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26-J

26-J

Las elecciones del 26-J debieran inaugurar una nueva etapa en la política española de acuerdos y entendimientos en aspectos centrales para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Los electores no han querido dar una mayoría absoluta a ninguna formación. Esperan, esperamos, que busquen, las diferentes opciones políticas,  acuerdos, que antepongan a sus objetivos parciales, el servicio objetivo al interés general.

 

Unos han recibido una mayor confianza de la esperada a causa del pánico a que determinadas opciones  emergentes empezaran a destruir sistemáticamente un orden social, político y económico que, aunque precisado de reformas, y de reformas relevantes, contiene reglas y principios razonables. Otros han sido castigados por la falta de definición y calculada ambigüedad que caracteriza sus propuestas. Finalmente, los grandes derrotados, a causa de unas ficticias expectativas,  han recibido un varapalo  por su coqueteo y cercanía con  movimientos subversivos que no hacen más que aumentar el número de pobres y hambrientos en latitudes bien conocidas.

 

En efecto, precisamos de cambios y transformaciones de calado en España. Cambios y transformaciones que se concentren en aquellas cuestiones en las que existe un sentir general coincidente, no en aquellas materias en las que existen obvias y, en algunos casos, sustanciales diferencias. Es verdad, el 26-J revela un clamor unánime a favor de cambios relevantes. El PP gana un puñado de diputados, el PSOE y C´S se dejan  varios congresistas y finalmente, por lo que se refiere a las formaciones con mayor representatividad, Podemos Unidos y sus confluencias, los grandes perdedores, no rentabilizan la coalición con Izquierda Unida, y pierden muchos apoyos en los feudos municipales y autonómicos en que gobiernan o facilitan la gobernabilidad.

 

El pueblo, si además tenemos en cuenta la alta abstención, apuesta por cambios y transformaciones de calado en nuestro sistema político, económico y social. No para volver a fórmulas periclitadas o que la experiencia universal ha demostrado fracasadas sino a reformas que mejoren la participación ciudadana y fortalezcan los principios sobre los que se apoya el sistema democrático: juridicidad, reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona y separación real de los poderes.

 

Ahora tenemos ante nosotros, dados los resultados del 26-J, la oportunidad de leer la voluntad de  electores y abstencionistas e iniciar un período de acuerdos y entendimientos a la búsqueda de esos cambios y transformaciones que precisamos.

 

En efecto, en la democracia las cuestiones problemáticas que afectan a las condiciones de vida del pueblo, de las personas, es deseable que se resuelvan a través del acuerdo. El recurso, pues, al consenso como método ordinario de solución de conflictos es algo razonable y propio de los sistemas democráticos puesto que no parece admisible que el hilo conductor de la vida política sea la confrontación, sobre todo en esa versión  hoy tan presente de destrucción  del adversario político.

 

El común denominador de la vida política ha de ser, ciertamente, el acuerdo, el diálogo, el acercamiento de posiciones, máxime cuándo de resolver problemas que afectan al conjunto de la ciudadanía se trata. Es más, sin acuerdos fundamentales y profundos es bien difícil sentar las bases de un sistema genuinamente democrático. Hoy, entre nosotros tenemos asuntos de gran envergadura  política y social que bien merecerían el intento del acuerdo y el entendimiento al margen de cálculos o intereses partidarios. El sistema educativo no funciona, el modelo territorial requiere transformaciones, los derechos fundamentales sociales deben tener acomodo constitucional, la calidad de la democracia puede mejorar con un nuevo sistema electoral, con una nueva  regulación de la iniciativa legislativa popular, suprimiendo los aforamientos innecesarios, reformando el órgano de gobierno del poder judicial, despolitizando el tribunal constitucional o la fiscalía general del estado, introduciendo nuevas formas de integración de los poderes reguladores, mejorando la función de inspección y supervisión,  reconociendo la autonomía política a los entes locales. Es decir, se puede trabajar en reformas que comparten la mayoría de los ciudadanos y en las que no es difícil encontrar posiciones comunes apoyadas por una mayoría muy importante de diputados y senadores en orden a una eventual reforma constitucional

 

Subrayar el carácter fundante o constituyente del acuerdo para la vida política no significa, ni mucho menos, que la actividad política se reduzca a los consensos. Este planteamiento, propio de versiones  ingenuas de lo que es la política, permite llamar la atención sobre algo que me parece fundamental cuándo se trata de reflexionar sobre la funcionalidad de los acuerdos, del diálogo, en la vida democrática. Me refiero a que el acuerdo, el pacto o el consenso constituyen un momento del diálogo, no  su estado ideal ni su conclusión. Lo realmente esencial es dialogar para intentar solucionar los problemas pensando en los derechos de los personas, pensando realmente en las condiciones de vida de los ciudadanos, en lo mejor para la comunidad en una palabra.

 

Ciertamente, el consenso, el acuerdo, son una etapa del diálogo, como también lo son el disenso, la divergencia, la discusión, la desavenencia o la recuperación, si es el caso, de la concordia. Todas ellas son fases del diálogo  igualmente valiosas. Pero lo fundamental, lo capital, lo principal, no es que los interlocutores se pongan siempre de acuerdo en todo y para todo, lo que es imposible muchas veces o la mayoría por obvias razones, sino que  respeten y tengan permanentemente presente el presupuesto metapolítico que hace posible: la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales.

 

Hoy, sin embargo, si los actuales  dirigentes políticos fueran capaces de comprender que el pueblo lo que quiere son cambios profundos, no discusiones sobre personas o personajes, otro gallo cantaría.  La pregunta es, ¿serán capaces los actores políticos del presente de  pensar de verdad en los problemas de los españoles y menos en su supervivencia personal y política?. Pronto lo sabremos.

 

 

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo

JRA

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