• jra@udc.es

Category ArchiveGeneral

Un «nuevo» aniversario de la Constitución de 1978

La Constitución de 1978 sigue vigente, al menos formalmente. Que se cumpla su contenido es otra cosa porque parece que últimamente el ambiente cainita y maniqueo que se observa no solo en la política sino en tantas expresiones de la actividad humana intenta arruinar algunas de las más importantes conquistas que trajo consigo la vuelta de la democracia a España. Por eso, ahora que nos acercamos a su cuarenta y un aniversario y  a la liquidación de su letra y su espíritu, es buen momento de recordar algunos de los valores y principios sobre los que se sustenta la más longeva de nuestras Constituciones.

Efectivamente, el  espíritu de consenso, hoy hecho añicos,  se puso particularmente de manifiesto en la elaboración de nuestro Acuerdo Constitucional. Muchos de nosotros podemos recordar con admiración la capacidad política, la altura de miras y la generosidad que presidió todo el proceso de elaboración de nuestra constitución de 1978. Una vez más se cumplió la máxima de Dahlmann: “En todas las empresas humanas, si existe un acuerdo respecto a su fin, la posibilidad de realizarlas es cosa secundaria…”. Hoy, gracias al tesón y al esfuerzo de aquellos españoles que hicieron posible la Constitución de 1978, la consolidación de las libertades y el compromiso con los derechos humanos son un inequívoca realidad entre nosotros aunque, no lo olvidemos, el populismo y la demagogia intentan, de una u otra manera y ahora con bastante éxito,, el regreso al autoritarismo.

          Ahora que se se está fraguando su vaciamiento podemos preguntarnos sin miedo, ¿cuál es la herencia entregada en aquel momento constituyente, cual es el legado constitucional?. Muy sencillo:  un amplio espacio de acuerdo, de consenso, de superación de posiciones encontradas, de búsqueda de soluciones, de tolerancia, de apertura a la realidad, de capacidad real para el diálogo que, hoy como ayer, siguen fundamentando nuestra convivencia democrática por más que algunos piensen que la clave está en cimentar sobre el resentimiento y la confrontación.

Este espíritu al que me refiero -de pacto, de acuerdo, de diálogo, de búsqueda de soluciones a los problemas reales- aparece cuando de verdad  no cuando se busca denodadamente la poltorna o el poder,  sino cuándo se piensa de verdad en los problemas de la gente, cuando detrás de las decisiones que hayan de adoptarse aparecen las necesidades, los anhelos y las aspiraciones legítimas de los ciudadanos, no la obsesión por el mando.

Por eso, cuando las personas, no los cargos,  son la referencia para la solución de los problemas, entonces se dan las condiciones que hicieron posible la Constitución de 1978: la mentalidad dialogante, no el unilateralismo; la atención al contexto, no el prejuicio;  el pensamiento compatible y reflexivo,  no el pensamiento único y la imposición;  la búsqueda continua de puntos de confluencia y la capacidad de conciliar y de escuchar a los demás, no el desprecio, la cerrazón o la escucha de las ambiciones tecnoestructurales.

Cuándo está presente la generosidad para superar las posiciones divergentes  y la disposición para comenzar a trabajar juntos por la justicia, la libertad y la seguridad desde un marco de respeto a todas las ideas, entonces es posible un gobierno realmente democrático.  Por eso, cuando se trabaja teniendo presente la magnitud de la empresa a realizar y se practica la tolerancia, cobra especial relieve el proverbio portugués que reza “el valor crea vencedores, la concordia crea invencibles”. Hoy más de actualidad que nunca.

Jaime <rofríguez-Arana

@jrodriguezarana

Sobre los populismos

El populismo, tal y como se presenta en el tiempo en que vivimos, presenta muchas caras, muchas expresiones. Sin embargo, a pesar de las diferentes puestas en escena que ofrece, hay una serie de rasgos comunes que se refieren a la retórica empleada, al liderazgo carismático y, sobre todo, a una peculiar forma ideológica de entender la acción de gobierno más allá de políticas concretas. Otro rasgo que caracteriza a los populismos es su crecimiento en períodos de gran contestación social y política, en momentos en los que se pretenden construir nuevos espacios políticos dirigidos a reclamar aquellos espacios de poder que las élites, dicen, han tomado para sí mismas, en detrimento del pueblo soberano.

La estrategia de su actuación es sencilla. Hay que subrayar con ocasión y sin ella los errores de los gobernantes de turno, que en este tiempo no son pocos en tantas latitudes, aprovechar un cierto descontento que reina en tantas sociedades a causa de las desigualdades sociales y orquestar con profesionales de la subversión y la agitación y la propaganda en redes manifestaciones y revueltas que se van contagiando de un país a otro.  

Ordinariamente, la emergencia de los populismos tiene relación directa con la existencia de líderes que muestran una especial capacidad para conectar con la gente normal: dirigentes dotados de una sorprendente sensibilidad para comprender los problemas reales de los ciudadanos a partir de una excepcional capacidad de persuasión. Para que germine el populismo es menester que los representantes de los partidos tradicionales, a causa de su incapacidad para hablar directamente al pueblo y de su responsabilidad en la crisis y corrupción reinantes, estén en procesos de pérdida de popularidad. Y, sobre todo, que se resistan a los cambios buscando denodadamente perpetuarse en el poder. No digamos si cometen la torpeza de dar alas a la represión de manifestantes y a la detención de los cabecillas. 

Casi todos los populismos actuales coinciden en su unánime clamor de democracia real. El problema aparece cuándo el populismo popular, valga la redundancia, no responde al cliché, al estereotipo diseñado por sus intelectuales de salón. En efecto, hay movimientos sociales y políticos de corte popular de donde proceden las demandas y reclamaciones del pueblo referidas a la mejora de la democracia, al aumento de la participación, a las protestas contra, por ejemplo, las leoninas condiciones de las hipotecas, las subidas de las tarifas de ciertos servicios públicos, el uso del metro, las subvenciones a la gasolina… o a la necesidad de que los partidos y los sindicatos se abran de verdad a la democracia. Y hay un populismo ideológico:  el que se diseña en los gabinetes de los intelectuales, aquel desde el que se pretende imponer las preferencias y gustos de esa tecnoestructura de la agitación y la propaganda que tan buenos réditos obtienen en situaciones de creciente indignación popular.

El populismo es un fenómeno que hay que estudiar con rigor, en especial la categoría y magnitud de las reclamaciones que realmente proceden del pueblo, no de esas minorías adiestradas en el dominio y la manipulación social, obsesas de los moldes y clichés prefabricados, que usan al pueblo sin problema alguno a su antojo. La realidad de las revoluciones nos enseña cual ha sido la conducta de sus líderes y el tipo de vida que llevaron.

En fin, el populismo que resurge en este tiempo tiene una componente reivindicativa que se debe analizar a fondo. No sólo para evitar que quienes aspiran a canalizar tales reclamaciones terminen utilizándolas en su propio beneficio, sino para que alimenten las decisiones del parlamento, de los gobernantes y de los jueces,  pues si la democracia es de verdad el gobierno del pueblo, por y para el pueblo, pienso que hoy tenemos que buscar las técnicas, las instituciones y los procedimientos que permitan que en el corazón de las decisiones públicas, y también de las privadas, este presente, cada vez con más fuerza e intensidad,  la centralidad de la dignidad del ser humano y todos y cada uno de sus derechos fundamentales. Casi nada.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Un nuevo muro

En estos días pasados hemos conmemorado la histórica caída del Muro de Berlín y lo que ello debió traer consigo. Hoy, sin embargo, de nuevo ante todos nosotros en tantas latitudes, un nuevo muro de demagogia, populismo y uso deliberado de la violencia para subvertir como sea el orden establecido.

Probablemente ya muchos de nosotros nos hayamos olvidado de que en 1989 se desplomó una de las más formidables barreras que dividió implacablemente el mundo en dos partes: el llamado Muro de Berlín. En 1989, como antes en 1789 y como ahora con la irrupción del uso alternativo del descontento, se produjeron sorprendentes transformaciones que, de ninguna manera, llegaron por generación espontánea. En los tres supuestos: revolución francesa, caída del muro y revueltas sociales ahora, se intentó modificar el curso del tiempo. La revolución francesa, que tantas esperanzas e ilusiones despertó en su momento, me parece que ha tenido mucho que ver con el imperio de esa racionalidad cerrada y unilateral que hoy denominamos reino de lo políticamente correcto. La caída del muro de la vergüenza, sin embargo, suscitó, hace bien poco, un espacio de compromiso radical con los derechos humanos del que, afortunadamente todavía vivimos. La caída del muro de Berlín se produjo real y verdaderamente hacia un lado y hacia el otro. Dejó al descubierto, por una parte, un mundo de ataque sistemático a la dignidad humana y de sistemático terror estatal y, por otro, quedó más patente la podredumbre que se esconde en el más rancio individualismo que sólo aspira a subrayar lo material, el confort, el lujo, la exclusión o la prepotencia. Por eso el muro cayó a la izquierda y a la derecha.

Hoy, en pleno auge del populismo en diferentes países, vuelven al candelero el pensamiento bipolar y los esquemas de confrontación y enfrentamiento que tuvieron su momento en los mejores tiempos de las ideologías cerradas. Hoy, por mor de la incapacidad de implementar reformas en el sistema de la democracia representativa, por la práctica de capitalismos fundamentalistas, por la creciente corrupción, y por la ausencia de compromiso genuino con los valores democráticos de no pocos dirigentes que se apoltronan en el poder, la indignación se instala en el ánimo de muchos millones de personas y el populismo ha terminado por conducir y manejar el descontento general.

Ordinariamente, quienes toman estos derroteros del radicalismo y la ideologización lo hacen porque tienen la convicción de que disponen la llave que soluciona todos los problemas, porque piensan que son dueños del resorte mágico que cura todos los males. Esta situación deriva normalmente de pensar que se posee un conocimiento completo y definitivo de la realidad. Para los populistas, la consecuencia de sus postulados es una acción política decidida que ahoga la vida de la sociedad y que cuenta entre sus componentes con el uso de los resortes del control a que someten al cuerpo social.

Pues bien, ante la vuelta de las ideologías cerradas, ante el avance del populismo, es menester diseñar políticas moderadas, centradas en la mejora integral de las condiciones de vida de las personas. En fin, desde la moderación, desde la contemplación de la realidad tal y como es, resulta más fácil pensar en la política como servicio al interés general. Es más sencillo porque así es posible liberarse de la esclavitud de la ideología cerrada, de esa cerrazón para ver la realidad que atenaza a quienes se empeñan por atarse a perspectivas de una única dirección. La realidad hay que conocerla, respetarla y mejorarla. La moderación, en definitiva, invita a nuevas maneras, a nuevos estilos de hacer política, mucho menos radicalizados; fundamentalmente mucho más comprometidos con los problemas reales de todos los ciudadanos. Estamos a tiempo de que no se plante un nuevo muro que dividirá de nuevo el mundo. Ojalá que no lleguemos tarde.

   Jaime Rodríguez-Arana

Catedrático de Derecho Administrativo

Libertad de escuela

Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Esta frase no es de un Padre de la Iglesia, ni de una Encíclica papal o de algún profesor de Teología o de Moral. Es, lisa y llanamente, lo que dice la Constitución española de 1978 en el artículo 27.3.

Tal precepto, que obliga a todos, Poderes públicos y ciudadanos, además de reconocer un derecho fundamental de la persona por ubicarse dónde sistemáticamente se trata de los derechos humanos, obliga, manda al Ministerio de Educación hacerlo efectivo de acuerdo con la función promocional que establece, además, en general, la Carta Magna en el artículo 9.2.

Garantizar es hacer posible, facilitar, poner los medios para, algo que está obligado a hacer, insisto, por mandato constitucional, el Ministerio de Educación. Es tan claro que no haría falta recurrir a las técnicas de interpretación jurídica. Sin embargo, la ceguera que produce la ideología, el miedo a la libertad es de tal envergadura, que conduce, no solo a negar la realidad, que ya es algo grave, sino a tachar de fascistas y otras lindezas más, a quienes defienden la Constitución. Tal proceder no es nuevo en la historia pues la lucha entre la libertad y la intervención ha sido una conste en la historia de la humanidad.

A Alexis de Tocqueville debemos las mejores reflexiones sobre lo que él denominaba despotismo blando. Un fenómeno, bien actual, que consiste en la tenaz y persistente voluntad de los gobernantes por apropiarse de la vitalidad de la realidad a partir de una unilateral, exclusiva y excluyente forma de interpretar en cada momento el interés general. El interés de todos, como es bien sabido, el fomento del pluralismo, en una democracia normal debería discurrir por los amplios caminos del bienestar integral de los ciudadanos y no por el capricho o conveniencia de los que mandan en cada momento que, como es el caso, aspiran a imponer un modelo educativo determinado cercenando la libertad y un derecho fundamental como es el reconocido en el artículo 27.3 dela Constitución de 1978.

En efecto, la libertad de expresión se tolera mientras se discurra por los benéficos caminos del pensamiento único, la libertad de educación tropieza con el intento constante de burocratizar los procedimientos de selección de alumnos en los centros concertados, la libertad de religión se viola continuamente con desmesurados alegatos al silencio de la Iglesia cuándo manifiesta sus puntos de vista sobre temas morales. Eso sí, se hace una interesada interpretación del artículo 9.2 de la Constitución para promover la “libertad y la igualdad”, no de todos como manda el precepto de la Carta Magna, sino de determinados colectivos aliados de la tecnoestructura, a los que no se duda en conceder privilegios y prerrogativas sin cuento mientras se discrimina sin problema alguno a quienes no se doblegan ante los designios del poder.

En fin, que están los tiempos para recordar lo que Friedman escribiera nada menos que en 1955 cuándo afirmó que al Estado compete el aseguramiento y financiación de la educación, pero no su gestión, que debería ubicarse en las mejores manos posibles. A su entender, financiación y gestión debieran separarse, para lo que propuso una de las mejores medidas para garantizar la libertad educativa, no siempre entendida: el cheque escolar.

¿Saben ustedes, queridos lectores, por qué el cheque escolar tiene tan mala prensa en general?. Sencillamente, porque al  facilitar que quienes no tienen medios económicos suficientes puedan elegir la escuela de su preferencia, se fomenta la excelencia y la sana competencia y la oferta plural de centros de enseñanza de manera que las autoridades públicas educativas intervencionistas y los sindicatos de profesores corporativistas acaban perdiendo el control del que tanto gustan en orden a garantizar ese rancio igualitarismo que penaliza el esfuerzo y tacha de individualismo insolidario cualquier intento de salirse de la mediocridad imperante.

Cincuenta años después, en 2005, Friedman opinaba que “tarde o temprano algún Estado implantará el cheque escolar en todo su territorio; entonces la competitividad de los colegios se pondrá al servicio de la libertad de elección de los padres y se demostrará que es capaz de revolucionar la enseñanza”.  En algunos países, incluso en naciones intervencionistas, ya está empezando a ocurrir. Mientras tanto, si no apostamos con valentía por la libertad, seguiremos en el reino de la mediocridad, o, lo que es lo mismo, en el espacio del temor a la libertad y en el reducto del pensamiento plano, del pensamiento único. Garantizar el derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa de su preferencia no es una quimera, es una obligación constitucional que puede y debe demandarse ante los Tribunales. Y, desde luego, negar ese mandato que pesa sobre los Poderes públicos de hacer efectivo ese derecho, un claro y rotundo incumplimiento de nuestra Carta Magna. Ni más ni menos.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

POPPER y la TV

El pasado día 21 se celebró el día mundial de la televisión. Con tal motivo recordé que el famoso Karl Popper al fallecer años atrás, a finales del siglo pasado, se encontraba trabajando nada menos que en un ensayo sobre el control de la televisión.

Popper fue sin duda una de las grandes figuras del liberalismo, uno de los filósofos más importantes que ha dado el siglo XX. No solo en lo que se refiere a la filosofía de la ciencia sino en el ámbito de la filosofía política en el que ha sido bien conocido por su defensa de la sociedad civil frente a todo totalitarismo, y cuya obra emblemática ha sido su nunca bien ponderada «La sociedad abierta y sus enemigos», hoy de gran actualidad por las amenazas crecientes e inquietantes que se ciernen, en algunos casos realidades, sobre la vitalidad del tejido social y sobre la libertad de las personas.

Es bien sabido que el pensamiento de Popper bascula en torno a la defensa a ultranza de la democracia, de la tolerancia y del respeto a la persona. Pues bien, como se ha demostrado, su último ensayo giró en torno a la degradación de la televisión: tema no exento de polémica, pero que, en el momento presente, me parece que no es baladí que lo seleccionara como objeto de su reflexión crítica.

Karl Popper, tras criticar esa idea tan extendida de que se debe ofrecer a la gente lo que la gente pide, aprovechó su obra póstuma para advertirnos sobre el peligro que encierra para la democracia la falta de control de la televisión: «la democracia consiste en poner bajo control al poder político. No debe haber ningún poder político incontrolado en una democracia. Ahora que resulta que la televisión se ha convertido en un poder político colosal, potencialmente se puede decir que es el más importante de todos (…). Y así será si continuamos consintiendo este abuso (…). Una democracia no puede existir si no pone bajo control a la televisión…» Y ese control, cada vez más necesario, se encuentra en la propia dignidad de la persona y, lo que es más importante, en que de una vez y sin miedo transmitamos seriamente los valores a la juventud, subrayando el respeto a las ideas de los demás, la tolerancia  y el compromiso con la verdad. Casi nada.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La corrupción, de nuevo

La figura de la Hydra de Lerna es un buen símbolo de la potencia e intensidad de la corrupción. Como sabemos por la mitología griega, Hércules, encargado de terminar con el terrible animal, tuvo muchas dificultades a causa de sus múltiples cabezas y del veneno que supuraba cada vez que se aniquilaba una de ellas. Cada vez que Hércules cortaba una de dichas cabezas, surgían dos nuevas por lo que tuvo que pensar en algún sistema diferente a los empleados hasta el momento. Así, con el concurso de su sobrino, cada vez que cortaba una de las cabezas de la Hydra utilizaba trapos ardientes para quemar los cuellos decapitados. Hércules, como cuenta Apodoloro, cortaba las cabezas y su sobrino quemaba los cuellos degollados y sangrantes. Finalmente, Hércules acabó con la última cabeza del animal aplastándola debajo de una gran roca. Acto seguido, Hércules bañó su espada en la sangre derramada y después quemó las cabezas cortadas para que jamás volvieran a crecer. En fin, un método nada convencional pero efectivo que conjugó la potencia de Hércules con la inteligencia de su sobrino. Probablemente, la combinación de armas que se precisan para acabar con esta terrible lacra social: contundencia e inteligencia.

En la actualidad, en un mundo en profunda crisis y en acelerada transformación, constatamos como esta lacra golpea con fuerza la credibilidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en la misma actividad pública, también en la privada por supuesto. Es verdad, en estos dramáticos momentos de la historia, la corrupción sigue omnipresente sin que aparentemente seamos capaces de expulsarla de las prácticas políticas y administrativas. Se promulgan leyes y leyes, se aprueban códigos y códigos, pero ahí está, desafiante y altiva,  uno de los principales flagelos que impide el primado de los derechos fundamentales de la persona y, por ende, la supremacía del interés general sobre el interés  particular.  Ante nosotros, con nuevos bríos y nuevas manifestaciones, de nuevo la corrupción, amparada, es una pena, por una legión de políticos y administradores que han hecho del enriquecimiento económico y la impunidad un modus vivendi prácticamente inexpugnable.

Si admitimos la existencia de un derecho fundamental de la persona, un derecho humano a una buena Administración pública,  caracterizada por la justicia, la equidad, la imparcialidad y la racionalidad, entonces la perspectiva de análisis de la corrupción va a depender del grado de percepción social de este fenómenos y de las posibilidades reales de reacción general de la ciudadanía ante los ilícitos penales y administrativos que se perpetren, por acción u omisión, en la actuación de los funcionarios públicos y autoridades políticas. Este es, me parece, la dimensión fundamental del problema. Si el pueblo no tolera la corrupción, la batalla estará ganada, tarde o temprano. Pero si la corrupción no es más que el reflejo de una sociedad enferma, entonces la medicina no es sencilla y es menester que crezca el temple y cultura cívica de la ciudadanía, al final la destinataria de las políticas públicas.

Los datos de la corrupción que conocemos  manifiestan algo que es obvio a poca información y experiencia que se tenga en el trato con el mundo político o empresarial. La corrupción es siempre cosa de dos, y a veces la corrupción es solicitada desde el sector privado y en otras ocasiones desde el sector público.  En realidad, cuándo la población expresa un sentimiento tan generalizado, es porque además de la corrupción evidente percibe otro ambiente de corrupción si se quiere más grave y perniciosa. La corrupción blanca o gris, aquella que no es siempre es formalmente ilegal o que no siempre se puede probar en un proceso judicial. Son los casos de acosos sutiles en el trabajo, las formas de esclavitud laborales producidas por salarios inhumanos, la compraventa de favores a determinados niveles, o, entre otras prácticas, el uso del poder para amedrentar y laminar.

En este contexto, como es lógico, la corrupción ha florecido y se ha desarrollado con una gran intensidad. Una corrupción que está en la base de la crisis económica y financiera y que se debe extirpar si es que queremos de verdad que las cosas cambien sustancialmente. Para ello, los dirigentes de los partidos deberían empezar a sentar acuerdos que impidan el control de determinadas instituciones, que fomenten la democracia interna, que reduzcan notablemente el número de asesores y personal de confianza y, sobre todo, que, de una vez se conviertan en representantes de los electores, no del jefe de filas.

La corrupción en España es una de las principales causas del desapego y desafección de la ciudadanía en relación con la política y con los políticos, con los negociantes y con el mundo de los negocios. No hay que ser muy inteligente para caer en la cuenta de que esta terrible lacra social está minando los fundamentos del sistema político mientras unos y otros, políticos y financieros en general, no se atreven a proponer y adoptar las medidas que la situación reclama y que la población exige enérgica y unánimemente.

Estos días, de nuevo, un Tribunal ha probado prácticas corruptas en el seno de una Administración autonómica con el fin de urdir una trama de compra de votos condenado ejemplarmente a presidentes autonómicos y a varios altos cargos.  Meses antes, otro Tribunal alertó sobre las prácticas corruptas al interior de un partido político como consecuencia de ciertos comportamientos corruptos de empresarios y dirigentes de la formación. 

Un reciente informe de la Universidad de Barcelona resalta con toda razón que la principal arma en la lucha contra esta terrible lacra social es la transparencia. Una propiedad y característica que todavía entre nosotros brilla por su ausencia. Ni hay registros de lobbies, ni las agendas de los políticos están, en términos generales, a disposición de los ciudadanos. Todo lo más se hacen retoques en las webs, en la información oficiosa, que cuando pasa el huracán mediático pasan a mejor vida. Hasta la presidenta de la oficina de transparencia y acceso a la información ha tenido que reconocer que la trasparencia en general brilla por su ausencia en nuestro país.

También se recuerda en el informe del Instituto de Economía de la Universidad de Barcelona que es muy importante una prensa libre y un poder judicial independiente. Por supuesto. Pero lo más importante es que los hábitos y las cualidades democráticas sean firmes y auténticos. De nada sirven las normas y los procedimientos si todavía habita en la mente de no pocos dirigentes una perspectiva controladora de la sociedad, una mentalidad de propietarios y soberanos de los asuntos públicos. Las cosas, afortunadamente, han cambiado, y mucho. Es más, la población, afortunadamente, ya no tolera la opacidad, la prepotencia y la altanería política y cuándo tiene ocasión lo expresa como puede.

En fin, la corrupción no solo campa a sus anchas en los países en desarrollo. En España, por ejemplo, la ciudadanía, con razón, está que trina y dispuesta a enseñar la puerta de salida a tantos y tantos políticos como en estos años se han caracterizado por generar espacios de impunidad y por mirar para otro lado mientras se perpetraba una de las más grandes estafas que imaginar se pueda y cuya factura se pretendió cargar a las espaldas de quienes nada tienen que ver con ella.

En fin, la lucha contra la corrupción no es solo cuestión de leyes y normas, ni tampoco es cuestión únicamente de palabras y gestos. Supone, y no es fácil conseguirlo en poco tiempo, borrar ese magma viscoso y putrefacto que desprenden estas prácticas con conductas y comportamientos que manifiesten servicio y respeto a los ciudadanos. Necesitamos otras formas de hacer y de estar en política. Y de forma urgente.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

GRECO y la Corrupción

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), del que España es miembro fundador, hizo público en diciembre de 2013 un conjunto de medidas para luchar contra la politización de la justicia. En diciembre de 2017 señaló que España en ese período de tiempo no había aprobado ninguna disposición en esa dirección. Ahora, el GRECO acaba de afear la conducta al Gobierno señalando que si bien se han cumplido dos de las recomendaciones, adopción de un código ético para los jueces  y establecimiento de la caducidad de los procedimientos disciplinarios para jueces y magistrados, quedan pendientes cuestiones tan relevantes como la autonomía del Fiscal General del Estado o la politización de la selección del turno de los jueces para el CGPJ.

En efecto, los políticos siguen participando en la elección del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial en una clara muestra de que persiste entre nosotros esta mancha de la politización en la composición del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados que es quien decide la composición de las llamadas altas magistraturas y el competente en materia de potestad disciplinaria de los integrantes del poder judicial en sentido estricto.

En efecto, el GRECO reprocha a España la falta de transparencia de las comunicaciones entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado y la ausencia de autonomía de gestión de la Fiscalía. No objeta, como es lógico, que Congreso y Senado designen a los ocho miembros del órgano de gobierno de los jueces que son juristas, pero afirma, con toda razón, que las Autoridades políticas no deben participar en ningún momento en el proceso de selección del turno judicial.

En opinión del GRECO, cuando las estructuras de gobierno del Poder Judicial no se perciben como imparciales e independientes, eso tiene un impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción y en la confianza del público en la equidad y eficacia del sistema jurídico del país. Seis años después, ratifica el GRECO, la situación es la misma. Sin comentarios.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.

Moderación y equilibrio en política

Las elecciones del 10-N muestran, entre otras cosas, que en España la moderación y el equilibrio van dejando paso a versiones radicalizadas de entender la política. En efecto, la demagogia y el populismo siguen avanzando de forma preocupante en amplias capas de la población mientras la incoherencia y el apego descarado a la poltrona hacen acto de presencia de forma completa.  

Pues bien, en estos tiempos, precisamente en estos tiempos, es menester seguir insistiendo en las bondades de la moderación y el sentido del equilibrio para el ejercicio de la más noble actividad a la que se puede dedicar el ser humano. Sin moderación no hay equilibrio político. Sólo la moderación no basta, pero la moderación  centra las posiciones, aproxima al espacio del centro, hoy con menos presencia que antaño entre nosotros.

La moderación es, entre otras cosas, un ejercicio de relativización de las propias posiciones políticas. Las políticas radicalizadas, extremas, sólo se pueden ejercer desde convicciones que se alejan del ejercicio crítico de la racionalidad, es decir desde el dogmatismo que fácilmente deviene fanatismo, del tipo que sea. Toda acción política es relativa en el marco de los principios en los que descansa el ideario desde la que se realiza. El único absoluto asumible es –repitámoslo- el hombre, cada hombre, cada mujer concretos, y su dignidad. Ahora bien, en qué cosas concretas se traduzcan aquí y ahora tal condición, las exigencias que se deriven de ellas, las concreciones que deban establecerse, dependen en gran medida de ese “aquí y ahora”, que es por su naturaleza misma, variable.

La moderación, lejos de toda exaltación y prepotencia, implica una actitud de prudente distanciamiento asumiendo de la complejidad de lo real y de la  limitacióndel conocimiento humano. La complejidad de lo real no es una derivación del progreso humano, de los avances científicos y de la tecnología, por mucha complejidad que hayan añadido a nuestra existencia. Más bien, los avances de todo tipo nos han hecho patente esa complejidad. Los análisis simplistas y reduccionistas se han vuelto a todas luces insuficientes, no sólo para el erudito o el experto, sino para el común de la gente. Justamente los medios de comunicación, el progreso cultural, la información, han permitido a una gran parte de la ciudadanía constatar de modo inmediato, con los medios a su alcance –simplemente con la información diaria que ponen a su disposición la prensa, la radio, la televisión o las nuevas tecnologías-, esa complejidad: la información diaria nos permite a todos percibir intuitivamente la incidencia de los avatares de la bolsa de Wall Street en la vida económica española. Esa complejidad la descubrimos hoy a través de cualquier afición que cultivemos, en el campo deportivo, cultural o recreativo…: Un buen aficionado al fútbol ya no sabe sólo de tácticas o de juego, analiza presupuestos y balances, discute sobre cláusulas contractuales, se familiariza con nociones de sociología, conoce mecanismos de protección del orden público…

Con la actitud de equilibrio me refiero a la atención que los políticos deben dirigir no a un sector, a un segmento de la población, a un grupo –por muy mayoritario que fuese- de ciudadanos. Deben atender, todos sin excepción, salvo que practiquen políticas clientelares u oportunistas, a la realidad social en todas sus dimensiones. Precisamente por eso, entre otras cosas, la moderación en política no es fácil. Se trata de gobernar, de legislar, para todos, contando con los intereses y las necesidades de todos, y también y sobre todo con las de los que no las expresan, por cuanto entre ellos se encuentran posiblemente los que tienen más escasez de medios o menos sensibilidad para sentir como propios los asuntos que son de todos.

Ciertamente una política genuinamente democrática –la política moderada lo es- sólo puede desarrollarse en la medida en que una sociedad alcanza estándares adecuados de seguridad económica y de maduración social. Políticas democráticas en entornos económicamente subdesarrollados, socialmente inmaduros o desequilibrados, culturalmente inertes o convulsos, presentarán necesariamente graves deficiencias y correrán el riesgo de reducirse a puras formalidades que esconderán probablemente la acción de oligarquías más o menos encubiertas.

El equilibrio político, pues, es una exigencia y una condición de la moderación en política  y quien ejerce el poder sólo podrá responder a esa exigencia si su tono ético y su inteligencia le permiten sobreponerse a las presiones, y sortear las tensiones –cuando fuere el caso- que el juego de la vida social lleva implícitas. El que ejerce el poder no debe estar comprometido con un segmento, ni con una mayoría por amplia que fuese, sino que lo está con todos, aunque la base social que constituye su soporte serán necesariamente los sectores más dinámicos, activos y creativos del cuerpo social.  En España, por el momento, parece que o no se entiende, o se prefiere la poltrona al interés general. Esperemos que así no sea.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Prejuicios y libertad educativa

Uno de los campos en que todavía a día de hoy dominan un sinnúmero de prejuicios ideológicos es el de la educación. En efecto, la libertad educativa, a pesar de los pesares, no se comprende por quienes tienen dilatadas las pupilas del conocimiento por el pensamiento único. Con frecuencia, confunden la obligación del Estado de facilitar a la ciudadanía los modelos educativos posibles con la segregación, con la promoción de la discriminación. Sin embargo, la Constitución es bien clara: los poderes públicos deben promover las libertades y la igualdad y remover los obstáculos que impidan su realización. Y en materia educativa, se reconoce el derecho fundamental de los padres a que sus hijos se eduquen en escuelas de acuerdo con sus preferencias morales o religiosas. Y no solo se reconoce, se garantiza, dice el artículo 27.3 de nuestra carta Magna.

Garantizar la libertad educativa sería lisa y llanamente facilitar que cualquier padre pueda elegir la escuela de su preferencia para sus hijos. Sea pública, privada, en régimen de coeducación o de inspiración diferenciada. Para ello existe el llamado cheque escolar, una ayuda pública para hacer posible la libertad que ya existe en muchas partes del mundo. Que tal medida pueda dejar en mal lugar a la educación pública porque los padres mayoritariamente prefieran escuelas privadas para sus hijos no debe invalidar este sistema. Si la educación pública no es la preferida por los padres, lo que hay que hacer es mejorarla. Y no se mejora potenciando los privilegios de los sindicatos corporativistas, desincentivando a los directores o impidiendo la autonomía de los centros.

Por ejemplo, en el Estado de Washington, a pesar de los intentos de los inmovilistas, el cheque escolar sigue su camino desde 2004. En 2016 miles  de alumnos se han beneficiado de un modelo educativo que fomenta la libertad de elección y que, dónde las autoridades educativas están comprometidas con la mejora y la calidad educativa, propicia que la educación pública salga de ese letargo de burocratización e ideologización bajo el que acampan y se aproxime a parámetros de calidad y excelencia.

En contra de lo que el pensamiento oficial nos dice, resulta que donde se aplica, el cheque escolar, en las antípodas del elitismo, favorece, y de qué manera, a las familias de escasos recursos económicos. El caso de Washington, en el que los enemigos de la libertad han vuelto a perder, demuestra que estos padres, los que menos tienen, consiguen llevar a sus hijos a centros privados y parroquiales en los que la educación es de mejor calidad. La experiencia de este Estado de los EEUU acredita también, al menos así lo demuestran las encuestas, que la educación pública por vez primera en diez años empieza a mejorar. La competencia, cuando es sana, razonable, mejora los servicios.

Para terminar, unas sencillas pregunta: ¿por qué por estos pagos tenemos tanto miedo a la libertad?. ¿Por qué no se permite que los padres elijan de verdad?. ¿Por qué se evita que los padres de escasos recursos puedan aspirar a una mejor educación para sus hijos?. En fin, ¿por qué tanto interés en que la educación pública siga en los parámetros de calidad que todos conocemos?. ¿No es mejor fomentar la libertad: que cada uno elija lo que mejor le parezca en un contexto de pluralismo?.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es

Realidad y política

Los griegos, como se sabe, disponían de un sistema político en el que muchos, muchos ciudadanos participaban en algún momento de su vida, por supuesto temporalmente, en la gestión y administración de la cosa pública. Para la provisión de numerosos cargos en las polis se recurría al sorteo como sistema de selección. De esta forma gran parte de la ciudadanía, con el paso del tiempo, adquiría una cierta experiencia en el manejo de los asuntos públicos, encontrándose así en mejores condiciones de juzgar a los gestores y administradores de la res pública.

 Obviamente, hoy la política ha cambiado y se requieren para algunas actividades unos conocimientos y unas capacidades especiales. Quien lo puede dudar. Sin embargo, el que muchos ciudadanos asuman responsabilidades públicas en algún momento, evitando la tendencia, todavía presente,  a que siempre estén los mismos o sus afines en la rectoría de las cosas públicas, es algo bueno, muy bueno para la salud democrática y para una mejor comprensión por parte del pueblo de la actividad política.

La razón de ser de la política es la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Su ejercicio correcto puede coadyuvar a resolver muchos problemas de las personas en su dimensión colectiva.  Cuándo la cabeza, y la voluntad, se centran en la resolución de los problemas de la colectividad, en cómo mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, entonces, aparece la mentalidad abierta, la metodología del entendimiento y, por supuesto, la sensibilidad social.

Sin embargo, como bien sabemos, es posible, y no poco frecuente, otra forma de estar y de trabajar en política. En efecto, si se aspira a permanecer y a conservar el estatus, lo que hay que hacer, algunos son auténticos profesionales, es dedicarse exclusivamente a la conservación del poder por el procedimiento que sea. En este contexto, los problemas reales de las personas son secundarios porque lo primario y principal es tejer relaciones clientelares inquebrantables.

 La regeneración política, tan cacareada como inédita, y la recuperación de los valores democráticos, es cada vez más urgente. ¿Serán capaces los políticos, contando con la participación ciudadana, que nos han tocado en suerte en este momento de tomar conciencia de lo que pasa en el cuerpo social, y de una vez buscar un sincero acuerdo y entendimiento para que este país ocupe el lugar que por derecho propio le corresponde en el globo?. A juzgar por lo que estamos viendo tras el 10-N, una vez más los intereses personales primarán sobre los generales y España, un gran país, seguirá sin desarrollar las capacidades que tiene uno de los pueblos más importantes del mundo.  Que pena.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana