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Constitución y radicalización

 

 

La Constitución de 1978, la más longeva de nuestra experiencia constitucional, y la que ha propiciado uno de los periódos más largos de paz y prosperidad en nuestro país, puede saltar por los aires por más que se afirme por un sector del actual gobierno Otro sector, como es sabido, que no asume su papel institucional y juega a dinaitar el actual orden jurídico no tiene empacho en abrir heridas,  cerrar puentes: intentar eliminar todo lo que tenga que ver con el pluralismo,  la tolerancia o el respeto a los derechos de los demás.

 

Por eso, ahora que pareciera que nos acercamos a la defunción de la Constitución de 1978,  a la liquidación de su letra y su espíritu, es buen momento de recordar algunos de los valores y principios sobre los que se sustenta la más longeva de nuestras Constituciones pues, en el colmo del cinismo y la incongruencia, se nos dice, por activa, pasiva, y perifrástica, que por fin en este tiempo se  va a dar cumplimiento a los mandatos de una Constitución de signo social que la derecha lesionó con ocasión y sin ella.

 

Efectivamente, el espíritu de consenso, hoy hecho añicos,  se puso particularmente de manifiesto en la elaboración de nuestro Acuerdo Constitucional. Muchos de nosotros podemos recordar con admiración la capacidad política, la altura de miras y la generosidad que presidió todo el proceso de elaboración de nuestra constitución de 1978. Una vez más se cumplió la máxima de Dahlmann: “En todas las empresas humanas, si existe un acuerdo respecto a su fin, la posibilidad de realizarlas es cosa secundaria…”. Hoy, gracias al tesón y al esfuerzo de aquellos españoles que hicieron posible la Constitución de 1978, la consolidación de las libertades y el compromiso con los derechos humanos fueron hasta el momento una inequívoca realidad entre nosotros aunque, no lo olvidemos, el populismo y la demagogia han conseguido el regreso al autoritarismo. El regreso al desprecio a la la Ley y al Derecho, el desprecio a la libertad de expresión, el desprecio al ejercicio de las libertades que tantos años costaron de lucha contra la dictadura. Durante la pandemia se ha constatado especialmente.

Ahora que se se está fraguando el vaciamiento de los valores y principios constitucionales podemos preguntarnos sin miedo, ¿cuál fue la herencia entregada en aquel momento constituyente, cual fue el legado constitucional?. Muy sencillo:  un amplio espacio de acuerdo, de consenso, de superación de posiciones encontradas, de búsqueda de soluciones, de tolerancia, de apertura a la realidad, de capacidad real para el diálogo que, hoy como ayer, debieran seguir fundando nuestra convivencia democrática.

Este es el desafío de este tiempo que, desde luego, precisa de actores políticos imbuidos de valores democráticos dispuestos anteponer el bien general al bien particular.

 

Jaime Rodriguez-Arana

@jrodriguezarana

La participación política

La participación política del ciudadano puede ser entendida como finalidad y también como método. La crisis a la que hoy asisten las democracias, o más genéricamente las sociedades occidentales, en las que se habla a veces de una insatisfacción incluso profunda ante el distanciamiento que se produce entre lo que se llama vida oficial y vida real, manifestada en síntomas variados, exige una regeneración de la vida democrática. Vida democrática que significa, ante todo, la acción y el protagonismo de los ciudadanos, la participación.

 

Sin embargo, frente a lo que algunos entienden, que consideran la participación únicamente como la participación directa y efectiva en los mecanismos políticos de decisión, la participación debe ser entendida de un modo más general, como protagonismo civil de los ciudadanos, como participación cívica.

 

En este terreno la acción pública debe evitar cometer dos errores relevantes:  invadir los márgenes dilatados de la vida civil, de la sociedad, sometiendo las multiformes manifestaciones de la libre iniciativa de los ciudadanos a sus dictados; y otro tan nefasto como el anterior,  pretender que todos los ciudadanos entren en el juego de la política del mismo modo, ahormando entonces la constitución social mediante la imposición de un estilo de participación que no es para todos, que no todos están dispuestos a asumir.

 

Tratar de participación es referirse también a la cooperación. La participación es siempre «participación con». De ahí que el protagonismo de cada individuo es en realidad coprotagonismo, que se traduce necesariamente en la conjugación de dos conceptos claves para la articulación de una política centrada en la persona: autonomía e integración, las dos patas sobre las que se aplica el principio de subsidiariedad. En ningún ámbito de la vida política debe ser absorbido por instancias superiores lo que las inferiores puedan realizar con eficacia y justicia.

 

Estos dos conceptos, por otra parte, están en correspondencia con la doble dimensión de la persona, la individual y la social, la de su intimidad y la de su exterioridad. Insistimos en que se trata de la doble dimensión de un mismo individuo, no de dos realidades diferenciadas y distantes, que puedan tener una atención diversa. Más bien, la una nunca actúa ni se entiende adecuadamente sin la otra.

 

Si la libertad en el plano moral es en última instancia una consecución, un logro personal; si la participación, el protagonismo en la vida pública, sea por el procedimiento y en el ámbito que sea, sólo puede ser consecuencia de una opción personalmente realizada; la solidaridad es constitutivamente una acción libre, sólo puede comprenderse como un acto de libre participación.

Pregunta, hoy participamos con libertad en la vida pública, expresamos sin miedo nuestros puntos de vista y nuestras opiniones?. ¿O nos sentimos vigilados, controlados y preferimos recluirnos en nuestra propia conciencia a la espera de tiempos mejores?. Pues bien, esos tiempos serán mejores si participamos en el espacio público libre y responsablemente.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

 

El principio de legalidad

 

 

En el preámbulo constitucional se señalan la justicia, la libertad y la seguridad como los tres valores constitucionales más importantes. En la idea de justicia late la convicción de que hay algo debido al hombre, a cada hombre. Por encima de consideraciones sociológicas o históricas, más allá de valoraciones económicas o de utilidad, el ser humano se yergue ante el Estado, ante cualquier poder, con un carácter que me atrevo a calificar de absoluto: esta mujer, este hombre, son lo inviolable; el poder, la ley, el Estado democráticos, se derrumbarán si no fueren respetados. En la preeminencia de la libertad se está expresando la dignidad del hombre, constructor de su propia existencia personal solidaria –digo solidaria porque creo que no es posible concebir la existencia personal de otra manera-. Y finalmente, la seguridad, como condición para un orden de justicia y para el desarrollo de la libertad, y que cuando se encuentra en equilibrio dinámico con ellas, produce el fruto apetecido de la paz.

 

El segundo de los principios señalados en el preámbulo constitucional, siguiendo una vieja tradición del primer constitucionalismo del siglo pasado –una tradición cargada de profundo significado-, es el principio de legalidad, la sumisión a la ley y al derecho. La ley es la expresión de la voluntad popular. La soberanía nacional se manifiesta a través de la ley. El principio de legalidad no significa otra cosa que respeto a la ley, respeto al proceso de su emanación democrática, y sometimiento a la ley, respeto a su mandato, que es el del pueblo. Y, además, sometimiento al Derecho, al Ordenamiento jurídico en su conjunto.

 

En virtud del principio de legalidad, el Estado de Derecho sustituye definitivamente a un modo arbitrario de entender el poder. El ejercicio de los poderes públicos debe realizarse en virtud de habilitaciones legales. Todos, ciudadanos y poderes públicos, están sujetos –así lo explicita el artículo 9 de la Carta Magna- a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico.

 

 

No podía ser de otra manera si la justicia, la libertad y la paz son los principios supremos que deben impregnar y orientar nuestro ordenamiento jurídico y político. Respetar la ley, la ley democrática, emanada del pueblo y establecida para hacer realidad aquellos grandes principios, es respetar la dignidad de las personas, los derechos inviolables que les son inherentes, el libre desarrollo de sus existencias personales, y su condición social.

 

El Estado de Derecho, el principio de legalidad, el imperio de la ley como expresión de la voluntad general, deben, pues, enmarcarse en el contexto de otros principios superiores que le dan sentido, que le proporcionan su adecuado alcance constitucional. No hacerlo así supondría caer en una interpretación mecánica y ordenancista del sistema jurídico y político, privando a la ley de su capacidad promotora de la dignidad del ciudadano. Y una ley que en su aplicación no respeta y promueve efectivamente la condición humana –en todas sus dimensiones- de cada ciudadano, o es inútil o es injusta. No es democrática, aunque formalmente tenga la fuerza para ser Ley. Si las leyes no defienden, protegen o promueven los derechos fundamentales, no merecen tal nombre. Así es y así lo atestigua la historia que bien conocemos, y que millones de personas han sufrido. Hoy, el sometimiento pleno y completo del Poder a la Ley y al Derecho es, de nuevo, la garantía de nuestra libertad solidaria.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

moderación y radicalización en Europa (I)

 

Hoy puede decirse que el desarrollo económico y social europeo es terreno propicio para las ideologías cerradas pues la crisis política, económica, financiera, agravada con covid-19, ha preparado la llegada de nuevos movimientos sociales y políticos de corte demagógico que aspiran a ocupar el lugar de los hoy maltrechos partidos políticos tradicionales. En efecto, las formulaciones de carácter ideológico encuentran hoy, también en Europa, ámbitos receptivos y homogéneos sobre los que asentarse a causa de las perentorias y graves necesidades sufridas por amplias capas de ciudadanos, que de nuevo han devuelto a la actualidad la asunción social de saberes políticos de salvación como son las ideologías.

 

 

La ciencia, desprovista de principios éticos y al servicio del dominio y la destrucción del hombre por el hombre, ha demostrado su insuficiencia para resolver los males endémicos de la humanidad, rompiéndose aquel mito del progreso indefinido sobre la base del conocimiento científico y el dominio técnico de la naturaleza.

 

Los sistemas de explotación económica, que junto con el desarrollo científico-técnico contribuyeron a explicar el increíble progreso económico de nuestro tiempo, han tenido su paradigma inicialmente en el corazón mismo de Europa, con el nacimiento y desarrollo del primer capitalismo.  Coetáneamente, hemos presenciado también el fracaso cierto de lo que podríamos denominar el primer liberalismo, con la imagen de los grandes suburbios de las metrópolis industriales atestados de miseria e indigencia.

 

Europa, es sabido, acogió también a los protagonistas de una política internacional cegada por los prejuicios nacionalistas e ideológicos, que convirtió el espacio europeo del siglo pasado en el escenario más sangriento de cuantos la humanidad tiene memoria. Así, la barbarie totalitaria encontró su expresión más colmada también durante el siglo pasado, en el nacismo y en el comunismo, con una huella que hoy se puede rastrear en las conciencias y la organización de los cuerpos sociales. El conflicto larvado durante la llamada guerra fría levantó en Europa el muro de la división, que más que un muro físico fue un muro de recelos, desconfianzas, amenazas y miedos. El terror armamentístico, sobre todo el terror atómico, fue la plasmación visible de aquel conflicto, con el despliegue militar más impresionante jamás visto en la historia, precisamente sobre suelo europeo, en tiempos que se proclamaban de paz, y vencido el monstruo nazi.

 

La disipación del sueño americano, como una creación europea de ultramar, entendido como un mundo de posibilidades, de libertades, de progreso y abierto, cerró la salida a la desesperación y la angustia de los más desfavorecidos. El resquebrajamiento total del bloque socialista, puso de manifiesto la profunda injusticia social escondida bajo aquellas estructuras políticas, o más bien nos la sirvió en imágenes, porque el ya lejano descubrimiento de la trampa estalinista había evidenciado la realidad del socialismo soviético. Al hundimiento del bloque político socialista hubo que añadir el desencanto que en las fórmulas ideológicas produjeron las múltiples y variadas manifestaciones de corrupción que se produjeron en las formaciones políticas que sustentaban aquellas ideologías.

 

En resumen, estas anotaciones nos permiten atisbar que la intensísima experiencia europea del siglo pasado ha conducido al desencanto ante un modo de hacer política que de un modo u otro ha llevado a Europa a algunas de las mayores aberraciones de que tenemos conciencia histórica. Hoy, de nuevo, en una crisis sin precedentes,  el desafío de una política digna de tal nombre, en plena pandemia, reclama líderes y estadistas que ni están, ni parece que se les espera.

 

El proceso de unión europea encuentra su justificación primera en la necesidad de abrir nuevos espacios a la política y sólo se hace posible en esos nuevos espacios. Ahora bien, desde una perspectiva positiva podemos afirmar que esa misma experiencia ha conducido a la búsqueda de fórmulas que permitieran superar los errores del pasado, con plasmaciones políticas concretas, una de las cuales particularmente sobresaliente es el largo, esforzado y difícil proceso de unión en que los países europeos están embarcados, que no termina de levantar la cabeza.

 

Ahora, con la reconstrucción en ciernes Europa podría recuperar sus señas de identidad y recuperar el prestigio perdido. Pero para ello, el compromiso con la libertad solidaria, con la justicia y con el pensamiento, deberían volver a presidir el proyecto europeo, hoy maltrecho y bajo mínimos a causa del cáncer de las ideologías cerradas.

 

@jrodriguezarana

Confrontación y entendimiento

Una de las características que mejor define los sistemas ideológicos cerrados que protagonizaron buena parte del siglo pasado, que tanto daño provocaron a tanta gente, y que ahora reaparecen bajo las más variadas formas de populismo, de un lado y del otro, es el enfrentamiento como metodología de acción. En efecto, estos sistemas pretendieron, y siguen pretendiendo aplicar unilateralmente a la realidad determinadas teorías que anidaban y anidan en la mente de los más siniestros enemigos de la humanidad. Incorporaron a su núcleo doctrinal el enfrentamiento como método, lo que significa, obviamente, confrontación, crispación, divergencia, fraccionamiento, desunión en última instancia.

 

En este ambiente, las normales y lógicas discrepancias inherentes a la vida política se convierten en el centro sustantivo de la vida democrática, desvirtuándola y desnaturalizándola gravemente. Sobre todo cuándo semejante esquema de contrarios y oposiciones se aplica, con ocasión y sin ella, a todos los aspectos de la vida política, económica y social.

 

Nuestra experiencia política reciente, la transición política a la democracia, demuestra hasta la saciedad que tal esquematización maniquea es tan falsa como la clasificación de los partidos políticos entre buenos y malos, algo que, de nuevo ha hecho acto de presencia entre nosotros. Con procedimientos de análisis de este corte, que divide a la sociedad entre progresistas y reaccionarios, la persona queda subordinada a su ubicación en el espectro ideológico. Se olvidan de lo más importante, de las personas normales, que lo único que reclamamos es que los dirigentes se ocupen fundamentalmente de hacer posible un ambiente político y social en el que se pueda ejercer la libertad solidaria.

 

Resulta insufrible en una sociedad democrática pretender la disyuntiva que algunos plantean a los ciudadanos cultos e informados de cualquier sector: o eres de los nuestros o estás contra nosotros. En cambio, cuándo las personas son la referencia del sistema de organización político, económico y social, entonces aparece un nuevo marco en el que la mentalidad dialogante, la atención al contexto, el pensamiento reflexivo, la búsqueda continua de puntos de convergencia y la capacidad de conciliar y sintetizar sustituyen a la obsesión por el enfrentamiento.

 

El método del entendimiento, que tan buenos resultados arroja cuando se practica sin prejuicios, y cuando se funda y explica sin miedo,  debería volver a presidir la vida política, pues, de lo contrario, nada bueno puede derivarse de esa perversa manía de cerrar puertas y abrir heridas que  caracteriza la acción política de no pocos actores políticos. Precisamos que el método del entendimiento, compatible, solo faltaría, con las diferencias, a veces incluso graves, sustituya en la substanciación de la vida democrática a las bipolarizaciones dogmáticas y simplificadoras del pensamiento único, estático y cerrado que vuelve de nuevo por sus fueros.

 

Para la política ideologizada lo primario y principal son las ideas, para la política moderada lo relevante son las personas. Es verdad que la afirmación tan frecuente de que todas las ideas son respetables. Claro que sí, pero a quien es debido el respeto fundamentalmente es a la persona. Y para expresar la fe democrática ante las opiniones, me parece más acertada la formulación de aquel político inglés que rechazando desde la raíz las convicciones de su adversario, colocaba incluso por encima de su vida el derecho del contrario a defenderlas.

 

Las ideas son fundamentales en la vida política. Por supuesto. Pero quienes la enriquecen, o la empobrecen son las personas que las sustentan. Quizás no este en los grandes sistemas de ideas la solución a los variados y complejos problemas con que se enfrenta el político sino en la prudencial aplicación de los criterios de análisis a cada situación contraria. Y esta tarea de de aplicación será en verdad prudencial probablemente si tiene en cuenta a las personas, si tiene bien presente la dimensión instrumental de los sistemas de ideas sociales y políticas.

 

Ahora, tras la crisis y la destrucción, veremos hasta qué punto, y con qué intensidad, se abre un espacio de diálogo en el marco de los principios que rigen la convivencia de los españoles. El tiempo nos dirá si se siembra concordia o resentimiento, entendimiento o enfrentamiento.  Si se cierran las heridas y si se tienden puentes.

 

 

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Ética y política democrática

 

La política democrática, especialmente en tiempos de excepcionalidad, es una tarea ética en cuanto se propone que el ser humano, la persona, erija su propio desarrollo personal en la finalidad de su existencia, libremente, porque la libertad es la atmósfera de la vida moral. Que libremente busque sus fines, lo que no significa que gratuita o arbitrariamente los invente, libremente se comprometa en el desarrollo de la sociedad, libremente asuma su solidaridad con sus conciudadanos, sus vecinos. En un estado de emergencia, como el actual, la libertad se encuentra limitada externamente, lo que no quiere decir, ni mucho menos, que la libertad se vea amenazada siempre que las decisiones excepcionales sean racionales, estén motivadas y tengan como principio y fin la defensa, protección y promoción de la dignidad humana, especialmente la de aquellos más frágiles y desvalidos.

 

El solar sobre el que es posible construir la sociedad democrática es el de la realidad del ser humano, una realidad no acabada, ni plenamente conocida, por cuanto es personalmente biográfica, y socialmente histórica, pero incoada y atisbada como una realidad entretejida de libertad y solidaridad, y destinada, por tanto, desde esa plataforma sustantiva, a protagonizar su existencia. Una existencia, que, en las condiciones actuales, puede crecer, y mucho, en lo que se refiere a la solidaridad poniendo en juego lo que he denominado libertad solidaria.

 

La política democrática no puede reducirse, pues, a la simple articulación de procedimientos, con ser éste uno de sus aspectos más fundamentales; la política democrática debe partir de la afirmación radical de la preeminencia de la persona, y de sus derechos, a la que los poderes públicos, despejada toda tentación de despotismo o de autoritarismo, hoy más evidente, deben subordinarse

 

La afirmación de la prioridad del ser humano, de la fundamentalidad del ser humano en la concepción las nuevas políticas, es el elemento clave de su configuración ética. Pero tratar de configuración ética no puede entenderse como la articulación de una propuesta ética concreta, definida, que venga a constituir una especie de credo o de código de principios dogmáticos desde los que se pretenda hacer una construcción política.

 

Hoy, en que comprobamos que la salud y la enfermedad no tienen ideología, hemos de evitar que la ideología, sobre todo la cerrada, esa que pretende invadirlo todo y a todos, lesione la salud y enferme a las personas.

 

Jaime Rodriguez-Arana

@jrodriguezarana

Amartya Sen

 

Una polémica que suele presentarse en el estudio de las relaciones entre gobierno y democracia, entre democracia y gobierno,  se refiere a si la calidad de vida de la población es proporcional a la calidad del ejercicio del gobierno y a la calidad de la democracia. En punto a esta cuestión tan relevante encontramos sustancialmente tres posiciones que me parece que tienen interés para enfocar algunos problemas derivados de la recesión democrática de este tiempo y de la crisis económica y financiera que vivimos en tiempos de pandemia, así como sus proyecciones sobre el empeoramiento de las condiciones de vida, materiales e inmateriales, de las personas. Se trata de diferentes maneras de afrontar una cuestión que, a mi juicio, debe partir inexorablemente de la centralidad de la dignidad del ser humano y de sus derechos fundamentales. En efecto, el Gobierno en una democracia ha de basar sus políticas públicas, desde el respeto y promoción de las libertades solidarias, hacia la mejora continua e integral de las condiciones de vida de los ciudadanos. Algo que en general en el mundo que habitamos, más o menos, hoy brilla por su ausencia.

 

Por un lado, están las tesis de Bo Rothstein, director del Instituto para la calidad de los Gobiernos de la Universidad de Gotemburg, por otro lado, nos encontramos con las posiciones del premio Nobel Amartya Sen y, en tercer lugar, tenemos el último libro del Francis Fukuyama, politólogo norteamericano famoso por su tesis del fin de la Historia, sobre la decadencia política. Los tres pensadores plantean diferentes argumentos, todos ellos relevantes, en orden a la mejor comprensión del problema sobre la relación entre la calidad democrática y la calidad del ejercicio del gobierno. Un problema que debe partir de la base, del solar, del humus, de los principios de la separación de los poderes, del reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona y del control pleno de las actuaciones de los distintos Poderes Públicos. Es decir, sin Estado de Derecho, hoy en peligro en tiempos de emergencia sanitaria, ni hay Democracia, ni puede haber calidad en la acción del Gobierno. Hoy solo vamos a comentar las agudas y proféticas ideas de Sen.

 

Para el economista indio Amartya Sen las hambrunas se producen en sistemas políticos sin libertades. Sostiene el premio Nobel en Economía que una democracia con libertades reales facilita la mejora de las condiciones de vida de la población. Por eso, primero sociedad de personas libres y, a renglón seguido, los males materiales que aquejan a las poblaciones menguarán en la medida en que las personas disfruten de mayores cotas de libertad.  Hoy, en democracias formales, la pandemia ha puesto de manifiesto las amargas consecuencias de la falta real de libertades. En efecto, para SEN las hambrunas no se deben a la falta de producción de alimentos o a las catástrofes naturales, sino a fallas en las estructuras sociales -falta de democracia o de libertad de prensa- que impiden el control político de la ciudadanía sobre los gobiernos. Según SEN, el hambre no ha afligido nunca a ningún país que sea independiente, que convoque elecciones con regularidad, que tenga partidos de oposición y que permita que los periódicos informen libremente. Un caso paradigmático, precedente probablemente de lo que se avecina a causa del manejo de la actual emergencia sanitaria, lo encontramos precisamente en China en la hambruna de los años 60 del siglo pasado dónde fallecieron 29 millones de personas. Como ahora sabemos, la falta de libertad de prensa confundió al Gobierno comunista del gigante asiático, preso de la propaganda y de los informes de las autoridades dóciles y sumisas. En efecto, existen datos que demuestran que cuando la hambruna llegó a su cenit, las autoridades chinas creían que tenían 100 millones de toneladas más de cereales de las que tenían en realidad. Por eso, una democracia de calidad es aquella en la que se pueda conocer la realidad porque hay separación cierta de los poderes, porque no existen ámbitos exentos o al margen del control  y porque los derechos humanos se preservan y protegen como piedras angulares del sistema político.  Hoy, de nuevo, en pleno covid, es muy probable que esté pasando algo parecido pues la falta de libertad y de transparencia sigue caracterizando a la China comunista.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

El Estado y los derechos sociales fundamentales

Los derechos fundamentales de la persona disponen de diferentes posiciones jurídicas que se corresponden con las funciones de defensa, de protección y de prestación de la dignidad humana. Es verdad que es más complicado dotar de aplicabilidad inmediata a las prestaciones positivas necesarias para la satisfacción de los derechos fundamentales, sean de libertad sean sociales. En cambio, en el marco de la función de defensa no existen tantos problemas. En los supuestos de promoción y protección, especialmente cuando no hay norma constitucional ni del legislativo que concrete el contenido de estos derechos la tarea no es sencilla.

La separación de los poderes del Estado impide que el poder judicial asuma funciones de gobierno o de ejercicio de dirección política pues las elecciones políticas son propias del poder legislativo, lo que no quiere decir que incluso en estos casos tenga que negarse la posibilidad de control judicial. La cuestión es clara: hay unos límites que el poder judicial no puede traspasar. Por eso, en la función de defensa (prohibición de intervención estatal) de los derechos fundamentales sociales la aplicabilidad inmediata es máxima.

Ahora bien, en el marco de los deberes de protección contra la actuación de otros particulares y de promoción de prestaciones fácticas positivas, el contenido de prestaciones que integran el mínimo existencial son siempre y en todo caso exigibles ante cualquier Juez o Tribunal a través de cualquier instrumento procesal con independencia de la existencia de disponibilidades presupuestarias o de estructura organizativa pública, pues afectan al contenido de la mínima dignidad posible, aquella que diferencia al ser humano de los animales irracionales o de los simples objetos o cosas.

Siendo como es el mínimo vital el techo mínimo, no el techo máximo de los derechos fundamentales, parece razonable admitir la reivindicación de pretensiones jurídicas derivadas de derechos fundamentales sociales no incluidas en el mínimo existencial. Por tanto, las prestaciones estatales fácticas y positivas en materia de derechos sociales fundamentales ordinarios, aquellos que van más allá del mínimo existencial, pueden ser invocadas ante los Jueces y Tribunales pues estos derechos fundamentales gozan de la protección de su contenido esencial bien sea por reconocimiento expreso en la Constitución, por norma legal que lo desarrolle o por mor de la argumentación racional realizada por el Tribunal Constitucional a partir de los elementos cruciales de la misma Constitución.

En tiempos de pandemia, de emergencia humanitaria, la cobertura del derecho al mínimo vital digno para las personas que realmente lo precisan, es una obligación del Estado, de los Podrees públicos.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Dignidad humana y participación política

La persona se constituye en centro de la acción pública. No la persona genérica o una universal naturaleza humana, sino la persona concreta, cada individuo, revestido de sus peculiaridades irreductibles, de sus coordenadas vitales, existenciales, que lo convierten en algo irrepetible e intransferible, precisamente en persona.

En efecto, cada persona es sujeto de una dignidad inalienable que se traduce en derechos también inalienables, los derechos humanos, que han ocupado, cada vez con mayor intensidad y extensión, la atención de la política democrática de cualquier signo en todo el mundo. En este contexto es donde se alumbran las nuevas políticas públicas, que pretenden significar que es en la persona singular en donde se pone el foco de la atención pública. Cada mujer y cada hombre son, deberían ser, el centro de la acción pública. Y en el campo de los derechos fundamentales de la persona, nombre con el que se denominan los derechos humanos al interior de los Estados, hoy cobra especial fuerza la perspectiva participativa, además como derecho componente del derecho fundamental a la buena administración pública. Un derecho, por cierto, que debiera incluirse también en el listado de los derechos fundamentales de nuestra Carta Magna.

La ausencia de la persona, del ciudadano, de las políticas públicas de este tiempo, explica también que a pesar de la existencia de tantas normas promotoras de esquemas de participación, ésta se haya reducido a un recurso retórico, demagógico, sin vida, sin presencia real, pues la legislación no produce mecánica y automáticamente la participación que, en todo caso, será consecuencia de temple cívico y de la educación democrática de la ciudadanía.

La participación la entendemos no sólo como un objetivo que debe conseguirse: mayores posibilidades de participación de los ciudadanos en la cosa pública, mayores cotas de participación de hecho, libremente asumida, en los asuntos públicos. La participación significa también un método de trabajo social que aspira a que en el corazón de las políticas públicas, en su definición, análisis, implementación y evaluación, este presente la ciudadanía.

La determinación de los objetivos de las políticas públicas no puede hacerse realmente si no es desde la participación ciudadana. La participación ciudadana se configura, por tanto, como un objetivo público de primer orden, ya que constituye la esencia misma de la democracia. Una actuación política que no persiga, que no procure un grado más alto de participación ciudadana, no contribuye al enriquecimiento de la vida democrática y se hace, por lo tanto, en detrimento de los mismos ciudadanos a los que se pretende servir. Pero la participación no se formula solamente como objetivo, sino que exige la práctica de la participación como método.

La participación, en efecto, supone el reconocimiento de la dimensión social de la persona, la constatación de que sus intereses, sus aspiraciones, sus preocupaciones, trascienden el ámbito individual o familiar y se extienden a toda la sociedad en su conjunto.

Afirmar por tanto la participación como objetivo tiene la implicación de afirmar que el ser humano debe ser dueño de sí mismo y no ver reducido el campo de su soberanía personal al ámbito de su intimidad. Una vida humana más rica, de mayor plenitud, exige de modo irrenunciable una participación real en todas las dimensiones de la vida social, también en la política.

En este sentido la participación no puede garantizarse solamente con decretos ni con reglamentos. Sólo hay real participación -insistimos- si hay participación libre. De la misma manera, la solidaridad no puede ser obligada. Esta relación de semejanza entre participación y solidaridad no es casual, por cuanto un modo efectivo de solidaridad, tal vez uno de los más efectivos, aunque no sea el más espectacular, sea la participación, entendida como la preocupación eficaz por los asuntos públicos, en cuanto son de todos y van más allá de nuestros exclusivos intereses individuales.

Ahora bien, al calificar la participación como libre nos referimos no sólo a que es optativa sino también a que, en los infinitos aspectos y modos en que la participación es posible, es cada persona quien libremente regula la intensidad, la duración, el campo y la extensión de su participación. En este sentido, la participación -al igual que la solidaridad- es el resultado de una opción, de un compromiso, que tiene una clara dimensión ética, ya que supone la asunción del supuesto de que el bien de todos los demás es parte sustantiva del bien propio. Pero aquí nos encontramos en el terreno de los principios, en el que nadie puede ser impelido ni obligado.

La realidad demuestra que la participación depende en buena medida del reconocimiento de la autonomía personal. Sin autonomía personal es imposible la responsabilidad personal y comunitaria. Por eso, cuándo se afirma que el ser humano debe ser dueño de sí mismo establecemos la premisa fundamental para que descubra que su participación en todas las dimensiones de la vida social y política es el imperativo ético que procede de su autonomía y que le impulsa hacia una vida humana más equilibrada y plena.

Si se considera que uno de los objetivos esenciales de las nuevas políticas públicas es la participación, debemos llamar ahora la atención sobre el hecho de que la participación se constituye también como método para la realización de esas políticas. Por tanto, es menester mejorar los canales de participación social para que la gestión y administración de los intereses generales sea más participativa.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Los derechos sociales fundamentales

Los derechos sociales fundamentales pueden estar previstos en la Constitución como tales, no es lo más frecuente, o pueden derivarse de una argumentación racional a partir de las bases mismas de la Constitución en relación con los postulados del Estado social y democrático de Derecho y de la centralidad de la dignidad del ser humano. Por ejemplo, la Constitución española alberga en su seno normas contradictorias porque si se reconocen estos valores constitucionales, no es coherente reconocer derechos sociales fundamentales desde la perspectiva de principios rectores de la vida económica y social únicamente exigibles en virtud de norma que lo prevea.

Es verdad que la legislación infraconstitucional en materia de derecho a la salud o derecho a la educación reconoce derechos subjetivos a los ciudadanos en estas materias que podrán reclamarse en los Tribunales, pero sin la especial protección que la Constitución dispensa a los derechos fundamentales. En el caso de que ni siquiera existan normas del poder legislativo, si no aplicáramos la doctrina de aplicación o eficacia directa de los derechos sociales fundamentales, se estaría reconociendo desde el interior de la Constitución su imposibilidad de implementación en un aspecto básico como es el despliegue de la función promocional y removedora de los Poderes públicos. Es decir, la Constitución contendría en su seno normas materialmente inconstitucionales.

En el caso de que no haya normas legislativas que regulen los derechos fundamentales, negar su efectividad sería gravemente incongruente con las bases del Estado de Derecho por lo que al menos ante el Tribunal Constitucional tal situación podría analizarse. Además, según la Constitución española, las normas que regulan estos derechos deben respetar su contenido esencial, de forma y manera que se reconoce que hay un núcleo básico de indisponibilidad que es precisamente el ámbito propio en el que se ubica la dignidad humana. Tal aserto se predica también de los derechos sociales fundamentales porque son derechos de esta naturaleza y, por ello, gozan también de un espacio especial de contenido esencial que responde a la esencia misma de la dignidad humana y que debe poder ser desplegado por el titular del derecho social fundamental de que se trate, con independencia de si hay o no regulación legislativa. ¿O es que la persona, el ciudadano debe esperar para ejercer sus derechos fundamentales la reglamentación normativa?.

Jaime Rodríguz-Arana

@jrodriguezarana