• jra@udc.es

Category ArchiveGeneral

Preámbulo cnstitucional, calidad de vida y paz

 

La conmemoración próxima, el día 6 de diciembre,  de los cuarenta años de la Constitución de 1978, invita a meditar acerca del preámbulo de nuestra Carta Magna y su grado de realización en la  vida social y política. En su seno encontramos los valores  que conforman la sustancia constitucional y la matriz de dónde surge el espíritu constitucional, el centro de donde procede el dinamismo y las virtualidades de la Constitución. En efecto, en el preámbulo de la Constitución encontramos ese conjunto de valores o de pautas que dan sentido a todo el texto constitucional y que deben impregnar el régimen jurídico y el orden social colectivo, es decir, son las directrices que deben guiar nuestra vida política, no sólo la de los partidos, la de todos los españoles, nuestra vida cívica.

 

“Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”. Se trata de un objetivo o mandato constitucional que  nos ofrece una perspectiva de equilibrio e integración, porque plantea que la calidad de vida sea digna, propia de la condición humana, de la excelsa condición humana que tanto se debe preservar, proteger y mejorar también desde las instancias públicas. En efecto, no podemos olvidar que la dimensión cultural es un ingrediente básico del “libre desarrollo de la personalidad” a que se refiere el artículo 10.1 de nuestra Constitución. Es más, como señalara CARDUCCI, “la grandeza duradera y la fuerza fecunda de las naciones estriban en el desarrollo independiente de las ideas humanas y la cultura”. La libertad y la capacidad participativa de los ciudadanos está ligada ineludiblemente a su emancipación económica y a su independencia de criterio.

 

 

“Establecer una sociedad democrática avanzada”. Resulta interesante reflexionar cuarenta años despues sobre la calidad de la democracia. Porque como escribió GUIZOT “el poder de la palabra democracia es tal que ningún gobierno o partido se atreve a existir o cree que pueda existir sin inscribirla en su bandera”. En efecto, la democracia liberal es, como señala ORTEGA el tipo superior de vida pública hasta ahora conocida.

 

Sin embargo, sabemos que la democracia no es un fin en sí misma. No puede ser un fin en sí misma porque está pensada como un instrumento de servicio a la gente, como una forma de facilitar la participación de la gente en la toma de decisiones. Es más, la concepción mercantilista o schumpeteriana de la democracia, y en general las versiones procedimentales excesivamente ritualizadas, son un evidente peligro que ronda este tiempo en que vivimos. No sólo porque se asocian fácilmente a planteamientos cerrados y opacos, sino porque desnaturalizan la esencia y la frescura de una forma de entender la vida y la convivencia basada en la libertad. Como es generalmente admitido, el método democrático –entendido como mecanismo de representación de voluntades e intereses y como instrumento para lograr decisiones vinculantes- es, antes de nada, un instrumento de aplicación y realización de valores y principios.

 

La democracia se ha convertido, no sin esfuerzo, en un paradigma universal e indiscutido. La democracia es, en suma, nuestro camino; sólo en ella se reconoce hoy nuestro destino. Por eso, es básico seguir impulsando los valores constitucionales y las cualidades democráticas. Porque la democracia –no se puede olvidar- es, en palabras de FRIEDRICH, más un estilo de vida que una forma de gobierno. En efecto, se trata de un estilo que rezuma preocupación por la gente, capacidad de aprender, tolerancia, sensibilidad social, perspectiva crítica, optimismo, visión positiva y, por encima de todo, un compromiso constructivo y abierto con la dignidad de la persona.

 

El viento de la historia ha cambiado de dirección y sopla en un único sentido: hacia la democracia, sentenció con su habitual perspicacia el profesor Giovanni SARTORI. Por eso nos conviene a todos avanzar y orientar permanentemente la nave colectiva en esa dirección y, siempre que sea necesario, corregir el rumbo.

 

 

Y, finalmente, “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”. Esta apremiante llamada de la Constitución a colaborar y cooperar para que la paz sea una realidad en todas las naciones y pueblos de la Tierra, encuentra hoy un especial eco en el corazón de la gente joven, puedo atestiguarlo. Tal vez se esté perfilando aquí un nuevo horizonte que defina espacios políticos más amplios y comprometidos. Tal vez la plenitud de nuestra ciudadanía española nos está exigiendo, con la voz de la Constitución, un compromiso más efectivo y más universal con el Desarrollo y la Cooperación internacionales, quizás comenzando con pasos decididos y novedosos en la promoción de la paz entre los países de nuestro entorno geográfico y cultural.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Derechos fundamentales y Constitución de 1978

Europa, escenario de tantos anhelos de libertad y justicia a lo largo de la historia, encuentra precisamente en la exaltación de la libertad solidaria y en la incapacidad de soportar su carencia el nervio de su plena identificación cultural. La cultura europea se ha configurado sobre una radicalización de lo insoportable, es decir, sobre una extrema capacidad de indignación y una elevada resistencia a la privación de libertad, hoy sin embargo bajo mínimos a causa de la calculada operación de consumismo insolidaria que domina con inusitada potencia la vida de tantos millones de ciudadanos.

 

 

El Estado de Derecho es, sobre todo, aquel modelo de Estado que se propone  mantener una situación materialmente justa (Klein). O, como sentenció Theodor Maunz, “el Estado de Justicia”. Por eso, una de las más famosas resoluciones del Tribunal Federal Constitucional Alemán subrayó categóricamente que una vuelta a la mentalc y práctica jurídica.

 

En el fondo, la crisis del positivismo jurídico ha venido de la mano de los mismos excesos que el respeto a la ley trajo consigo y a las constantes infracciones del principio de legalidad entendido formalmente. Pero quizás la razón más determinante haya sido una mayor valoración y torma de conciencia de los criterios de justicia material. Orientación que surge de la tendencia a sustituir el llamado “Estado de Derecho” por un “Estado de Justicia” tal y como aparece en la Ley Fundamental de Bonn que afirma la vinculación a la ley y al Derecho del poder público, y también en la Constitución española en su artículo 103.

 

La fórmula Ley y Derecho parece aceptar la existencia de un Derecho supralegal que vendría a colocar a los Tribunales en una situación, hasta cierto punto autónoma respecto a la ley escrita. Esta corriente doctrinal parte, además del párrafo 3º del artículo 20 de la Ley Fundamental del Bonn -que es el que distingue entre Ley y Derecho-, del artículo 1 que configura a los “derechos humanos inviolables e inalienables como base de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo” y que declara que la dignidad del ser humano es inviolable.

 

Sin perjuicio de que la Constitución española de 1978 dedique el Título Primero a los derechos fundamentales, el preámbulo de nuestra Carta Magna ha querido dejar bien claro uno de los objetivos colectivos más importantes: la protección de todos los españoles (…), en el ejercicio de sus derechos humanos.

 

 

Varias consideraciones nos ofrece la lectura de esta parte del preámbulo. Por una parte, es significativo que la protección sea para todos. Es decir, todos los españoles gozan de la protección de la Constitución para el ejercicio de los derechos humanos o fundamentales. Por tanto, en la medida en que todavía hay españoles excluidos, españoles que no pueden ejercer efectivamente sus derechos humanos, en esa medida aún está pendiente de cumplimiento este objetivo constitucional que vincula también a todos los poderes públicos.

 

La protección de la Constitución a todos los españoles en el ejercicio de los derechos humanos exige una acción positiva de los poderes públicos que el propio texto constitucional explicita en multitud de parágrafos. Sin embargo, lo que ahora me interesa destacar en este punto es que los poderes públicos tienen una función constitucional de promocionar, de promover, de facilitar que todos los españoles puedan ejercer los derechos humanos.

 

En este contexto, me parece que el artículo 10.1 constitucional cuando se refiere, desde el punto de vista técnico-jurídico a los derechos humanos, utiliza la expresión “derechos inviolables que le son inherentes”. Redacción que, a las claras, permite afirmar, sin demasiadas dificultades, que la Constitución entiende que existen derechos innatos, que nacen con la persona, que son susceptibles de una especial protección y que el Estado debe reconocer en la medida que constituyen patrimonio indivisible de la persona humana. Recordarlo con ocasión de los cuarenta años de nuestra Carta Magna es un acto de justicia.

 

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

El preámbulo constitucional y la cuestión territorial

 

 

La conmemoración próxima,el día 6 de diciembre, de los cuarenta años de la Constitución de 1978, invita a meditar acerca del preámbulo de nuestra Carta Magna y su grado de realización en la  vida social y política. En su seno encontramos los valores  que conforman la sustancia constitucional y la matriz de dónde surge el espíritu constitucional, el centro de donde procede el dinamismo y las virtualidades de la Constitución. En efecto, en el preámbulo de la Constitución encontramos ese conjunto de valores o de pautas que dan sentido a todo el texto constitucional y que deben impregnar el régimen jurídico y el orden social colectivo, es decir, son las directrices que deben guiar nuestra vida política, no sólo la de los partidos, la de todos los españoles, nuestra vida cívica.

 

En el tercer inciso del preámbulo de la Constitución se plantea la cuestión de los derechos humanos y el reconocimiento de la identidad política y cultural de los pueblos de España, al señalar la necesidad de “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones”.

 

Este principio general expresado en el preámbulo se ve traducido, en el artículo 2 de la Constitución, en el reconocimiento de la identidad política de los pueblos de España, al garantizar el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española, así como la solidaridad entre todas ellas, lo que se ha concretado, tras cuarenta años de desarrollo constitucional, en un modelo de Estado que que ha disfrutado, al menos hasta que se inició el llamado proces catalán, de una razonable consolidación y estabilidad, como lo prueba la cantidad y calidad de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas. Y desde luego que, para muchos de nosotros, este respaldo jurídico-político a la realidad plural de España es uno de los principales aciertos de nuestra Constitución y un motor para nuestro progreso cultural y político.

 

 

En efecto, no dejan de producirse en torno a esta cuestión, ahora de forma inquietante,  recelos mutuos entre ciertos sectores, de una parte los de quienes aspiran a la independencia o a una autonomía extrema que de hecho rompe el marco constitucional, y de otra los de quienes consideran que el marco autonómico y la promoción de la pluralidad los españoles rompe la unidad de España. Ante estas tensiones es necesario apelar al consenso como metodología para el desarrollo constitucional, particularmente en este punto –en lo referente al Título VIII- porque nos encontramos ante una cuestión que afecta esencialmente a la misma concepción del Estado. No se trata de elaborar un nuevo consenso, sino de establecer nuevos consensos sobre la base del consenso constitucional. La Constitución ha querido que el derecho al autogobierno se reconozca a la vez que la solidaridad entre todas las autonomías. Es cierto que las Comunidades Autónomas, en cuanto que identidades colectivas con una personalidad propia manifiestan sus legítimas particularidades y singularidades. Los usos políticos han denominado a estas particularidades “hechos diferenciales”, denominación adecuada precisamente en la medida en que existen elementos comunes.

 

Pues bien, la existencia de esas diferencias o singularidades –como se quieran llamar- promueve un enriquecimiento constante y dinámico de ese conjunto que se llama España, vertebrado como un Estado autonómico, y en el que la potenciación y desarrollo de las distintas partes, mejora el conjunto.

 

 

En este sentido, me parece atinada la explicación sobre España como la del conjunto y las partes, que hacía ORTEGA Y GASSET, no sólo por sus evidentes connotaciones históricas sino porque supone la llamada a otros criterios constitucionales como pueden ser la solidaridad y la cooperación. En este marco, España constituye un magnífico espacio de solidaridad y convivencia siempre desde la plena aceptación de las diferentes identidades que la integran, en un ejercicio activo de compromiso en el respeto a las diferencias. Por eso, la cooperación al bien de todos y común, parece el mejor bien posible para cada uno.

 

Ahora bien, si es preciso moderar los excesos diferencialistas, debe recordarse al mismo tiempo que donde hay unidad uniformante no hay cooperación, todo lo más habrá operatividadd o capacidad operativa. La cooperación implica, necesita la diversidad, la pluralidad, la aportación diversa de los que cooperan y tienen un objetivo común. Además, no se trata de una solidaridad mercantilista, sino de una solidaridad en la que cada identidad se esfuerza para la mejora propia, la de los demás y la del conjunto, en la medida y la forma en que esto sea posible. Por eso hablamos de autonomía y de integración en un equilibrio que conviene encontrar entre todos, para cada momento. En este sentido, la Constitución se nos presenta como un instrumento jurídico y político adecuado para la consecución de tan fecundo equilibrio, que tenemos que saber alcanzar y desarrollar inteligente y respetosamente los unos con los otros. Un equilibrio, cuarenta años despues, ahora más necesario que nunca.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

 

Los valores

 

No hay que ser muy listo para advertir que hoy en muchas partes del mundo los valores cívicos y las cualidades demoráticas están bajo mínimos. Por eso, como recomienda Dahl, en estos tiempos del llamado posmodernismo es necesario potenciar la civilidad, la vida intelectual y la honradez moral. Porque, sin valores,es claro, falla el fundamento de la democracia y, sin darnos cuenta, se rebaja el grado del comprmiso con la dignidad humana y, a la larga, se fomenta una cultura consumista que anima a los ciudadanos, más que a preocuparse a ser personas libres, solidarias y responsables, a obsesionarse por poseer cada vez más bienes, por engancharse a más aparatos, por desconectarse de la realidad.

 

Es necesario regenerar la democracia. Y, para ello, nada mejor que volver a los principios. Y, en este marco, reviste especial importancia  la exigencia de un nivel ético elevado. No es solo necesaria la existencia de códigos de conducta sino, sobre todo, transparencia en cada uno de los aspectos en que la vida privada se encuentra con la pública. Si la Ética es, o debe ser, una condición intrínseca a la democracia , la situación actual nos invita a buscar fórmulas para colocar la exigencia ética, hoy tan baja, en el lugar que debe ocupar. Pero para ello hay que articular sistemas educativos que formen en los valores de la libertad y de la democracia en un ambiente de humanización de la realidad.

 

Quizá lo que se está perdiendo son los hábitos vitales de la democracia que, en opinión del filósofo norteamericano Devey, se resumen en la capacidad de perseguir un argumento, captar el punto de vista del otro, extender las fronteras de nuestra comprensión y debatir objetivos alternativos.

 

Es evidente, como se ha dicho hasta la saciedad, que a mayor intervención pública, mayor probabilidad de corrupción. Y, en este proceso de crisis de la versión etática del Estado del Bienestar en el que llevamos ya anclados, de forma más o menos consciente, un buen número de años, hay que reconocer que, unida a la también evidente -no quiero ni deseo generalizar- falta de verdaderas vocaciones para el servicio público, el campo de la discrecionalidad ha crecido desproporcionadamente al tiempo que la confusión de intereses públicos o privados o de grupo ha hecho acto de presencia con inusitada fuerza.

En este ambiente, el Estado puede ir absorbiendo poco a poco a la sociedad civil hasta destruir la iniciativa social. Es lo que ha ocurrido, sin exagerar, en el Estado estático del Bienestar como consecuencia de lo que profetizara Tocqueville hace muchos años al referirse a lo que podría ocurrir si se confundía el ideal democrático con la tiranía de la mayoría. Porque, en el fondo, no lo olvidemos, está la crisis del planteamiento ético y el abandono, quizás no consciente en el primer momento, de los valores originarios del ideal democrático: libertad, igualdad y fraternidad.

 

La democracia, cuando no se fundamenta en la Ética puede fácilmente desvirtuarse. Entonces aumenta la corrupción pues la sociedad civil desaparece prácticamente de escena y se produce lo que Habermas calificó de crisis de legitimación que, en esencia, no es más que la ausencia de los ciudadanos del proceso democrático. Hoy, en pleno siglo XXI, a pesar del tiempo transcurrido y de lo ue ha pasado, precisamos recuperar los valores democráticos, unos valores que no se producen en la realidad mecánicamente al albur de las Constituciones sino que se cultivan, se practican y se cuidan. Y no una vez al año, todos los días.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Democracia y partidos

 

 

La democracia debe ser perfeccionada, mejorada, para que recupere sus valores originarios y pueda contribuir a una sociedad libre, en paz, participativa, presidida por la justicia y la igualdad de oportunidades, Para ello, la crítica es un buen instrumento siempre que se utilice desde planteamientos constructivos. Y, en este contexto hay una cuestión que no se debe omitir. Me refiero a lo que muchos vienen calificando como partitocracia.

 

La partitocracia es un mal que hay que combatir. La peligrosa tendencia a la oligarquización que se está produciendo en la vida política, y sobre todo en los partidos, es una de las más peligrosas enfermedades de la democracia. Para extirpar este maligno tumor probablemente habrá que pensar en sistemas de listas abiertas, limitar el número de los mandatos, fomentar la libertad de voto en determinados temas que afecten a los principios y valores, aumentar el número de las autoridades independientes o neutrales y buscar fórmulas para que el nivel de los dirigentes públicos sea la que se merece la sociedad. También,  desde luego, reflexionar si tenemos el número de cargos públicos necesarios en cada momento.

 

Los partidos políticos también deben recuperar su funcionalidad propia dentro de la filosofía democrática. Para ello, nada mejor que los electores puedan elegir libremente a los candidatos que les merezcan mayor confianza. Esta es una de las mayores corrupciones de la democracia y un caldo de cultivo en el que florece, como advertía hace años Cossiga,  la mediocridad y la arbitrariedad. En este sentido, los partidos, en lugar de ser  instrumentos de intermediación entre la sociedad política y la civil, tinden a covertirse en un complejo y cerrado aparato de recolección y defensa del consenso como título para ejercer una impropia gestión del poder. Por eso, la partitocracia desnaturaliza el sistema democrático ya que produce, en palabras de Cossiga,  disfunción de las instituciones, empañamiento de los valores de credibilidad del Estado y de los demás sujetos del poder público, debilitamiento de la autoridad efectiva del Estado, carencias y lentitud de la Administración de Justicia y sospecha de partidismo, insuficiente respuesta de los servicios a la demanda social y creciente manifestación de los partidos más como gestores del poder que como organizadores del consenso para la afirmación de programas. De ahí la creciente desafección que caracteriza este tiempo.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

El consenso (II)

 

El consenso en la sociedad democrática encaja con el respeto a la verdad, al menos desde un planteamiento ético. Buscar el consenso no implica, ni mucho menos, rechazar la verdad. Todo lo contrario, la búsqueda del consenso puede  ser una vía muy buena para llegar a la verdad, siempre que se tenga bien presente que es posible equivocarse, pero no decir que la verdad es imposible. Consenso y verdad, por tanto, están más próximos de lo que puede parecer: un consenso sin referencia a la verdad pierde su legitimidad ética porque no es función del consenso señalar lo éticamente  adecuado en concreto, sino su aproximación a la verdad.

 

En este sentido, conviene no olvidar, porque en todo este tema es básico, que afirmar que se debe convivir sin que nadie imponga sus convicciones a los demás, no deja de ser una falacia. Porque, ¿ qué sería de nosotros  si la fuerza de la dignidad personal y de los derechos humanos no prevaleciera?. Sencillamente, estaríamos instalados en la tiranía y la arbitrariedad. ¿Por qué? Porque no se puede  olvidar que el Derecho con mayúscula, tiene como finalidad evitar que cada cual pueda comportarse como le venga en gana, sin límites, pues la convivencia sería imposible. La limitación de los derechos es una de las bases de la democracia, como lo es la convivencia pacífica y la dignidad del ser humano. De todas formas, lo capital es discernir cuáles son las convicciones  que desde la racionalidad deben presidir la convivencia social y asegurar una vida digna y humana así como el procedimiento a emplear.  Asuntos que suelen despacharse en este tiempo, con demasiada superficialidad.

 

 

Jaime Rodríguez-Arana

jrodriguezarana

Estado de bienestar y participación

 

 

El Estado de Bienestar en su versión estática, aquel que concibe la subvención, la ayuda o el auxilio público como formas de dominación, ha liquidado la incicativa y  ha laminado el sentido de responsabilidad adormeciendo, acunando, a la ciudadanía en un placentero sueño de confort y comodidad. Este modelo de Estado todo lo ha fiado en la fuerza de lo público, de lo oficial. El protagonismo lo ha asumido el Estado. El aparato público ha sido el gran configurador, el gran definidor de los intereses generales de manera exclusiva. Se ha hablado mucho de los problemas de las personas, de la pobreza, del subdesarrollo, de la necesidad de salvar al hombre de la miseria. Se han destinado cuantiosos fondos a la política social, y ahí tenemos los resultados reales.

 

 

La razón del desaguisado es bien sencillo y simple: el sistemático olvido de la persona y el convencimiento de que la estructura pública, la poderosa burocracia, a la que no se reparó en dotar de toda clase de medios, se encargaría de solucionar todos los problemas. Lo que pasó, y lo que pasa todavía en algunos países, es que no se llega a la persona concreta, todo se queda en decretos y programas, en propaganda y manipulación social, grosera o sutil.

 

En este contexto, no pocas veces el Estado ha intentado absorber a la sociedad apoderándose, sin empacho alguno, de los grupos y pequeñas comunidades que podrían levantar la voz para protestar ante tanto abuso. El Estado-Providencia intentó definir lo que necesitan los ciudadanos, sin contar con ellos. Las demandas de participación han quedado sin contestación y, lo que es más grave, se ha suscitado una manera de estar en la sociedad a merced del poder público.

 

Sin embargo, el ciudadano está llamado a configurar los intereses generales y, por tanto, el bien de todos, porque en el sistema democrático todos son, o deben ser, responsables de los intereses generales.

 

Es decir, también desde el poder se debe fomentar la participación. La participación es posible cuando el Estado es sensible a las iniciativas de los individuos. La participación es posible, y auténtica, cuando existe el convencimiento de que todos los ciudadanos pueden, y deben, aportar y colaborar en la determinación de los asuntos públicos. La participación es posible cuando se estimula, cuando se promueve, cuando se desea contar personas que se tomen en serio su papel en la promoción del bien general. Casi nada.

 

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La crisis del sistema político

 

La democracia moderna, es sabido, se establece sobre el supuesto de que los gobiernos deben tener presente que la razón ha de presidir la discusión que alimenta la vida pública. Discusión que, lógicamente, debe orientarse a los fundamentos mas racionales de las cosas, independientemente de las posiciones partidistas. Es decir, es la razón humana quien debe constituirse como guía última del discurso democrático, y no la razón partidista, la razón estratégica, la razón técnica, o la razón de Estado.

 

 

En este sentido conviene siempre preguntarse hasta que punto los gobiernos toman en consideración las opiniones de los distintos interlocutores para buscar soluciones razonables que posibiliten el consentimiento general de quienes participan -o deben participar- en la vida política. Es igualmente pertinente cuestionarse hasta qué extremo algunos interlocutores exageran su desacuerdo haciendo primar criterios ideológicos o estrategias de desgaste de los gobiernos sobre el interés general de la comunidad.

 

Por eso, desde la razón es preciso llamar la atención sobre la configuración de la persona como centro del sistema y simultáneamente señalar la referencia básica de que la democracia es el camino idóneo para promover las condiciones necesarias para el pleno desarrollo del ser humano y para el libre y solidario  ejercicio de sus derechos. El sistema democrático -en el sentido más amplio de la participación ciudadana en la vida pública- es una exigencia incuestionable de la condición personal del hombre.

 

En definitiva, la democracia debe aportar en este tiempo la recuperación de sus valores primigenios, y propiciar un ambiente de solidaridad, equidad, convivencia, tolerancia y de sensibilidad ante los problemas de las mujeres y de los hombres de nuestro tiempo.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Etica, valores y neutralidad

 

Es bastante frecuente escuchar la vieja apelación maquiavélica de que lo público y la privado son tan distintos como lo son lo político y lo ético. En otras palabras, la Ética que reine en la intimidad privada, si es que lo consigue, y que en lo público se busque ese espacio colectivo de libertad en el que nadie imponga su moral, dónde reine la máxima del prohibido prohibir y así cada uno encuentre la felicidad a su manera.

 

En el fondo, cuando se escuchan estas argumentaciones aparece inevitablemente esta cuestión. ¿Es que la función de la Ética es sólo establecer unos mínimos neutrales para convivir?. Cuando una sociedad baja el listón de los valores, luego pasa lo que pasa, lo que vemos a diario. Además, ¿se puede decir seriamente que la Ética es neutral? Cuando están en entredicho los derechos humanos, sea dónde sea y sean quienes sean los sujetos pasivos de los atentados, no hay neutralidad que valga. Tantas veces, detrás de esa “neutralidad intelectualoide” se esconde un miedo real a la libertad y aparece esa adicción a lo “políticamente correcto” que lo justifica todo, que tanto daño hace a una sociedad libre y solidaria.

 

 

La tendencia a vaciar de contenido ético la vida pública consigue relajar las cualidades democráticas y, lo que es más grave, conduce a la paulatina pérdida del sentido de la dignidad de la persona a favor del poder o del interés particular. Entonces, se parte, como premisa única, de que la única causa de la acción humana es el interés personal y, por ello, la ley, nada menos que la ley, se fundamenta  sobre el poder, y no sobre la razón. Llegados a este punto, aparece uno de los grandes problemas de la fundamentación de la ética: el procedimiento o los principios.

 

Sí, aunque parezca ridículo, para no pocos lo importante en la Ética son los procedimientos y las técnicas. En definitiva, la posición de poder. Sin embargo,  admitir la apertura a la verdad, la posibilidad de que, a través del diálogo, vayamos acercándonos a consensos de dimensión ética, es un buen camino. En cambio, pensar  que el problema de la diversidad o de la divergencia de planteamientos se puede resolver por reglas formales o procedimientales es sencillamente falaz. Las formas, los procedimientos, en definitiva la técnica, deben estar al servicio de los derechos humanos, de la dignidad de la persona. Cuando se anteponen surge la fuerza frente al derecho, los votos tantas veces frente a la razón, el dominio de los poderosos. Hoy, desde luego, no hay mas que abrir los ojos, a la orden del día.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

 

El consenso (I)

 

Como es bien sabido, el consenso aparece en la escena de la filosofía jurídica de la mano de las modulaciones a la tesis de la racionalidad como fundamento del Derecho. En concreto, Perelman  es uno de los pioneros de esta aproximación aunque él mismo admitirá que quizá fuera más eficaz utilizar el término de “lo razonable”  ya que el consenso de la comunidad es normalmente el ámbito donde surge lo razonable.

La tesis consensualista no se justifica por si misma, sino por algo sobre lo que no cabe el consenso, como es la dignidad de la persona. El consenso, además, no se opone a la existencia de verdades universales, sino que trae su causa de la verdad porque si prescindimos de la objetividad, la arbitrariedad está servida. El hecho de que el consenso se fundamente en la dignidad de la persona implica  que sea ilegítima la imposición por la fuerza de cualquier decisión.

Evidentemente, no todo puede consensuarse: la dignidad del hombre está por encima, incluso de la propia democracia. La dignidad de la persona trasciende la democracia de forma que el sistema democrático debe orientarse, si quiere actuar legítimamente, al servicio de la dignidad del hombre que se erige en fundamento, no sólo de los derechos humanos, sino del mismo pensamiento democrático. Pero la dignidad de la persona no se reduce, como querían los liberales del siglo XVIII, a pura libertad vacía de contenido porque así se excluye la democracia y todo Derecho abriéndose peligrosamente las puertas a la fuerza o a la utilidad, en una palabra, a la arbitrariedad.

 

El consenso, pues, debe partir de la dignidad humana, pues, de lo contrario, más que convivencia nos encontraríamos con la imposición del más fuerte. El consenso, sin la Ética, degenera en un cierto fundamentalismo del que el momento actual no se ha caracterizado precisamente por su ausencia. El consenso no funda la Ética sino que viene exigida por ella: es una de las más elementales exigencias de la verdad de la dignidad humana.

 

Como en la cuestión del relativismo, la clave  para entender el consenso en la sociedad democrática, reside en el problema de la verdad. La verdad, no sólo es posible, sino que es lo más propio de la dignidad humana. Esta es la gran verdad de la idea democrática. Ahora bien, cuando nada es verdad ni mentira, sino todo lo contrario, se atenta gravemente a la esencia democrática y se posibilitan, ejemplos hay en la historia y no precisamente muy antiguos, de conductas claramente vejatorias de los derechos humanos. Así lo reconoce, por ejemplo la profesora Camps al reconocer que es éticamente inadmisible una cultura que permita el infanticidio o el genocidio, que agravie a las mujeres o admita la esclavitud. Asi es.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana