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Sobre los derechos humanos

La realidad europea es, a día de hoy, mal que nos pese, la que es: prevalencia de la economía sobre la ética, escasa participación cívica, recortes en políticas sociales, consumismo, baja natalidad, irrupción de movimientos extremistas y crecimiento exponencial de la corrupción. A muchos ciudadanos del viejo continente nos gustaría que el panorama europeo estuviera presidido por los valores comunes procedentes de la centralidad del ser humano que los padres fundadores de la Unión Europea, a quienes hoy se cita tanto como se desconoce, colocaron como los pilares de una integración que debería discurrir por los caminos del humanismo, por la senda de los derechos fundamentales de la persona, por el camino de los derechos humanos, sean individuales sean sociales.

En efecto, cuándo se reconocen estos derechos de manera incondicional, sin interferencias o injerencias del poder, entonces resplandece la dignidad del ser humano y la idea originaria de lo que debería ser Europa brilla con luz propia. Sin embargo, cuando el poder constituido decide sobre la titularidad y el ejercicio de los derechos humanos, la arbitrariedad se instala de nuevo entre nosotros y desaparece la igualdad radical entre los seres humanos. Se transige y se comercia sobre los derechos humanos en función de las exigencias del poder en cada momento y hasta se laminan y silencian los derechos de los más débiles, de los más indefensos, de quienes menos posibilidades tienen de hacer oír su voz.

Los derechos humanos, interesa hoy recordarlo, no son del Estado, no los conceden los gobernantes, son de titularidad humana, nacen con el hombre y la mujer y a ellos corresponde su ejercicio solidario. El poder, todo lo más, y no es poso, debe reconocerlos y fundar su legitimidad y legalidad en su centralidad de forma y manera que se convierten, por ello, en valores superiores que iluminan, guían y orientan al poder mismo y a quienes, por representación del pueblo, lo ejercen. Es decir, el canon de legitimidad del poder hoy reside precisamente en el respeto y promoción de los derechos humanos.

La base de los derechos humanos reside en la dignidad de la persona, del ser humano. Dignidad que, en última instancia, tiene un fundamento abierto salvo que nos quedemos en el inmanentismo, en la contemplación de una realidad que ni se ha dado vida a sí misma ni se agota en su misma contemplación.  Más bien, la dignidad del ser humano trae su causa de la condición del hombre y la mujer como imagen y semejanza del Creador. Por eso son inviolables, por esos son innegociables, por eso son indisponibles. Si así no fuera se podría comerciar con ellos sin mayores problemas asignándoles un precio, algo que repugna a las personas de bien, a quienes tienen una clara conciencia de su relevancia y de su capitalidad para la vida de las personas y de los pueblos.

Entonces, en este marco se entiende que exista una referencia superior al propio hombre de la que parten esos derechos que se basan en la esencia del ser humano y de los que nadie puede prescindir. En este sentido, en la doctrina de los derechos del ser humano se codifica una herencia cristiana esencial en su forma específica de validez. Que hay valores que no son manipulables por nadie es la verdadera garantía de nuestra libertad y de la grandeza del ser humano. Y para que esos valores estén protegidos del uso político o partidario interesa que sean incondicionales.

Cuándo se condiciona el derecho a la vida o la libertad en cualquiera de sus expresiones, entonces estamos en el mundo de la arbitrariedad, de la selva, de la lucha de los fuertes contra los débiles. Nos instalamos en un ambiente de ausencia de reglas o, en todo caso, en un mundo en el que los poderosos imponen sus designios, cueste lo que cueste, al precio que sea, a los débiles. A la vista está.

JRA

Política, entendimiento y 10-N

Una de las principales características de los nuevos espacios políticos del futuro es la capacidad de entendimiento entre las diferentes opciones partidarias con el fin de alcanzar el bienestar integral de los ciudadanos, un bienestar orientado a la mejora de las condiciones de vida de la gente. Así entendido, el entendimiento es una exigencia que la ciudadanía debe exigir a los dirigentes políticos para que extiendan su mirada sobre los problemas reales de las personas en lugar de consumirse en diatribas cainitas que ya a nadie interesan fuera de los estrechos y cerrados ambientes del poder. No es, por tanto, el entendimiento un fin en si mismo, ni sólo una estrategia política; es, sobre todo, la disposición firme de búsqueda de acuerdos que beneficien a todos los ciudadanos. Por eso, hoy más que nunca es necesario que, en un ambiente de profundo odio y resentimiento entre posiciones cainitas y maniqueas, brille la dignidad del ser humano y sus derechos inalienables.

La política, es verdad, tiene mucho de confrontación de ideas, de contienda, de defensa de posiciones diversas. Se mantienen de ordinario diferentes puntos de vista sobre la forma de resolver los problemas colectivos. El arte y el oficio del buen gobierno centran  la mirada sobre el conjunto de los ciudadanos, sin seguidismos parciales. Cuándo un partido gana las elecciones en una democracia, su programa electoral se amplia para ser capaz de pensar en todos los ciudadanos, sin sectarismos o fraccionamientos en las políticas. Claro que es entendible que un partido, en ejecución de su programa electoral gobierne sólo para sus adeptos. Pero, si así lo hace únicamente, tarde o temprano conseguirá despertar a quienes no son destinatarios de sus políticas, abriendo un clima social complejo y tenso.

Normalmente, si el gobierno admite enmiendas de la oposición, o si la oposición felicita al gobierno por el acierto de alguna de sus decisiones, siempre habrá quienes piensen o afirmen que algo muy raro se está produciendo: que el gobierno nunca se equivoca, dicen unos; o que la oposición nunca puede dar la razón al gobierno, sentencian otros.

Más allá de las adhesiones inquebrantables o de las reyertas protagonizadas por quienes se mueven en los aledaños de los aparatos de los partidos, los gobernantes y los jefes de la oposición, han de pensar en el conjunto de la ciudadanía, en el bienestar integral de las personas, en la mejora de sus condiciones de vida. Si esta consideración reclama el acuerdo, bienvenido sea, como también sería bienvenida la discrepancia cuándo se estime que el gobierno yerra o la oposición se echa al monte. Ojalá que a partir del 10-N se inaugure una nueva etapa política que abandone el maniqueísmo y subraye la centralidad de las personas.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

JRA

La globalización del derecho

 La crisis económica y financiera a la que parece que regresamos, probablemente por no actuar sobre sus causas, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una regulación global y sobre la aplicación de los principios de transparencia, racionalidad o buena administración desde una dimensión universal. No es suficiente ya la regulación nacional o la jurisprudencia de los distintos poderes judiciales estatales en punto a los principios generales del derecho. Ha llegado el momento de responder globalmente ante una crisis nuevo parece global. Para ello es menester caer en la cuenta de que los Ordenamientos jurídicos internos de los diferentes países han de articularse con un nuevo orden jurídico general en el que los postulados del Estado de derecho brillen con luz propia.

El fracaso de Naciones Unidas como institución universal debe conducir a su urgente reforma. El sistema de veto es anacrónico y expresa, además, las limitaciones de la visión unilateral. Se toleran desmanes y atentados claros a los derechos humanos y se reacciona desde la oportunidad y el cálculo y no desde el compromiso radical con la defensa, protección y promoción de la dignidad humana. La gobernanza global, pública o privada, precisa de regulaciones basadas en principios de derecho. La eficacia y la eficiencia como parámetros absolutos han traído consigo una crisis económica de proporciones todavía desconocidas. La partitocracia reinante en muchos Estados impide una real separación de poderes. La ley ha perdido en parte su prestigio como expresión de la voluntad general para convertirse en instrumento de la lucha política y en arma arrojadiza para esquemas de enfrentamiento y confrontación. Los derechos fundamentales de la persona se ningunean, se mutilan o se lesionan en función de los intereses de cada momento. Hemos construido, mal que nos pese, un sistema político, económico y social en el que los fuertes dominan a los débiles porque se han olvidado los principios del derecho, porque se ha renunciado al primado de la racionalidad y de la objetividad en armoniosa combinación con la justicia.

Efectivamente, los principios de derecho, que tienen validez universal, global, y que son la encarnación de la justicia, han sido desplazados por los mitos de la eficacia o de la eficiencia. Junto a ellos ha surgido una peligrosa obsesión por el dinero y el poder que ha terminado por hacer del derecho, en muchas partes del mundo, no solo en las terminales del poder financiero, un instrumento que se puede manejar al libre albedrío, sea del poder económico o del poder político de turno. Así, de esta manera, el derecho ha sucumbido en buena parte del mundo a los embates de los poderosos, convirtiéndose, en lugar de la aspiración a la justicia, en la prolongación del mismo poder que aherroja.

Los principios de buena fe, racionalidad, proporcionalidad, trasparencia, hoy  tan reclamados por buena parte de los líderes políticos, como preteridos,  son las bases del nuevo orden jurídico global que se debe construir. Se celebra un nuevo aniversario de la declaración universal de los derechos humanos y casi nadie saca a relucir la realidad de lo que ocurre, porque tal cosa podría contrariar el tren de vida de esos poderosos que se han acostumbrado nada menos que a vivir, y nada mal, de los grandes principios fundantes del pensamiento democrático, mientras millones y millones de personas apenas cuentan para nada.

Cuando los principios de derecho están presentes en el diseño, itinerario, aplicación e interpretación de las normas jurídicas, éstas tienen sentido, son congruentes y se ordenan a alcanzar criterios de justicia. Los principios son, lo ha dicho el Tribunal Supremo español, el oxígeno, la atmósfera que deben respirar las normas. Por eso, la regulación global que ha de venir debe partir de estos principios para evitar que se vuelva a repetir lo que ha pasado.

Pedir regulación global, una mejor y de más calidad tarea de supervisión y control del sistema financiero universal, hoy todavía capturado por quienes todos sabemos, es realmente una necesidad apremiante. Mientras los partidos sigan teniendo en sus manos el control del poder judicial y de los órganos reguladores no es posible avanzar. En el mismo sentido, mientras el poder económico no se detenga en su desmedido afán por privatizar el interés general, poco podrá hacerse. Los principios de derecho, para informar el orden jurídico global, precisan de una tarea de despolitización de la vida jurídica y social y de un constante trabajo de desmercantilización del interés general.

Tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea imprescindible. He aquí una vieja fórmula que vuelve a la actualidad. Que el capitalismo radical se haya derrumbado no quiere decir que volvamos a modelos radicales de otro signo claramente opuesto. De lo que se trata probablemente es de aprender lo que significa el concepto de libertad solidaria. Algo que, por lo que se ve, todavía no ha sido bien entendido pues de nuevo volvemos a una nueva crisis.

Jaime Rodríguez-Arana

Catedrático de derecho administrativo.

JRA

Los valores

En el tiempo que nos ha tocado vivir asistimos a un crisis moral de incalculables consecuencias: los valores cívicos y las cualidades democráticas están bajo mínimos.  Por más que queramos edulcorar la realidad, lo cierto y verdad es que en el mundo actual para muchos millones de seres humanos lo relevante y definitivo es alcanzar una serie de objetivos al precio que sea sin importar lo más mínimo el procedimiento que haya de de seguirse si con él se consigue el fin anhelado.

Por eso, como recomienda Dahl, en estos tiempos del llamado posmodernismo es necesario potenciar la civilidad, la vida intelectual y la honradez moral. Porque, sin valores falla el fundamento de la democracia y, sin darnos cuenta, se rebaja el grado del comprmiso con la dignidad humana y, a la larga, se fomenta una cultura consumista  que anima a los ciudadanos, más que a preocuparse a ser personas libres, solidarias y responsables, a obsesionarse por poseer cada vez más bienes, por engancharse a más aparatos, por desconectarse de la realidad.

Es necesario regenerar la democracia. Y, para ello, nada mejor que volver a los principios. Y, en este marco, reviste especial importancia  la exigencia de un nivel ético elevado. No es solo necesaria la existencia de códigos de conducta sino, sobre todo, transparencia en cada uno de los aspectos en que la vida privada se encuentra con la pública. Si la Ética es, o debe ser, una condición intrínseca a la democracia , la situación actual nos invita a buscar fórmulas para colocar la exigencia ética, hoy tan baja, en el lugar que debe ocupar. Pero para ello hay que articular sistemas educativos que formen en los valores de la libertad y de la democracia en un ambiente de humanización de la realidad.

Aunque no queramos reconocerlo se pierden los hábitos vitales de la democracia que, en opinión del filósofo norteamericano Devey, se resumen en la capacidad de perseguir un argumento, captar el punto de vista del otro, extender las fronteras de nuestra comprensión y debatir objetivos alternativos.

Es evidente, como se ha dicho hasta la saciedad, que a mayor intervención pública, mayor probabilidad de corrupción. Y, en este proceso de crisis de la versión etática del Estado del Bienestar en el que llevamos ya anclados, de forma más o menos consciente, un buen número de años, hay que reconocer que, unida a la también evidente -no quiero ni deseo generalizar- falta de verdaderas vocaciones para el servicio público, el campo de la discrecionalidad ha crecido desproporcionadamente al tiempo que la confusión de intereses públicos o privados o de grupo ha hecho acto de presencia con inusitada fuerza con las consecuencias que todos conocemos en todos los espacios políticos porque la corrupción no es un solo color.

En este ambiente, el Estado va absorbiendo poco a poco a la sociedad civil hasta destruir la iniciativa social. Es lo que ha ocurrido, sin exagerar, en el Estado estático del Bienestar como consecuencia de lo que profetizara Tocqueville hace muchos años al referirse a lo que podría ocurrir si se confundía el ideal democrático con la tiranía de la mayoría. Porque, en el fondo, no lo olvidemos, está la crisis del planteamiento ético y el abandono, quizás no consciente en el primer momento, de los valores originarios del ideal democrático: libertad, igualdad y fraternidad.

La democracia, cuando no se fundamenta en la Ética puede fácilmente desvirtuarse. Entonces aumenta la corrupción pues la sociedad civil desaparece prácticamente de escena y se produce lo que Habermas calificó de crisis de legitimación que, en esencia, no es más que la ausencia de los ciudadanos del proceso democrático. Hoy, en pleno siglo XXI, a pesar del tiempo transcurrido y de lo ue ha pasado, precisamos recuperar los valores democráticos, unos valores que no se producen en la realidad mecánicamente al albur de las Constituciones sino que se cultivan, se practican y se cuidan. Y no una vez al año, todos los días.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

JRA

El control

Estos días en Sao Paulo, en el XVIII Foro Iberoamericano de Administrativo, más de cien especialistas de en la materia, estamos trabajando sobre la necesidad de afinar las técnicas d control de la actividad administrativa en orden a que el quehacer público se realice de acuerdos con los cánones y estándares del Derecho y también de lo que hoy se vienen en llamar buena administración.

En efecto, una de las principales características de la acción del Estado, de la misma esencia del poder público es la regulación, una actividad más amplia que la simple legislación. El Estado, bien lo sabemos, tiene como función esencial atender al bienestar integral del ser humano y, por ello, dispone de la función reguladora precisamente para promover la libertad solidaria de los ciudadanos. Esta relevante función se expresa a través del poder legislativo y del poder ejecutivo y administrativo, que son los poderes a quienes compete la actividad normativa. Actividad que debe estar subordinada al interés general, al interés de todos y cada uno de los ciudadanos en cuanto miembros de la comunidad. En este marco, siguiendo a los viejos liberales europeos del siglo XIX sigue de actualidad una de sus máximas más conocidas: tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea imprescindible. El mercado, pues, requiere regulación y controles, tareas que lejos de anularlo o suplantarlo, deben posibilitar su funcionamiento razonable y justo. Algo que, como ahora se sabe, fracasó con ocasión de la última crisis financiera, al confiarse ingenuamente en la autorregulación y al no preservar la independencia en las instancias estatales de regulación y control.

El Estado debe controlar, regular, supervisar determinadas actividades como la seguridad, en todas sus facetas, o la economía, que son de auténtico interés general. No se trata que el Estado dirija o dicte las instrucciones de tales actividades. Simplemente, y no es poco, debe disponer de instituciones adecuadas para garantizar que los mercados de valores, por ejemplo, se realicen en un contexto de libertad, competencia y racionalidad. Y para ello, tales autoridades deben dedicarse a regular, controlar y supervisar ciertas operaciones y actividades con el fin, insisto, de preservar un funcionamiento razonable, equilibrado y justo del mercado.

Hoy el derecho administrativo está más vivo que nunca. El poder político ha intentado doblegarlo para convertirlo en un simple apéndice, en algunos países con cierto éxito. El poder financiero comprobamos como ha conseguido que las autoridades reguladoras miren para otra parte o se conviertan en piezas de caza de determinados intereses financieros. Claro que es menester regular y controlar, pero regular y controlar con sentido de la racionalidad, no para apoderarse de la actividad económica y dirigirla desde esquemas de la planificación centralizada. El control y la regulación, pues, están de moda. Eso así, bajo nuevos parámetros que hagan posible esa libertad solidaria que ha sido arrasada en este tiempo por los fundamentalistas.

El gran problema es que el control y la regulación, si no son independientes, son un gran enemigo de la libertad. Si están en manos de dependientes no sirve para nada. Hoy, tenemos muchos controles, en manos de domésticos. ¿Para qué queremos tantos controles si no hay control real?. Buena pregunta

Jaime Rodríguez-Arana.  jra@udc.es

JRA

Autonomismo

El pensamiento bipolar, hoy cada vez más presente a causa de la mediocridad que domina todos los espacios de la actividad humana, exige permanentemente la confrontación y el enfrentamiento. Quienes sostienen tal forma de entender la realidad piensan por pares de ideas opuestas, mutuamente excluyentes, exigidas la una por la otra, explicadas la una desde la otra, pero irreconciliables la una con la otra.

Es cierto que nuestro modo de concebir la realidad responde en ocasiones a ese esquema, pero en modo alguno lo preside. Incluso es posible que esta forma intelectual de proceder perfeccione nuestro modo de acercarnos a la realidad circundante. Sin embargo, lo que puede ser nocivo, lo que es perverso, es pretender absolutizar ese método de oposiciones conceptuales, considerando este procedimiento como el único legítimo de comprender y explicar la realidad.

Es verdad que la real realidad desborda cualquier esquema de pensamiento y nuestro conocimiento, como sabemos,  no es sino  una aproximación a una realidad que es inagotable en sus facetas, en sus matices y en su  desarrollo. Por ello, no hay un método único, absoluto, para descubrirla e interpretarla.

El Estado moderno, por necesidad histórica, por razones ideológicas, por exigencia constructiva, absolutizó su estructura, llegando a contemplarse como la culminación del proceso histórico universal. Y de ese modo sujetó los territorios a él adscritos a la lógica uniformadora y homogeneizadora, negando a sus pueblos la posibilidad de la autoidentificación. Las brutales experiencias derivadas de esa concepción –de modo especial el Estado nacionalsocialista y los diversos Estados comunistas- y el asentamiento de la doctrina de los derechos humanos contribuyeron a provocar una honda revisión de los fundamentos del Estado y de sus atribuciones teóricas y prácticas.

El ser humano, la persona, se constituyen como un cierto ámbito de soberanía, en el sentido de que la capacidad de acción del Estado sobre ella se ve seriamente limitada. Las Entidades políticas de base territorial inferiores al Estado-nación llegaron en algunos casos a tomar carta de naturaleza política, mediante procedimientos autonómicos, regionales o federales, según los casos. Los procesos de internacionalización y globalización conducen a una interrelación que difumina los férreos límites y fronteras impuestos por el Estado decimonónico, abriéndose un proceso de integración en estructuras políticas más amplias.

España se encuentra ejemplarmente inmersa en ese proceso. De un Estado fuertemente centralizado y homogeneizante, hemos pasado, en virtud de la Constitución de 1978, a un Estado autonómico, plural, que reconoce políticamente las realidades particulares de los territorios y pueblos. Esto no es retórica, porque nuestra experiencia, la de todos los españoles en estas décadas de régimen democrático, testimonia inequívocamente esta aseveración.

El Estado tiene que dejar de ser lo que fue hasta ahora: un órgano de atribuciones ilimitadas sobre los ciudadanos. Además, tampoco se debe pretender crear, al amparo de ese proceso novedoso, nuevos Estados según el patrón que se debe abandonar. El Estado no debe dejar de ser Estado, pero debe posibilitar, como ya lo hace en España, el desarrollo de los Entes autonómicos, comunitarios. Estos entes, también los locales deben autoafirmarse como realidades políticas, pero sin pretender suplantar o subsumir el papel del Estado.

En eso consiste la superación del falso dilema al que se nos quiere enfrentar tantas veces: nacionalismo versus centralismo, centralismo o nacionalismo. Pues bien, desde el pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario: ni nacionalismo, ni centralismo: autonomismo. En el caso gallego, ni centralismo ni nacionalismo, galleguismo.

Jaime Rodríguez-Arana

Catedrático de Derecho Administrativo

JRA

Los estudios de Derecho

Es bien sabido que la formación jurídica que se imparte en las Facultades europeas es deudora de la tradición positivista que dominó desde el siglo XVIII la aproximación al Derecho en el viejo continente. Seguramente, nuestro subconsciente jurídico opera, incluso sin que nos demos cuenta, en un contexto en el que como nos descuidemos, también el pensamiento único, en este ámbito, causa sus estragos, sobre todo en las razonables demandas de justicia que el imperio, y tantas veces, el dominio de la forma y el procedimiento proyecta sobre el entero sistema jurídico.

Por ejemplo, entre nosotros la jurisprudencia y los principios generales siempre han tenido un cierto carácter polémico en lo que se refiere a su condición de fuente del Derecho. Sobre todo, porque el pensamiento único prefiere amarrarse a unos prejuicios que tantas veces no son más que la manifestación exacta del imperio, y dominio, del poder sobre el Derecho, argumentándose tantas veces con el recurso a las mayorías, como si en la reciente historia del siglo pasado no haya testimonios bien elocuentes de lo que son capaces de hacer las mayorías bajo el yugo del totalitarismo.

Por ello, pienso que debemos reparar en la cuestión de la fundamentación del Derecho, buscando aproximaciones que subrayen los derechos fundamentales de la persona y la vertiente ética y moral de la práctica del Derecho por todos los operadores jurídicos.

En este contexto se insiste en el conocimiento del Derecho como saber instrumental enmarcado en la búsqueda constante de la justicia, planteamiento hoy no muy practicado, valga la redundancia, en la “práctica”, puesto que no pocas veces brilla por su ausencia la dimensión ética y dónde con tanta frecuencia el fin justifica los medios. Por eso, el ejercicio del Derecho no puede desconectarse de la protección de los derechos humanos derivados de la dignidad de la persona, derechos que, lo sabemos, no son creación del Estado. Más bien, el Estado debe reconocerlos y facilitar su ejercicio. En una de estas nuevas Facultades recientemente creadas se recuerda algo que suena hoy muy nuevo pero  un jurista entiende muy bien: las fuentes del Derecho no están sólo en la política, sino también se encuentran en la historia, en la naturaleza humana y en el orden moral del universo.

En el fondo, me parece que detrás de esta perspectiva más abierta y humana  se encuentra la preocupación por evitar que la escisión entre el Derecho y la Moral siga dando argumentos para justificar decisiones inmorales, planteamientos insolidarios; en definitiva, cuando el Derecho y la Moral campan cada uno por su cuenta, entonces el Poder siempre gana al Derecho, porque  se convierte en su vasallo más sumiso. En cambio, cuando la dignidad de la persona se erige en fundamento del Derecho, entonces el Poder no tiene más remedio que operar en un ambiente en el que existen límites a su ejercicio.

Desde estos planteamientos, el estudio del Derecho no se reduce a la exposición, sin más, del Derecho vigente, sino que incorpora el pensamiento crítico para ayudar a que los alumnos piensen por sí mismos y se formulen determinadas preguntas sobre la adecuación a la justicia y a la dignidad de la persona de las  instituciones, categorías y conceptos que les explican los profesores. Se trata de facilitar el pensamiento libre, sin imposiciones, con la sana de pretensión de que los alumnos tengan el hábito de cuestionarse los conocimientos recibidos desde el pensamiento abierto, plural y dinámico, evitando la dictadura del pensamiento único tan frecuente en este tiempo. En este sentido, los planes de estudio deberían incluir asignaturas como Fundamentos Morales del Derecho, Jurisprudencia, Deontología Jurídica, Ética o Política pública, entre otras. Los tres elementos sobre los que debieran bascular todas las enseñanzas jurídicas en el grado deberían ser: la defensa de los derechos humanos, la preocupación por la justicia social y la cultura de la vida, sin duda el primero de los derechos fundamentales, aunque paradójicamente el más castigado en estos tiempos de tanta esquizofrenia.

Ciertamente, va siendo hora de que en los enfoques jurídicos empiece a tomarse más en serio, a juzgar también por los resultados obtenidos, la sustancia que justifica la existencia del Derecho, dar a cada uno lo que es suyo. Si no fomentamos que los alumnos se hagan preguntas sobre el fin del Derecho estamos siendo cómplices de la mentalidad jurídica dominante para la que lo único relevante es el uso y abuso del Derecho para el Poder.

En fin, un episodio más de la lucha por el Derecho que ha caracterizado la historia del hombre. Frente al despotismo blando, es menester la lucha por la justicia y los derechos humanos en todo tiempo y circunstancia. La tarea no es fácil, pero vale la pena.

                         Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.

JRA

El centro táctico

            La cita electoral del 10-N de nuevo vuelve a plantarnos la cuestión del espacio del centro. Algunos creen que están en el centro con su sola afirmación, otros intentan posicionarse en el punto medio de los extremos sin más consideraciones.

            El centro táctico, hoy tan de moda, lleva a los dirigentes que lo siguen a ubicarse entre las opciones políticas que se colocan en los extremos. Aquí es fundamental el cálculo y el posicionamiento. El centro que se origina de este modo es el centro que se puede denominar bisagra, con capacidad para orientar a sus preferencias por un lado u otro del espectro político.

            Otra forma posible de situarse en el centro de la escena política, también de carácter táctico, se puede denominar centro hegemónico, que es el que recoge posiciones tibias o moderadas de los diversos concurrentes a la confrontación electoral, acercando de este modo el voto de sectores de todas las tendencias.

            Otro centro posible, sobre la base del pensamiento ideológico sería el centro de compensación, en el que una fuerza política, ante el dominio hegemónico y perdurable de otra opuesta, desplaza su posición pretendiendo recoger votos de la otra.

            Estos “centros” políticos los denomino tácticos porque se establecen en el juego político del momento y son deudores de las posiciones políticas de referencia, ya que con respecto a ellas se establecen. Por cierto, los centros que estos días afloran, algunos interpretados por auténticos especialistas de la manipulación y el control social.

            Junto a estos centros tácticos, encontramos los falsos centros. Uno de ellos sería el centro como coartada. Se trata de la posición política en que se sitúan formaciones políticas extemporáneas, formaciones políticas que no encajan en el sistema, formaciones políticas de oportunidad, de programa y sin discurso, que se autocalifican pomposamente como partidos de centro. Se trata en este caso de políticos que se acogen a una supuesta indefinición del centro político, para adscribirse a él y librarse de la necesidad de elaborar un discurso o de dar cuenta de la propia situación política.

           Podríamos hablar también de un centro estratégico: el centro que busca el espacio en el que se producen las mayorías, el centro que se establece donde confluye el sentir mayoritario de la gente. Aun admitiendo las virtualidades que acompañan a esta concepción del centro no es espacio de centro propiamente.

            Desde mi punto de vista, el centro es un nuevo espacio político que se sustenta en una concepción del hombre, de la sociedad y de la democracia, deudora de los ideales ilustrados pero que pretende superar de algún modo las coordenadas del pensamiento de la modernidad, asumiendo sus valores, pero depurándolo de sus contenidos dogmáticos, hoy, por cierto, bajos nuevas formas, más vigentes que nunca.

            En este sentido, no está de más recordar que una de las expresiones que mejor definen las nuevas políticas, las políticas de centro, es la que afirma que el centro es o está en la persona. A mí me trae –con todas las matizaciones a las que haya lugar- resonancias de aquella expresión de Kant, el teórico de la Ilustración, cuando decía que nunca nuestras acciones han de tomar al ser humano como medio, sino siempre como Pero no la persona entendida como sujeto humano completo plenamente libre, autónomo e independiente, sino como  individuo que se humaniza progresivamente a lo largo de su existencia con su compromiso libre a favor de sí mismo –de su libertad y de sus capacidades- y a favor de sus convecinos y conciudadanos.

            Comprometerse en una política así concebida, bien alejada de los postulados del oportunismo y de la instrumentalización hoy tan presentes, obliga a poner en ejercicio lo mejor de nuestra humanidad, hacernos humanos en el sentido más amplio de esta expresión, aspirando, de acuerdo con la pretensión socrática, a aquel conocimiento, a aquella acción, a aquella política, que son propias -las apropiadas- del ser humano.

            Por eso el centro es más, mucho más, que un talante o un estilo, es una forma o un modo de hacer y estar en política que se diferencia netamente de lo que tradicionalmente se denomina derecha o izquierda. El espacio de centro tiene personalidad y unas características que lo convierten en una posición política específica. Porque se mueve en el marco de la realidad, de la racionalidad, de la mentalidad abierta, de la metodología del entendimiento y de la sensibilidad social. 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

JRA

Multiculturalismo

Multiculturalismo y pluralismo cultural son dos términos parecidos, pero no idénticos. El multiculturalismo es una derivada del pensamiento ideológico en materia cultural que plantea como dogma el predominio de la diversidad cultural como motor del desarrollo social. Sin embargo, ni todas las culturas son iguales ni todas han contribuido de la misma manera a la dignidad de la persona.

            En este sentido, no conviene olvidar que la historia del ser humano ha venido indefectiblemente marcada por la transmisión de los adelantos culturales de un grupo a otro y de una civilización a otra y en este rico y variado proceso de intercambios culturales es necesario destacar un hecho que se ha repetido constantemente. Me refiero a que esa transmisión de rasgos culturales es la manifestación de la existencia de elementos culturales que han sido considerados, no sólo distintos, sino mejores que otros. De ahí su adquisición. ¿Por qué? Muy sencillo; porque la cultura no constituye únicamente un conjunto más o menos grande de lazos emocionales que se traducen en signos de identidad. La cultura es mucho más, tiene un importante contenido de relación con el progreso humano y sirve esencialmente para satisfacer las necesidades y alcanzar los objetivos de la vida humana. Por eso se explica el que se hayan transmitido, de una a otra generación, determinados rasgos culturales. Es más, el hilo conductor de esos elementos culturales que han supuesto el progreso del hombre tiene un común denominador: la defensa de la dignidad de la persona humana.

            Los rasgos culturales que subrayan esta nota fundamental, la defensa de la dignidad de la persona y la promoción de sus derechos fundamentales, son los que de verdad hacen posible el avance de la humanidad. No nos engañemos, si bien es cierto que ninguna cultura puede ser superior en todos sus aspectos, los elementos propios que han hecho posible su transmisión a otras culturas, han tenido forzosamente que haber sido valorados positivamente. Esto ha sido así históricamente y constituye el marco adecuado para entender el fenómeno del multiculturismo, tan en boga en nuestros días. Algunas versiones del multiculturismo, por ejemplo, han planteado que deben respetarse, como valores absolutos, “prácticas” culturales propias de ciertas comunidades que, desde una perspectiva humana, constituyen obvias vejaciones y laceraciones de la dignidad humana.

           Es el caso de la mutilación genital femenina por excelencia: la ablación del clítoris. Una “práctica” que todavía se realiza en una treintena de países fundamentalmente en continente africano. Afecta nada menos que a 200 millones de mujeres y aunque está prohibida en 23 países, la realidad acredita que se sigue practicando y que en Egipto, Somalia, Guinea o Sudán la tasa de mujeres mutiladas supera el 90%

            La diversidad cultural y el respeto absoluto a las manifestaciones culturales de cada comunidad tienen límites. Y el más importante es la dignidad humana, de forma y manera que no se deben aceptar determinadas prácticas, presentadas como lo que no son, culturales, que lo que hacen es provocar sufrimiento y lesión de las condiciones de vida de las personas.

            Las culturas existen para atender las necesidades vitales y prácticas de la vida humana: para formar una sociedad que perpetúe la especie humana y para transmitir a la gente joven e inexperta los conocimientos y la experiencia que han acumulado con esfuerzo las generaciones precedentes. Las culturas, más que etiquetas para singularizarse, constituyen un instrumento al servicio del propio ser humano o, si se quiere, son formas vivas y cambiantes para hacer todas las cosas que es necesario llevar a cabo en la vida. Por eso, toda cultura desecha las cosas que no funcionan y que constituyen un evidente obstáculo al desarrollo y, si es necesario, se adquieren rasgos culturales ajenos. Sobre todo, si tales prácticas traen consigo flagrantes atentados a los derechos inalienables de la persona.

Jaime Rodríguez-Arana

JRA

El centro y el 10-N

La cita electoral del 10-N vuelve a colocar en el candelero la cuestión del centro, de la moderación, de las políticas centradas, de la sensibilidad social, del espacio del entendimiento, del espacio del pensamiento abierto, del espacio de la racionalidad, del espacio de la realidad. Se habla mucho de táctica, estrategia, encuestas, sondeos, de que las elecciones se ganan desde el centro, pero se debate poco acerca de lo que es el espacio del centro: el espacio en el que las políticas tienen como centro y raíz la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales, no los cálculos, tácticas o estrategias para conservar la posición a cómo de lugar.

Pues bien, el espacio de centro se nos presenta como un espacio en el que los principios, fundamentalmente los del Estado social y democrático de Derecho: juridicidad, separación de los poderes, reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, solidaridad y participación, han de aplicarse permanentemente sobre la realidad. Principios y realidad son conceptos complementarios. Las teorizaciones de orden intervencionista o liberalizador expresadas como políticas generales y abstractas a aplicar, sin modulación alguna, por izquierda y derecha respectivamente, constituyen un buen ejemplo del ocaso en que hoy están sumidas las llamadas ideologías cerradas. Es más, hoy la gente lo que reclama son políticas humanas, políticas diseñadas pensando en la defensa, protección y promoción de los derechos fundamentales de las personas y a ellas dirigidas.

El pensamiento centrista es un pensamiento más complejo, más profundo, más rico en análisis, matizaciones, supuestos, aproximaciones a lo real. Por eso mismo el desarrollo de este discurso lleva a un enriquecimiento del discurso democrático. La apertura del pensamiento político a la realidad reclama un notorio esfuerzo de transmisión, de clarificación, de matización, de información, un esfuerzo que puede calificarse de auténtico ejercicio de pedagogía política que, por cuanto abre campos al pensamiento, los abre asimismo a la libertad. El reto no es pequeño cuando el contexto cultural en el que esa acción se enmarca es el de una sociedad de comunicación masiva.

Pues bien, lejos de presunciones simplistas, las políticas de centro se asientan en principios que se aplican sobre la realidad desde una mentalidad abierta, a partir de capacidad de entendimiento y teniendo presente una creciente sensibilidad social. Cuanto más generales y globales sean estos, más rotundo podrá ser aquel en sus propuestas y afirmaciones. Sólo minorías asociales podrían negar hoy la validez de principios universales referentes a los derechos humanos, a la justicia social o a la democracia que parte de la participación política. Pero si para los principios más elevados se puede solicitar el consenso universal, impuesto por la misma realidad de las cosas, la concreción o aplicación de los principios a las situaciones concretas queda sujeta a márgenes de variación notables.

Por eso, es hora de retomar la lección del maestro Aristóteles cuando afirmaba que de la conducta humana es difícil hablar con precisión. Más que reglas fijas, el que actúa debe considerar lo que es oportuno en cada caso, como ocurre también con el piloto de un barco. La verdad, la dignidad del ser humano, no necesita cambiar, de hecho no cambia, pero la prudencia cambia constantemente, pues se refiere a lo conveniente en cada caso y para cada uno. Prudente es el que delibera bien y busca el mayor bien práctico. No delibera sólo sobre lo que es general, sino también sobre lo particular, porque la acción es siempre particular.

Pensar que mantener un criterio es mantener para siempre y en todo lugar una fórmula única de conducta es ingresar, salvo que se trate de la defensa de la dignidad del ser humano, a posiciones rígidas y reencontrarse con ese pensamiento dogmático que no admite matices, que desprecia a los que no comparten los mismos puntos de vista, y que estimula ese ambiente de prepotencia y altanería, tan actual, que exhiben tantos y tantas que aspiran al poder para presumir y mirar por encima del hombro a los demás.

Si bien los principios son las bases de la conducta, las circunstancias, cuándo se estudian y se trabaja sobre ellas, suelen aconsejar, en el marco del pensamiento plural, diferentes posibilidades que la prudencia será capaz de priorizar de acuerdo con la mejora de las condiciones integrales de vida de los ciudadanos.

Los principios, la prudencia, la realidad y las circunstancias, son conceptos que quien dispone del talento para el gobierno sabe conjugar de manera complementaria. Desde luego, más pragmatismo y menos principios es el camino al fracaso como la realidad acredita en este tiempo. Ahora que parece que una mayoría relevante de ciudadanos quiere políticas moderadas es momento de que las ofertas electorales se centren y se realicen contando con las personas. La experiencia de las últimas décadas nos enseña en qué sentido unos y otros fueron capaces de interpretar el espacio del centro.

Ahora, de cara al 10-N, veremos si se apuesta por políticas viejas, por políticas nuevas, por compromisos creíbles, o por políticas diseñadas y realizadas al servicio real de las personas.

JRA