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Buena administración del acceso a la información en tiempos de COVID-19

 

El derecho fundamental a una buena administración es, como es sabido, un tema de gran actualidad, especialmente en tiempos de pandemia, que desde hace tiempo está presente, por derecho propio, en el debate jurídico administrativo en el ámbito comunitario e iberoamericano. El derecho a la buena administración se ha incorporado con mucha fuerza en los Ordenamientos jurídicos contemporáneos. Está reconocido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales de 2000 y de él trata monográficamente la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública rubricada por los ministros del ramo en 2013, además de estar expresamente previsto cada vez en más textos legales nacionales y en resoluciones de los principales órganos jurisdiccionales en Europa y América Latina.

 

Este derecho fundamental a que las Administraciones resuelvan los asuntos públicos de forma objetiva, equitativa y en plazo razonable, integra una serie de derechos fundamentales entre los que se encuentra el derecho a la información de interés general. En efecto, una buena Administración debe actuar de acuerdo con principios como el de transparencia y acceso a la información de interés general.

 

La Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública señala, como uno de los derechos derivados del derecho fundamental a una buena administración, el  derecho al acceso a la información de interés general en el marco del respeto al derecho a la intimidad y a las declaraciones motivadas de reserva, que habrán de concretar el interés general en cada supuesto en el marco de los ordenamientos jurídicos.

 

Esta Carta parte, en relación al tema que nos ocupa, de dos aspectos fundamentales: el respeto al derecho a la intimidad de las personas y las declaraciones motivadas de reserva, que no son otra cosa que los límites de acceso a la información pública previstas en los ordenamientos jurídicos nacionales, como es el caso del ordenamiento jurídico español.

 

Una buena administración pública defiende, protege y promueve el principio de máxima transparencia permitiendo a los ciudadanos acceder a la información de interés general, fomentando, por ello, su participación en los asuntos públicos. Manifestaciones de este principio de buena transparencia son, entre otras: el deber de resolver las solicitudes en plazo razonable, la valoración imparcial y equitativa de las solicitudes, la ponderación de los intereses particulares y generales afectados en las concesiones de acceso, o la buena fe en las concesiones de acceso.

 

En caso de pandemia, como el que actualmente vivimos, el acceso a la información de interés general debe ser en tiempo real pues, de lo contrario la ciudadanía no podrá juzgar, como se merece, la calidad y el rigor, el respeto a los derechos fundamentales y las motivaciones del ejercicio de poderes discrecionales. En tiempos de COVID-19 este derecho, como todos, no es una opción, o una extravagancia, es, lisa y llanamente, una exigencia que toda democracia digna de tal nombre debe propiciar. No hacerlo, no solo manifiesta prepotencia y abuso, expresa una inquietante ausencia de compromiso democrático que inhabilita para gobernar en un Estado de Derecho. Ni más ni menos.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Democracia y COVID-19

 

En teoría, la democracia es el gobierno del pueblo, por y para el pueblo.  Así debería ser, con más razón en tiempos de excepcionalidad en los que, por razones justificadas, los poderes públicos son de mayor extensión e intensidad. La realidad, en unos países más que en otros, es justamente la contraria, parecería que en la excepcionalidad se pueden suspender derechos fundamentales, apagar la transparencia, contratar bienes públicos son límites, hasta someter la libertad de expresión o de información al control del gobierno de turno.

 

Son tiempos, los actuales, para comprobar hasta qué punto la democracia que tenemos es real, hasta qué punto las cualidades democráticas de los ciudadanos son auténticas, hasta qué punto hemos vivido estos años pasados en un Estado de Derecho que fundamentalmente era formal, sin vida, inerte, en el que los gobernantes de turno ejercieron el poder de forma procedimental, alejada de los valores propios de la democracia y del Estado de Derecho.

 

Por ejemplo, en materia de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana, la llegada de Covid19 ha confirmado algo que viene de lejos, que en muchos países nos hemos desentendido de nuestros más principales deberes cívicos. No solemos exigir rendición de cuentas, el acceso a la información se reserva a la prensa mientras nos adormilamos fruto de los reclamos del consumismo insolidario. Es decir, no estamos entrenados en el ejercicio de las libertades, más que en aquellas que implican la defensa de lo individual. Hemos sido, poco a poco, con el concurso y aliento de los políticos, diseñando un régimen político que Tocqueville denominó hace mucho tiempo despotismo blando y que hoy encaja a la perfección en nuestras enfermas democracias, dominadas por el poder tutelar del Estado.

 

Ahora, cuando llega el ataque del poder constituido, representado hoy por el autoritarismo, nos encontremos impotentes, sin temple cívico, confinados en nuestra conciencia, anhelando el confort y los placeres de una vida regalada. Nos falta compromiso, convicción y temperamento democrático para defender las libertades, más allá de lo individual, como se merecen.

Menos mal que la estrategia orquestada para la toma absoluta del poder no es muy inteligente y la apisonadora está pisando demasiados cayos, que ya empiezan a despertar del sueño de un confinamiento que ya empieza a molestar, no poco,  a muchos ciudadanos dispuestos a defender la democracia y las libertades con uñas y dientes. Ya era hora.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Acceso a la información en tiempos de COVID-19

 

El derecho de acceso a la información pública tiene, como es sabido, dos fines fundamentales. Por un lado, como instrumento ciudadano que es sin duda, obtener información que le facilite conocer la forma en que se administra y gestiona el poder público. Por otro, a través de este derecho se puede fomentar la intervención del ciudadano en la vida pública. Ambas finalidades, pues, se encuentran estrechamente relacionadas con la cláusula del Estado democrático de Derecho desde el punto de vista de la participación y con la cláusula del Estado social de Derecho desde la óptica del control social de la Administración.

 

Sin embargo, este derecho no tiene carácter absoluto. Si bien es cierto que los poderes públicos deben ser transparentes y facilitar la información que se les pida, las Administraciones también se encuentran obligadas a preservar otros intereses concurrentes.  Por ello, aunque prime el principio de máxima publicidad, debe buscarse la solución más favorable a la transparencia sin perjudicar de manera injustificada intereses comunes o de particulares que no tienen el deber jurídico de soportar. La reserva solo es aceptable en la medida en que sea un instrumento necesario para proteger otros intereses constitucionalmente relevantes. Los límites han de ser interpretados restrictivamente para evitar que, por ejemplo, en tiempos de pandemia, un concepto general y abstracto de salud pública o interés general, impida el ejercicio de este derecho, que, sobre todo en tiempos de excepcionalidad, es muy importante que se satisfaga desde el poder público, dados los poderes extraordinarios que tiene el Gobierno.

 

En efecto, la información pertenece a los ciudadanos y no a los gobiernos. Por eso, los límites de acceso a la información pública han de ser tasados, expresos e interpretados restrictivamente. Deben fundarse en daños identificables en relación con intereses generales concretos y, en aquellos casos en los que hay un daño identificable, éste debe ser superior al interés público que se atiende mediante la aportación de la información.

 

Hoy, en plena pandemia, las instituciones públicas a las que se reclama la información, salvo que existan razones poderosas, que han de justificar en lo concreto, de interés general o de afectación a datos personales de los ciudadanos, deben brindar la información en tiempo real. No hacerlo es un claro atentado a un derecho fundamental y al cumplimiento del deber de buena administración que, en tiempos de emergencia es, si cabe, más relevante que en situación de normalidad. El Estado de Derecho en esta emergencia no está confinado o en cuarentena, está más vivo que nunca. Demorar la entrega de la información cuando se puede brindar en tiempo real, no nos engañemos, es un desprecio a la ciudadanía y, por hecho una manifestación de despotismo y de tiranía.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Europa, un continente viejo y enfermo

Europa, el viejo y enfermo continente, nunca mejor escrito, fue durante largo tiempo, durante siglos, la referencia y el centro de la mirada de quienes querían fundar la civilización sobre la dignidad del ser humano. Los derechos fundamentales de la persona, junto a la separación de los poderes del Estado y al principio de juridicidad, alumbraron un sistema político en el que, en efecto, la dignidad del humano se levantaba omnipotente, soberana, todopoderosa frente a cualquier intento del poder, de la naturaleza que fuera, de pisotearla o laminarla. Sin embargo, la realidad europea, hoy golpeada por el COVID-19, es, a día de hoy, mal que nos pese, la que contemplamos todos estos estos días: una Unión a la deriva, con intereses enfrentados en la que sigue pendiente la primacía de los valores humanos frente a la potencia de las tecnoestructuras, sean de capitalismo salvaje, sean del neomarxismo.

 

Claro que nos gustaría que el panorama europeo estuviera presidido por los valores comunes procedentes de la centralidad del ser humano que los padres fundadores de la Unión Europea, a quienes hoy se cita tanto como se desconoce, colocaron como los pilares de una integración que debería discurrir por caminos de humanismo y de preeminencia de los derechos fundamentales de la persona. Pero lo que aflora en este momento, es la consecuencia lógica de tatos años de anteponer la dimensión económica y financiera a la integración política y cultural sobre las bases de una civilización profundamente humanista, que hoy se añora probablemente como nunca antes.

 

En realidad, cuándo se reconocen los derechos fundamentales de la persona de manera incondicional, sin injerencias del poder, entonces resplandece la dignidad del ser humano y la idea originaria de lo que debería ser Europa brilla con luz propia. Sin embargo, cuándo el poder constituido decide sobre la titularidad y el ejercicio de los derechos humanos, la arbitrariedad se instala entre nosotros y desaparece la igualdad radical entre los seres humanos. Entonces, nos adentramos en un inquietante mundo en el que quien manda, decide sobre todo y sin límites, también sobre el fundamento mismo del poder: sobre el alcance y límites de la dignidad de la persona. Incluso, es el caso en muchos de nuestros países en este tiempo del coronavirus, el poder, en situaciones de excepcionalidad, se convierte en un peligro real, alarmante incluso, que no hace más que agravar la amarga situación de emergencia sanitaria en la que vivimos. Se suspenden de hecho los derechos fundamentales, se decretan confinamientos obligatorios, se maneja la opinión pública a favor de lo políticamente adecuado y se persigue, de forma sutil o grosera, las expresiones críticas, que se etiquetan, como en los tiempos del totalitarismo, de peligrosas, incluso extravagantes, para la gestión de la crisis.

 

Los derechos humanos, interesa hoy recordarlo, más que nunca, no son del Estado, no los conceden los gobernantes, son de titularidad humana, nacen con el hombre y la mujer y a ellos corresponde su ejercicio libre y solidario. El poder, todo lo más, debe reconocerlos y fundar su legitimidad y legalidad en su centralidad, de forma y manera que se convierten, por ello, en valores superiores que iluminan, guían y orientan al poder mismo y a quienes, por representación del pueblo, lo ejercen.

 

Hoy, en tiempos del COVID-19, es crucial que nos ejercitemos en la libertad, que sigamos entrenándonos cotidianamente en el pensamiento crítico, en la libertad solidaria, que tantas oportunidades de realizarse presenta este tiempo de pandemia. Hoy, si no mantenemos un tono cívico elevado, el ambiente de amedrentamiento general que destilan las terminales del poder puede ahogar y adormecer el compromiso con la libertad. Y Europa siempre fue, ahora conviene recordarlo, el continente y la civilización de la indignación más intensa frente a la arbitrariedad y la falta de libertades.  Las libertades son objetos decorativos, extravagancias, opciones, son un pilar de la democracia sobre todo cuando se ejercen y practican y, en estos tiempos, saldremos bien de la crisis si cotidianamente los ciudadanos se distinguen por su ejercicio constante. Nos va mucho en ello. Más de lo que nos imaginamos.

 

 

 

 

 

 

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.

@jrodriguezarana

Buena administración en tiempos de pandemia

La calidad de una Administración se pone de manifiesto, especialmente, en las situaciones críticas, en los momentos de mayor adversidad. El barco, cuando hay tempestad, debe tener un buen capitán, que sepa orientar el timón a puerto seguro. Para eso, todos los estamentos del barco, mandos, tripulantes, marinería y pasajeros, deben colaborar cumpliendo cada uno con la tarea que le corresponde.

Hoy, en un momento especialmente grave para el devenir de España, parece que el entendimiento y la colaboración entre partidos políticos, empresarios, sindicatos, comunidades científicas, colegios profesionales y demás instituciones de la sociedad civil, debería concentrarse única y exclusivamente en el objetivo común: curar a los enfermos del virus y detener cuanto antes esta maldita epidemia que tanto dolor siembra entre nosotros. Lo demás debe ser secundario y orientado a ello. Todos debemos colaborar y dejar a un lado nuestras diferencias pues, de lo contrario, tardaremos más en salir de la crisis y los daños se ampliarán en todos los sentidos.

En este sentido, una buena Administración en una democracia, como puede leerse en la literatura especializada, es una Administración que resuelve los asuntos relativos al interés general teniendo en cuenta los dictámenes especializados de los mejores científicos disponibles, convocados por razones de reputación profesional a quienes hay que dejar trabajar en libertad sin presiones ni interferencias.

Una buena Administración debe actuar con previsión y precaución, evitando que los riesgos se consoliden y, por supuesto, prohibiendo cualquier actividad que pudiera ampliar o multiplicar las posibilidades de infección.

Una buena Administración en tiempos de emergencia compra bienes y servicios para la protección de la población, especialmente de los médicos y profesionales sanitarios con eficacia, eficiencia, de forma transparente y comprobando la calidad y utilidad de los bienes o servicios objetos de la contratación.

Una buena Administración, también y, sobre todo, en tiempos de emergencia sanitaria, respeta, promueve y protege las libertades ciudadanas, maximizando el pluralismo y promoviendo una sana crítica.

Una buena Administración en tiempos de pandemia se somete completamente al control judicial y rinde cuenta de sus actuaciones facilitando una información veraz y completa.

Una buena Administración, también y sobre todo responde de sus acciones y omisiones, especialmente en materia de protección de las libertades, del ejercicio de la potestad sancionadora, de las compras públicas o del uso de la potestad normativa durante el tiempo de la emergencia sanitaria.

Una buena Administración en tiempos de excepcionalidad elabora normas con claridad y certidumbre en el marco del principio de seguridad jurídica, regulando exclusivamente, para el tiempo que dure la pandemia, las cuestiones necesarias para combatir eficazmente la epidemia y paliar sus consecuencias sociales y económicas.

Una buena Administración en la excepcionalidad usa los poderes especiales de que dispone con mesura, proporción, justificando en cada caso, con elevados estándares, las decisiones que se adoptan pues cuanto mayor y más intensa es la discrecionalidad, mayor y más extensa es la obligación de su motivación.

 

Hoy, en España, quien quiera ver la real realidad, no la que fabrican las terminales de la propaganda, sabe perfectamente lo que está pasando. Por eso, ojalá que quienes dirigen la Administración pública tengan la valentía y el coraje de mirar a la cara a las familias españolas, pedirles disculpas, acompañarlos en el dolor por sus difuntos, y contagiarse de su unión y fortaleza, de la resistencia y temple que muestran día a día, y de la fe, convicción y determinación que tienen de salir adelante. Pero para eso, hay que recordar algo pensado parece que para estos días y que se atribuye a Dahlmann: “En todas las empresas humanas, si existe un acuerdo respecto a su fin, la posibilidad de realizarlas es cosa secundario.”

Por eso es urgente ya el acuerdo libre de versiones tecnoestructurales y que nos pongamos a remar todos en la misma dirección.  Como dice un proverbio portugués, que nuestros hermanos vecinos parecen tener muy claro en este momento, y que les está reportando grandes resultados en la lucha contra la pandemia: “el valor crea vencedores, la concordia crea invencibles”.  Quien siembra y cultiva concordia, ordinariamente la obtiene, pero quien cree que la concordia se impone o exige, no ha entendido nada. Nada.

 

Jaime Rodríguez-Arana

Catedrático de Derecho Administrativo y Académico de la Academia Internacional de Derecho Comparado.

La información en tiempos de COVID-19

Una información pública veraz, completa y en tiempo razonable es uno de los grandes desafíos del funcionamiento de las Administraciones públicas en el Estado de Derecho.  En efecto, es bien conocida la conexión que existe entre la publicidad activa, el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos de carácter personal. La publicidad activa y la pasiva buscan la apertura a la ciudadanía de la acción pública, mientras que la protección de los datos personales de los ciudadanos pretende salvaguardar nada más y nada menos que la esfera íntima, privada, de los individuos.

 

En tiempos de excepción, de emergencia, como los que vivimos, la intensidad de estas obligaciones para la Administración y de los derechos de transparencia y de protección de los datos de los ciudadanos, es vital para la preservación del Estado de Derecho, ciertamente amenazado por un Gobierno y una Administración que dispone de poderes excepcionales.

 

 

Por ejemplo, el derecho de acceso a la información pública en aquellos casos en los que colisiona o puede colisionar con el derecho a la protección de datos de carácter personal, debe resolverse de acuerdo con la centralidad de la persona en el sistema político y del Ordenamiento jurídico en el marco de un sistema democrático. El fin del Estado no es otro que garantizar el bien común y promover la efectiva realización de los derechos fundamentales de las personas. Precisamente en esta línea se encuentran los arts. 9.2, 10 o 103 de la Constitución Española como bien sabemos.

 

La persona es la protagonista del espacio público y de la acción pública, por lo que los gobernantes deben crear y adecuar las condiciones necesarias que permitan al ser humano el libre y solidario desarrollo de sus derechos fundamentales como expresión del lógico despliegue de la dignidad humana en un Estado de Derecho. Por eso, debe garantizarse la libre participación en los asuntos comunes, y preservarse y salvaguardarse de la injerencia del Estado y de terceros, la esfera íntima y personal de los ciudadanos. Algo que solo puede realizar, también en las situaciones extraordinaria, contando con el consentimiento de los interesados.

 

El derecho de acceso a la información pública es un elemento fundamental para una democracia que proteja, defienda y promueva la participación ciudadana en los asuntos comunes, asuntos que son propios de la ciudadanía. El derecho de acceso a la información pública, debe aplicarse siempre conforme a los principios y valores de la buena administración. No olvidemos que una buena administración sirve objetivamente los intereses generales y fomenta una ciudadanía que vive, en su día a día, la libre y responsable participación.

 

En una situación de excepción, de emergencia como la que vivimos, la transparencia pasiva, el derecho fundamental a la información no es una opción, menos una extravagancia o algo irrelevante, es una obligación que caso de incumplirse deberá responderse ante los Tribunales de Justicia. El Estado de Derecho no solo no está en cuarentena, está, si lo cuidamos todos todos los días, más que vivo que nunca. Y quien lo conculque, deberá responder de ello.

 

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Globalización y coronavirus

 

La crisis global provocada por la pandemia del coronavirus nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una regulación global y sobre la aplicación de los principios de transparencia, racionalidad o buena administración desde una dimensión universal. No es suficiente ya la regulación nacional o la jurisprudencia de los distintos poderes judiciales estatales en punto a los principios generales del derecho. Ha llegado el momento de responder globalmente ante una crisis que es global. Para ello es menester caer en la cuenta de que los Ordenamientos jurídicos internos de los diferentes países han de articularse con un nuevo orden jurídico general en el que los postulados del Estado de derecho brillen con luz propia. En otras palabras, los estándares de lo que es un buen gobierno deben quedar esculpidas normativamente a nivel global para que alguna autoridad global, con amparo en una constitución global, pueda actuar para evitar obvios y lacerantes ataques a la dignidad de las personas, en especial a los mayores y con graves patologías, tal y como comprobamos estos días en diferentes latitudes.

 

El fracaso de Naciones Unidas como institución universal debe conducir a su urgente reforma. Estos días ni siquiera el consejo de seguridad se ha reunido ante la peor crisis mundial que se recuerda desde la Segunda Guerra Mundial. El sistema de veto es anacrónico y expresa, además, las limitaciones de la visión unilateral. Se toleran desmanes y atentados claros a los derechos humanos y se reacciona desde la oportunidad y el cálculo y no desde el compromiso radical con la defensa, protección y promoción de la dignidad humana. La gobernanza global, pública o privada, precisa de regulaciones basadas en principios de derecho. La eficacia y la eficiencia como parámetros absolutos han traído consigo una crisis económica de proporciones todavía desconocidas.

 

Efectivamente, los principios de derecho, que tienen validez universal, global, y que son la encarnación de la justicia, han sido desplazados por los mitos de la eficacia o de la eficiencia, de la dominación mundial. Junto a ellos ha surgido una peligrosa obsesión por el dinero y el poder que ha terminado por hacer del derecho, en muchas partes del mundo, no solo en las terminales del poder financiero, un instrumento que se puede manejar al libre albedrío, sea del poder económico o del poder político de turno. Así, de esta manera, el derecho ha sucumbido en buena parte del mundo a los embates de los poderosos, convirtiéndose, en lugar de la aspiración a la justicia, en la prolongación del mismo poder que aherroja.

 

Los principios de buena fe, racionalidad, proporcionalidad, trasparencia, hoy tan reclamados por buena parte de los líderes políticos, como preteridos precisamente en la crisis del coronavirus, son las bases del nuevo orden jurídico global que se debe construir. Se celebra un nuevo aniversario de la declaración universal de los derechos humanos todos los 10 de diciembre y casi nadie saca a relucir la realidad de lo que ocurre, porque tal cosa podría contrariar el tren de vida de esos poderosos que se han acostumbrado nada menos que a vivir, y nada mal, de los grandes principios fundantes del pensamiento democrático, mientras millones y millones de personas apenas cuentan para nada, tal y como hoy refleja la amarga realidad que estamos viviendo en todo el mundo salvo donde se perfilan y diseñan malvadas operaciones de control y dominio global.

 

Cuando los principios de derecho están presentes en el diseño, itinerario, aplicación e interpretación de las normas jurídicas, éstas tienen sentido, son congruentes y se ordenan a alcanzar criterios de justicia. Los principios son, lo ha dicho el Tribunal Supremo español, el oxígeno, la atmósfera que deben respirar las normas. Por eso, la regulación global que ha de venir debe partir de estos principios para evitar que se vuelva a repetir lo que ha pasado.

 

Pedir regulación global es reclamar una mejor y de más calidad tarea de prevención de los riesgos de cualquier naturaleza: sanitarios, climáticos, financieros, agrarios, pesqueros, ganaderos, industriales…. una más adecuada supervisión y control del sistema financiero universal, hoy todavía capturado por quienes todos sabemos. Mientras los partidos sigan teniendo en sus manos el control del poder judicial y de los órganos reguladores no es posible avanzar. En el mismo sentido, mientras el poder económico no se detenga en su desmedido afán por privatizar el interés general, poco podrá hacerse. Los principios de derecho, para informar el orden jurídico global, precisan de una tarea de despolitización de la vida jurídica y social y de un constante trabajo de desmercantilización del interés general.

 

Tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea imprescindible. He aquí una vieja fórmula que vuelve a la actualidad. Que el capitalismo radical se haya derrumbado no quiere decir que volvamos a modelos radicales de otro signo claramente opuesto. De lo que se trata probablemente es de aprender lo que significa el concepto de libertad solidaria. Esperemos que así sea.

Acuerdo y entendimiento en tiempos de COVID-19

En la actual situación de emergencia, de alarma formal, de excepción material, a causa del coronavirus, dada su relevancia para el conjunto de los españoles, se impone la búsqueda del entendimiento. Para ello el gobierno debe tender la mano, ganarse la confianza de la oposición e integrarla también en la toma de decisiones para que no se repita lo que pasó el 11-M, ya en los anales de lo que no debe ser una forma de afrontar una crisis tan grave como aquella. Lo que contemplamos a día de hoy, aunque es desalentador, no empece, de ninguna manera, la apelación a la necesidad de acuerdos y de entendimiento para sacar el país adelante, que bastante hundido está.

 

En efecto, el instrumento de solución de los conflictos en la sociedad democrática, máxime en circunstancias excepcionales como la que vivimos, debe ser el acuerdo, la búsqueda de puntos de vista comunes. Ahora no debiera ser tan difícil por el único objetivo real es vencer al virus, para lo cual todo, todos, somos imprescindibles. No parece razonable que el único hilo conductor de la vida política, menos en este momento, sea la confrontación, por más que obviamente la discusión, el debate y la crítica sean elementos básicos de la vida política democrática. Sin acuerdos fundamentales y profundos, como los que ya debieron haberse producido al inicio de la crisis del coronavirus, no puede establecerse una vida política realmente democrática y es lo que ahora indudablemente todos esperamos.

 

Del carácter fundante o constituyente del acuerdo para la vida política no se infiere que toda la actividad política se reduzca a acuerdo. El acuerdo, el pacto, el consenso, son momentos del diálogo, no son ni su estado ideal, ni su conclusión. El consenso, el acuerdo, son una etapa del diálogo, pero lo son también el disenso, la divergencia, la discusión, la ruptura, la desavenencia, y la recuperación de la concordia. Todas ellas son fases del diálogo y todas fases igualmente valiosas. Pero lo fundamental, lo principal, no es que los interlocutores se pongan de acuerdo en todo -ni en casi todo, ni siquiera en la mayor parte de los temas-, sino que respeten – y tengan permanentemente presente- el acuerdo básico que hace posible el diálogo, que los convierte en interlocutores, en conciudadanos. Y que, en el caso presente, les permita buscar una solución armónica, integrada y participada para salir adelante en este tiempo del coronavirus. No debiera ser tan difícil ponerse de acuerdo para combatir el virus de la forma más eficaz posible, eso es lo que queremos los españoles.

 

 

No es incompatible, ni contradictorio, afirmar la categoría suprema del consenso básico, en muchos sentidos metapolítico, sobre el que ha de asentarse la vida democrática, y al mismo tiempo, el carácter ineludible de las confrontaciones que el juego político produce. Estas confrontaciones no serían posibles sin aquel consenso. Hoy precisamente el consenso básico reclama que todas las fuerzas políticas, económicas y sociales tiren del mismo carro, enterrando las diferencias.  El pueblo precisa de esta armonía política en este momento. Para ello, el gobierno debe sembrar concordia, tender puentes, llamar constantemente a unos y otros, hacerlos partícipes y protagonistas, por qué no, de las medidas que se adoptan. Es tiempo para líderes libres de “ideologitis” que solo actúan animados por sacar España adelante y vencer con prudencia e inteligencia el combate probablemente más difícil al que nos hemos enfrentado como sociedad en muchos años. No es momento de estrategias partidarias que conformen acuerdos tácticos al margen del gran acuerdo: remar todos en la misma dirección: reconstruir el país entre todos.

 

Unos y otros tendrán que ceder, unos y otros tendrán que anteponer a sus legítimos intereses el bien supremo de la centralidad de la dignidad humana y, por ello, la necesidad de acometer políticas dirigidas a la mejora de las condiciones de vida de los españoles, especialmente en momentos de devastación y hundimiento sin precedentes. Esperemos que estén a la altura de las circunstancias y que sean capaces de converger en lo esencial en este momento. Para eso los elegimos. No solo para los tiempos de bonanza, sobre todo para que en tiempos de tempestad sepan orientar el timón de la nave a puerto seguro. Ojalá sean conscientes de ello, y convoquen como en otros países a los mejores, a quienes saben, tienen experiencia y no precisan más que servir desinteresadamente a su país.

 

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Marx, Hayek y COVID-19

Se cumple estos días el aniversario del nacimiento de dos grandes pensadores que han tenido una gran importancia en el devenir de la Historia, fundamentalmente del siglo XX y, por lo que parece, también en el siglo XXI.  Karl Marx cumpliría años el 5 de mayo, nació en el 1818, mientras que Friedrich A. Von Hayek celebraría su cumpleaños el 8 de mayo de 1899.

El comunismo de inspiración marxista ha dejado su huella en la historia y sus resultados son bien conocidos por todos. Ahora, en forma de populismo de extrema izquierda intenta, sobre la base de un materialismo dialéctico aggiornado, seducir a millones de personas a quienes la crisis económica, y ahora el coronavirus, ha dejado en situación de vulnerabilidad. La lucha de clases, ante una sociedad que se desangra impotente y sin temple cívico, volverá, bajo diversas formas y estrategias, al mejor estilo gramsciano, a la primera línea de las protestas sociales. Eso sí, ahora con una novedad: la esquizofrenia. Tendrán que protestar a una hora y a otra, tomar decisiones de gobierno.

Hayek, que me parece más interesante que Marx, aunque ciertamente menos relevante en términos de influencia social, fue uno de los pensadores que mejor supo entender el liberalismo y adaptarlo al mundo contemporáneo.  Aunque no siempre fue bien entendido, como acontece a los pioneros, a los que abren camino, siempre trató de afirmar la libertad frente a los totalitarismos y de criticar la intervención asfixiante del Estado proveniente del socialismo radical, del comunismo, en la vida de los ciudadanos. Hoy, en un Estado de alarma formal, de excepción muy material, comprobamos como esta ideología, muy presente en el gobierno, intenta por la via de la excepción colar sus propuestas para la normalidad venidera.

Hayek, premio Nobel de economía en 1964, defendió la libertad individual frente a todas las formas de opresión y se caracterizó por una firme posición contra el dogma de que la omnipresencia del Estado equivalía a prosperidad y felicidad automática y mecánica para los ciudadanos. El comunismo, en este sentido, demostró que la fe ciega en el Estado y en las estructuras públicas, en la dirección centralizada de la economía y en la absorción de la sociedad por el Estado, trajeron consigo muerte, alienación y dictadura de la nomenclatura dirigente, que hoy como antes se distingue por una forma de vida contradictoria con la de quienes pretenden defender.

Hayek, además de economista, había estudiado Derecho en Viena. Aspiraba a poner los cimientos de una sociedad libre. En su juventud profesó la fe socialista pero pronto cayó en la cuenta de que esa era irrealizable y que, en todo caso, su implementación sería contradictoria con sus presupuestos teóricos. Entre otras razones porque, como demostró con su maestro Mises, el comunismo asolaba Rusia, y sus países satélites,  generando pobreza material y espiritual, liquidando la libertad y laminando responsabilidad individual. En lugar de tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea necesaria, el comunismo se empeñó en tanta intervención como sea posible y tanta libertad como sea imprescindible; es decir, ninguna. Justo lo que algunos pretenden en este tiempo de pandemia, de COVID-19.

El socialismo, como toda ideología política, ha pasado por momentos de luz y por etapas de oscuridad. La experiencia real de los colectivismos marxistas es la que todos conocemos. La aportación de la socialdemocracia al denominado Estado de bienestar ha constituido un punto de partida relevante en orden a la búsqueda y establecimiento de justas reivindicaciones sociales. Otra cosa, sin embargo, ha sido la evolución del modelo de intervención pública que ha terminado en muchas latitudes por derivar hacia esquemas de clientelismo populista. En América hay ejemplos bien conocidos por todos.  En efecto, el Estado de bienestar, que es dinámico en sí mismo, quedó, bajo el socialismo radical, reducido a una versión estática. Así, en lugar de facilitar, propiciar y fomentar el desarrollo solidario y libre de las personas, se orientó hacia la caza y captura, a través de la subvención y del subsidio, de los votos de los ciudadanos. En cualquier caso, la sensibilidad social que el socialismo ha dejado en la entraña de las políticas públicas no puede obviarse por más que hoy día tal dimensión sea precisamente la que más se eche en falta en un mundo dominado por la racionalidad económica y el lucro.

El derecho al mínimo vital digno no es, ni mucho menos, un invento del populismo de extrema izquierda, es un compromiso de cualquier Estado de bienestar dinámico que se precie. Es un medio para ayudar a que personas que se encuentran en el umbral de la pobreza y la miseria reciban un ayuda que les permita salir adelante.  Ahora bien, si se convierte en fin, como ahora se pretende, la consecuencia es obvia, bien conocida y amargamente experimentada para tantas personas: pobreza permanente para que la nomenclatura marxista viva a cuerpo de rey. La historia se repite.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Transparencia en tiempos de coronavirus

La transparencia en los Gobiernos y Administraciones públicas es, desde luego, uno de los principales desafíos que hoy tiene planteado la democracia, hoy especialmente en un tiempo de excepcionalidad, con la necesidad de mayor luz y taquígrafos sobre la actividad gubernamental en emergencia sanitaria.

Por una parte, porque la transparencia es una exigencia de calidad democrática y, por otra, porque el derecho fundamental ciudadano a una buena administración incluye expresamente el derecho a que Gobiernos y Administraciones públicas, estatales, autonómicos y locales, sean transparentes en su actividad y en la forma en que implementan las políticas públicas. Hoy, sin embargo, sin transparencia pasiva y con suspensión selectiva de plazos de procedimientos y procesos, la cuestión es grave y refleja el compromiso real con la democracia material de los actuales dirigentes.

En democracia, los poderes del Estado residen en el pueblo y se realizan por y para el pueblo. El pueblo es el soberano y encomienda la gestión y administración de lo público a unos representantes que tienen la obligación de dar cuentas de su gestión y administración a la ciudadanía en forma periódica, constante, transparente y argumentada. El Gobierno y la Administración del espacio público deben servir con objetividad el interés general promoviendo las condiciones precisas para el libre y solidario ejercicio de los derechos fundamentales por parte de todas las personas. La realidad que contemplamos en este tiempo, en el que la luz y los taquígrafos, dada la concentración del poder reinante, debería brillar con luz propia, es que se nos movemos en un ambiente de oscuridad, de penumbra en el que el acceso a la información veraz y completa es una quimera.

Empeñarse en el apagón de la transparencia pasiva, encastillarse en la oscuridad y en la opacidad, no es más que una manifestación de arbitrariedad incompatible con los postulados del Estado de Derecho. Tiempo atrás John Locke enseñó que en toda manifestación de arbitrariedad hay siempre irracionalidad, subjetividad, propiedades del absolutismo bien opuestas a lo que debe ser el régimen y funcionamiento de los gobiernos y administraciones públicas de un Estado social y democrático de Derecho.

En el contexto de Estado de alarma formal, de excepción material en la que llevamos ya demasiado tiempo, la transparencia y el acceso a la información de interés general son obligaciones indeclinables de una Administración democrática que, sobre todo en tiempos de emergencia sanitaria, deben realizarse con mayor intensidad. Cuando pase todo esto y se levante el telón, habrá que dar muchas explicaciones, muchas y habrá que responder, ya lo creo.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana