• jra@udc.es

Category ArchiveGeneral

Ciudadanía y Administración electrónica

 

La virtualidad como sinónimo de no presencialidad en la prestación de los servicios de la Administración electrónica empieza a ser una realidad en la que la nueva ciudadanía digital exigirá nuevas prestaciones, nuevos servicios, nuevas formas de comunicación y de resolución de los problemas en cada Estado. Nuevas exigencias que deben garantizar la centralidad del ciudadano en relación con el sistema político.

La reflexión moderna sobre la Administración debe hacerse desde un enfoque abierto, plural y dinámico porque la Administración Pública es una realidad multidisciplinar a la que hay que aproximarse desde muchos puntos de vista. En efecto, junto al enfoque jurídico, se encuentra la dimensión económica, el aspecto sociológico, el tecnológico o el histórico, que ayudan a comprender una realidad tan compleja como es la Administracion Pública

La ciudadanía, la denominada nueva ciudadanía digital, tiene la posibilidad de acceder a más y mejor información, controlar más y mejor a las Autoridades, obtener un mayor y mejor trato igualitario y aumentar la eficiencia en el uso del tiempo y demás recursos, accediendo a servicios y a trámites burocráticos, que hasta hace no muchos años tardaban mucho tiempo y exigían la presencialidad necesaria del ciudadano en el organismo público donde se debía realizar el trámite.

En este tiempo, hay que tener en cuenta que para que la Administración on-line tenga sentido, el desarrollo debe ir paralelo al propio desarrollo tecnológico de la sociedad. Por ello no solo hay que hacer esfuerzos por implantar la e-Administración, sino que también, y sobre todo, hay que priorizar la extensión del uso de las nuevas tecnologías en la sociedad, minimizando la brecha social que se puede producir según se use o no la información que hoy coloca a tantos países a la cola del uso real de las nuevas tecnologías por los ciudadanos.

El impacto de las ventajas y/o beneficios que puede aportar una nueva Administración Electrónica debe ser transversal a toda la sociedad. De ahí la importancia capital de la inclusión social y de la accesibilidad universal que evite que el tan conocido “efecto derrame” de las nuevas tecnologías sea cada vez menor, llegando a desaparecer en cuanto sea posible.

En este nuevo ecosistema, en la conjunción entre una nueva Administración on-line y una nueva ciudadanía digital, emerge el nuevo concepto de la buena administración electrónica, que se constituye en el eje central de esta transición de una Administración Pública tradicional, clásica y fuertemente “presencial”, a una nueva Administración Electrónica, mayoritariamente “virtual”. Una nueva Administración diseñada, insisto, desde la centralidad de la dignidad humana, desde la tarea capital de la Administración del Estado social y democrático de Derecho de proteger, defender y promover los derechos fundamentales de la persona, los individuales y los sociales.

La buena administración electrónica tiene sentido para que nosotros los ciudadanos controlemos más y mejor a los gobernantes, no para que los gobernantes controlen más y mejor a los ciudadanos. Así de claro.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Nuevas tecnologías y dignidad humana.

 

La conceptualización clásica de la buena administración adquiere, en un mundo dominado por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, una nueva dimensión ajustada a las nuevas necesidades de la Administración Pública. Una nueva Administración Pública más transparente, más participativa y más cercana a una nueva ciudadanía digital, con nuevas preocupaciones y exigencias, pero siempre centrada en la dignidad humana y en los derechos fundamentales de ella dimanantes. Por eso, ahora, en el presente, atravesado por una devastadora pandemia tenemos que pensar en que consiste la denominada buena e-Administración y cuales son los impactos de los avances tecnológicos sobre un aparato público que sirve objetivamente al interés general, que protege, defiende y promueve los derechos humanos.

En este sentido, el moderno Derecho Administrativo, siempre orientado a la defensa, protección y promoción de la dignidad humana, debe hacer frente a las nuevas demandas de una sociedad digital que reclama nuevas prestaciones y nuevos servicios brindados a través de nuevas plataformas digitales con mayor participación ciudadana. Plataformas y estructuras digitales que, poco a poco, reemplazarán por completo los trámites, los procedimientos y las gestiones habituales o tradicionales que brindaba la Administración Pública.

Hoy el mundo se encuentra surcado por una pandemia nunca antes vista provocada por la covid-19. Las fortalezas y debilidades de los desarrollos informáticos y telemáticos en la construcción de la Administración Electrónica están hoy a la vista de todos y reclaman a los distintos países soluciones para enfrentar los problemas y desafíos de este tiempo de excepcionalidad. Ciertamente, a pesar de las inversiones realizadas en los últimos años para modernizar las Administraciones públicas, la pandemia ha puesto al descubierto un modelo que no ha funcionado como debería pues la suspensión generalizada de los plazos de los procedimientos no es, desde luego, una respuesta satisfactoria para reaccionar administrativamente ante una pandemia como la actual.

Cuanto más fortaleza y mejor construcción tecnológica presente la Administración electrónica en cada país, mejor posicionado estará para enfrentar las situaciones complejas que la pandemia trae consigo. Pero tales emprendimientos tecnológicos habrán de hacerse sin perder de vista que las tecnologías están al servicio de la dignidad humana, no al revés como desde algunas terminales mediáticas se intenta transmitir a una sociedad inerme, indefensa, sin recursos morales frente a la colosal maquinaria de manipulación que se ha puesto en marcha precisamente en este tiempo.

Se ha trabajado mucho la dimensión interna de las nuevas tecnologías pero todavía no son un instrumento real en manos de la ciudadanía para controlar el ejercicio del poder y participar activamente en la definición y evaluación de tantas políticas públicas que afectan a las condiciones de vida de los ciudadanos.

Si las nuevas tecnologías no permiten una democracia más plena y auténtica, si lo que hacen es complicar las relaciones entre los ciudadanos y la Administración, si se convierten en un factor de control y dominación social, mala cosa. Muy mala cosa.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Estado y derechos fundamentales

 

 

A través de los Estados nacionales, de sus Constituciones, normalmente los derechos humanos, a través de la categoría de los derechos fundamentales, se traducen en derechos subjetivos. De esa manera puede afirmarse que la función básica y central del Estado es asegurar la efectividad de los derechos humanos en su territorio. Por eso, el efecto de la irradiación de los derechos humanos sobre los Ordenamientos jurídicos y su aseguramiento por juzgados nacionales e internacionales se dirige especialmente a que estos derechos, básicos para que la dignidad del ser humano brille con luz propia, sean efectivos y se ejerzan al interior de los Estados por sus habitantes.

 

El Estado, como representante jurídico por excelencia de la sociedad, de la sociedad como todo, como conjunto, es el principal obligado por los derechos sociales fundamentales y, por ello, a él corresponde la mediación de esas obligaciones positivas en que ordinariamente consisten estos derechos fundamentales de la persona. Solo los individuos particulares pueden ser potenciales obligados en los casos de eficacia horizontal indirecta de los derechos fundamentales, lo que remite a las obligaciones de los jueces, en los demás supuestos no son obligados directos por los derechos sociales fundamentales. Si así fuera, se laminaría la esfera de autonomía ínsita al ser humano al imponérsele deberes reductores en forma desproporcionada de su libertad, que sólo en virtud de una ley razonable podrían establecerse. En todo caso, en virtud del supremo criterio de la subsidiariedad, el Estado debe considerarse como sujeto obligado cuándo, como suele acontecer, la Sociedad ni tiene capacidad de obrar ni la pertinente articulación y pujanza como para atender estas obligaciones de prestación.

 

Por ejemplo, en el caso español, nuestra Constitución proclama en su preámbulo, como tareas derivadas de la soberanía nacional, la protección de todos los españoles (…) en el ejercicio de los derechos humanos y el aseguramiento de una digna calidad de vida. El artículo 9.2 constitucional establece la función promocional del Estado propia del Estado social y democrático de Derecho y el artículo 10.1 cifra como fundamentos del orden político y la paz social, la dignidad de la persona, los derechos que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y los derechos de los demás. Y, finalmente, el artículo 53.2 dispone que los preceptos de la Constitución sobre derechos fundamentales obligan a los Poderes Públicos.

 

Es decir, el Estado como principal poder público, está comprometido a la efectividad de los derechos sociales fundamentales por más que el artículo 53.3 constitucional disponga que los principios rectores impregnarán la actividad de los tres Poderes del Estado y que tales principios solo podrán ser alegados ante los Jueces y Tribunales cuándo así esté reconocido por una Ley que los desarrollen pues tal precepto es inconstitucional e incongruente con el preámbulo, y con los artículos referidos al inicio del párrafo. Para el Derecho Alemán, que tiene preceptos similares a los de la Constitución española, en la Ley Fundamental de Bonn el Tribunal Constitucional ha deducido para todo ciudadano un derecho general a la protección porque de lo contrario sería un vasallo, no un ciudadano y en el Estado social y democrático de Derecho el ciudadano, especialmente en sus relaciones con los Poderes públicos, ya no es sujeto inerte, sino activo protagonista en el diseño y construcción de los intereses generales.

 

El Estado es, pues, el obligado primario, tras constatarse el fracaso de la sociedad, a la efectividad de los derechos sociales fundamentales. Por tanto, el Estado como legislador, como juzgador y como gobernante, asume esta tarea, aunque de manera concreta y determinada es al complejo Gobierno-Administración a quien compete especialmente esta obligación de naturaleza constitucional. En la medida que los Poderes del Estado, los tres, están vinculados por la efectividad de los derechos fundamentales, en esa medida deben dedicar toda su actividad precisamente a que todos los ciudadanos puedan ejercer en las mejores condiciones todos y cada uno de los derechos fundamentales. Casi nada.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La dimensión ética

La referencia ética, especialmente en tiempo de crisis general como el que vivimos, agudizado por la emergencia sanitaria, aparece ante nosotros con gran fuerza. Frente a la amarga realidad que nos rodea, frente a lo que es, a lo observamos en la cotidianeidad, que seguramente provoca el rechazo y la censura de no pocos, está lo que debe ser. En efecto, lo que debe ser de acuerdo con los postulados de la recta razón nos interpela seriamente para reflexionar acerca de lo que está mal en el sistema político, económico y social de este tiempo. En efecto, hay comportamientos y conductas, no pocas, que se separan del ideal de vida que nos transmite la referencia ética como, por ejemplo, estafas, fraudes, cohechos, prevaricaciones…en el ámbito público. Y también en el ámbito privado, especialmente en el de las instituciones económicas y financieras, dónde observamos también no pocos comportamientos inapropiados e inadecuados. Comportamientos, en todo caso, de personas constituidas, tanto en el sector privado como en el público, en autoridades, en dirigentes de los que se espera ejemplaridad y buena administración.

En efecto, estas personas, por su posición a la cabeza del organigrama, deben realizar su tarea con un plus de ejemplaridad en el desempeño de sus quehaceres directivos. Sin embargo, en no pocos casos defraudan, y de qué manera, la confianza en ellas depositada. Por eso, la dimensión ética en este tiempo cobra especial actualidad y nos exige, también en el plano formativo, iniciativas comprometidas y coherentes como este máster en el que inscribe este módulo acerca de la ética en la función pública.

En nuestro tiempo nadie duda de que la referencia ética es una señal configuradora de un planteamiento más global. Se trata, no de una mera especulación o de una erudición academicista. La referencia ética es la clave para orientar los comportamientos de las personas hacia los criterios de la recta razón. Además, debe ser una Ética para la vida, para la práctica, lo cual no es asunto menor.

Es cierto que los últimos coletazos del siglo XX y los primeros del XXI reflejan un evidente déficit ético en el manejo de instituciones públicas y privadas. Un déficit que la pandemia ha mostrado ante todos nosotros con meridiana claridad. Se han sucedido, a ritmo vertiginoso, toda una serie de cambios y transformaciones que han sumido también a los intelectuales y a los pensadores en una profunda incertidumbre. Efectivamente, la sociedad del conocimiento y de la información, la caída del marxismo, los problemas del hambre, la conformación estática del Estado de bienestar, la crisis de la regulación pública especialmente en el ámbito financiero, el consumismo insolidario o la versión más salvaje del capitalismo, han dibujado un nuevo panorama que sólo puede entenderse con una perspectiva global y con una metodología de interdependencia en la que perspectiva ética es cada vez más relevante. La pandemia, me parece, nos ayuda a ver las cosas con más nitidez planteándonos retos y desafíos de gran envergadura.

Se habla mucho de los derechos humanos y, sin embargo, nos invade un mundo en el que avanza la desigualdad, sobre todo en estos momentos de crisis provocada por la pandemia. Se habla mucho del problema del hambre, pero desgraciadamente no disminuye. Se insiste tanto en la protección ambiental y, sin embargo, falta todavía una sensibilidad elemental. Se habla, en fin, de los derechos de la mujer y, sin embargo, el panorama general no deja de ser francamente desalentador. Se habla mucho de responsabilidad social corporativa y nunca las empresas, sobre todo en el ámbito financiero, han exprimido más a los ciudadanos con tal de obtener pingues beneficios. El urbanismo, otrora uno de los sectores más propicios para la racionalización en el uso del suelo es hoy el principal espacio para la corrupción.

Cada vez los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Si a este alarmante dato se le añade la injustificable pasividad de la Comunidad Internacional ante tantos tristes acontecimientos de muerte y opresión, la verdad es que cuesta entender para qué tanto desarrollo científico, o tanta expansión económica. En el fondo, mientras no se avance en sensibilidad social y mientras no se sientan como propios los constantes oprobios y humillaciones que todavía sufren una buena parte de los habitantes del planeta, aún queda mucho por hacer.

En este contexto, frente a los ídolos caídos ha surgido la Ética como una posible solución. Si, es verdad. Pero en mi opinión, esa Ética de la que todos hablamos, exige que la nueva sociedad mundial que estamos alumbrando sea una sociedad a escala humana en la que prevalezcan la libertad, la igualdad y la solidaridad. Realmente es bien importante que los Poderes públicos sean más sensibles ante los derechos humanos y, por ello, que asuman una referencia ética en su actividad. Sin embargo, como nos recuerda Adela Cortina, los dirigentes públicos no son agentes de moralización en una sociedad pluralista como tampoco es el Estado el guardián de la Ética. Sin embargo, es necesario que políticos y funcionarios tengan, como regla, un comportamiento profesional y personal íntegro e irreprochable pues son los representantes de los ciudadanos en el primer supuesto y, en el segundo, los encargados de ejecutar la Ley.

Los cambios económicos se han acelerado, ha crecido la globalización de la economía y la interdependencia entre las naciones, la natalidad baja mucho en los llamados países desarrollados, la conciencia ambiental y ecológica, con todos sus problemas, todavía es una ilusión, y el avance tecnológico ha sido meteórico. Muy bien. Pero, ¿ha crecido la sensibilidad frente a la dignidad humana ?, ¿son las políticas públicas directrices de acción para promover el libre y solidario desarrollo de los seres humanos?, ¿es el espacio público ejemplo y espejo del ethos de los valores democráticos?.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La OCDE y la contratación pública

La gestión y administración de la contratación pública en el seno de la Unión Europea, como dispone una Recomendación de la Comisión Europea de 2017 sobre profesionalización, reclama el uso eficiente de los recursos públicos, lo que plantea superar el rígido burocratismo imperante y asumir una visión estratégica en la que se incluyan aspectos sociales, ambientales y, por supuesto, de naturaleza ética. Despues de lo que hemos observado con ocasión de las compras públicas a partir de marzo para reaccionar ante la pandemia, esta consideración es, si cabe, toda vía más actual e importante.

La OCDE, en la Recomendación del Consejo relativa a la contratación pública reconoce que la contratación es un pilar fundamental de la gobernanza estratégica y de la prestación de servicios, pues se trata de una herramienta o instrumento de política pública que permite orientar los fondos públicos a necesidades reales de la ciudadanía poniendo a disposición de las personas las infraestructuras, los bienes y los servicios más adecuados se mejoren la calidad de vida.

Además, como dispone la OCDE, dado el volumen de recursos que se destinan a la contratación pública, si esta se gestiona adecuadamente, de acuerdo con los principios de la buena administración, aumenta la eficiencia y eficacia de mismo sector público, hoy todavía bajo mínimos en muchas latitudes, contribuyendo a devolver la confianza de la ciudadanía en lo público, hoy todavía muy baja.

Es evidente que la planeación y la racionalización del gasto en materia de contratación pública supone modernizar los sistemas de compras públicas y, sobre todo, concebir la misma contratación desde un enfoque integral y estratégico, teniendo presente su ciclo completo, en el que hay que tener presente, en el marco de estos procedimientos, aspectos como el presupuestario, la gestión económico-financiera y otros mecanismos de prestación de servicios.

La recomendación de la OCDE parte de una asignación racional y adecuada de los recursos públicos proponiendo que la contratación pública sea una herramienta estratégica. También la OCDE es partidaria de la racionalización del gasto, lo que produce eficiencia en el gasto público: un ahorro solo de un 1% supone 43.000 millones de euros al año en los países de la OCDE. Y, por supuesto, la OCDE plantea eliminar, reducir, los riesgos de la ineficiencia y la corrupción, lamentablemente muy frecuentes en las grandes obras públicas, en las infraestructuras de gran envergadura.

La OCDE recuerda que su recomendación recoge el conocimiento, la perspectiva y la voluntad política comunes de los países miembros por transformar la contratación pública en un instrumento estratégico para la buena administración. En efecto, la planeación y racionalización en la contratación pública, son dos exigencias bien claras del derecho fundamental de la persona a una buena administración

.

En este sentido, debemos recordar que la OCDE aconseja desarrollar programas de formación en materia de integridad dirigidos al personal de la contratación pública, tanto del sector público, como del sector privado, para concienciarles sobre las amenazas a la integridad como la corrupción, el fraude, las prácticas colusorias y la discriminación, generar conocimientos sobre las posibles vías para hacer frente a estos riesgos y fomentar una cultura de integridad dirigida a incrementar la corrupción.

Como es sabido, la OCDE ha impulsado diversas iniciativas en materia de profesionalización que deben tenerse en cuenta. En el Foro Global sobre Gobernanza de 2004 sobre “La lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad”, desde la OCDE se trató sobre la mejora y el posible perfeccionamiento de los diferentes sistemas de contratación. Sus resultados fueron presentados en el Simposio sobre identificación de buenas prácticas de integridad y de resistencia a la corrupción de 2006 donde además de constatar la pertinencia de la visión estratégica en la contratación pública se apuntó a la necesidad de que los Gobiernos apuesten por la profesionalización de los gestores en este sector de la actividad administrativa.

Para la profesionalización es necesario, además de la oportuna y necesaria capacitación, la estabilidad en el puesto de trabajo pues, de lo contrario, tal política pública sería hasta ruinosa para las arcas públicas.

Una buena administración de la contratación público reclama, es claro, que el personal que labora en este trascendente quehacer administrativo, desde la cabeza rectora hasta los puestos más modestos, esté debidamente profesionalizado. Esto quiere decir que además de las competencias y aptitudes técnicas necesarias, es menester que estas personas comprendan, y asuman, los valores constitucionales del servicio objetivo al interés general que presiden la contratación pública y la necesidad de ofrecer a la ciudadanía bienes, infraestructuras y servicios de calidad que permitan una real mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Nos jugamos mucho pues a través de la contratación pública se gestionan ingentes recursos económicos, más en tiempos de pandemia.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Interés general y ciudadanos

INTERÉS GENERAL Y CIUDADANOS

El interés general en un Estado social y democrático de Derecho está inescindiblemente conectado a la defensa, protección y promoción de la dignidad del ser humano, y, por ello, a la defensa, protección y promoción de los derechos fundamentales, sean de orden individual, sean de orden social. El interés de los ciudadanos como miembros de la colectividad en cuanto integrantes del cuerpo social conforma el concepto del interés general, que se refiere a la cobertura de las necesidades colectivas de los ciudadanos, entre las que más relevantes son, sin duda, la educación o la sanidad.

El interés general tiene una obvia vinculación a las personas consideradas, eso sí, como integrantes de la sociedad. Desde este punto de vista el interés general puede considerarse como el interés social en la medida en que descansa sobre los intereses de las personas como componentes básicos de la sociedad.

Desde esta perspectiva, el interés general es el interés del conjunto de intereses que los individuos tienen cuando son considerados como miembros de la sociedad. Por eso, la Administración pública cuándo sirve objetivamente el interés general, debe tener presente los intereses de las personas en su dimensión social, debe atender a las necesidades colectivas de las personas.

El interés general, pues, ha de estar definido en el Ordenamiento jurídico. No es una abstracción, una especulación, una filigrana intelectual, o el deseo o aspiración particular del gobernante. Es, a partir de los valores del Estado social y democrático de Derecho, algo concreto, materializado, puntualizado, encarnado en la realidad que, además, debe ser racional, objetivo, susceptible de motivación o argumentación a partir de los criterios de la lógica.

Es decir, el interés general debe estar concretado, detallado, puntualizado en el Ordenamiento jurídico, en la mayoría de los casos en una norma jurídica con fuerza de ley. La idea, básica y central, de que el interés general en un Estado social y democrático de Derecho se proyecta sobre la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos en lo que se refiere a las necesidades colectivas, exige que en cada caso la actuación administrativa explicite, en concreto, cómo a través de actos y normas, de poderes, es posible proceder a esa esencial tarea de desarrollo y facilitación de la libertad solidaria de los ciudadanos.

Hoy, en tiempos de pandemia, el interés general reside en la efectividad del derecho a la salud de los ciudadanos, en que los médicos y personal sanitario disponga de los mejores medios para realizar con mayor seguridad su trabajo, en que la seguridad pública facilite el ejercicio de las libertades por parte de los ciudadanos, en que los poderes y potestades públicas se operen con proporcionalidad. En una palabra, en que el Estado de Derecho y la democracia puedan funcionar adecuadamente, de forma transparente y responsable. Justo lo contrario de lo que acontece entre nosotros.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Buena administración y acceso a la información

El derecho fundamental a una buena administración, como es sabido, es un tema de gran actualidad, especialmente en tiempos de pandemia y está presente, por derecho propio, en el debate jurídico administrativo en el ámbito comunitario e iberoamericano. El derecho a la buena administración se ha incorporado con mucha fuerza en los Ordenamientos jurídicos contemporáneos. Está reconocido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales de 2000 y de él trata monográficamente la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública de 2013, además de estar expresamente previsto cada vez en más textos legales nacionales y en resoluciones de los órganos jurisdiccionales en Europa y América Latina.

Este derecho fundamental a que las Administraciones resuelvan los asuntos públicos de forma objetiva, equitativa y en plazo razonable integra una serie de derechos fundamentales entre los que se encuentra el derecho a la información de interés general. En efecto, una buena Administración debe actuar de acuerdo con principios como el de transparencia y acceso a la información de interés general.

La Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública señala como uno de los derechos derivados del derecho fundamental a una buena administración es el derecho al acceso a la información pública y de interés general en el marco del respeto al derecho a la intimidad y a las declaraciones motivadas de reserva, que habrán de concretar el interés general en cada supuesto en el marco de los ordenamientos jurídicos.

Una buena administración pública defiende, protege y promueve el principio de máxima transparencia permitiendo a los ciudadanos acceder a la información de interés general. Manifestaciones de este principio de buena transparencia son, entre otros: el deber de resolver las solicitudes en plazo razonable, la valoración imparcial y equitativa de las solicitudes, la ponderación de los intereses particulares y generales afectados en las concesiones de acceso, o la buena fe en las concesiones de acceso. Hoy, como comprobamos a diario, este derecho es sistemáticamente laminado por las Autoridades que no suelen contestar a dichas peticiones o solicitudes recurriendo cuando algún órgano público de transparencia accede a facilitar lo que le solicitan los ciudadanos.

En caso de pandemia, como el que actualmente vivimos, el acceso a la información de interés general debe ser en tiempo real pues, de lo contrario, la ciudadanía no podrá juzgar, como se merece, la calidad y el rigor de sus actuaciones, así como el el respeto a los derechos fundamentales y las motivaciones del ejercicio de poderes discrecionales. En tiempos de COVID-19 este derecho, como todos, no es una opción, no es una extravagancia, es, lisa y llanamente, una exigencia que toda democracia seria y avanzada debe facilitar a los ciudadanos. No hacerlo, no solo manifiesta prepotencia y abuso, expresa una inquietante ausencia de compromiso democrático que imposibilita para gobernar en un Estado de Derecho. Es muy muy grave.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Revolución cívica

El llamado espacio de la deliberación pública, abierto y plural por definición, en ocasiones, no pocas, se presenta como un ámbito propicio para las adhesiones inquebrantables o para la sumisión o el vasallaje. Hoy, en tiempo de pandemia, de excepcionalidad, lo comprobamos a diario en tantas latitudes, también por supuesto por estos pagos.

El espacio público debiera ser un ambiente en el que, como enseña la teoría, se expresen las diferentes dimensiones de la realidad sobre las que debatir y razonar en cada caso. En su lugar, los frentes ideológicos, más cerrados cada vez, mueven sus peones mediáticos y su artillería pesada para silenciar, excluir o laminar, si es posible, al diferente, al disidente o al crítico con el pensamiento dominante.

En ocasiones se cercenan las más obvias libertades de manera calculada para que el censurado, por ejemplo, no se pueda defender. A veces, se argumenta con ese peculiar: no es de los nuestros. De intento, esto es lo más grave, se restringe la libertad educativa para evitar que, además del poder, alguien tenga la tentación de transmitir conocimientos e ideas que vayan más allá del pensamiento y la doctrina única que se elabora desde las más sofisticadas técnicas de manipulación. El pluralismo se predica con ocasión y sin ella, pero salvo excepciones, ha ido desapareciendo de escena. El miedo a la verdad, a lo que las cosas son, no a lo que parecen, conduce a edulcorar y maquillar una realidad que no debe ser conocida. He aquí un caso de manual: la pandemia ha sido inevitable, imprevisible y nada se pudo hacer desde gobiernos y administraciones, como si las omisiones de primeros de marzo no hubieran multiplicado exponencialmente los contagios.

En este ambiente, sería bienvenida una educación cívica para la libertad, no para cortar por el mismo patrón a los jóvenes, a los que hemos de transmitir el gusto por el conocimiento, por la verdad, por el pensamiento abierto, plural y crítico. Hoy, quien lo iba a imaginar, vamos por un camino que adocena, que aborrega, que estandariza, que impide el ejercicio de la libertad solidaria, que aplana el pensamiento.

Es un tiempo propicio para una revolución cívica pacífica, serena, razonable y humana. Es tiempo para conquistar la libertad todos los días, para afirmar la dignidad de la persona. Es un tiempo para luchar, de nuevo, por los valores y las cualidades democráticas. Desde luego, vale la pena.

Jaime Rodríguez-Arana.

@jrodriguezarana

Una revolución cívica

El llamado espacio de la deliberación pública, abierto y plural por definición, en ocasiones, no pocas, se presenta como un ámbito propicio para las adhesiones inquebrantables o para la sumisión o el vasallaje. Hoy, en tiempo de pandemia, de excepcionalidad, lo comprobamos a diario en tantas latitudes, también por supuesto por estos pagos.

El espacio púlico debiera ser un ambiente en el que, como enseña la teoría, se expresen las diferentes dimensiones de la realidad sobre las que debatir y razonar en cada caso. En su lugar, los frentes ideológicos, más cerrados cada vez, mueven sus peones mediáticos y su artillería pesada para silenciar, excluir o laminar, si es posible, al diferente, al disidente o al crítico con el pensamiento dominante.

En ocasiones se cercenan las más obvias libertades de manera calculada para que el censurado, por ejemplo, no se pueda defender. A veces, se argumenta con ese peculiar: no es de los nuestros. De intento, esto es lo más grave, se restringe la libertad educativa para evitar que, además del poder, alguien tenga la tentación de transmitir conocimientos e ideas que vayan más allá del pensamiento y la doctrina única que se elabora desde las más sofisticadas técnicas de manipulación. El pluralismo se predica con ocasión y sin ella, pero salvo excepciones, ha ido desapareciendo de escena. El miedo a la verdad, a lo que las cosas son, no a lo que parecen, conduce a edulcorar y maquillar una realidad que no debe ser conocida. He aquí un caso de manuela: la pandemia ha sido inevitable, imprevisible y nada se pudo hacer desde gobiernos y administraciones, como si las omisiones de primeros de marzo no hubieran multiplicado exponencialmente los contagios.

En este ambiente, sería bienvenida una educación cívica para la libertad, no para cortar por el mismo patrón a los jóvenes, a los que hemos de transmitir el gusto por el conocimiento, por la verdad, por el pensamiento abierto, plural y crítico. Hoy, quien lo iba a imaginar, vamos por un camino que adocena, que aborrega, que estandariza, que impide el ejercicio de la libertad solidaria, que aplana el pensamiento.

Es un tiempo propicio para una revolución cívica pacífica, serena, razonable y humana. Es tiempo para conquistar la libertad todos los días, para afirmar la dignidad de la persona. Es un tiempo para luchar, de nuevo, por los valores y las cualidades democráticas. Desde luego, vale la pena.

Jaime Rodríguez-Arana.

@jrodriguezarana

Pandemia y Administración

La Administración pública en una sociedad moderna debe ser una organización profesional especializada en el servicio objetivo al interés general tal y como dispone el artículo 103 de nuestra Constitución. Es decir, su función y principal tarea reside en la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas. Servir a la comunidad, a la sociedad, es estar a disposición de las necesidades e inquietudes sociales latentes en la realidad puesto que en un Estado social y democrático de Derecho, que es el que define nuestra Constitución en su artículo 1.1, el interés general ya no es un concepto que definen unilateralmente los Poderes públicos. Más bien como señala el Tribunal Constitucional en una sentencia de 7 de febrero de 1984 debe definirse a través de la colaboración y cooperación entre Administraciones públicas y agentes sociales.

En estos años, a pesar de los esfuerzos que se han realizado por adecuar la planta y la estructura de las Administraciones públicas a la realidad, lo cierto y verdad, durante la crisis de COVID-19 todos lo experimentamos, es que todavía disponemos de estructuras anquilosadas y, lo que es más grave, todavía habitan muchas inercias y resistencias a los cambios en la mente de no pocos dirigentes y altos administradores públicos.

En una sociedad democrática como la nuestra, los ciudadanos sabemos que las Administraciones públicas, los procedimientos y las estructuras públicas no son de propiedad de políticos y funcionarios, sino de todos y cada uno de los ciudadanos. Este aserto tan evidente, sin embargo, sigue muy presente en los hábitos y esquemas de funcionamiento de una Administración que teme a las transformaciones y que busca en ocasiones la conservación de la posición encaramándose a toda suerte de privilegios y prerrogativas.

La caracterización constitucional de la Administración como organización de servicio objetivo al interés general reclama un giro copernicano en las formas y actuaciones administrativas, que deben estar más pendientes de las necesidades generales de la población y del desarrollo social y económico del país que de otras consideraciones burocráticas o tecnoestructurales.

En el actual contexto de crisis sanitaria y económica derivada del brote de la pandemia de COVID-19, es menester reflexionar sobre medidas concretas que permitan a nuestro tejido productivo afrontar en las mejores condiciones de competitividad la salida de esta situación, para poder iniciar una recuperación económica; que potencie lo antes posible el crecimiento de la riqueza nacional y la recuperación del nivel de empleo.

A este respecto, el exceso de trabas burocráticas y cargas administrativas injustificadas, se han revelado como una amenaza para el desarrollo económico, al restar competitividad y agilidad a nuestras empresas en el mercado global. Si bien es verdad que en los últimos tiempos se han acometido algunas reformas administrativas, éstas todavía no han permitido que el aparato público se adapte a la cambiante realidad, máxime ante un caso, como el actual, de una pandemia que debió haberse previsto pues, en el tiempo en que estamos, cualquier Administración que se precie debería practicar una actividad administrativa de prevención y precaución eficaz y, junto a ello, fomentar y facilitar una simplificación administrativa dirigida facilitar el desarrollo económico y social.

Tenemos en este tiempo una magnífica oportunidad para una reforma en profundidad del funcionamiento de la Administración. En sus estructuras, funcionamiento y adecuación a los valores constitucionales.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana