La reforma de la Administración tiene muchos aspectos. Uno es el de las estructuras, quizás el menos explorado hasta ahora por razones tan obvias como lamentables. Otro es el del personal, en el que se ha trabajado más, aunque queda un largo camino hasta alcanzar cotas de racionalidad. Otra pata de la reforma es la de la simplificación y claridad de las normas, leyes y reglamentos fundamentalmente. Una cuestión de gran calado que explica hasta qué punto somos uno de los países inflación y diarrea normativa del globo.
En efecto, la Confederación Empresarial Española (CEOE) acaba de hacer público un informe en el que demuestra que en España hay en vigor cerca de 100.000 normas jurídicas, entre las que se cuentan leyes y reglamentos. Casi el 70% de estas normas jurídicas proceden de las Comunidades Autónomas. En 2012 se calcula que alrededor de un millón de páginas de los boletines oficiales de las distintas Comunidades Autónomas sirvieron para publicar normas jurídicas. En 2010 eran 867.466 páginas. El BOE, según datos de la CEOE, publicaba al principio de la crisis 68.506 páginas a normas jurídicas, mientras que en 2010 alcanzó 258.068.
Estos datos, muy pero que muy preocupantes, invitan a la reflexión. ¿Cómo es posible que en plena crisis sigamos aprobando más y más normas?. ¿Por qué no derogamos tantas normas irrelevantes?. ¿No nos damos cuenta de que en España cada vez hay menos seguridad jurídica y más arbitrariedad normativa?. ¿No somos conscientes de que a más normas administrativas más estructuras, más competencias, más facultades, más crecimiento de la burocracia?.
El problema es muy grave, no sólo porque afecte, es lógico, a la calidad de la democracia en nuestro país. Además, y sobre todo, con tantas normas resulta que se ha multiplicado hasta el paroxismo la burocracia quebrando, y de qué forma, un precepto de la Constitución que impide que se produzcan desigualdades entre españoles en función del territorio en que residan.
Es menester proceder con urgencia a una poda racional de las normas en vigor. En las normas administrativas, bien lo sabemos, está la base del exponencial crecimiento de estructuras y personal de estos años. La multiplicación de las normas ha traído consigo el crecimiento del aparato burocrático. Para racionalizarlo hay que comenzar por un proceso de derogación y claridad normativa. ¿Quién será el primero, o el último, en iniciar esta carrera?.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es