Es sabido que muchas marcas del textil encargan la elaboración de sus productos a países del llamado Tercer Mundo. Sobre todo porque allí es más barato contratar personal a través de firmas locales que son quienes aparecen frente a las Autoridades. Tales prácticas han supuesto que periódicamente se cierna sobre tales multinacionales la acusación de beneficiarse de condiciones laborales indignas y de contratar personal con unos salarios miserables. Algo que, como es sabido, es una gran verdad.
Pues bien, en estos días hemos sabido, tras varias jornadas de protesta en Phnom Penh (Camboya) en las que los trabajadores locales del textil reclamaron un aumento del salario mínimo, que estas marcas, entre las que se encuentran H&M, Zara, Next o Primark, acaban de proponer al presidente de Camboya y al presidente de la asociación local de productores textiles que los precios reflejen unos salarios más elevados. Se trata, pues, de una iniciativa sin precedentes consecuencia de la movilización social y de la acción de sindicatos que se preocupan ciertamente por las condiciones de trabajo de los empleados del textil en el país.
El salario mínimo de estos trabajadores es de 100 dólares mensuales. Ahora los sindicatos reclaman 177 dólares y consideran que es hora ya de que estos trabajadores alcancen condiciones de dignidad en su trabajo. El sector textil da trabajo a 600.000 personas en Camboya convirtiéndose en este momento en un sector vital para la economía del país asiático. Un país en el que las condiciones de vida de sus trabajadores son muy precarias y en el que, sin embargo, se elaboran muchos productos para conocidas multinacionales que se consumen en el Primer Mundo.
Hoy, el modelo del Estado se define como social y democrático de Derecho. Es decir, la participación ciudadana en las políticas públicas y la solidaridad social son dos notas que conforman el quehacer de las instituciones y organizaciones públicas. En este sentido, los Estados deben propiciar condiciones para que la gente viva con dignidad y ello reclama salarios apropiados y condiciones de trabajo justas. Tanto en los países desarrollados como en el llamado Tercer Mundo. Las personas, todas, con independencia de dónde vivan, de su religión, color de la piel o de cualquier otra circunstancia, deben realizarse en libertad solidaria. Esto supone que desde las instancias públicas y privadas se libre una gran batalla a favor de la dignidad humana y que se revisen las injusticias, opresiones y condiciones lacerantes de vida que todavía gravan la existencia de muchos seres humanos en el mundo.
Es verdad que en los países en vías de desarrollo todavía hay muchas situaciones que claman al cielo. Y también es cierto que en los países desarrollados se han generado últimamente sobre todo situaciones de verdadera esclavitud en la que viven no pocos trabajadores, especialmente con títulos universitarios, que apenas consiguen ver la luz del día por tener que secundar maratonianas jornadas de trabajo condenados, aunque sea con salarios más o menos razonables, a seguir el dictado de los nuevos patronos.
Nos alegramos de que en Camboya las cosas empiecen a cambiar gracias a la sensibilidad de algunas multinacionales y a la acción de los sindicatos. Esperemos que muy cerca de nosotros también se comience a caer en la cuenta de que la dignidad en el trabajo exige que las personas dispongan de tiempo para dedicar a la familia, a compromisos cívicos y a mejorar su preparación. Allí y aquí la palabra dignidad debe volver a conjugarse con más convicción y con más fuerza.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.
@jrodriguezarana