conformar la política como una actividad de fuerte sabor autoritario, al menos en lo que se refiere a los criterios de acción de los dirigentes de los partidos políticos. Una actividad centrada sobre sí misma, aislada de la realidad social porque lo único importante son las cuestiones del poder como fin, no como medio. En este contexto no es de extrañar que formaciones que plantean, aunque sea demagógicamente y sin expresión real, nuevas fórmulas y más participación, están haciendo el agosto mientras las estructuras tradicionales, pétreas y en manos de dirigentes autistas, son incapaces de reconocer la realidad.

Muchos piensan que el sistema de listas abiertas mejoraría por arte de magia el sistema. Sin embargo, el conocimiento que los ciudadanos tienen de los políticos es, más bien, limitado, porque no es tan evidente que, en el caso de elegir entre determinado número de personas, el votante llegara a tener la información suficiente como para decidir con conocimiento de causa entre los diversos candidatos. Si los candidatos fueran profesionales reconocidos, con méritos ponderados por la comunidad, las cosas entonces serían distintas. En cualquier caso, mejor listas abiertas que la situación actual.

A menor democracia interna en los partidos menor preocupación de los dirigentes por la mejora de las condiciones de vida de la población. Por eso, qué importante es que se abran las ventanas de los partidos y entre el aire fresco de la realidad, de la competencia profesional, del compromiso social, de la búsqueda de soluciones reales a los problemas colectivos de la ciudadanía. Mientras estas organizaciones sigan férreamente cerradas en torno a liderazgos personales que solo aspiran a la afirmación de un poder personal, la desafección irá en aumento y, consiguientemente, la desconfianza, hoy muy alta en España, hacia el sistema político.  Por eso, precisamos cambios y sobre todo, una nueva forma de estar y de hacer política que devuelva la dignidad a esta noble actividad. Casi nada.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.

Mercado y regulación

Desde hace mucho tiempo y en diferentes escenarios se ha discutido, largo y tendido, acerca de la polémica entre los dos modelos de capitalismo reinantes: el renano y el norteamericano, el germánico y el anglosajón. En efecto, esta pugna no es nueva.

El capitalismo anglosajón se ha caracterizado, últimamente en grado superlativo, por el corto plazo, por el beneficio rápido y por una confianza ciega en la capacidad autorreguladora del mercado. Todo ello, además, en un ambiente de una precaria protección social porque se postula, en este contexto, la teoría del Estado mínimo: cuanto menos Estado y más mercado mejor. La escuela de los “Chicago boys” es, aunque simplificada, buena prueba de ello.

Por el contrario, los fundadores de la escuela de Friburgo, Hayek,  Misses o Erhard, entre otros, postularon la célebre teoría de la economía social de mercado, que fue llevada a la práctica en los años en que precisamente Erhard dirigió los destinos de Alemania tras la Segunda Gran Guerra. Como recuerdan los lectores, este modelo de economía de mercado se plantea en un contexto de regulación, con intervención pública y con una fuerte sensibilidad social. El fundamento de la intervención pública en este esquema es bien claro: tanta regulación como sea imprescindible y tanta libertad como sea posible. La regla, el principio, es la libertad económica. Libertad que no se concede desde el poder público porque pertenece a cada ser humano por el solo hecho de serlo. El poder público actúa para fortalecer esa libertad, para garantizar que se ejercita en un contexto de racionalidad y equilibrio. En este contexto, los órganos reguladores son muy importantes, no tanto porque sean los artífices del sistema, que no lo son, sino porque lo aseguran con su actividad de inspección, comprobación, verificación, control y vigilancia. Además, en este modelo, el nervio de la presencia pública se concentra especialmente en la puesta al servicio de la comunidad de una completa red social de ayuda a los más necesitados, a los marginados, a los excluidos por el sistema.

Pues bien, en estos tiempos de crisis en los que se ha constatado que la regulación no ha funcionado; es más, que la desregulación en ciertas actividades financieras ha sido un hecho, hemos asistido al desagradable episodio de experimentar, unos más que otros, el lacerante efecto de esos 1,65 billones de euros de activos tóxicos que inundaron el mercado financiero de todo el globo procedentes de un sistema que en este punto ha fracasado estrepitosamente por creer, a pies juntillas, en esa monserga de que la regulación obstaculiza el mercado. Fueron los años de Greenspan, bajo mandato de Clinton, los años en que el desaguisado comenzó a tomar fuerza hasta llegar en 2008 a tumbar los mercados de todo el mundo.

Así las cosas, hay quienes piensan que el capitalismo ha fracasado y que hay que mirar de nuevo al marxismo como posible solución. La verdad es que volver a la economía planificada y  centralista, al control público de la economía y a la dictadura del proletariado, es, a día de hoy, una broma pesada. Más bien, de lo que se trata es de tomar lo mejor de cada uno de los modelos para, en un contexto de libertad, comprometerse a implantar una regulación global confiada a autoridades independientes, que no estén a las órdenes, ni de las burocracias partidistas ni de los consejos de administración de las grandes multinacionales.

La regulación es necesaria siempre que se realice en un contexto de autonomía y con garantías de independencia. Junto a ello, mientras no se caiga en la cuenta de que el sistema debe ser protegido de los excesos y de la obsesión por el beneficio inmediato, dejaremos abiertas las puertas a otra epidemia de codicia y avaricia como la que ha caracterizado los últimos años. Por eso, el orden global debe asentarse sobre la justicia, la racionalidad, el equilibrio y, sobre todo, sobre la dignidad del ser humano y la centralidad de los derechos fundamentales de la persona. Mientras tanto seguiremos cosiendo sin hilo, o corriendo fuera de la pista, algo que, por lo que se ve, tiene todavía muchos seguidores, sobre todo quienes no asumen las consecuencias de sus decisiones.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.

Crítica y confrontación en democracia.

El ambiente general, con honrosas excepciones, de pérdida de cualidades democráticas para el ejercicio político, reclama un comentario y una meditación sobre la necesidad de renovar el sentido de la vida democrática entre nosotros.  Se constata mes a mes en los sondeos y encuestas sobre de opinión pública cuándo se pregunta a la población por los problemas más graves que percibe en la vida social. Y, sin embargo, muchos políticos siguen erráticamente escapando de los debates argumentados refugiándose en la descalificación, en las etiquetas y, es lo más grave, en la ausencia de reflexión. En la fallida investidura lo hemos vuelto a comprobar.

En efecto, de un tiempo a esta parte asistimos, por mor del imperio del pensamiento ideológico, bipolar,  a un conjunto de polémicas que, siendo legítimas y necesarias desde el punto de vista de la confrontación de ideas y proyectos, esencia y columna vertebral de la democracia, al pasar al terreno personal dan lugar a un penoso espectáculo cainita, propio de tiempos pasados que no debieran regresar. Probablemente, una parte de la responsabilidad la tiene quien siembra odio y resentimiento, quien fracciona y divide, quien cierra puertas y abre heridas, quien renuncia al debate de ideas y se concentra en la manipulación y en la provocación. Otra parte de culpa seguramente la tiene quien se deja llevar por la provocación y enciende a la población con arengas y soflamas también propias de otros tiempos. Es decir, los adversarios políticos, o tantas veces algunos correligionarios, pasan a ser enemigos a los que hay que liquidar políticamente a cómo de lugar, al precio que sea, utilizando los medios adecuados para tal fin. Algo, por otra parte, muy pero que muy antiguo, como la condición humana prácticamente.

La razón de tal actitud hay que buscarla en la consideración cerrada y estática del poder. El poder, según los nuevos maquiavelos de moda, es el medio para cercenar al rival. En democracia es lógico que se pretenda ganar al adversario, pero la forma de hacerlo ha de ser venciéndole en las ideas y en el aprecio de los ciudadanos a partir de proyectos ilusionantes capaces de movilizar una mayoría social que percibe nuevas formas de generar espacios para la mejora de sus condiciones de vida y un claro compromiso con una rectoría de la cosa pública desde parámetros de servicio objetivo al interés general. En este sentido, constituye una negación del espíritu democrático, sería pretender ganar a base de socavar el trabajo de los demás, algo que, por otra parte, no parece extraordinario en el maniqueo ambiente político que nos ha tocado en suerte en este tiempo.

Los políticos han de jugar sus bazas, es obvio, pero no pueden, ni deben, estar únicamente pendientes, como ahora acontece, de romper el espinazo político del adversario, dentro o fuera de su formación, al que hoy se considera lamentablemente enemigo. En la emergencia del adversario, el político auténtico siente el acicate para buscar una respuesta más honda, que vaya más allá y que deje a la luz la precariedad, la debilidad o la insuficiencia de determinados aspectos de la propuesta del contrario.

Ciertamente, el juego democrático tiene aspectos competitivos, como sucede en la concurrencia electoral. La concurrencia se manifiesta, cómo es lógico, en el trabajo de control del ejecutivo por la oposición. Por eso, esa frase tan manida de que un buen gobierno requiere una buena oposición explica que sea tan perjudicial para el bien general una oposición obstruccionista y entorpecedora de la acción de gobierno, alejada del control y de la propuesta de alternativas que niegue radicalmente la posibilidad de entendimiento en lo asuntos de interés general, cómo un gobierno que se dirija torcidamente a destruir a la oposición o que sistemáticamente se imponga por la fuerza de los voto, sin dar opciones a los adversarios políticos para poder atender las aportaciones razonables que mejoren las condiciones de vida de la gente.

Hoy, en España, a pesar de la crisis en que estamos sumidos, y de disponer de una magnífica oportunidad para buscar alianzas y pactos de Estado que nos permitan a todos salir adelante, seguimos presos de ese lamentable pensamiento ideológico que ciega e impide a unos y otros reconocer las buenas decisiones o las buenas propuestas. En fin, si preguntáramos la opinión de los españoles sobre el espectáculo de estos días, y se dieran cifras reales, constataríamos una vez más lo que piensan los españoles de la política y de los políticos. ¿O no?.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo

Ideas e ideologías

 

            Uno de los fenómenos más interesantes de este tiempo, junto a la psicosis de seguridad que nos invade, es la nueva forma de expresión ideológica que ha adoptado la izquierda. Me refiero, claro está, al movimiento antiglobalizador al que se ha apuntado la nueva izquierda populista y demagógica que hoy crece como la espuma. Vaya por delante que no soy defensor radical del globalismo, por usar la categoría que utiliza Beck, ni tampoco su mortal enemigo. Es más, pienso que la globalización en sí misma es una realidad con la que debemos trabajar y de la que hemos de conseguir que contribuya a la mejora de las condiciones de vida de las personas.

            Sin embargo,  lo que acontece es que todavía estamos está muy presente, más de lo que nos imaginamos, el pensamiento ideologizado,  esa manera que concebir la realidad, y la solución a sus problemas, desde una perspectiva cerrada, dogmática y unilateral. Así, para algunos, la globalización debe ser estigmatizada como la madre de todos los males que aquejan al hombre. ¿Por qué? Sencillamente, porque quienes así plantean las cuestiones, no son capaces de concebir que haya otro modo de proceder en el pensamiento que no sea el suyo propio. Puede ser, claro es, en un sentido, o en el otro. ¿Por qué a veces sólo se utiliza el concepto “pensamiento único” en una dirección? Me parece que debido a un pretendido complejo de superioridad moral de quienes militan en el partido de los que se consideran los únicos defensores del hombre.

            En fin, liberarse del pensamiento bipolar e ideologizado que tanto pánico tiene a la libertad es una tarea difícil pero necesaria. Para ello, es menester superar la modernidad y comenzar a reinterpretar el pensamiento político. Pero superar la modernidad no puede significar rechazarla. Significa, me parece, rechazar lo que de la modernidad se ha mostrado insuficiente, estrecho o caduco. Si es verdad que nunca probablemente se han producido barbaries mayores que las alimentadas por la modernidad, es también incontestable que ha enriquecido como pocas épocas históricas conceptos tan centrales como democracia, libertad, derecho, dignidad humana, justicia o igualdad, por ejemplo.

            La modernidad, en cierta medida, ha estado demasiado pendiente de los corsés impuestos por las ideologías cerradas que, por poner un ejemplo, sólo podían entender la libertad como libertad para la clase universal proletaria, libertad para el individuo solo, o libertad para la nación, según partamos de principios socialistas, liberales o fascistas.

            Hoy, sin embargo, la realidad es más compleja, dinámica y abierta. Por eso, certificando el ocaso de las ideologías cerradas, bienvenidas sean las ideas que, sin miedo a los prejuicios, nos ayudan a la mejora de la vida de las personas. Y, entre ellas, una idea que me parece atinada es la que se refiere a la libertad solidaria, que, en mi opinión supera a la libertad totalitaria a la que alude Beck en su último libro, al individualismo ramplón y, por qué no, a las versiones estáticas de la igualdad.

       Jaime Rodríguez-Arana

Catedrático de Derecho Administrativo

La participación y la solidaridad

Una mirada general a la vida política de tantos pueblos arroja, en estos momento, un saldo negativo en dos de los principales ingredientes del denominado Estado social y democrático de Derecho. En efecto, desde una perspectiva material tanto la participación como la solidaridad con frecuencia se reducen a metodologías artificiales, sin contenido propio, conformándose más bien como técnicas de control y manipulación social. Por un lado, porque a través de la participación, los partidos ponen en circulación estructuras sociales que no son más, ni menos, que la prolongación del dominio político en extensos campos de la vida comunitaria. Y, por otro, porque la subvención, el auxilia o la ayuda pública se han convertido en fenomenales instrumentos para la captura del voto de colosales proporciones.

Dos de los aspectos centrales del pensamiento democrático moderno son la participación de los ciudadanos en la vida política y la vitalidad de los espacios de solidaridad en los que resplandecen los valores cívicos de la convivencia. En lo que concierne a la participación real de los ciudadanos en la vida política podemos registrar que, poco a poco, ahora más  a raíz de la crisis integral en la que vivimos,  el pueblo va asumiendo mayor conciencia del ejercicio racional del derecho al voto y de la expresión del derecho a manifestar sus criterios y preferencias.

En este sentido, debemos preguntarnos hasta que punto, usted y yo, querido lector, observamos y nos comprometemos críticamente con los grandes temas que presiden el escenario público de nuestro tiempo. A veces, los efectos devastadores de la mentalidad intervencionista que invadió Europa como consecuencia de  los verticales y tecnocráticos entendimientos de lo que se entendió por el Estado de Bienestar estático, todavía colean en manos de un Estado que persigue obsesivamente definir las políticas públicas sin contar con la gente y que hasta le dice a la ciudadanía lo que debe o no hacer, cómo si desde las instancias públicas se pudiera tratar a los ciudadanos como súbditos, dependientes o lacayos.

Es paradójico, pero la dimensión estática del Estado de bienestar, la gran conquista social del período de entreguerras, acabó por vaciar la caja de las pensiones a causa de tirar de presupuesto público para ahormar y conformar, a criterio de los dirigentes, la vida social. Por eso es fundamental recuperar cuáto antes la perspectiva dinámica del Estado de bienestar y orientarlo en su acción y quehacer para acabar con las desigualdades sociales y para que de verdad la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales constituyan el centro y la raíz del Estado y de todas las políticas públicas sin excepción.

Por otra parte, no deja de ser preocupante la autenticidad de la vida social en el seno de las comunidades básicas. No deja de llamar la atención, en este sentido, la vitalidad de los principios morales que se ejercen en estas primeras solidaridades que, no lo olvidemos, son los genuinos laboratorios en los que se forjan las cualidades democráticas y las virtudes cívicas que fortalecen la convivencia colectiva.

Por eso, porque tenemos ante nosotros, como en otros momentos de la historia, la titánica tarea de construir de nuevo un Estado solidario, un Estado de bienestar dinámico, hemos de seguir trabajando para impulsa ambientes abiertos, dinámicos, compatibles en los que, por encima de todo, prevalezca la dignidad de la persona humana. Así la democracia será el gobierno del pueblo para y por el pueblo, no el gobierno de una minoría para y por una minoría, cómo lamentablemente acontece en tantas partes del globo. Por supuesto, también cerca de nosotros.

Jaime Rodríguez-Arana

Catedrático de Derecho Administrativo. jra@udc.es

Etica y eficiencia

Quien tenga o haya tenido experiencia política sabrá que la tensión entre  eficiencia y  legalidad, o, si se quiere, la tensión entre legalidad, servicio objetivo a los ciudadanos y eficiencia es una realidad del gobierno y dirección de instituciones públicas. Durante algún tiempo, el desprecio por la legalidad, por la juridicidad,  condujo al mundo de la corrupción. Por una elemental razón: porque al grito de que lo único importante son los objetivos y su consecución eficiente, cuándo se manejan fondos públicos es muy posible que se termine actuando al margen de los procedimientos y las normas, que para muchos son pesadas cargas que impiden una gestión pública de calidad. Esta constatación llevó a la necesidad de revisar dichas normas y dichos procedimientos para que legalidad-eficiencia-servicio sean conceptos complementarios, no opuestos ni contrapuestos.

Las nuevas políticas buscan, lógicamente, mejorar en concreto las condiciones de vida de la ciudadanía. Se traducen en la búsqueda de soluciones prácticas diseñadas para colectivos concretos,  susceptibles de ulteriores desarrollos en la medida que se enmarcan en una concepción de la política que persigue el bien general, que es de carácter abierto. Las nuevas políticas no se dirigen a alcanzar soluciones definitivas y totales porque sencillamente es imposible dada la condición compleja y limitada de la realidad.

En mi opinión, el trípode necesario para sostener políticas públicas de esta naturaleza viene determinado por la buena preparación profesional de los dirigentes, la capacidad de diálogo con la realidad en cada momento y, sobre todo, el profundo respeto a las normas éticas. Eficiencia y ética no sólo no están reñidas sino que se necesitan. Una política pública concreta nos será eficiente si no es ética; es decir, si no está pensada para la mejora de las condiciones de vida del pueblo y si no se implementa, como ahora se dice, para alcanzar el bienestar general e integral de las personas.

Pues bien, sobre este trípode puede abordarse una política pública que sea eficiente. Es más, si las políticas públicas no dan resultados entonces no son eficientes. Resultados, claro está, medidos en el contexto del que parto: resultados en los que se refiere a la humanización de la realidad, en lo que atiende a facilitar la libertad solidaria de la gente.

En efecto. Si el objetivo último de la acción pública es alcanzar cotas más altas de libertad y participación, podríamos estar de acuerdo, probablemente, en que la naturaleza de los bienes políticos últimos es, en ocasiones, muy difícil de evaluar, de medir, sobre todo si consideramos que implica un compromiso moral del individuo, decidido a acceder a formas de vida más humanas, de las que él sólo puede ser el protagonista.

Es decir, la eficiencia demanda de las nuevas políticas públicas realizaciones concretas que posibiliten aquellos bienes en los que el ciudadano se tiene que implicar. Con otras palabras: los objetivos últimos, los ideales que alimentan y alientan la vida política quizás no sean susceptibles de medida concreta, no parecen mensurables. En cambio, si que lo son los pasos concretos de la política de cada día. Por eso, la adecuación de las reformas a los objetivos a alcanzar deben ser evaluables. Es más, de nada serviría algo de moda entre nosotros, como es la perorata continua y constante sobre los objetivos últimos de la acción política sin que el pueblo pueda verificar la verdad o no de esas arengas u homilías cívicas tan del momento.

Este sentido práctico  obliga a orientarse a la realidad, constituyendo, además, una magnífica medicina contra los prejuicios ideológicos. Efectivamente, el sentido práctico no conecta, ni de lejos, con el sentido ideológico. Uno camina por la senda de la realidad. El otro discurre por el tortuoso mundo de la abstracción, de la entelequia. Ahora bien, cuándo el sentido práctico se desvincula de los principios, del proyecto, de los objetivos últimos de la acción política, entonces se cae en el pragmatismo, en el oportunismo, en la perspectiva tecnoestructural.

La eficiencia, pues, supone la búsqueda de resultados efectivos con el mínimo coste. También significa rigor: en el discurso y en las cuentas. Por ejemplo, engordar desproporcionadamente el déficit público no contribuirá, sin más, a la mejora de las condiciones de vida de la gente, más bien las hipoteca. El rigor, la capacidad de diálogo y el respeto a las normas éticas configuran hoy el futuro de las nuevas políticas públicas. Algo que no es tan difícil si se aspira a que la política sea una actividad comprometida radicalmente con la mejora de las condiciones de vida de las personas.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo

Nuevas ideologías

En los tiempos en que nos toca vivir  la vigencia de las ideologías cerradas está más que en entredicho. La pretensión de imponer modelos teóricos unilateralmente sobre la realidad ya hemos visto adónde nos ha conducido. Que se lo pregunten por ejemplo a los supervivientes del nazismo o del comunismo, en Alemania o en Rusia. Por una parte, la idea de que el Estado es la encarnación del ideal ético y, por otro, la convicción de que a la construcción de la nación ha de supeditarse todo, hoy se nos presentan bajo nuevas formas y expresiones. El neomarxismo es, por ejemplo, quien lidera la lucha contra las injusticias de la globalización y, sobre todo, quien aspira, a través del uso fraudulento de las instituciones de la democracia liberal, a implantar un nuevo totalitarismo como acontece en latitudes bien conocidas El nacional-socialismo, erradicado felizmente de la faz de la tierra, reaparece, en lo que atiende a la doctrina sobre la nación y la raza, bajo esos nacionalismos radicales que pretenden liberar a la nación de una opresión que artificialmente se crea, con ocasión y sin ella. Y, por otra parte, el comunismo y el marxismo se encuentran bajo la piel de algunos movimientos que están sabiendo hábilmente manejar el descontento reinante hacia formas de protesta que van dirigidas a donde todos sabemos.

La demagogia, gracias a la mala administración y gestión de los asuntos del interés general, vuelve por sus fueros porque la capacidad de sometimiento del pueblo a los dictados de la tecnoestructura que se ha apoderado del poder en algunas democracias liberales, ha empezado a hacer agua. El poder es del pueblo, de todos y cada uno de los ciudadanos. En ellos reside y en ellos está su justo título. Que el poder se haya confiado temporalmente a los políticos  para que se use para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, no quiere decir que el poder  pueda ser objeto de apropiación de la llamada clase política. Hoy, sin embargo, este fenómeno, generalizado, nos indica hasta que punto conviene regresar a las bases éticas de la democracia, tan  desconocidas en la realidad, como afirmadas en la retórica política.

En efecto, seguimos dominados por la estela de las viejas políticas, por las políticas del odio y el resentimiento, las políticas anti, políticas dirigidas a derrocar como sea al adversario Se trata, sencillamente, de pensamiento único, de autoritarismo intelectual, la nueva moda a la que lleva esa dictadura de lo políticamente correcto dan del gusto de quienes se sienten llamados por una especial llamada de esa nueva religión civil que hay que imponer a golpe del nuevo adoctrinamiento que se inocula desde algunos poderes públicos y mediáticos..

En fin, que no corren buenos tiempos ni para la libertad ni para la democracia. Lo paradójico es que tal crisis se produce bajo la bandera de la de extensión de los derechos. Derechos, claro está, para los amigos del pensamiento único, de los afines a lo  políticamente correcto. Es decir, aquellos que están empeñados en socavar los cimientos del pensamiento libre y plural para imponer sus puntos de vista y sus criterios. Dentro de unos años, cuando desaparezca esta pesadilla, nos preguntaremos. ¿Cómo pudimos caer tan bajo?. Por la inanición de unos y por la acción de otros. Muy sencillo.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.

jra@udc.es