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Ideologías cerradas

Las posiciones dominadas por la ideología, las posiciones radicales, conducen a acciones políticas desmesuradas, desproporcionadas al margen de la real realidad.  Por una poderosa razón, los políticos radicalizados, lamentablemente hoy al frente de la crisis del coronavirus,  tienen la convicción de que disponen de la llave que soluciona todos los problemas; que poseen el acceso al resorte mágico que cura todos los males, están convencidos, por la presunción de superioridad moral que les acompaña, que su designio histórico es acertar y que si no lo hacen es por culpa del enemigo, en este caso, la ultra derecha, a la que se ha decidido poner como escudo protector frente a todas las desdichas que vemos a diario en estos momentos tan tristes

Esta situación deriva de la seguridad de poseer un conocimiento completo y definitivo de la realidad, y siendo consecuentes –la coherencia de las posiciones ideológicas es la garantía de su desproporción- se lanzan a una acción política decidida que ahoga la vida de la sociedad y que cuenta entre sus componentes con el uso de los resortes del control y dominio a que someten el cuerpo social No se consulta con nadie porque nadie se tiene la garantía absoluta del acierto. Si la OMS, la UE, las asociaciones científicas advierten de la necesidad, en enero y febrero, de tomas ciertas medidas, no importa porque el monopolio del acierto y el éxito están en poder del Gobierno.

El político moderado respeta la realidad y sabe que no hay fórmulas mágicas. Por supuesto que sabe qué acciones emprender y sabe aplicarlas con decisión pero con la prudencia de tener en cuenta que la realidad no funciona mecánicamente. Es consciente de que un tratamiento de choque para solventar una dolencia cardíaca puede traer complicaciones serias en otros órganos y escucha a los especialistas, a los que saben de verdad, no a aquellos expertos elegidos para el corifeo o la adulación.

La moderación no significa medias tintas, ni la aplicación de medidas políticas descafeinadas ni tímidas, porque la moderación se asienta en convicciones firmes, y particularmente en el respeto a la identidad y autonomía de cada actor social o político, es decir, en la convicción de la bondad del pluralismo. Por eso  política moderada es una política de convicciones y de tolerancia, no de imposiciones. Más que vencer le gusta convencer. Que diferente hubiera sido todo de haber tenido en la Moncloa a un gobierno integrado por personas moderadas, con mente abierta, pensamiento plural, metodología del entendimiento, compromiso con la realidad y la razón, y sensibilidad  social, sobre todo sensibilidad social.

Hoy, sin embargo, hay un virus que domina la acción del desgobierno actual: se llama “ideologitis” y sus síntomas son claros: negación de la realidad, ineptitud para la gestión, irresponsabilidad, incapacidad para el acuerdo, monopolio del acierto… La realidad, empero es que se responde de los daños causados por imprevisión y por omisión. Y, en este caso, me temo que la “ideologitis” le va a salir muy cara a algunos pues cuando se demuestra que hay dolo o negligencia grave en los ilícitos administrativos, la responsabilidad es la que es. Y si prosperan las acciones penales, no digamos. En definitiva, “la ideologitis” tiene muchos riegos, sobre todo cuando se está en el gobierno. En la oposición, es verdad, puede salir hasta barata.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Derechos sociales fundamentales en tiempos de coronavirus

El ser humano, decía Kant, no debe ser tomado nunca como medio, sino como fin. Y si lo que buscamos es un crecimiento en libertad, en humanidad, en definitiva, solo podrá hacerse realidad ese objetivo, si cada uno se hace protagonista de sus acciones y de su desarrollo, y posibilita con su actuación que los demás también lo sean.

Los derechos fundamentales de la persona son derechos que conceden a sus titulares un conjunto variado de posiciones jurídicas dotadas de tutela reforzada y que imponen al Poder público una gama diversificada de obligaciones correlativas a las diferentes funciones derivadas de cada una de dichas posiciones jurídicas. Desde esta perspectiva debemos afirmar que la aplicabilidad inmediata es la misma en el caso de los derechos fundamentales individuales que en los sociales, por más que las técnicas a emplear puedan varias. Dichas variaciones se derivan de la diversidad de funciones incardinadas en cada derecho. No es que en un caso estemos en presencia de derechos de defensa y en otro de derechos prestacionales, el problema es que los derechos fundamentales son una categoría única que admite una expresión multifuncional. En otras palabras, es necesario comprender los derechos fundamentales, todos, desde la perspectiva de un todo, de manera que cada derecho fundamental presenta un conjunto de posiciones jurídicas fundamentales de dónde se derivan funciones de respeto, funciones de protección y funciones de prestación. Hoy, en pleno Estado de alarma formal, de excepción material, tales consideraciones son especialmente importantes pues los Poderes públicos, deben proteger, defender y promover con intensidad la dignidad humana y todos y cada uno de los derechos fundamentales de las personas.

El hecho de que la aplicabilidad inmediata de los derechos sociales fundamentales, reconocidos “ad hoc” o por conexión, por argumentación racional del supremo intérprete de la Constitución, o por recepción de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, caso del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cueste más dinero no quiere decir que no sean fundamentales. Es solo una cuestión accidental, que no afecta a la sustancia. Y como lo accidental o formal debe seguir a lo sustancial o material, lo lógico es orientar las estructuras de facilitación de estos derechos colocando el presupuesto público a su servicio y no al revés.

Seguramente, a partir de ahora los deberes de prestación de en relación con estos derechos sociales fundamentales van estar mejor organizados y mejor gestionados para prever mejor los riesgos y evitar el espectáculo de ineptitud, incapacidad y mala praxis que la realidad de todos los días nos muestra para nuestro bochorno y reflexión.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

El interés general en la excepcionalidad

El Estado formal de alerta, materialmente de excepción, en que vivimos, nos invita a interrogarnos sobre muchos tópicos y palabras que se escuchan estos días. Una de ellas es el interés general, un concepto que en democracia está caracterizada por su necesaria concreción, por su motivación adecuada, por su vinculación directa a la defensa de la dignidad humana y también por definición participada. Por eso, quizás nos venga bien recordar algunas ideas sobre este concepto tan utilizada como desconocido en su dimensión concreta y práctica.

Suelo decir a mis alumnos que desconfían de quien utiliza esta palabra de forma abstracta y sin concreción porque probablemente ha sido la más utilizada, en forma de arenga o amenaza, por los amantes del totalitirismo, entre los que se cuentan, pro ejemplo, como exponentes de una u otra orilla Hitler o Stalin, hoy lamentablemente imitidados por las versiones más radicales de las ideologías cerradas.

El interés general es de naturaleza supraindividual, representa los principios del Estado social y democrático de Derecho y, en concreto, explicita dichos criterios en la realidad. Desde una perspectiva estrictamente filosófica o moral sabemos que los intereses particulares, individuales deben integrarse en el interés general, en el bien común. El bien particular, el bien individual cede ante la necesidad de salvaguardar o preservar el bien general, el bien común. Por eso, por ejemplo, es legítimo y lícito, es moral y ético que se pueda sacrificar el derecho de propiedad en aras de la construcción de un hospital o de una autopista siempre que tal obra pública o infraestructura resulte necesaria para el derecho a la salud de las personas o para el tránsito de multitud de ciudadanos, y siempre mediante una previa y justa indemnización, pues la confiscación en los Estados de Derecho, es obvio, está prohibida. Hoy, en una situación de emergencia nacional a causa de la epidemia, la lucha contra el virus justificaría estas intervenciones siempre que se motive en cada caso a partir de altos estándares de motivación. Por ejemplo, si fuera necesario, expropiar, con las condiciones impuestas en un Estado de Derecho, determinadas propiedades, caso de no haber suelo público, de particulares, para construir un hospital de emergencia.

Este principio de preferencia o de superioridad no se puede afirmar en abstracto categóricamente.  Tal primado precisa proyectarse sobre la realidad puesto que su apelación genérica sin más ha conducido, y conduce, a actuaciones arbitrarias, a conductas autoritarias. Y en un Estado de alarma formal, de excepción materia como el actual, la proporcionalidad, la objetividad, la transparencia, deben ser características que deben acompañar al ejercicio de potestades excepcionales, que, inisisto, solo tendrían justificación para la defensa, protección y promoción de la dignidad del ser humano.

Los intereses generales están inscritos en el Ordenamiento jurídico, en el sistema normativo. De ahí que, efectivamente, en el interés general en sentido amplio se encuentran tanto los derechos subjetivos como los intereses legítimos, sean individuales, colectivos o difusos. Es decir, el interés general en sentido amplio se refiere a los valores propios del Estado social y democrático de Derecho: parte integrante de estos valores son los derechos subjetivos y los intereses legítimos.

Desde este punto de vista es claro que los intereses generales, intereses protegidos por el Ordenamiento jurídico, son superiores, preferentes, a los intereses privados precisamente por su inserción en la misma esencia del modelo constitucional: el Estado social y democrático de Derecho. Es decir, el interés que puede tener una compañía privada en que las tarifas de los servicios de interés general, telecomunicaciones por ejemplo, sean elevadas, cede siempre ante el derecho subjetivo de los usuarios a buenos servicios a buenos precios. En el caso de una expropiación forzosa, la utilidad pública o el interés social, que siempre debe ser motivado, se concreta en el acuerdo de necesidad de ocupación. Eso sí, en estos casos, el derecho subjetivo del expropiado a la justa indemnización, que es un genuino derecho subjetivo, no puede ser desconocido y se integra en el núcleo de valores que componen el interés general en sentido amplio.

Hoy, en una situación de Estado de excepción material, la naturaleza de los poderes que el Ordenamiento atribuyea Gobierno y Administración, obligan a  estas instituciones a ejercer las potestades con mesura, proporcionalidad, transparencia, exigentes estándares de motivación, y siempre para proteger, defender y promover la dignidad humana, especialmente la de las personas frágiles y desvalidas.

Jaime Rodríguez-arana

@jrodriguezarana

Pensamiento abierto, dinámico y complementario en tiempos de crisis

Estos días de la crisis de la pandemia del coronavirus el pensamiento único, fruto de las versiones ideologizadas, hace acto de presencia con inusitada potencia. Para unos, militar en determinadas opciones ideológicas inmuniza y garantiza frente a cualquier error o fallo que se pueda cometer y cuando de producirse, que no debiera acontecer en modo alguno, los responsables siempre son los mismos: los enemigos de toda la vida porque resulta que Cain era de extrema derecha y Abel de izquierda radical. Para otros, colaborar a resolver los problemas que existen con quien se considera que son la encarnación del mal, es imposible por temor al contagio.

En este contexto, el pensamiento compatible nos permite superar esas diferencias y apreciar que en la realidad se puede dar conjuntamente, y de hecho se da, lo que una mentalidad racional «matemática» nos exigía ver como opuestos. Es un imperativo ético hacer ese esfuerzo de comprensión que hoy obviamente brilla por su ausencia pues, para los contagiados por el virus de la “ideologitis” la presunción moral de superioridad y el monopolio del acierto completo son patrimonio, exclusivo y excluyente, de la izquierda radical.

Posiblemente el pensamiento, abierto y compatible, hoy tan necesario como impracticado, nos permitirá descubrir que realmente lo público no es opuesto y contradictorio con lo privado, sino compatible y mutuamente complementario, o que incluso vienen recíprocamente exigidos; que el desarrollo individual, personal, no es posible si no va acompañado por una acción eficaz a favor de los demás; que la actividad económica no será auténticamente rentable -en todo caso lo será sólo aparentemente- si al tiempo, y simultáneamente, no representa una acción efectiva de mejora social; que el corto plazo carece de significado auténtico si no se interpreta en el largo plazo; etc., etc. Que la norma no se opone a la libertad, sino que si es auténtica, justa, la potencia. En fin, que si la sociedad es capaz, por disponer de vitalidad y medios para ello, de asegurar condiciones para la realización de los derechos sociales fundamentales, entonces la subsidiariedad facilita su efectiva su efectiva realización. Sin embargo, para unos los enemigos son los empresarios y las iniciativas sociales, y para otros, la solución solo vendrá del reino de lo particular, del espacio con contaminado de lo burocrático y tecnoestructural.

Otro rasgo que debemos potenciar en este tiempo tan convulso es el pensamiento dinámico. Una modalidad de pensamiento que nos conduce a comprender que la realidad, más que ninguna la social, la humana, es dinámica, cambiante, abierta, y no sólo evolutiva, también preñada de libertad. Por eso debemos superar la tendencia a definir estáticamente, o con un equilibrio puramente mecánico, lo real, que no resistiría tal encorsetamiento sin sufrir una grave tergiversación. Hoy lo comprobamos al constar la incapacidad para reconocer los evidentes errores cometidos, por ejemplo, en la gestión administrativa de la contratación pública por parte de la Autoridad única sanitaria en nuestro país o en el desconocimiento de informes de autoridades mundiales de salud desde tiempo atrás sobre la necesidad de adoptar determinadas medidas que su juzgaron innecesarias. Decisiones de las que obviamente en una democracia y en un Estado de Derecho se responde ante el Parlamento y ante los Tribunales de Justicia, con argumentos políticos y con argumentos jurídicos respectivamente.

En fin, no más pensamiento único, no más pensamiento estático, no más pensamiento de confrontación, no más complejo de superioridad moral, no más ideologías cerradas. Y, sobre todo, compromiso con la realidad, con las personas concretas, con la dignidad real de los frágiles y desvalidos: con hechos concretos.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Etica y Estado social y democrático de Derecho

La crisis del coronavirus va a cambiar muchas cosas. Estos días se está certificando a marchas forzadas que las prioridades a partir de ahora debieran ser otras muy distintas a las actuales. Por ejemplo, la deslocalización de empresas en gigantes asiáticos en los que se explota inmisericordemente a millones de seres humanos debe acabar, la exigencia del desmantelamiento de las armas biológicas de destrucción masiva debe iniciarse, así como una refundación del sistema de mercado, que recupere su sentido primigenio, y, por supuesto, una reconstrucción del maltrecho Estado social y democrático de Derecho, en muchas latitudes en manos de arribistas,  agitadores y propagandistas que se han aprovechado de las posibilidades de la manipulación y control social para someter a masas enteras a las que se ofrece una educación plana y acrítica.

Sin embargo, a pesar de los pesares, estos días florecen como agua de mayo los valores humanos, los valores inscritos en la misma condición humana y en sus derechos inviolables que hoy emergen de manos de miles y miles de ciudadanos de bien que aspiran a vivir dignamente con sus seres queridos . Por eso, la construcción de una civilización o de una nueva cultura no podrá hacerse sin volver sobre ellos. Sin embargo, no se trata de hacer una repetición mimética, sin más, no se trata de fotocopiar o de clonar. De lo que se trata es, en relación con los valores humanos, con los valores del Estado social y democrático de Derecho, de repensarlos, remozarlos, renovarlos, y dotarlos de una nueva virtualidad que permita de verdad la realización del Estado social y democrático de Derecho. Para ello es imprescindible, poner las técnicas y los procedimientos al servicio de la dignidad humana y sus derechos fundamentales, no al revés, como se viene practicando desde hace tiempo.

Así, al reto productivo, al reto técnico y al reto tecnológico, debemos añadir el auténtico reto de fondo que es el reto ético, ínsito en el Derecho concebido como ciencia social consistente en la realización de la justicia. Se trata de un reto o desafío que interpela a todas las ciencias sociales y que intenta contestar a la gran pregunta acerca del hombre, y de la mujer, y de su carácter medular en la realidad jurídica, económica y social.

Las ciencias sociales, o proporcionan una mayor calidad de vida a las personas, o no son dignas de tal nombre, al menos en un Estado que se califica como social y democrático de Derecho. Eso quiere decir, ni más ni menos, que a través de este modelo de Estado, las ciencias sociales se pongan las pilas para diseñar técnicas y procesos orientados y dirigidos a la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de la persona, removiendo  los obstáculos que impidan su realización efectiva.

En otras palabras, o se consigue una mayor calidad de vida, unas mejores condiciones de vida para los habitantes del planeta, especialmente para los más necesitados, o las ciencias sociales se habrán convertido en fines no en medios al servicio de la mejora de la vida de los ciudadanos. La crisis del coronavirus nos interpela gravemente en este sentido. Ojala seamos conscientes de ello con todas sus consecuencias.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Derechos sociales fundamentales y coronavirus

En un momento de crisis humanitaria como la actual, la calidad del Estado social y democrático de Derecho se mide por el grado e intensidad con la que se ponen los medios para que las personas puedan disfrutar de sus derechos sociales fundamentales más básicos, el derecho a la salud entre otros.

Los derechos sociales fundamentales son derechos subjetivos de singular relevancia que en su naturaleza llevan inscrita las prestaciones del Estado que los hacen posibles. Son derechos subjetivos fundamentales porque la Norma fundamental, de forma más o menos directa, señala obligaciones jurídicas fundamentales, normalmente a los Poderes públicos, para que se realicen en la cotidianeidad.

Hoy, en plena crisis por la pandemia del coronavirus, la previsión y diligencia de la Administración para proveer de materiales adecuados a los sanitarios y para evitar los riesgos a la población demuestra el compromiso real con la efectividad de los derechos sociales fundamentales. En España, todos lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Por eso, además de las responsabilidades de todo orden que habrán de deducirse frente a las Autoridades sanitarias, habrá mucho que hacer para que la acción administrativa de prevención cale en la organización de la Administración en todos los niveles. Sobre todo, cuando se trata de asegurar un mínimo vital digno a los ciudadanos en materia de derecho a la salud.

En realidad, la comprensión de esta forma de entender el Derecho Público en el Estado social y democrático de Derecho parte de consideraciones éticas, pues en sí mismo este modelo de Estado no es ajeno a la supremacía de la dignidad humana y a la necesidad de que los Poderes públicos promuevan derechos fundamentales de la persona y remuevan los obstáculos que lo impidan. Ambas, por supuesto, no pueden pasarse por alto pues de lo contrario nos pasaríamos al dominio del funcionalismo y de la tecnoestructura, y al final los derechos humanos acaban siendo, así acontece, monedas de cambio que se intercambian los fuertes y poderosos en función de unos intereses ordinariamente inconfesables.

La dimensión ética del Derecho Público es un rasgo inseparable e indisolublemente unido a su raíz y a sus principales expresiones. No podría ser de otra forma porque atiende de manera especial al servicio objetivo a los intereses generales que, en el Estado social y democrático de Derecho, están inescindiblemente vinculados a los derechos fundamentales, individuales y sociales, de las personas. La forma en que los principios éticos y sus principales manifestaciones sean asumidos por el Derecho representa el compromiso real de los Poderes del Estado en relación con la dignidad del ser humano y el libre y solidario ejercicio de todos sus derechos fundamentales. Hoy, a juzgar por lo que vemos a diario, bajo mínimos en tantas partes del mundo.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Estado social y democrático de Derecho y coronavirus

El colapso económico-financiero que se avecina tras la propagación masiva del coronavirus a nivel planetario nos ayudará a replantear muchas cosas, también el sentido de la libertad, hasta ahora entendida, por millones de personas, casi exclusivamente desde el plano individual y personal, al margen de la comunidad, al margen de la vida social. Es decir, la libertad individual sin más límites que los que cada uno, en función de sus posibilidades, quisiera establecer.

Ciertamente, ni el postulado de la solidaridad social ni el de la participación están hasta el momento asentados convenientemente al interior del sistema político e institucional. Los recortes sociales de los últimos tiempos han puesto de relieve una perspectiva de la estabilidad financiera al servicio de los grandes inversores internacionales. Hoy, tras la crisis del coronavirus, queda muy claro que los   derechos sociales fundamentales son exigencias de una vida social digna y deben empezar a guiar la acción de los Estados a escala global.

Además, frente al intento, que vendrá, si no está ya en camino, de consolidar sistemas autoritarios, es menester apostar con intensidad porque la participación real caracterice de verdad la vida pública en nuestros países pues en las políticas públicas, en todas las fases de su realización, debe crecer la participación de la ciudadanía.

En este sentido, el concepto de libertad solidaria que vengo manejando desde hace más de veinte años en mis publicaciones permite comprender mejor la esencia del Estado social y democrático de Derecho como estructura y matriz de la defensa, protección y promoción de derechos fundamentales y remoción de los obstáculos que impidan su efectividad. En este sentido adquieren su lógica los planteamientos abiertos de reconocimiento de derechos sociales fundamentales, donde la Constitución no lo haga, a través de las bases esenciales del Estado de Derecho teniendo en cuenta la centralidad de la dignidad humana y la capitalidad del libre y solidario desarrollo de la personalidad de los individuos en sociedad.

Por tanto, es necesaria una relectura desde la dignidad del ser humano, de todo el desarrollo y proyección que se ha realizado de este modelo de Estado en el conjunto de Derecho Público, hoy urgente tras la epidemia del coronavirus y las consecuencias que puede tener para las restricciones a las libertades tal y como se pronostica en estos tiempos.

El problema radica en que se ha intentado entender el Estado social y democrático de Derecho sobre mimbres viejos y el resultado es el que todos contemplamos ante nuestro más absoluto asombro. La tarea, pues, de proyectar el supremo principio de la dignidad humana sobre el entero sistema de fuentes, categorías e instituciones de Derecho Público, es apremiante. La crisis del coronavirus lo demanda. A gritos.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La dimensión ética y el coronavirus

Probablemente nunca a lo largo de toda la historia tantos y tanto se ha hablado, discutido y escrito de ética. Y, sin embargo, brilla por su ausencia tal y como se comprueba en estos días. Hoy, la crisis del coronavirus y la reacción de los Estados para salvar las vidas de los enfermos más frágiles y desvalidos muestra a las claras la necesidad de ética en este mundo dominado por unas tecnoestructuras insensibles al dolor humano y al sufrimiento de millones de personas.

En efecto, la incapacidad de los gobiernos de concentrar toda su actuación en la prevención del riesgo de contagios y la dotación de medios dignos a los profesionales de la salud demuestra varias cosas. Por una parte, la preeminencia incluso en estos días, de la ideología frente a la técnica, al saber y a la experiencia científica y, por otra parte, la existencia de un centralismo burocrático injustificable en tiempos de crisis humanitaria. Por si fuera poco, a pesar de que son la causa y origen de la pandemia, se sigue alabando y poniendo alfombra roja al mayor enemigo de la libertad y de la democracia, hoy empeñado en lavar su complejo de culpa enviando “generosamente” su ayuda a los países en los que el virus se ceba inmisericordemente.

Tras esta crisis precisamos efectivamente un cambio de civilización que funde el nuevo orden social, político, jurídico y económico sobre la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales, individuales y sociales. Algo que debe dejar de ser retórico y alimentar el trabajo del sector público y del sector privado.

Ha fracasado estrepitosamente la forma tradicional de entender y acercarse al Estado social y democrático de Derecho. En efecto, ya no sirve es aplicar el modelo sobre estructuras y mentalidades antiguas, que son las que justifican sin empacho alguno que los derechos sociales fundamentales no sean más que posibilidades de actuación, mandatos de optimización. La Administración, al facilitar un derecho a la salud digno, en todas sus dimensiones, especialmente en la preventiva, debe disponer de los medios materiales y personales adecuados para que pandemias permitan atender como se merece a las personas.

Mientras no tengamos claro, y actuemos en consecuencia, que las personas son lo primero, absolutamente lo primero, nos queda mucho, muchísimo camino para hacer del planeta un espacio para la vida digna de las personas. Esperemos que   las tecnoestrucuras se dan cuenta de las consecuencias de su errática obsesión por el poder y el dinero. Aunque sea duro recordarlo en estos tiempos de tanto sufrimiento para tanta gente buena e inocente: no hay mal que por bien no venga. Eso sí, siempre que las cosas empiecen a mejorar, sobre todo para los desvalidos y más frágiles.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Política y ética

La política democrática es una tarea ética en cuanto se propone que el hombre, la persona, erija su propio desarrollo personal en la finalidad de su existencia, libremente, porque la libertad es la atmósfera de la vida moral. Que libremente busque sus fines, lo que no significa que gratuita o arbitrariamente los invente, libremente se comprometa en el desarrollo de la sociedad, libremente asuma su solidaridad con sus conciudadanos, sus vecinos. En un estado de alarma, como el actual, la libertad se encuentra limitada externamente, lo que no quiere decir, ni mucho menos, que la libertad se vea amenazada siempre que las decisiones excepcionales sean racionales, estén motivadas y tengan como principio y fin la defensa, protección y promoción de la dignidad humana, especialmente la de aquellos más frágiles y desvalidos.

El solar sobre el que es posible construir la sociedad democrática es el de la realidad del ser humano, una realidad no acabada, ni plenamente conocida, por cuanto es personalmente biográfica, y socialmente histórica, pero incoada y atisbada como una realidad entretejida de libertad y solidaridad, y destinada por tanto, desde esa plataforma sustantiva, a protagonizar su existencia. Una existencia, que en las condiciones actuales, puede crecer, y mucho, en lo que se refiere a la solidaridad poniendo en juego lo que he denominado libertad solidaria.

La política democrática no puede reducirse, pues, a la simple articulación de procedimientos, con ser éste uno de sus aspectos más fundamentales; la política democrática debe partir de la afirmación radical de la preeminencia de la persona, y de sus derechos, a la que los poderes públicos, despejada toda tentación de despotismo o de autoritarismo, hoy más evidente, deben subordinarse

La afirmación de la prioridad del ser humano, de la fundamentalidad del ser humano en la concepción las nuevas políticas, es el elemento clave de su configuración ética. Pero tratar de configuración ética no puede entenderse como la articulación de una propuesta ética concreta, definida, que venga a constituir una especie de credo o de código de principios dogmáticos desde los que se pretenda hacer una construcción política.

Hoy, en que comprobamos que la salud y la enfermedad no tienen ideología, hemos de evitar que la ideología, sobre todo la cerrada, esa que pretende invadirlo todo y a todos, lesione la salud y enferme a las personas.

Jaime Rodriguez-Arana

@jrodriguezarana

Política y realidad

REALIDAD Y POLÍTICA

Un rasgo fundamental en la configuración ética de las nuevas políticas democráticas es su carácter crítico, no dogmático. Esto quiere decir que desde la acción política democrática no se propone la interpretación total y última de la realidad. Lejos de las ideologías cerradas, que propugnan una interpretación global y completa de todo lo real y particularmente del hombre, uno de los asientos de las nuevas políticas está en el reconocimiento de la complejidad de lo real, y la fragmentariedad y limitación del conocimiento humano, tanto en lo que se refiere a la realidad como a los valores y la vida moral. No tenemos un conocimiento completo y exhaustivo de lo que las cosas son y de cómo se comportan; por mucho que haya progresado nuestro conocimiento de la condición humana, en absoluto podemos afirmar que hayamos llegado a las últimas consecuencias de lo que significa la libertad del hombre, su dignidad, sus derechos y sus deberes, los compromisos que se derivan de su misma condición.

Estos días de la emergencia por el coronavirus comprobamos que la enfermedad, y la salud, no tienen ideología. En cambio, la ideología, sobre todo la cerrada, si afecta, y seriamente, a la salud e integridad de las personas.

La acción política en la democracia, por lo tanto, no puede fundarse, como algunos pretenden que se haga, en la propuesta de soluciones definitivas, perfectamente perfiladas en los gabinetes de los ideólogos que pretenden tener la clave para la interpretación de todo acontecimiento humano. La acción política democrática se ve orientada por grandes principios generales que en absoluto resuelven, que no dan la fórmula para la solución de problema concreto alguno. Los grandes principios generales orientan en la búsqueda de soluciones, pueden ser elementos de contraste para un juicio sobre la validez de las soluciones propuestas, pero por sí mismos no resuelven nada, porque las soluciones a los problemas concretos van a depender del juicio prudencial de quienes han de decidir. Y estos días, sobre todo al principio de la emergencia entre nosotros, si se tuviera en cuenta lo que estaba pasando en el mundo, las mejoras técnicas existentes contrastadas, y los efectos de los eventos de riesgo, seguramente se hubiera actuado pensando en integridad de las personas y no en la ideología.

La validez de la solución aportada vendrá contrastada por la experiencia. No basta comprobar que las soluciones aplicadas están en consonancia teórica con los grandes principios del pensamiento democrático. Es necesaria la prueba última de la contrastación empírica, la comprobación de que lo resuelto, lo ejecutado, produce los efectos deseados, o al menos efectos aceptables en la mejora de la situación que se deseaba resolver. Podríamos señalar en este sentido que la apertura a la realidad, la aproximación abierta y franca a las condiciones objetivas de cada situación, y la apertura a la experiencia son componentes esenciales, actitudes básicas del talante ético desde el que deben construirse las nuevas políticas en la democracia. En ellas se funda la disposición permanente de corregir y rectificar lo que la experiencia nos muestre como desviaciones de los objetivos propuestos o, más en el fondo, de las finalidades que hemos asignado a la acción política.

Pensar la complejidad de la realidad y acercarse a ella desde el supuesto de la propia limitación, al tiempo que acaba con todo dogmatismo, rompe también cualquier tipo de prepotencia, en el análisis o en el dictamen de soluciones, a la que el político pueda verse tentado. El político en democracia ha de tener claro que no es infalible, que sus opiniones, sus valoraciones están siempre mediatizadas por la información de que parte, que es siempre limitada, necesariamente incompleta. Ahora bien, cuando hay riesgos para las personas, debe anteponer del derecho a la vida y la salud de los ciudadanos a sus preferencias ideológicas. En unos meses se comprobará y quien tenga que responder, jurídica y políticamente, deberá hacerlo.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana