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Realismo y pragmatismo

Una de las cuestiones más interesantes que plantea hoy la teoría y la acción política es la de si el realismo equivale al pragmatismo. Es un tema de gran calado porque todavía, ahora a causa de la crisis de la democracia y de su interpretación por determinados actores, el escenario político sigue dominado por la irracionalidad de determinados mitos expresados en planteamientos ideológicos cerrados. Sin embargo, cuando se acercan unas elecciones, retóricamente, como para superar ese cainismo y maniqueismo que sigue instalado en las mentes de no pocas personas, se cantan las excelencias  de la moderación, del equilibrio o, por ejemplo, de la sensibilidad social.

En época electoral, se pone el acento en el compromiso real con las personas, surgen nuevos esquemas políticos que buscan realizar posible en lugar de revindicar lo imposible. El grito que reclama las grandes cosas tiene la vibración del moralismo; limitarse a lo posible puede parecer, para algunos, una renuncia a la pasión moral que califican de pragmatismo de los mezquinos. Sin embargo, me parece que debe reconocerse que la ética política más bien se encuentra en saber resistirse a la seducción de las grandes palabras utilizadas para jugar con conceptos generales, como el de humanidad, que se aplican sobre la realidad, sobre los problemas cotidianos.

Ojalá asistiéramos a la recuperación de la política como la acción humana que atiende a los problemas colectivos desde el punto de vista de las posibilidades históricas. De lo contrario, si pedimos al político que transforme la realidad en altos ideales nos encontramos de nuevo con la tesis hegeliana de la imposición del Estado ético. Por eso, el realismo en política no es, como piensan algunos, pragmatismo insustancial o estéril. Parte de la convicción de que la realidad dicta al sujeto el método y los criterios de su conocimiento y no al revés. La realidad se compone de un haz de factores y elementos que deben atenderse desde los programas políticos. Menos palabrería y más compromisos reales, mesurables, verificables y comprobables.

Una nueva crisis

La crisis económica y financiera que se inició en 2007, que en la que llevamos instalados un buen puñado de años, muestra una etiología cada vez más clara. Todos, de una u otra forma,  unos más que otros,  contribuyeron a la situación en que nos encontramos. La negligencia de unos entes reguladores  que tantas veces miraron para otro lado abdicando de la objetividad e independencia que se presume de sus actuaciones tiene su parte de culpa.  La desacertada actuación de muchos entes públicos encargados de la  supervisión, vigilancia y control del funcionamiento del mercado y de actividad financiera ha permitido la comisión de fraudes, estafas y demás desaguisados que están en la mente de todos, también ha colaborado, y de qué manera, a la situación actual.  Hoy, 2019, volvemos a las andadas, probablemente por no haber tenido la valentía y la determinación de hacer los cambios que eran precisos y habernos contentado con colocar algunos parches, más o menos bien puestos.

Desde luego, la irresponsabilidad de las instituciones financieras que se lanzaron a ofrecer toda suerte de financiación para toda clase de actividades públicas y negocios privados sin reparar en las posibilidades reales de su recuperación, ha tenido una relevancia decisiva. Y, finalmente, no  por ello la razón menos importante, la lamentable actitud de tantos políticos que se olvidaron de que el  dinero público es de todos los ciudadano y se entregaron al endeudamiento como forma habitual para prestar determinados servicios públicos,  nos condujo también a un déficit de incalculables proporciones. Hoy, 2019, el endeudamiento sigue, y hay de quien esté en el mando cuando esto estalle de verdad.

Una vez determinado el alcance de las responsabilidades en que se ha incurrido, penales y administrativas,   observamos que su distribución entre las partes  es notoriamente injusta puesto que se castigó  los que menos culpa tuvieron, que son los que tienen menos, los desfavorecidos, los excluidos, los que se han quedado con una mano delante y otra detrás. La clase media, garante de la estabilidad del sistema político, económico y social, por ser la más numerosa, está teniendo que afrontar  gravámenes y pesadas cargas mientras las retribuciones bajan sustancialmente. Sin embargo, políticos y banqueros, así como los más ricos, no parece que hayan sufrido la crisis proporcionalmente.

En efecto, los bancos, a pesar de haber incurrido en flagrantes irresponsabilidades y negligencias, fueron rescatados con los fondos de la comunidad. Pero la comunidad, el pueblo, no se ha beneficiado en forma alguna de tal sacrificio puesto que el crédito a familias y pequeñas empresas todavía es bien restrictivo mientras se financia, eso sí, sin problema alguno, a  partidos políticos, sindicatos, patronales y, por supuesto, a  gobiernos y administraciones de cualquier signo político.

La clase política, demasiado numerosa para lo que es la realidad española, aforada hasta el paroxismo, sigue cosechando, no por casualidad, altísimas cotas de desprestigio social puesto que la gente sabe que mientras los sacrificios son asumidos por el pueblo llano, no pocos representantes se aferran a su situación contra viento y marea.  El bochorno de la gestión de la última investidura, con un poder legislativo sin tareas y unos políticos de espaldas a la realidad, ha sido proverbial.

El fiasco del Estado estático de bienestar es de tal calibre que tenemos que trabajar desde una dimensión dinámica para que la persona, el ser humano, con sus derechos inherentes, ocupe el lugar que hasta ahora ha estado reservado, por inconfesables intereses, a los juegos y divertimentos de poder y de mando. Casi nada.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es

Buena administración y sensibilidad social

Las instituciones, categorías y conceptos del Derecho Administrativo del Estado social y democrático de Derecho deben estar enraizadas en la suprema dignidad del ser humano y en los derechos fundamentales que de ella dimanan. La promoción de las condiciones que hagan posible la libertad solidaria de los ciudadanos vincula crecientemente al Derecho Administrativo y a la misma Administración pública. Hasta el punto que hoy el Derecho Administrativo y la Administración pública tienen un desafío pendiente: convertirse a fondo a los parámetros  y vectores  centrales de un modelo de Estado que patrocina indefectiblemente un compromiso permanente con la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Los derechos fundamentales de libertad, los clásicos derechos civiles y políticos, y también los derechos fundamentales sociales, aquellos destinados a asegurar condiciones de vida dignas a los ciudadanos, vinculan a los Poderes públicos y marcan el ambiente en el que discurren las categorías centrales del Derecho Administrativo. Así, el Derecho Administrativo es el Derecho que regula el poder público para la libertad solidaria de las personas y la Administración pública una organización de servicio objetivo y permanente al interés general, que ahora se nos presenta siempre en forma concreta, motivada y orientado a la realización y efectividad de todos los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La Administración pública actúa ordinariamente de forma unilateral y en ocasiones acude a la sociedad para reclamar una colaboración de las iniciativas sociales que permitan prestar servicios públicos o construir infraestructuras públicas para mejorar la calidad de vida de las personas. Para cumplir sus fines, también en materia de contratación, la Administración pública precisa realizar su tarea de forma adecuada y pertinente, sirviendo permanente mente y objetivamente el interés general.

Pues bien, constatadas insuficiencias y disfuncionalidades relevantes en el funcionamiento y actividad de las Administraciones públicas, surge el debate acerca de la necesidad de contar con aparatos y estructuras públicas que trabajen con equidad, con imparcialidad, con sensibilidad social y que sean capaces de resolver los asuntos en plazos razonables. En este sentido, se comprende fácilmente que una  Administración caracterizada de esta manera  esté en las mejores condiciones posibles para hacer posible el libre y solidario desarrollo de la personalidad de todos los ciudadanos.

La buena Administración, además de principio general de actuación administrativa y de obligación inherente a los Poderes públicos, es un derecho fundamental de los ciudadanos. Un derecho fundamental a cuyo través se puede promover los derechos fundamentales de los ciudadanos y así posibilitar a cada persona un espacio de dignidad propio de la condición humana.

Siendo como es la contratación pública, además de una categoría medular del Derecho Administrativo, una relevante política pública tendente a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, resulta que su realización desde la perspectiva de la buena administración plantea preguntas e interrogantes que necesitan ser analizados por nuestra disciplina. Por una poderosa razón: si el Derecho Administrativo está vinculado por los postulados del Estado social y democrático de Derecho, y esté trae causa de la dignidad del ser humano y de sus derechos fundamentales, las categorías que jalonan esta rama del Derecho Público, hoy deben ser  explicadas  y construidos desde nuevos esquemas, desde nuevas premisas que trasciendan los dogmas del Estado liberal que doten de mayor sensibilidad social al Derecho Administrativo. La buena administración aplicada a la contratación pública es un buen ejemplo de ello.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Sensibilidad social y nuevas políticas

Una de las características que mejor define, junto a la mentalidad abierta y a la capacidad de entendimiento, las nuevas políticas y a sus dirigentes, es la sensibilidad social. En efecto, la sensibilidad social, actitud solidaria, deriva del principio de la centralidad de la persona en la política. Perspectiva que permite conducir la proa de la nave política a la búsqueda las soluciones reales a las cuestiones colectivas y a orientar las decisiones en los ámbitos de la cooperación, de la convivencia, de la integración y de la confluencia de intereses. En este contexto, la persona y su dignidad son la clave y la guía que conduce a la gran tarea de democratizar la democracia, algo necesario y urgente en este momento entre nosotros.

La sensibilidad social implica colocar con todas sus consecuencias a las personas en el centro del orden social, político y económico. Cuándo ello así acontece, la acción política se dirige de manera comprometida a prestar servicios reales al pueblo, a atender los intereses generales reales, a escuchar de verdad a la ciudadanía. Ello implica necesariamente el entendimiento con los diferentes interlocutores para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Entonces, no queda tiempo para el cálculo y la reflexión acerca de cómo sacar partido, también económico, a la posición.

Ahora bien, esas prestaciones, esos servicios no son un fin sino un medio para alcanzar mayores cotas de bienestar general e integral para el pueblo. Son un medio para la mejora de las condiciones de ejercicio de la libertad solidaria de las personas, no un sistema de captación de voluntades.

En fin, las prestaciones sociales, las atenciones sanitarias, las políticas educativas, las actuaciones de promoción del empleo, son bienes de carácter básico que un gobierno debe poner entre sus prioridades políticas, de manera que la garantía de esos bienes se convierta en condición para que la sociedad libere energías que permitan su desarrollo y la conquista de nuevos espacios de libertad y de participación ciudadana.

Las prestaciones públicas constituyen el entramado básico del llamado Estado del bienestar, modelo que poco a poco va camino de su desaparición salvo que nos convenzamos de que no es posible mantenerlo en el dique del pensamiento cerrado y estático y lo llevemos a las aguas claras del pensamiento abierto y dinámico. ¿Cómo es posible seguir defendiendo la subvención como fin, cuándo es  uno de los mayores atentados al progreso social cuándo se maneja desde la perspectiva clientelar?.

En efecto, cuándo el Estado de bienestar se toma como un fin en si mismo, el Estado se reduce al papel de suministrador de servicios, con lo que el ámbito público se convierte en una rémora del desarrollo social, político, económico y cultural, en lugar de su catalizador o impulsor. En este ambiente se dificulta, cuándo no se impide desde la raíz, el necesario equilibrio para la creación de una atmósfera adecuada para el libre desarrollo de las personas y de las asociaciones, levantándose una estructura estática y cerrada que priva al cuerpo social del dinamismo necesario para propiciar la libertad y la participación de la gente.

Las prestaciones, los derechos, tienen un carácter dinámico que no puede quedar a merced de mayorías clientelares, anquilosadas, sin proyecto vital más allá de la reivindicación del derecho adquirido o de la conservación de la posición. Cuándo ello  acontece, se olvida que las prestaciones sociales se justifican en la medida que se incardinan en el bienestar general e integral de la gente, o, si se quiere, en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Nos puede servir como ejemplo la acción del Estado en relación con los más desfavorecidos, entre los que contamos a los marginados, los pobres, los parados o los mayores. Las prestaciones públicas nunca pueden tener la condición de dádivas mecánicas. Más bien, el Estado debe propiciar con sus prestaciones el desarrollo, la manifestación, el afloramiento de las energías y las capacidades escondidas en esos amplios sectores sociales.

Desde esta perspectiva, es perfectamente compatible el interés empresarial y la justicia social, ya que las tareas de redistribución social deben tener un carácter dinamizador de los sectores menos favorecidos, no conformador de ellos como en ocasiones se concibe la actividad pública.

Ojalá escuchemos en los próximos días ideas y reflexiones sobre lo que realmente preocupe a la gente y no insultos y descalificaciones entre agentes políticos buscando la hegemonía a cualquier precio sin importar la moralidad de procedimiento alguno. No soy muy optimista a la vista de la mediocracia dominante, y no solo en la política.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.

Los ni-ni

La OCDE publicó en 2015 un relevante informe, Eduation Policy Outlook, que pasa revista a cerca de 500 medidas de política educativa implantadas en diversos países de la organización entre 2008 y 2014. En este tiempo, la inversión en educación alcanzó nada menos que el 12% del gasto público en el conjunto de la OCDE. Se trata de un esfuerzo bien relevante del que los ciudadanos esperan una explicación de los objetivos planteados y los realmente logrados, una evaluación en toda regla de tan elevado gasto del dinero de todos. Sin embargo, el informe indica que a pesar de las pruebas externas realizadas a estudiantes y profesores, la evaluación, es asombroso realmente, no se ha proyectado sobre a las propias políticas educativas.  Por su parte, los Estados de la OCDE, según calcula la organización, solo han evaluado los resultados de una de cada diez medidas implementadas en el ámbito educativo.

Una de las medidas estrella en esta materia es la relativa al combate a los ni-ni: aquellos jóvenes que entre 20 y 30 años ni estudian, ni trabajan.  Para ello, en un contexto en el que los títulos de secundaria o de formación profesional son cada vez menos valorados en el mercado de trabajo, muchos países de la OCDE intentan a toda costa luchar con el abandono escolar, también en edad temprana.

Por ejemplo, México, el país con mayor abandono escolar temprano de la OCDE, acaba de incluir la educación secundaria superior dentro de los estudios obligatorios y ha inaugurado una nueva agencia para fomentar la matriculación en esta etapa educativa con servicios de asesoramiento y becas a los alumnos.

Otra forma de evitar el fenómeno ni-ni es apostar a la formación profesional como una herramienta eficaz para prolongar la formación de los jóvenes y favorecer su inserción laboral. En este sentido, Portugal ha aumentado la oferta de cursos de formación profesional  y ha creado institutos de secundaria especiales enfocados a este programa. En Austria se ha reformado el sistema de acreditación de la FP para aproximarlo a la empresa. Eslovenia o Noruega, por su parte, optaron con éxito por potenciar los programas de educación dual, en el aula y en la empresa.

La realidad, manifiesta, como señala Fernando Rodríguez Borlado, que los ni-ni aumentaron durante la crisis pues muchos jóvenes que abandonaron pronto la escuela sin una preparación adecuada se quedaron sin empleo. La Unión Europea ha tratado de paliar esta triste tendencia a través del programa Garantía Joven. De esta manera, los países que se inscriban en este programa europeo se comprometen a ofrecer un puesto de trabajo o de aprendiz a los recién graduados o desempleados por debajo de los 25 o 30 años.

En fin, un país como España, con un abandono escolar temprano de los más altos de Europa y con un desempleo juvenil de los más elevados del viejo continente, debería de aplicarse a la tarea de forma adecuada a su magnitud. Afortunadamente, parece que los actuales datos sobre la FP dan pie para la esperanza.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Los partido políticos, hoy.

La política es una actividad humana dirigida a que los asuntos públicos se gestionen al servicio objetivo del pueblo. Los partidos tienen un papel central en lo que se refiere a trasladar a la sede de la soberanía las ideas y criterios presentes en la vida social. El problema es que en no pocas ocasiones los partidos, sus dirigentes, se han apropiado del poder, que es de titularidad ciudadana, manejándolo a su antojo, en función de consideraciones personales, como si fueran sus únicos y exclusivos dueños. La gestión de la última investidura confirma esta idea.

En este sentido, el uso en beneficio propio del aparato del partido explica  la resistencia a abrir las listas electorales, a fomentar la participación real de  la militancia en la selección de candidatos a cargos de elección,  a consultar a las bases ciertas decisiones de envergadura social y, sobre todo, a abrir las ventanas de las formaciones al aire puro y al agua clara de la misma vida. Son manifestaciones de lo que se denomina partitocracia y que, a la vista de lo que pasa, mucho tiene que ver con la sensación mayoritaria que tiene la ciudadanía de la corrupción política. Los partidos tradicionales  y los nuevos, que han caído en los vicios de los clásicos, tienen que mudar sus hábitos y costumbres de forma y manera que se terminen las expresiones de poder personal y subjetivo que todavía se perciben desde el interior y desde el exterior de las formaciones.

En estos años, tras la consolidación en numerosos países de Europa del denominado Estado de los partidos, hemos contemplado, a veces desde una pasividad inexplicable, como estas organizaciones, que son de obvio interés general,  han tomado, en beneficio de sus cúpulas,  los poderes del Estado, las instituciones, muchas  asociaciones profesionales y deportivas,  la universidad y cuantas corporaciones fuera menester para ahormar el control social.

El origen del problema hay que buscarlo en la ausencia de temple cívico, de educación política, de capacidad crítica de una sociedad dominada por el consumismo y la esperanza en que todo vendrá de los poderes públicos. Así, poco a poco la ciudadanía se desentendió de los asuntos de interés general confiando en que  los políticos los resolverían positivamente para los ciudadanos. La realidad nos ofrece, sin embargo, un sombrío panorama que discurre por otros caminos, ahora patentes y explícitos.

En este contexto, de profunda crisis de los partidos tradicionales, emergen nuevas opciones, más oportunistas que oportunas, que con sentido de anticipación, pretendieron encarnar nuevas soluciones a base de una teórica mayor participación y a partir de mensajes hábilmente diseñados que colmasen las lagunas y las deficiencias de la forma tradicional de hacer y estar en la política. Sin embargo, en no poco tiempo, se han vuelto partitocráticos con expresiones más o menos sutiles de poderío personal por parte de sus élites y una nula o deficiente participación cívica.

Las bases éticas de la democracia reclaman que las aguas vuelvan a su cauce. Que los políticos y los partidos asuman el papel que les corresponden, que renuncien a seguir asaltando las instituciones y escuchen más a los ciudadanos. Para ello, es menester que  tomen conciencia de la realidad, de su posición, y sean capaces de devolver a los ciudadanos, a todos y cada uno, el poder del que se han apropiado. La tarea no es fácil porque a nadie amarga un dulce y pasar de propietarios a administradores después de tantos años conduciéndose como dueños y señores de la cosa pública no es fácil ni se produce de un plumazo. Es menester que los actores políticos asuman una serie de valores y cualidades democráticas como la transparencia y la rendición de cuentas. El 95% de la ciudadanía, según parece, quiere que las cosas cambien. Sin embargo, la forma en que se ha manejado la gestión de la última investidura me temo que disparará la abstención y seguirá acreciendo la decepción de no pocos españoles en relación con la forma en que por estos lares se interpreta la democracia.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Sobre la solidaridad

En la etiología de la crisis que regresa, de nuevo encontramos la tradicional polémica entre la libertad y la intervención. Entre la libertad y la solidaridad. En efecto, desde hace mucho tiempo, el pensamiento bipolar y maniqueo hoy tan de moda ha procurado que entre los conceptos de libertad y solidaridad se produjera una feroz oposición evitando cualquier puente o aproximación entre ellos. La razón reside, me parece, en el miedo, en el temor de los beneficiados por ambas posiciones ideologizadas a perder la posición. Sin embargo, el exceso y desproporción de la intervención, el Estado estático de bienestar, ha hecho crisis y ha vaciado la caja del Estado. Por eso, una vez más hemos de apelar a un genuino del Estado solidario, una versión más dinámica y social de este Estado estático de bienestar del que se han apropiado, sobre todo, determinados representantes de la tecnoestructuras partidarias y financieras.

La solidaridad, bien lo sabemos los que trabajamos desde los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario, constituye una clave para comprender el alcance de la libertad de las personas. En efecto, lejos de los planteamientos radicalmente individualistas, y consecuentemente de los utilitaristas, entiendo –precisamente porque afirmo la dimensión personal del individuo humano- que una concepción de la libertad que haga abstracción de la solidaridad, es antisocial y derivadamente crea condiciones de injusticia. En este sentido la libertad, siendo un bien primario, no es un bien absoluto, sino un bien condicionado por el compromiso social necesario, ineludible, para que el hombre pueda realizarse plenamente como hombre. Dicho de otra manera: si puede afirmarse que el hombre es constitutivamente un ser libre, en la misma medida es constitutivamente solidario. Su gran opción moral es vivir libre y solidariamente. El mercado, que es una institución en la que reina la libertad, tiene, sin embargo, en sí misma, elementos sociales, aspectos de solidaridad. El mercado sin límites no es mercado. Igualmente, el interés público sin límites no es interés público. La racionalidad y objetividad que se debe predicar de cualquier actividad humana, obviamente también debe presidir tanto el funcionamiento del mercado como el del Estado.

La libertad de los demás, en contra del sentir de la cultura individualista insolidaria, no debe tomarse como el límite de mi propia libertad. No es cierto que mi libertad termina donde comienza la libertad de los demás, como si los individuos fuéramos compartimentos estancos, islotes en el todo social.  Se trata más bien de poner el acento en que un entendimiento solidario de las relaciones personales posibilita la ampliación, en cierto modo ilimitada, de nuestra libertad individual. En este sentido -y también podría hacerse esta afirmación con un fundamento utilitarista-, la libertad de los demás es para mí un bien tan preciado como mi propia libertad, no porque de la libertad de los otros dependa la mía propia, sino porque la de los otros es, de alguna manera, constitutiva de mi propia libertad.

El gran problema de concebir la libertad en armonía con la solidaridad, con la dimensión social de la persona, estriba en que impide que la actual dictadura cultural pueda mover a su antojo, como marionetas, a unos ciudadanos que no parecen muy conscientes del sentido de su libertad social para actuar autónomamente.

 El Estado es una garantía de solidaridad. Si falla en su funcionamiento básico, nos hallamos ante la ley de la selva, ante la más radical insolidaridad. Todo por el lucro y para el beneficio. Esta ha sido la consecuencia de un sistema que se ha desnaturalizado a causa precisamente de permitir que la libertad opere sin límites. Insisto, la libertad debe ser solidaria y la solidaridad libre. El llamado Estado solidario, me parece, camina por esta senda.

                                                                                               Jaime Rodríguez-Arana Muñoz

Confianza y valores

Uno de los principios básicos de la Ética pública es que quién ejerce el poder responda de sus actuaciones realizando su tarea de acuerdo con los   valores permanentes y universales del servicio público

La historia ha demostrado, lo sabemos bien, que las sociedades corruptas han traído consigo gobiernos corruptos y viceversa. Sobre todo porque cuando se antepone el beneficio personal al bien común se rompe la armonía social. En efecto, cuando aumenta la corrupción, la confianza de los ciudadanos en las instituciones se resiente y se produce esa peligrosa separación entre gobernantes y ciudadanos hoy tan acusada.

La corrupción mina, y de qué forma, esa necesaria confianza que debe existir entre representantes y electores, entre ciudadanos y gobernantes. Y esa confianza en el sistema democrático es esencial pues los ciudadanos deben tener razones para depositar su confianza en quienes administran y gestionan los recursos públicos y atienden las necesidades colectivas.

En el mundo ex-comunista, la conversión del centralismo burocrático en corrupción institucionalizada produjo unos frutos tan amargos entre la población que hoy este sistema político está tocado de muerte. Por su parte, en el Tercer Mundo la corrupción de los mandatarios ha traído consigo,  lo comprobamos en países que están en la mente de los lectores, un desprecio masivo hacia instituciones y un repliegue a formas de vida que se oponen a los más elementales principios de la cultura cívica. ¿Qué ha pasado en Occidente? Pues que las estafas, el fraude, las operaciones bursátiles irregulares, los sobornos o las malversaciones, están socavando, hay que reconocerlo, la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en quienes las representan. En pocas palabras, hoy en el mundo, no podemos negarlo, existe una profunda crisis de confianza en las instituciones públicas y sociales.

 En los Estados Unidos, el famoso caso de la conculcación del Código de Honor de West Point, en 1976, por varios cadetes, permitió que también desde las instituciones se tomara conciencia del problema de la corrupción.  Así comienza la preocupación, bien interesante, de las propias instituciones por la mejora y mantenimiento de la integridad colectiva y la de cada uno de los miembros de los organismos. Pero hay que tener en cuenta que toda preocupación a nivel institucional depende en última instancia de la integridad personal del individuo. Esta es la clave: la práctica de las virtudes morales por parte de los ciudadanos. Por eso es necesario que personas honradas presidan hoy las instituciones, porque se negarán a participar por acción u omisión  en la corrupción y así se podrá  recuperar esa confianza perdida. Así de claro.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La financiacion territorial

La financiación de los Entes territoriales siempre ha sido una cuestión polémica. Para unos, las Comunidades Autónomas y los Entes locales deben financiarse vía presupuestos generales del Estado. Para otros, la financiación es también una cuestión que afecta a las políticas públicas de los Entes territoriales y estos han de resolver el problema también a través de la participación en impuestos nacionales y a través de los ingresos que recauden gravando determinadas actividades. La realidad, sin embargo, nos muestra algo francamente negativo: los Entes territoriales siguen siendo, a pesar de los treinta años transcurridos desde la Constitución, fundamentalmente centros de gasto público que poco o nada quieren saber con la posibilidad de asumir políticas de ingreso. A todo ello, hay que añadir que siendo como es una cuestión que debiera resolverse en un espacio abierto, multilateral, entre las Comunidades Autónomas y los Entes locales, nos encontramos con que ello no parece posible porque ni siquiera algunas Autonomías son capaces de trabajar en esquemas de solidaridad y cooperación. A los Entes locales, no se sabe porque extraña razón, siempre se les deja fuera de los repartos o, en todo caso, lo único que se les permite es participar de las sobras del pastel autonómico.

La financiación de los Entes territoriales es hora de que empiece a plantearse en el marco que le es propio, que no es otro que el de un Senado realmente territorial con presencia de Comunidades Autónomas y Entes locales. Sin embargo, en lugar de caminar hacia la solidaridad y la cooperación, principios obvios de nuestro sistema constitucional de articulación del poder territorial, resulta que se impone, por razones parciales, mecanismos de bilateralidad que quiebran la esencia de un modelo territorial que se basa en la participación conjunta.

Es espectáculo al que asistimos abochornados estos días no es más que el reflejo de una manera egoísta de contemplar la realidad. Unos sólo se ven a ellos mismos en el espejo. Otros no quieren verse más que en la cúpula como sea. Y todavía hay quienes a lo único que aspiran es a reclamar una vuelta al pasado. Se piensa mucho en clave de parte sin asumir la conciencia de integrante de un conjunto. Se busca sólo mantenerse en el poder a como de lugar. En este contexto, la calidad de vida de los ciudadanos, como no sea la de los que están en el vértice, importa realmente muy poco. Se utiliza la reclamación o la reivindicación permanente al margen del sentido de responsabilidad porque resulta muy poco rentable la racionalidad o el sentido común.

A todo esto, la ciudadanía asiste asombrada a un espectáculo verdaderamente lamentable en el que al final, lo de menos es si los servicios se van a gestionar mejor o peor. Por mucha “tajada” que se saque de la financiación, algunos destinan el dinero público a la imposición de un modelo cultural y social con toda clase de medios y sin reparar en gastos. Eso sí, para los que ingresan en el club de estos nuevos ricos, miel sobre hojuelas. Los que no aceptan el pensamiento único o el modelo único, poco a poco van siendo expulsados de ese espacio público que domina la tecnoestructura dominante. Para eso sirve la financiación en algunas Autonomías, para imponer determinados parámetros culturales y políticos que, ordinariamente, ni siquiera gozan del acuerdo general de los habitantes.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

España

Por alguna razón, no difícil de colegir, la exposición acerca del sentido, historia y futuro de España como realidad abierta, plural, dinámica y compatible, ha brillado por su ausencia en los últimos tiempos. En efecto, no es algo del momento, es una constante de las últimas décadas que ha permitido que las tesis diferencialistas radicales hayan tomado la iniciativa en un debate en el que, como en otras tantas cuestiones que hacen a la verdad y a la realidad, se percibe una ausencia sorprendente de convicciones argumentadas.

En efecto, hasta hoy, y desde el refrendo del Pacto Constitucional de 1978, el discurso prevalente en lo que se refiere a nuestra identidad colectiva ha sido, por razones muy diversas, el discurso nacionalista identitario. Sus causas son, en buena parte conocidas y algunas tienen mucho que ver con la reacción frente a nuestro pasado político autoritario, en el que se entendía España con criterios que excluían a quienes no comulgaran con la versión oficial.

Sin embargo, la apertura de las puertas de la libertad y el reconocimiento constitucional de los hechos diferenciales, posibilitaron el desarrollo pacífico, y al mismo tiempo solidario, de las identidades singulares de los distintos pueblos de España. Sin embargo, el nacionalismo extremo y radical  se encargó de exacerbar casi compulsivamente un sentimiento de diferencia, de alejamiento y hasta de rechazo de todo lo que no se considerase genuino, autóctono, oriundo. Esa radical actitud  llevó por una parte a afirmar que la única realidad social y cultural auténtica era la de los territorios particulares y por otra, a considerar a España como el residuo, el excipiente que queda cuando aquellos territorios, con pretendido fundamento nacional, se entienden en clave exclusiva y excluyente. Esta perspectiva residual no ha parado de crecer ante la sorprendente inactividad e incapacidad de reacción de unos dirigentes cegados por un complejo de inferioridad, que cuándo ya no queda más remedio, ante la ausencia de relatos razonables y argumentadas, alardean de una suerte de imperialismo constitucional con el que ingenuamente pretendieron frenar las irracionales expectativas de quienes no han parado de copar los espacios culturales e intelectuales en estos tiempos.

Sin embargo, siendo lo que es la Constitución, el pacto de todos y entre todos, la solución real y genuina al problema actual catalán no es formal solamente, no es solo normativa. La solución es de orden material, sustancial y, para tal tarea se precisa, insisto, un profundo convencimiento de lo que es España y una capacidad de pedagogía política que es menester poner en marcha de forma inteligente y comprometida.

Para el nacionalismo radical, España sería una realidad artificiosa, producto de un proceso político impositivo que ha aherrojado la realidad nacional de algunos de sus componentes que, por fin, ven llegado el momento de liberarse de tanta opresión y laminación de sus identidades colectivas. La realidad, sin embargo, es bien distinta. En primer lugar, porque no existen esas supuestas realidades nacionales a las que permanentemente se alude. Hay efectivamente legítimas diferencias en la identidad de los pueblos de España, pero no hay aquella uniformidad cultural, lingüística o de cualquier otro tipo que pretenden los nacionalistas. Y en segundo lugar, y sobre todo,  porque España es algo más que una entelequia. Mucho más, muchísimo más.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana