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Urbanismo y persona

El urbanismo es por esencia una actividad de relevancia pública y general. Su centro es la persona, el habitante de la ciudad, el ciudadano nunca mejor dicho. La persona, el ser humano, no puede ser entendido como un sujeto pasivo, inerme, puro receptor, destinatario inerte de las decisiones públicas. Definir a la persona como centro de la acción pública significa no sólo, ni principalmente, calificarla como centro de atención, sino, sobre todo, considerarla el protagonista por excelencia de la vida social. Por eso, en las políticas públicas del suelo los ciudadanos han de jugar un papel fundamental a través de las diferentes audiencias previstas en las normas de manera que en la definición del modelo de ordenación del suelo de la ciudad los vecinos puedan tener una presencia relevante, así como en la ejecución de dicha ordenación.

Afirmar que la libertad de los ciudadanos es el objetivo primero del urbanismo significa, pues, en primer lugar, perfeccionar, mejorar, los mecanismos constitucionales, políticos y jurídicos que definen el Estado social de Derecho como marco de libertades. Pero, en segundo lugar, y de modo más importante aún, significa crear las condiciones para que cada hombre y cada mujer encuentren a su alrededor el campo efectivo, la cancha, en el que desarrollar su opción personal, en la que realizar creativamente su aportación al desarrollo de la sociedad en la que está integrado. Creadas esas condiciones, el ejercicio real de la libertad solidaria depende inmediata y únicamente de los propios ciudadanos, de cada ciudadano.

El urbanismo ha de reconocer el derecho de propiedad así como el desarrollo y garantía de otros derechos sociales. En un sistema de libertades, la planificación urbanística sólo puede incidir en el derecho a edificar como una parte de ese derecho y condicionar su ejercicio.

La racionalidad en la ordenación del suelo, que por definición es escaso., exige que los Poderes públicos velen precisamente por la función social del derecho de propiedad y por la efectividad de otro derecho relevante como es el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos en un marco de calidad de vida y cohesión social.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

JRA

Etica y urbanismo

Toda política pública debe ser una actividad ética. Por eso, la política urbanística, en cuanto se propone que el ser humano, la persona, erija su propio desarrollo personal en la finalidad de su existencia, ha de encontrar un entorno urbano y ambiental que permita el ejercicio de la libertad solidaria. En efecto, la política pública urbana debe hacer posible que cada persona libremente asuma su solidaridad con sus conciudadanos, sus vecinos, lo cual tiene su sentido desde la consideración social del derecho de propiedad desde parámetros de racionalidad y de calidad de vida.

El solar sobre el que es posible construir la sociedad democrática es el de la realidad del ser humano, una realidad no acabada, ni plenamente conocida, por cuanto es personalmente biográfica, y socialmente histórica, pero incoada y atisbada como una realidad entretejida de libertad y solidaridad, y destinada por tanto, desde esa plataforma sustantiva, a protagonizar su existencia. Libertad y solidaridad que se encuentran, en el tema que nos ocupa, justo en la afirmación del derecho de propiedad inmobiliaria y del uso del suelo del acuerdo con el interés general, que no es el interés de los políticos, sino el interés en que todos tengan derecho a una vivienda y  a un  hábitat dignos y adecuados un entorno de racionalidad sostenible orientado a la calidad de vida y a la igualdad en el desarrollo personal.

La política pública, y menos la urbanística, no puede reducirse a la simple articulación de procedimientos, con ser éste uno de sus aspectos más fundamentales; la política pública debe partir de la afirmación radical de la preeminencia de la persona, y de sus derechos, a la que los poderes públicos, despejada toda tentación de despotismo o de autoritarismo y de privilegios y prerrogativas deben subordinarse. Por eso, hay que evitar que, en la delimitación del derecho de propiedad de acuerdo con su función social, penetren versiones más o menos autoritarias que conviertan dicho derecho en una quimera, en pura ilusión. Algo que suele ocurrir desde aproximaciones autoritarias al plan urbanístico, o desde perspectivas desde las que se aprovechan las determinaciones del plan de forma unilateral, simple y llanamente para obtener beneficios no precisamente de acuerdo con los intereses públicos. Obviar la dimensión ética en el desarrollo urbano no es sólo privar al ciudadano de una dimensión directamente relacionada con la calidad de vida; es sencillamente practicar un urbanismo cerrado, unilateral.

Jaime Rodriguez-Arana

@jrodriguezarana

JRA

Urbanismo y constitución

El artículo 38 constitucional reconoce, como es sabido, de la libertad de empresa en un sistema de mercado, en el que los poderes públicos garantizan su ejercicio y la productividad en un marco de economía general y, en su caso, de planificación. Precepto en el que, como en el preámbulo de nuestra Carta magna, se conjuga lo individual y lo colectivo, la libertad y la solidaridad como realidades complementarias.

En el mismo sentido, el artículo 33 de la Constitución, tras reconocer el derecho de propiedad, señala que la función social de este derecho delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. El ejercicio del derecho de propiedad inmobiliaria está limitado, pues, por la solidaridad, por su función social, que, de acuerdo con la ley, viene concretada a través del plan urbanístico. Es decir, en pura interpretación constitucional, el plan delimitará el contenido de un derecho, el de propiedad, que la Constitución, cómo no podía ser de otra manera, se limita a reconocer.

El artículo 47 de la Ley Fundamental proclama la existencia del derecho a una vivienda digna y adecuada, indicando que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo dicho derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.  Además, se afirma en el precepto referido que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los Entes públicos. El uso del suelo debe estar en conexión con el interés general y un principio de orden económico justo: la participación de la ciudadanía en el aumento de valor que trae consigo la urbanización.

El urbanismo se incardina en la economía al regular el mercado de suelo y de la vivienda. Por eso, también deben tenerse presente los preceptos constitucionales relativos a la economía, en los que encontramos ese dinámico equilibrio libertad económica – solidaridad social. Así, por ejemplo, debe traerse a colación el artículo 128 constitucional cuando dispone, en su párrafo primero, que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general.

Por otra parte, el urbanismo atiende también, como fenómeno conectado a la ordenación del territorio, a la realidad ambiental. En efecto, el desarrollo sostenible del territorio ha de contemplar los desarrollos urbanos desde la dimensión medio ambiental porque, efectivamente, sin tener en cuenta el enfoque ambiental es imposible diseñar y construir ciudades sustentables, ciudades habitables para las nuevas generaciones. El derecho humano a ciudades abiertas, humanas, que permitan la libre y solidaria realización de la persona presupone, por supuesto, la dimensión ambiental.

En este sentido, también hay que tener en cuenta el artículo 45 de la Constitución:

“1. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida, y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales, o en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”.

Siendo como es el medio ambiente, según la Constitución, un medio, valga la redundancia, para el desarrollo de la persona, la racionalidad en la ordenación del territorio ha de atender a salvaguardar los criterios y directrices medioambientales si lo que es que se pretende fomentar un desarrollo sostenible de la persona.

Por otra parte, el artículo 130.1 constitucional encomienda, por su parte, a los Poderes públicos, la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos (…) a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Y, finalmente, el artículo 131 de la Carta Magna, dice que la planificación, por ley, de la actividad económica general debe, entre otras finalidades, estimular el crecimiento de la renta y su más justa distribución.

El marco constitucional nos invita, por tanto, a tener muy presentes estas consideraciones a la hora de diseñar e implementar políticas urbanas, que lejos de encerrarse en la lógica tecnoestructural, han de abrirse a la realidad para a su través contribuir poderosamente a la mejora de las condiciones de vida de las personas.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

JRA

Racionalidad humana y urbanismo

El urbanismo como ciencia social tiene una relación muy directa con la razón, con la racionalidad. En la medida en que a su través se ordena racionalmente el uso del suelo, podemos afirmar que la razón está inscrita indeleblemente en su historia y conformación. Sin embargo, en cuanto proyectamos el urbanismo sobre el Estado social y democrático de Derecho, resulta que la razón ha de completarse con la mejora de las condiciones de vida de las personas.

Es decir, el urbanismo es una ciencia social que estudia el uso del suelo desde la razón y el humanismo. En efecto, la racionalidad es un principio general que sirve de canon de actuación para el desarrollo de las políticas públicas y para el ejercicio de las potestades públicas que ayuda sobremanera, en el urbanismo especialmente, a calibrar y medir de acuerdo a cánones de objetividad y proporcionalidad , el ejercicio de las potestades discrecionales,  potestades que sobrevuelan y se posan sobre el proceloso mundo del urbanismo dando lugar en ocasiones a supuestos de arbitrariedad precisamente por la huida de la racionalidad inherente a cualquier sector de las ciencias sociales en el marco de un sistema democrático.

De los principios del preámbulo de la Carta Magna, destacaría la referencia al “orden económico y social justo” y “el progreso de (…) la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”. He aquí, pues, dos marcos, dos ámbitos por los que el urbanismo debe discurrir: consideración social por un lado y, por otro, calidad de vida de las personas. Parámetros que ya nos auguran cuáles van a ser los derroteros por los que habrá de discurrir el urbanismo constitucional, el urbanismo social y, si así se puede decir, la dimensión ética del urbanismo.

En efecto, el aspecto social en el ejercicio de los derechos fundamentales en general, y en el de propiedad en particular, se deriva del preámbulo de la Constitución, de la realización de una economía que asegure a todos una digna calidad de vida. El artículo 33.1 constitucional es un buen ejemplo de ello. Como quiera que el proceso urbanizador se conecta con la economía, su funcionamiento también debe estar presidido por esta directriz constitucional de tanta relevancia como es la digna calidad de vida de los ciudadanos. De lo contrario, en uno u otro sentido terminaría prevaleciendo esa especie tan peligrosa del pensamiento único que hoy está resquebrajando todo lo que se encuentra a su paso, sea para eliminar lo individual sea para exaltarlo hasta el paroxismo. De ahí la relevancia de la búsqueda de equilibrio entre el interés general y los interés o derechos individuales.

Derivación necesaria de estos dos parámetros constitucionales es el artículo 1 de nuestra Carta Magna en el que se expresan dos de los valores superiores del ordenamiento jurídico como son la libertad y la igualdad. También, desde la perspectiva de la función constitucional de los poderes públicos, no podemos olvidar que éstos, artículo 9.2 de nuestra Ley Fundamental, tienen la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan su plenitud, así como facilitar la participación. En el mismo sentido, el artículo 10.1 constitucional señala solemnemente que la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social. Los poderes públicos, también en materia urbanística, han de promover las condiciones para que el uso del suelo sea un marco adecuado para el desarrollo libre y solidario de los derechos de los ciudadanos.

El urbanismo, pues, tiene un compromiso constitucional con la razón y con la mejora de las condiciones de vida de las personas. Por eso, el urbanismo constitucional ha de apoyarse sobre esa razón humana desde la que se construye ese concepto de libertad solidaria, hoy tan relevante como preterido.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

JRA

Sobre los derechos humanos

La realidad europea es, a día de hoy, mal que nos pese, la que es: prevalencia de la economía sobre la ética, escasa participación cívica, recortes en políticas sociales, consumismo, baja natalidad, irrupción de movimientos extremistas y crecimiento exponencial de la corrupción. A muchos ciudadanos del viejo continente nos gustaría que el panorama europeo estuviera presidido por los valores comunes procedentes de la centralidad del ser humano que los padres fundadores de la Unión Europea, a quienes hoy se cita tanto como se desconoce, colocaron como los pilares de una integración que debería discurrir por los caminos del humanismo, por la senda de los derechos fundamentales de la persona, por el camino de los derechos humanos, sean individuales sean sociales.

En efecto, cuándo se reconocen estos derechos de manera incondicional, sin interferencias o injerencias del poder, entonces resplandece la dignidad del ser humano y la idea originaria de lo que debería ser Europa brilla con luz propia. Sin embargo, cuando el poder constituido decide sobre la titularidad y el ejercicio de los derechos humanos, la arbitrariedad se instala de nuevo entre nosotros y desaparece la igualdad radical entre los seres humanos. Se transige y se comercia sobre los derechos humanos en función de las exigencias del poder en cada momento y hasta se laminan y silencian los derechos de los más débiles, de los más indefensos, de quienes menos posibilidades tienen de hacer oír su voz.

Los derechos humanos, interesa hoy recordarlo, no son del Estado, no los conceden los gobernantes, son de titularidad humana, nacen con el hombre y la mujer y a ellos corresponde su ejercicio solidario. El poder, todo lo más, y no es poso, debe reconocerlos y fundar su legitimidad y legalidad en su centralidad de forma y manera que se convierten, por ello, en valores superiores que iluminan, guían y orientan al poder mismo y a quienes, por representación del pueblo, lo ejercen. Es decir, el canon de legitimidad del poder hoy reside precisamente en el respeto y promoción de los derechos humanos.

La base de los derechos humanos reside en la dignidad de la persona, del ser humano. Dignidad que, en última instancia, tiene un fundamento abierto salvo que nos quedemos en el inmanentismo, en la contemplación de una realidad que ni se ha dado vida a sí misma ni se agota en su misma contemplación.  Más bien, la dignidad del ser humano trae su causa de la condición del hombre y la mujer como imagen y semejanza del Creador. Por eso son inviolables, por esos son innegociables, por eso son indisponibles. Si así no fuera se podría comerciar con ellos sin mayores problemas asignándoles un precio, algo que repugna a las personas de bien, a quienes tienen una clara conciencia de su relevancia y de su capitalidad para la vida de las personas y de los pueblos.

Entonces, en este marco se entiende que exista una referencia superior al propio hombre de la que parten esos derechos que se basan en la esencia del ser humano y de los que nadie puede prescindir. En este sentido, en la doctrina de los derechos del ser humano se codifica una herencia cristiana esencial en su forma específica de validez. Que hay valores que no son manipulables por nadie es la verdadera garantía de nuestra libertad y de la grandeza del ser humano. Y para que esos valores estén protegidos del uso político o partidario interesa que sean incondicionales.

Cuándo se condiciona el derecho a la vida o la libertad en cualquiera de sus expresiones, entonces estamos en el mundo de la arbitrariedad, de la selva, de la lucha de los fuertes contra los débiles. Nos instalamos en un ambiente de ausencia de reglas o, en todo caso, en un mundo en el que los poderosos imponen sus designios, cueste lo que cueste, al precio que sea, a los débiles. A la vista está.

JRA

Política, entendimiento y 10-N

Una de las principales características de los nuevos espacios políticos del futuro es la capacidad de entendimiento entre las diferentes opciones partidarias con el fin de alcanzar el bienestar integral de los ciudadanos, un bienestar orientado a la mejora de las condiciones de vida de la gente. Así entendido, el entendimiento es una exigencia que la ciudadanía debe exigir a los dirigentes políticos para que extiendan su mirada sobre los problemas reales de las personas en lugar de consumirse en diatribas cainitas que ya a nadie interesan fuera de los estrechos y cerrados ambientes del poder. No es, por tanto, el entendimiento un fin en si mismo, ni sólo una estrategia política; es, sobre todo, la disposición firme de búsqueda de acuerdos que beneficien a todos los ciudadanos. Por eso, hoy más que nunca es necesario que, en un ambiente de profundo odio y resentimiento entre posiciones cainitas y maniqueas, brille la dignidad del ser humano y sus derechos inalienables.

La política, es verdad, tiene mucho de confrontación de ideas, de contienda, de defensa de posiciones diversas. Se mantienen de ordinario diferentes puntos de vista sobre la forma de resolver los problemas colectivos. El arte y el oficio del buen gobierno centran  la mirada sobre el conjunto de los ciudadanos, sin seguidismos parciales. Cuándo un partido gana las elecciones en una democracia, su programa electoral se amplia para ser capaz de pensar en todos los ciudadanos, sin sectarismos o fraccionamientos en las políticas. Claro que es entendible que un partido, en ejecución de su programa electoral gobierne sólo para sus adeptos. Pero, si así lo hace únicamente, tarde o temprano conseguirá despertar a quienes no son destinatarios de sus políticas, abriendo un clima social complejo y tenso.

Normalmente, si el gobierno admite enmiendas de la oposición, o si la oposición felicita al gobierno por el acierto de alguna de sus decisiones, siempre habrá quienes piensen o afirmen que algo muy raro se está produciendo: que el gobierno nunca se equivoca, dicen unos; o que la oposición nunca puede dar la razón al gobierno, sentencian otros.

Más allá de las adhesiones inquebrantables o de las reyertas protagonizadas por quienes se mueven en los aledaños de los aparatos de los partidos, los gobernantes y los jefes de la oposición, han de pensar en el conjunto de la ciudadanía, en el bienestar integral de las personas, en la mejora de sus condiciones de vida. Si esta consideración reclama el acuerdo, bienvenido sea, como también sería bienvenida la discrepancia cuándo se estime que el gobierno yerra o la oposición se echa al monte. Ojalá que a partir del 10-N se inaugure una nueva etapa política que abandone el maniqueísmo y subraye la centralidad de las personas.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

JRA

La globalización del derecho

 La crisis económica y financiera a la que parece que regresamos, probablemente por no actuar sobre sus causas, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una regulación global y sobre la aplicación de los principios de transparencia, racionalidad o buena administración desde una dimensión universal. No es suficiente ya la regulación nacional o la jurisprudencia de los distintos poderes judiciales estatales en punto a los principios generales del derecho. Ha llegado el momento de responder globalmente ante una crisis nuevo parece global. Para ello es menester caer en la cuenta de que los Ordenamientos jurídicos internos de los diferentes países han de articularse con un nuevo orden jurídico general en el que los postulados del Estado de derecho brillen con luz propia.

El fracaso de Naciones Unidas como institución universal debe conducir a su urgente reforma. El sistema de veto es anacrónico y expresa, además, las limitaciones de la visión unilateral. Se toleran desmanes y atentados claros a los derechos humanos y se reacciona desde la oportunidad y el cálculo y no desde el compromiso radical con la defensa, protección y promoción de la dignidad humana. La gobernanza global, pública o privada, precisa de regulaciones basadas en principios de derecho. La eficacia y la eficiencia como parámetros absolutos han traído consigo una crisis económica de proporciones todavía desconocidas. La partitocracia reinante en muchos Estados impide una real separación de poderes. La ley ha perdido en parte su prestigio como expresión de la voluntad general para convertirse en instrumento de la lucha política y en arma arrojadiza para esquemas de enfrentamiento y confrontación. Los derechos fundamentales de la persona se ningunean, se mutilan o se lesionan en función de los intereses de cada momento. Hemos construido, mal que nos pese, un sistema político, económico y social en el que los fuertes dominan a los débiles porque se han olvidado los principios del derecho, porque se ha renunciado al primado de la racionalidad y de la objetividad en armoniosa combinación con la justicia.

Efectivamente, los principios de derecho, que tienen validez universal, global, y que son la encarnación de la justicia, han sido desplazados por los mitos de la eficacia o de la eficiencia. Junto a ellos ha surgido una peligrosa obsesión por el dinero y el poder que ha terminado por hacer del derecho, en muchas partes del mundo, no solo en las terminales del poder financiero, un instrumento que se puede manejar al libre albedrío, sea del poder económico o del poder político de turno. Así, de esta manera, el derecho ha sucumbido en buena parte del mundo a los embates de los poderosos, convirtiéndose, en lugar de la aspiración a la justicia, en la prolongación del mismo poder que aherroja.

Los principios de buena fe, racionalidad, proporcionalidad, trasparencia, hoy  tan reclamados por buena parte de los líderes políticos, como preteridos,  son las bases del nuevo orden jurídico global que se debe construir. Se celebra un nuevo aniversario de la declaración universal de los derechos humanos y casi nadie saca a relucir la realidad de lo que ocurre, porque tal cosa podría contrariar el tren de vida de esos poderosos que se han acostumbrado nada menos que a vivir, y nada mal, de los grandes principios fundantes del pensamiento democrático, mientras millones y millones de personas apenas cuentan para nada.

Cuando los principios de derecho están presentes en el diseño, itinerario, aplicación e interpretación de las normas jurídicas, éstas tienen sentido, son congruentes y se ordenan a alcanzar criterios de justicia. Los principios son, lo ha dicho el Tribunal Supremo español, el oxígeno, la atmósfera que deben respirar las normas. Por eso, la regulación global que ha de venir debe partir de estos principios para evitar que se vuelva a repetir lo que ha pasado.

Pedir regulación global, una mejor y de más calidad tarea de supervisión y control del sistema financiero universal, hoy todavía capturado por quienes todos sabemos, es realmente una necesidad apremiante. Mientras los partidos sigan teniendo en sus manos el control del poder judicial y de los órganos reguladores no es posible avanzar. En el mismo sentido, mientras el poder económico no se detenga en su desmedido afán por privatizar el interés general, poco podrá hacerse. Los principios de derecho, para informar el orden jurídico global, precisan de una tarea de despolitización de la vida jurídica y social y de un constante trabajo de desmercantilización del interés general.

Tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea imprescindible. He aquí una vieja fórmula que vuelve a la actualidad. Que el capitalismo radical se haya derrumbado no quiere decir que volvamos a modelos radicales de otro signo claramente opuesto. De lo que se trata probablemente es de aprender lo que significa el concepto de libertad solidaria. Algo que, por lo que se ve, todavía no ha sido bien entendido pues de nuevo volvemos a una nueva crisis.

Jaime Rodríguez-Arana

Catedrático de derecho administrativo.

JRA

Los valores

En el tiempo que nos ha tocado vivir asistimos a un crisis moral de incalculables consecuencias: los valores cívicos y las cualidades democráticas están bajo mínimos.  Por más que queramos edulcorar la realidad, lo cierto y verdad es que en el mundo actual para muchos millones de seres humanos lo relevante y definitivo es alcanzar una serie de objetivos al precio que sea sin importar lo más mínimo el procedimiento que haya de de seguirse si con él se consigue el fin anhelado.

Por eso, como recomienda Dahl, en estos tiempos del llamado posmodernismo es necesario potenciar la civilidad, la vida intelectual y la honradez moral. Porque, sin valores falla el fundamento de la democracia y, sin darnos cuenta, se rebaja el grado del comprmiso con la dignidad humana y, a la larga, se fomenta una cultura consumista  que anima a los ciudadanos, más que a preocuparse a ser personas libres, solidarias y responsables, a obsesionarse por poseer cada vez más bienes, por engancharse a más aparatos, por desconectarse de la realidad.

Es necesario regenerar la democracia. Y, para ello, nada mejor que volver a los principios. Y, en este marco, reviste especial importancia  la exigencia de un nivel ético elevado. No es solo necesaria la existencia de códigos de conducta sino, sobre todo, transparencia en cada uno de los aspectos en que la vida privada se encuentra con la pública. Si la Ética es, o debe ser, una condición intrínseca a la democracia , la situación actual nos invita a buscar fórmulas para colocar la exigencia ética, hoy tan baja, en el lugar que debe ocupar. Pero para ello hay que articular sistemas educativos que formen en los valores de la libertad y de la democracia en un ambiente de humanización de la realidad.

Aunque no queramos reconocerlo se pierden los hábitos vitales de la democracia que, en opinión del filósofo norteamericano Devey, se resumen en la capacidad de perseguir un argumento, captar el punto de vista del otro, extender las fronteras de nuestra comprensión y debatir objetivos alternativos.

Es evidente, como se ha dicho hasta la saciedad, que a mayor intervención pública, mayor probabilidad de corrupción. Y, en este proceso de crisis de la versión etática del Estado del Bienestar en el que llevamos ya anclados, de forma más o menos consciente, un buen número de años, hay que reconocer que, unida a la también evidente -no quiero ni deseo generalizar- falta de verdaderas vocaciones para el servicio público, el campo de la discrecionalidad ha crecido desproporcionadamente al tiempo que la confusión de intereses públicos o privados o de grupo ha hecho acto de presencia con inusitada fuerza con las consecuencias que todos conocemos en todos los espacios políticos porque la corrupción no es un solo color.

En este ambiente, el Estado va absorbiendo poco a poco a la sociedad civil hasta destruir la iniciativa social. Es lo que ha ocurrido, sin exagerar, en el Estado estático del Bienestar como consecuencia de lo que profetizara Tocqueville hace muchos años al referirse a lo que podría ocurrir si se confundía el ideal democrático con la tiranía de la mayoría. Porque, en el fondo, no lo olvidemos, está la crisis del planteamiento ético y el abandono, quizás no consciente en el primer momento, de los valores originarios del ideal democrático: libertad, igualdad y fraternidad.

La democracia, cuando no se fundamenta en la Ética puede fácilmente desvirtuarse. Entonces aumenta la corrupción pues la sociedad civil desaparece prácticamente de escena y se produce lo que Habermas calificó de crisis de legitimación que, en esencia, no es más que la ausencia de los ciudadanos del proceso democrático. Hoy, en pleno siglo XXI, a pesar del tiempo transcurrido y de lo ue ha pasado, precisamos recuperar los valores democráticos, unos valores que no se producen en la realidad mecánicamente al albur de las Constituciones sino que se cultivan, se practican y se cuidan. Y no una vez al año, todos los días.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

JRA

El control

Estos días en Sao Paulo, en el XVIII Foro Iberoamericano de Administrativo, más de cien especialistas de en la materia, estamos trabajando sobre la necesidad de afinar las técnicas d control de la actividad administrativa en orden a que el quehacer público se realice de acuerdos con los cánones y estándares del Derecho y también de lo que hoy se vienen en llamar buena administración.

En efecto, una de las principales características de la acción del Estado, de la misma esencia del poder público es la regulación, una actividad más amplia que la simple legislación. El Estado, bien lo sabemos, tiene como función esencial atender al bienestar integral del ser humano y, por ello, dispone de la función reguladora precisamente para promover la libertad solidaria de los ciudadanos. Esta relevante función se expresa a través del poder legislativo y del poder ejecutivo y administrativo, que son los poderes a quienes compete la actividad normativa. Actividad que debe estar subordinada al interés general, al interés de todos y cada uno de los ciudadanos en cuanto miembros de la comunidad. En este marco, siguiendo a los viejos liberales europeos del siglo XIX sigue de actualidad una de sus máximas más conocidas: tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea imprescindible. El mercado, pues, requiere regulación y controles, tareas que lejos de anularlo o suplantarlo, deben posibilitar su funcionamiento razonable y justo. Algo que, como ahora se sabe, fracasó con ocasión de la última crisis financiera, al confiarse ingenuamente en la autorregulación y al no preservar la independencia en las instancias estatales de regulación y control.

El Estado debe controlar, regular, supervisar determinadas actividades como la seguridad, en todas sus facetas, o la economía, que son de auténtico interés general. No se trata que el Estado dirija o dicte las instrucciones de tales actividades. Simplemente, y no es poco, debe disponer de instituciones adecuadas para garantizar que los mercados de valores, por ejemplo, se realicen en un contexto de libertad, competencia y racionalidad. Y para ello, tales autoridades deben dedicarse a regular, controlar y supervisar ciertas operaciones y actividades con el fin, insisto, de preservar un funcionamiento razonable, equilibrado y justo del mercado.

Hoy el derecho administrativo está más vivo que nunca. El poder político ha intentado doblegarlo para convertirlo en un simple apéndice, en algunos países con cierto éxito. El poder financiero comprobamos como ha conseguido que las autoridades reguladoras miren para otra parte o se conviertan en piezas de caza de determinados intereses financieros. Claro que es menester regular y controlar, pero regular y controlar con sentido de la racionalidad, no para apoderarse de la actividad económica y dirigirla desde esquemas de la planificación centralizada. El control y la regulación, pues, están de moda. Eso así, bajo nuevos parámetros que hagan posible esa libertad solidaria que ha sido arrasada en este tiempo por los fundamentalistas.

El gran problema es que el control y la regulación, si no son independientes, son un gran enemigo de la libertad. Si están en manos de dependientes no sirve para nada. Hoy, tenemos muchos controles, en manos de domésticos. ¿Para qué queremos tantos controles si no hay control real?. Buena pregunta

Jaime Rodríguez-Arana.  jra@udc.es

JRA

Autonomismo

El pensamiento bipolar, hoy cada vez más presente a causa de la mediocridad que domina todos los espacios de la actividad humana, exige permanentemente la confrontación y el enfrentamiento. Quienes sostienen tal forma de entender la realidad piensan por pares de ideas opuestas, mutuamente excluyentes, exigidas la una por la otra, explicadas la una desde la otra, pero irreconciliables la una con la otra.

Es cierto que nuestro modo de concebir la realidad responde en ocasiones a ese esquema, pero en modo alguno lo preside. Incluso es posible que esta forma intelectual de proceder perfeccione nuestro modo de acercarnos a la realidad circundante. Sin embargo, lo que puede ser nocivo, lo que es perverso, es pretender absolutizar ese método de oposiciones conceptuales, considerando este procedimiento como el único legítimo de comprender y explicar la realidad.

Es verdad que la real realidad desborda cualquier esquema de pensamiento y nuestro conocimiento, como sabemos,  no es sino  una aproximación a una realidad que es inagotable en sus facetas, en sus matices y en su  desarrollo. Por ello, no hay un método único, absoluto, para descubrirla e interpretarla.

El Estado moderno, por necesidad histórica, por razones ideológicas, por exigencia constructiva, absolutizó su estructura, llegando a contemplarse como la culminación del proceso histórico universal. Y de ese modo sujetó los territorios a él adscritos a la lógica uniformadora y homogeneizadora, negando a sus pueblos la posibilidad de la autoidentificación. Las brutales experiencias derivadas de esa concepción –de modo especial el Estado nacionalsocialista y los diversos Estados comunistas- y el asentamiento de la doctrina de los derechos humanos contribuyeron a provocar una honda revisión de los fundamentos del Estado y de sus atribuciones teóricas y prácticas.

El ser humano, la persona, se constituyen como un cierto ámbito de soberanía, en el sentido de que la capacidad de acción del Estado sobre ella se ve seriamente limitada. Las Entidades políticas de base territorial inferiores al Estado-nación llegaron en algunos casos a tomar carta de naturaleza política, mediante procedimientos autonómicos, regionales o federales, según los casos. Los procesos de internacionalización y globalización conducen a una interrelación que difumina los férreos límites y fronteras impuestos por el Estado decimonónico, abriéndose un proceso de integración en estructuras políticas más amplias.

España se encuentra ejemplarmente inmersa en ese proceso. De un Estado fuertemente centralizado y homogeneizante, hemos pasado, en virtud de la Constitución de 1978, a un Estado autonómico, plural, que reconoce políticamente las realidades particulares de los territorios y pueblos. Esto no es retórica, porque nuestra experiencia, la de todos los españoles en estas décadas de régimen democrático, testimonia inequívocamente esta aseveración.

El Estado tiene que dejar de ser lo que fue hasta ahora: un órgano de atribuciones ilimitadas sobre los ciudadanos. Además, tampoco se debe pretender crear, al amparo de ese proceso novedoso, nuevos Estados según el patrón que se debe abandonar. El Estado no debe dejar de ser Estado, pero debe posibilitar, como ya lo hace en España, el desarrollo de los Entes autonómicos, comunitarios. Estos entes, también los locales deben autoafirmarse como realidades políticas, pero sin pretender suplantar o subsumir el papel del Estado.

En eso consiste la superación del falso dilema al que se nos quiere enfrentar tantas veces: nacionalismo versus centralismo, centralismo o nacionalismo. Pues bien, desde el pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario: ni nacionalismo, ni centralismo: autonomismo. En el caso gallego, ni centralismo ni nacionalismo, galleguismo.

Jaime Rodríguez-Arana

Catedrático de Derecho Administrativo

JRA