La crisis económica y financiera está afectando a las condiciones de vida de la mayoría de la población, a la actual, pero sobre todo a la que viene. Para paliar el elevado déficit público y la creciente deuda, también privada, se han subido los impuestos, los salarios han bajado, crece el índice de precios y los bancos, unos más y otros menos, siguen limpiando sus balances con los fondos de todos los ciudadanos sin que aflore el crédito. Así las cosas, lo lógico y natural es que los esfuerzos que el pueblo llano está sobrellevando con estoicismo sean proporcionales a la reducción de la deuda pública porque también el sector público se esté ajustando en esta situación de penuria.
Pues bien, estos días, como si de algo novedoso se tratara, se constata de nuevo la elevada deuda del sector público español. Nada menos que a 922.000 millones de euros, lo que representa el 89.1 % del PIB. En otras palabras, la deuda pública en 2012 representa un 25% más que en 2011. Es decir, la deuda, según el Banco de España, sigue creciendo a pesar de que se nos dice, por activa, pasiva y perifrástica, que las cosas van mejor y que la luz ya se ve al fondo del túnel. Ciertamente, las cosas van mejor para algunos porque para la mayoría las condiciones de vida empeoran a marchas forzadas y, lo que es más grave y lacerante, se sigue manteniendo toda una estructura pública, elefantiásica e irracional, idéntica a la de hace un año.
En 2012, la deuda de las Comunidades Autónomas creció un 30%, siendo el 16.1% la subida general del conjunto de la deuda de las Administraciones públicas. La deuda de las Corporaciones locales aumentó un 16 %. Si comparamos el primer trimestre de 2102 con el primer trimestre de 2013, el crecimiento de la deuda es de casi un 20%. El mayor aumento corresponde a la Administración del Estado que pasa de 655.365 millones en 2012 a 796.817 millones en el primer trimestre de 2013.
Una de las causas de la crisis es precisamente que el endeudamiento ha sido una de las principales formas de financiación de los servicios y actividades de responsabilidad pública. Tal forma de proceder se ha debido a una mala, muy mala gestión pública, desde la que se ha considerado que los fondos públicos eran ilimitados y que toda suerte de crédito ofrecida por las instituciones financieras para prestar nuevos servicios era de obligatorio cumplimiento.
En nombre de la necesidad de atender nuevos servicios de interés general y de multiplicar la responsabilidad social hemos llegado a la situación actual. Una situación en la que se han agravado, en nombre de la bandera de la justicia social, las condiciones de vida de las nuevas generaciones y en la que se ha producido una colosal corrupción de la que solo vemos algunas puntas del iceberg.
En este contexto es urgente la racionalización del sector público, la reforma del sistema político y, sobre todo, la emergencia de una nueva forma de gestión pública en la que la diligencia, el rigor y el compromiso ético caracterizan la administración de los espacios públicos.
No puede ser que aunque baje la prima de riesgo siga creciendo la deuda pública porque tal constatación equivale al empobrecimiento progresivo de los españoles. Necesitamos de un esfuerzo titánico, sobre todo del sector público, y esencialmente, de los dirigentes de la cosa pública. Muchos organismos públicos no tendrán más remedio que desaparecer así como la tropa de asesores y eventuales que estos años han crecido y se han encaramado a la sombra del poder.
La ciudadanía empieza a comprender lo que está pasando. Que unos siguen gozando de privilegios y los más han de abonar la factura de esos excesos. Por eso, mientras no haya ejemplaridad en quienes hagan cabeza en las instituciones, mientras sigamos conociendo cada día escándalos de toda índole, las cosas no se arreglarán de verdad. Se podrán vender parte integrante del patrimonio público y racionalizar algunos gastos y eso está muy bien. Pero las cosas se construyen, o se reconstruyen desde los cimientos, desde los pilares. Y para eso es menester entrar a fondo en los fundamentos, algo de lo que se huye. Las condiciones de vida de las habitantes, que son el mejor espejo de lo que pasa, reclaman, de una u otra forma, cambios reales, profundos, no transformaciones para que todo siga, más o menos igual. Por ejemplo, terminar con los privilegios que todavía, en forma de complementos o ayudas de todo tipo, siguen distinguiendo a una clase política que hace agua por los cuatro costados. ¿ o no?.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es