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La vuelta al humanismo

La separación entre lo verdaderamente bueno y lo políticamente correcto manifiesta la profunda fractura que ha producido en la vida social la sublimación de la razón técnica. Entre otras razones, porque es prácticamente imposible la neutralidad moral en la ordenación de la vida pública. Lo estamos viviendo, y sufriendo, a diario. Ahora, con ocasión de la pandemia a raiz de la deriva totalitaria que se cierne sobre nosotros. Por eso, es necesario que se humanicen la razón técnica y la razón política, hoy secuestradas por esas tecnoestructuras dominantes que agostan la vitalidad de las iniciativas sociales.

La denominada “posmodernidad” ha fracasado si nos atenemos a la incidencia de los avances científicos y técnicos en la calidad de vida de tantos millones de habitantes del planeta. Una manifestación de ese fracaso es su expresión profundamente antihumanista marcada por la renuncia sistemática a los grandes ideales, por el conformismo y, por la entrega rendida ante los ídolos que hoy reinan y gobiernan el mundo a base de una colosal operación de manipulación y control social. El imperialismo de la técnica, que desprecia el humanismo y las humanidades, ha ido, poco a poco, socavando los fundamentos de un orden social, político y económico que ha terminado por justificar lo injustificable: el mercadeo y la transacción con la dignidad del ser humano. O, lo que es lo mismo, el uso, con ocasión y sin ella, de las personas, que se consideran objetos de usar y tirar, al servicio del poder y del dinero.

En este contexto cobran una especial relevancia las Humanidades. Desgraciadamente, el interés general por la literatura, la historia, la filosofía, la teoría de la ciencia o el arte es escaso. Mientras, el interés se centra en los escándalos políticos, en la libre manifestación de la intimidad de los famosos y, sobre todo, en la dependencia acrítica de las redes sociales y lo que en ellas se ofrece para el consumo adictivo cotidiano de millones de personas.

El abandono de las Humanidades ha ido parejo con la inhibición de la gente de sus responsabilidades en la conformación del escenario público. Es lógico porque las Humanidades facilitan esa aproximación crítica a la realidad social, constituyen un foco permanente de cultura, nos recuerdan nuestra deuda con el pasado e inspiran nuestra creatividad.

Por eso, debemos tomarnos más en serio las energías latentes en la sociedad y asumir el dinamismo vital del mundo de la realidad, del mundo de la cultura. Por eso, constatar que el profesor que triunfa en la universidad es el burócrata y que el poder desprecia a las personas ilustradas, cultivadas en el pensamiento crítico, hoy debería ayudarnos a reflexionar sobre la necesidad del gusto por el pensamiento, sobre el valor de las humanidades y la enseñanza de los clásicos.

Hoy, a la vista está, necesitamos recuperar el temple cívico y moral para que la democracia sea lo que debe ser, no es un instrumento al servicio de la razón técnica, del ansia de control y de la obsesión por el lucro. Precisamos un sistema de referencias personales y colectivas que partan de la centralidad del ser humano para evitar la marea de sumisiones y manipulaciones que hoy presenta el panorama cultural actual. La vuelta a las humanidades pienso que pueden ayudar a este renacimiento ético y moral cada vez más urgente y necesario.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Los acuerdos en tiempos de excepcionalidad

En el espacio de la deliberación pública, en el horizonte de la implementación de las políticas públicas, es lógico que se busque como metodología de la acción política la participación de los sectores implicados y, si es posible, el acuerdo, el consenso, para solucionar los problemas reales que afectan al pueblo, a las personas, especialmente a los colectivos más débiles e indefensos. Es decir, el acuerdo, el pacto, el consenso o la negociación son mecanismos, instrumentos, medios, que permiten ordinariamente la aportación de la vitalidad que late en la cotidianeidad, en la realidad, en la vida de las personas, a las estrategias de solución de los problemas, impidiendo tantas veces las fórmulas autoritarias de entender el poder, por cierto hoy bien presentes entre nosotros bajo diferentes gobiernos y administraciones de diferentes colores políticos.

 

Que el acuerdo, el pacto o la negociación sean técnicas adecuadas para la resolución de problemas colectivos en las democracias no quiere decir, ni mucho menos, como algunos parecen entender, que, en efecto, se conviertan en fines en si mismos. Es decir, el acuerdo, el pacto o la negociación existen y están para que, a su través, se mejoren constantemente las condiciones de vida de las personas: expresión abierta y plural de lo que cabe entender por interés general en un Estado democrático como el nuestro. Cuándo, sin embargo, se empuña la negociación o el acuerdo, fuera de su naturaleza finalista, para asestar golpes al adversario o para anularlo o enviarlo al mundo de lo simbólico, entonces el acuerdo se desnaturaliza y pierde inmediatamente la fuerza ética de la que está revestido, que reside en colocar el entendimiento al servicio de la mejora de las condiciones de vida del pueblo, al servicio de la dignidad del ser humano y de sus derechos fundamentales.

 

Hoy, como ayer, es menester recordar, especialmente para 2021, que el acuerdo, el pacto o la negociación han de estar al servicio y en función de la dignidad del ser humano y de sus derechos fundamentales. Ojala los dirigentes sean capaces de entender la fuerza del pacto, de la negociación, del acuerdo, del entendimiento, desde la dimensión ética, no desde la dimensión maquiavélica.

 

Jaime Rodríguez-Arana.

@jrodriguezarana

Cualidades y hábitos democráticos

 

Años atrás, en pleno debate sobre la democracia y sus principios, Alain  Minc llamó la atención sobre un fenómeno sobre el que vale la pena pensar: la  vitalidad en el ejercicio de las cualidades democráticas por parte de los ciudadanos en nuestro tiempo. Un asunto de gran actualidad dado el apogeo de la polarización social y política que preconizan los populismos, sean del signo que sean. Estos días, sin ir más lejos, hemos visto sus consecuencias estos días en la toma del Capitolio por una banda de fanáticos.

 

Desde luego, la existencia de cualidades y hábitos democráticos en los ciudadanos es un tema de interés que refleja realmente la temperatura ética y el temple moral que se respira en el seno de las organizaciones e instituciones del presente y también en la vida social.

 

Afortunadamente, la democracia, como sentenció Ortega, es el tipo superior de vida en común. Y, como diría Friedrich, la democracia es un talante que expresa preocupación real por las personas y por sus derechos fundamentales. La democracia se desarrolla en entornos abiertos, hace posible que las personas sean el centro de la realidad, proporciona estilos de pensamiento compatible y complementarios. La democracia es incompatible con el pensamiento único y con esa filosofía del ordeno y mando que todavía subsiste en quienes tienen miedo a la libertad y a la sana competencia.

 

Hoy, sin embargo, visto lo visto, y teniendo en cuenta las derivas totalitarias que se aprecian en las formas de gestión de la crisis de la pandemia, las cualidades y hábitos democráticos podrían mejorar sustancialmente. Sobre todo en quienes tienen a su cargo los destinos de la comunidad que son los más  responsables a la hora de tomar decisiones que mejoren las condiciones de la vida de las personas, hoy seriamente lesionadas a causa de una deficiente y pésima  gestión pública incapaz de atender precisamente a quienes más lo precisan. No tiene sentido que el Estado recaude más subiendo los impuestos a las personas y luego se siga castigando a los ciudadanos mientras se alimentan estructuras públicas superfluas y se mantiene una corte de adeptos y afines de incalculables proporciones.

 

Sí, las cualidades democráticas son básicas para que el funcionamiento de las instituciones sea real y producto de la libre aportación de las personas. Por el contrario, es posible, y ejemplos no faltan entre nosotros, de líderes que ejercen hábitos autoritarios  conducentes, no sólo a evitar la participación, sino a eliminar a quien se atreva a levantar la voz o sostener alguna posición disidente.

 

Veamos un ejemplo bien paradigmático procedente del sector privado, pero que bien podría ocurrir en las corporaciones públicas. El liderazgo en el sector empresarial plantea esta disyuntiva: ¿quién es buen líder empresarial?. ¿El que logra hacer subir, como sea, el valor de las acciones de su compañía?. ¿El que se recompensa a sí mismo y a su equipo con retribuciones espectaculares mediante millonarias “stock options”? o,  ¿el que busca que los empleados crezcan con la empresa?,¿ el que los considera como instrumentos de usar y tirar?, ¿el que se enfada porque una empleada se ha quedado embarazada?, ¿el que reparte los beneficios con los trabajadores?, ¿el que anima a sus colaboradores y les da oportunidades de desarrollar iniciativas?, o ¿el que reclama que el temor y el miedo dominen las condiciones laborales?.

 

 

Ciertamente, estas disyuntivas no son teóricas. Se producen en la realidad. Plantean, a las claras, una de las cuestiones morales de mayor actualidad: que la calidad moral de la acción tiene entidad en sí misma. No se mide sólo si influye en los resultados. En el fondo, el utilitarismo en estado puro encierra una peligrosa forma de liderazgo que lleva a dar a las personas la condición de cosas. De ahí que una cualidad democrática que distingue de verdad a un líder es su capacidad real -no fingida o escenificada- para acercarse a las personas y compartir sus preocupaciones y problemas. Algo que no es fácil de encontrar más allá de tácticas o estrategias de fuego artificial.

 

Hace unos días, cayó en mis manos una recensión sobre unas Jornadas de Ética empresarial. No sé por qué anoté estas dos frases de uno de los ponentes: “en la ética empresarial y en la vida en general, siempre se espera que, actuando bien, aunque cueste a corto plazo, compense a la larga”. “Nadie es imprescindible, y si en algún momento puntual se es, trabájese para subsanar esa laguna tentadora para el propio ego, pero peligrosa para el porvenir y bienestar de futuras generaciones”.

 

Termino. Acabo de releer la biografía de Maura escrita por Tusell. No puede ser más actual una de las características de su regeneracionismo: dotar de vida real las instituciones liberales y democráticas. Y, la democracia real, no se puede olvidar, se produce cuando los hábitos democráticos resplandecen por su ejercicio habitual. Un ejercicio que no se improvisa, que o se practica o se cultiva o no hay nada que hacer porque ni se impone por decreto ni aparece por generación espontánea.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Transparencia y acceso a la información en el presente

La gestión de la transparencia por parte de muchos Gobiernos y Administraciones en este tiempo de pandemia deja mucho que desear. Tanto en su dimensión activa como pasiva. Tal comportamiento manifiesta prácticas despóticas y autoritarias que confirman la baja, o nula, calidad de esas democracias. Precisamente cuando el Ordenamiento atribuye poderes más intensos y extensos a los poderes públicos, quienes los dirigen deben ejercerlos de forma más templada y, por supuesto, de forma más transparente que en situación de normalidad.

 

Parece que, sobre todo en tiempos de excepción, en plena emergencia sanitaria, quienes desprecian la transparencia, se olvidan que el ciudadano ya no se conforma con ser representado en las principales instituciones del Estado, sino que quiere participar de manera personal, y con mayor intensidad cada vez,  en la toma de decisiones que le afectan y ejercer un control mayor de la gestión de la actividad de interés general y de la ejecución de los presupuestos públicos.

 

Tanto la transparencia activa como el derecho de acceso a la información pública, transparencia pasiva, son manifestaciones de que en democracia el dueño y soberano del poder es el ciudadano y a él deben reportar las autoridades, de los tres poderes, que lo representan.  Algo, que por lo que se ve, no preocupa absolutamente nada a quien incumple sistemáticamente las obligaciones de transparencia escudándose en que no existen en la norma sanciones para dichas contravenciones. Como si un comportamiento autoritario, por no estar previsto en la legislación, dejara de serlo.

 

Sin acceso a la información de interés general de forma real, veraz, efectiva y completa, no hay democracia sencillamente porque la participación, pilar fundamental, es una quimera, una farsa. Justo lo que está pasando en este tiempo. El acceso a la información de interés general no es una opción, o una extravagancia, menos un ejercicio elitista o un resabio de la burguesía corrupta, es, lisa y llanamente, una condición necesaria para la democracia que en estos tiempos de excepcionalidad no debiera ser necesario remembrar. Pero el grado de calidad democrática al que hemos llegado es hoy tan baja, que hasta las verdades del barquero deben ser recordadas.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

 

Política y entendimiento en 2021

Una de las principales características de los nuevos espacios políticos del futuro, no de la polarización del presente, es la capacidad de entendimiento entre las diferentes opciones partidarias con el fin de alcanzar el bienestar integral de los ciudadanos, un bienestar orientado a la mejora de las condiciones de vida de las personas. Así entendido, el entendimiento es una exigencia que la ciudadanía debe exigir a los dirigentes políticos para que extiendan su mirada sobre los problemas reales de las personas en lugar de consumirse en eternas diatribas cainitas que ya a nadie interesan fuera de los estrechos y cerrados ambientes del poder. No es, por tanto, el entendimiento un fin en si mismo, ni sólo una estrategia política. Es, sobre todo, la disposición firme de búsqueda de acuerdos que beneficien a todos los ciudadanos. Por eso, hoy más que nunca es necesario que, en un ambiente de profundo odio y resentimiento entre posiciones cainitas y maniqueas, brille la dignidad del ser humano y sus derechos inalienables.

La política, es verdad, tiene mucho de confrontación de ideas, de contienda, de defensa de posiciones diversas. Se mantienen de ordinario diferentes puntos de vista sobre la forma de resolver los problemas colectivos. El arte y el oficio del buen gobierno centran la mirada sobre el conjunto de los ciudadanos, sin seguidismos, sin exclusiones. Cuándo un partido gana las elecciones en una democracia, su programa electoral se amplia para ser capaz de pensar en todos los ciudadanos, no solo en los que le votaron, sin sectarismos en las políticas concretas a emprender. Claro que es entendible que un partido, en ejecución de su programa electoral gobierne sólo para sus adeptos. Pero, si así lo hace únicamente, tarde o temprano conseguirá despertar a quienes no son destinatarios de sus políticas, abriendo un clima social de enfrentamiento y confrontación.

Normalmente, si el gobierno admite enmiendas de la oposición, o si la oposición felicita al gobierno por el acierto de alguna de sus decisiones, siempre habrá quienes piensen o afirmen que algo muy raro se está produciendo: que el gobierno nunca se equivoca, dicen unos; o que la oposición nunca puede dar la razón al gobierno, sentencian otros.

Más allá de las adhesiones inquebrantables o de las reyertas protagonizadas por quienes se mueven en los aledaños de los aparatos de los partidos, los gobernantes y los jefes de la oposición, han de pensar en el conjunto de la ciudadanía, en el bienestar integral de las personas, en la mejora de sus condiciones de vida. Si esta consideración reclama el acuerdo, bienvenido sea, como también sería bienvenida la discrepancia cuándo se estime que el gobierno yerra o la oposición se echa al monte. Esperemos que en 2021, a pesar de lo acontecido el 6 de enero en el Capitolio de los EEUU, el entendimiento reine en la acción política. Nos va en ello mucho. Demasiado.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La democracia, a examen.

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Los recientes acontecimientos acontecidos en el Capitolio de los EEUU, en un tiempo de pandemia, de grandes cambios, nos invitan a reflexionar seriamente acerca de la democracia. Un sistema político que se funda en el control del poder y en la participación de los ciudadanos en la vida política. El control, bien lo sabemos, si somos sinceros, hoy es una quimera en muchas latitudes pues quien tiene el poder admite, como mucho, controles formales y, por supuesto, tener parte en la designación de los controladores. Y la participación real del pueblo es la que es, en tantos casos reducida a mínimos ante el mal ejemplo general de la llamada clase política durante estos años.

Es verdad, quien podría dudarlo, que el sistema de representación parlamentaria está enfermo, incluso, como se ha afirmado, gravemente enfermo. El capitalismo, como el socialismo, igualmente, también presentan síntomas preocupantes. Sin embargo, a pesar de ello, una vuelta al comunismo o la nacionalización como métodos de resolución de los problemas no parece que sea lo mejor para el bienestar de los ciudadanos. Tampoco otorgar a un mercado sin control el papel central es la solución,ni mucho menos.

Apelar a la democracia directa como única forma de democracia tampoco parece que sea la más apropiada medicina. Rectificar el rumbo, corregir los excesos, que los ha habido y no pocos, es la tarea del presente. Una tarea, sin embargo, que por alguna sorprendente razón no termina de arrancar con la fuerza y potencia que serían menester. Sin embargo, tras el auge de los populismos de uno y otro signo y de la demagogia que los acompaña, no queda más remedio que iniciar un inteligente proceso de democratización profunda de nuestro sistema político, en el que los partidos, y sus dirigentes, se conviertan a la transparencia y a la rendición de cuentas, al servicio al pueblo y a la defensa, protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas. Algo que, sin embargo, a juzgar por lo que acontece, está lejos, bastante lejos de llegar.

En sentido reformista, hay que revisar el funcionamiento de algunas instituciones para garantizar un mercado razonable, equilibrado, en el que los beneficios, que en sí mismos son legítimos, no se conviertan en el único, primario y exclusivo fin de las empresas. Igualmente, la democracia como régimen político también precisa de reformas. Reformas que le devuelvan su sentido originario de manera que efectivamente se convierta en el gobierno del pueblo, por y para el pueblo. El protagonismo de las cúpulas de los partidos, y de quien ocupa el vértice, están agostando un sistema político y social que tiene en la participación ciudadana y en control y limitación del poder sus principales señales de identidad.

Por eso, mientras la situación no cambie, los partidarios de la democracia directa, los populistas, encontrarán el campo abonado, y de qué forma, para sus reclamaciones, para sus reivindicaciones que, en buena medida, plantean el regreso de las tiranías, de los esquemas autoritarios. Lo acontecido estos días en EEUU es un buen ejemplo de las consecuencias que se ciernen sobre el sistema político sino se cambian métodos, procedimientos, estructuras y conductas, si no se trabaja a favor de la necesaria democratización que el sistema precisa.

Si no hacemos nada y nos quedamos contemplando lo que pasa, pronto llegarán los nuevos autoritarismos, algunos ya en el poder, y entonces nos lamentaremos de haber preparado el terreno al populismo y su compañera de viaje: la demagogia. Es tiempo, pues, de reformas. Pero de reformas de calado, de fondo, no de simples parches. La pregunta es , ¿serán capaces los actuales actores y protagonistas del espacio público de emprender estas reformas? .

Jaime Rodríguez-Arana.

@jrodriguezarana

Poder y arbitrariedad

Decía el filósofo John Locke, con toda razón, que la arbitrariedad es, valga la redundancia, la ausencia de racionalidad. Es decir, la arbitrariedad en el ejercicio del poder equivale a la toma de decisiones en ausencia de motivación o justificación o, si se quiere, a cambiar de criterio en la resolución de los asuntos generales por conveniencia o utilidad particular.

 

La irracionalidad, que es la característica que mejor define a la arbitrariedad, ordinariamente va de la mano de la subjetividad, mientras que la racionalidad suele acompañar a la objetividad. En este sentido, conviene recordar que, según la Constitución de 1978, el poder público debe ejercerse al servicio objetivo del interés general.

 

Hoy, en tiempos de poderes especiales, intensos y extensos, con ocasión de la pandemia, éstos deben ser usados para proteger, defender y promover la dignidad humana y los derechos fundamentales de ella dimanantes, no para amedrentar a las poblaciones, menos aún, para excluir o laminar a los adversarios tal y como acontece, lamentablemente, en tantas latitudes. Conviene, por tanto, recordar el sentido que tiene el poder público y su ejercicio, en un Estado de Derecho, en un Estado democrático. Veamos brevemente.

 

El poder público es el medio que tiene el Estado para hacer presente el bien de todos. Por tanto, en sí mismo, tiene una clara dimensión relacional y se fundamenta en su función de hacer posibles los presupuestos para el pleno desarrollo del ser humano. Es decir, el poder público se justifica en función de hacer posibles los fines existenciales del hombre, fundamentalmente, su pleno, libre y solidario desarrollo como ser humano en sociedad.

 

El poder público se encuentra acompañado de un conjunto de facultades jurídicas especiales, que podríamos calificar poderes de supremacía. Sí, de supremacía o de superioridad en la medida en que se dirigen a la consecución del bien de todos, del bien de toda la comunidad, del bien común. Por eso, las personas que ejercen poderes públicos deben tener claro, muy claro,  sobre todo en tiempos de excepcionalidad, que dichos poderes se justifican en la medida que se utilicen al servicio del bien de todos, no de una parte de la sociedad,

 

El poder público existe por y para la satisfacción plena de las funciones sociales. El poder público en su sentido más propio está vinculado esencialmente al bien de todos, por lo que si se usa en beneficio propio o de grupos determinados se hace un uso autoritario contrario a las más elementales normas y principios del ejercicio del poder en la democracia.

 

También y, sobre todo, en la excepcionalidad actual, el poder debe ejercerse con moderación, mesura, proporción y ponderación, sin amedrentar a la población, sin lesionar derechos fundamentales y siempre al servicio objetivo del interés general. De un interés general democrático, que es el que se caracteriza por su concreción, justificación, vinculación al fin de interés general que debe presidir las actuaciones públicas. En tiempos de pandemia, los buenos gobiernos, las buenas administraciones, ejercen el poder, por supuesto, pero según los cánones del Estado de Derecho. Lo contrario, no lo olvidemos: la tiranía o el despotismo, son el reino de la arbitrariedad, el reino del uso del poder sin explicación alguna, al servicio de lo que en cada caso convenga para seguir, como sea, instalado en la cúpula.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

 

Ética y nuevas tecnologías

El tiempo que nos ha tocado vivir, ahora en plena pandemia, se caracteriza especialmente por una transformación radical y vertiginosa de las formas tradicionales de explorar la realidad.  En alguna medida, la realidad actual, nos guste o no, es producto de lo que ha pasado, de lo que hemos heredado de nuestros antecesores y sería una soberana irresponsabilidad, por ejemplo, intentar transformarla desde cero, sin reconocer lo bueno o lo malo que nos han legado quienes nos precedieron.

 

Sin embargo, hemos de reconocer que sí que se ha producido una transformación relevante que reclama nuevos enfoques para entender el sentido de la sociedad del conocimiento y de las nuevas tecnologías proyectadas en la Administración Publica de este tiempo. Unas tecnologías que, a pesar de las inversiones realizadas, no han estado a la altura de lo que se esperaba en este tiempo de la pandemia en el que los plazos administrativos han estado, como regla general, suspendidos.

 

Frente a los vertiginosos cambios que contemplamos, debiera cobrar más importancia el pensamiento abierto, el pensamiento dinámico, el pensamiento plural y el pensamiento complementario o compatible. La realidad de la pandemia nos muestra, a pesar de los pesares, concentración del poder y un afán de control y manipulación colosales que se aprovechan, en momentos de excepcionalidad, de la debilidad de unos valores que el formalismo colectivista o individualista borró del mapa  mientras el consumismo insolidario adormecía las conciencias y el temple cívico de nuestra poblaciones.

 

En el ámbito de las nuevas tecnologías, en el ámbito de la sociedad de la información, tenemos que ser conscientes de que hay que tender puentes sólidos entre nuevas tecnologías y dignidad humana, no vaya a ser que una apuesta importante en relación con las nuevas tecnologías pudiera abrir más la brecha en lo que se refiere a la calidad en el ejercicio de los derechos fundamentales por todos los ciudadanos. El buen gobierno, la buena administración, no puede olvidar que la sociedad del conocimiento ha de mejorar la calidad de la cultura cívica de las personas, pues de lo contrario estaremos desaprovechando una magnífica oportunidad para incidir positivamente en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

 

Asimismo, se está produciendo lo que se ha denominado por algunos la quiebra de la tecnostructura o la quiebra del tecnosistema del que hablaron en su día Galbraith o Bell. En efecto, la tecnoestructura, que, a veces, ha aparecido como una alianza sutil entre el Estado, el Mercado y los Medios de comunicación, intenta a toda costa erigirse en el supremo interprete del interés general acompañada de toda una maraña de lenguajes y procedimientos específicos que impiden el acceso de la gente común y corriente al proceloso mundo del espacio público, nunca tan cacareado como cerrado. Por eso, uno de los desafíos que tiene la sociedad del conocimiento, las sociedad de las nuevas tecnologías, es que los intereses generales dejen de estar dominados por los especialistas y se abran de una manera autentica a los problemas reales que tienen las personas.

 

Por otra parte, como consecuencia de la emergencia de una nueva manera de entender el poder como la libertad articulada de los ciudadanos (Burke), resulta que es necesario colocar en el centro del nuevo orden político, social y económico, la dignidad de la persona. Hay que volver a reflexionar sobre la persona. Pero no sobre la persona desde una perspectiva doctrinaria liberal, que lleva a las visiones del nuevo individualismo insolidario, sino desde la perspectiva, insisto, del pensamiento complementario y compatible, que hace de la libertad solidaria un concepto central, por que no son dos aspectos distintos de la realidad de las personas, la libertad y la solidaridad, sino que son las dos caras de la misma moneda, y son dos características que deben tender a unirse y a ofrecer, pues, perspectivas de complementariedad.

 

Por eso, no es baladí que la Comisión Europea haya elaborado una guía de principios éticos para la inteligencia artificial con el fin de estas nuevas tecnologías se gestionen siempre y en todo caso al servicio del ser humano. Regulación y ética han de ir de la mano pues, de lo contrario, como ya pasa, estos fenomenales y fantásticos medios como son las nuevas tecnologías podrían ser los grandes azotes de una humanidad presa de esa tecnoestructura insensible a la dignidad humana.

Esperemos que este renacer ético no sea un simple barniz, una simple cuestión formal, sino que implique un compromiso radical y coherente. En 2021, o caminamos en esta dirección, o regresaremos a la esclavitud de antaño y, por supuesto, a contemplar sobrecogidos los privilegios y prebendas de esa nomenclatura que amenaza altiva y soberbia a quienes no se pliegan a sus dictados. Ojalá seamos conscientes de la magnitud de la tarea que se cierne sobre las personas que no quieren, de ninguna manera, caer en la sumisión y en la esclavitud.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

 

Tecnologías y buena administración de la pandemia

La conceptualización clásica de la buena administración adquiere, en un mundo dominado por las nuevas tecnologías de información y de la comunicación, una nueva dimensión ajustada a las nuevas necesidades de la Administración Pública, de una nueva Administración Pública más transparente, más participativa y más cercana a una nueva ciudadanía digital, con nuevas preocupaciones y exigencias. Por eso, ahora tenemos que pensar en que consiste la denominada buena e-Administración y cuáles son los impactos de los avances tecnológicos sobre el aparato público.

 

 

En este sentido, el moderno Derecho Administrativo, siempre orientado a la defensa, protección y promoción de la dignidad humana, debe hacer frente a las nuevas demandas de una sociedad digital que reclama nuevas prestaciones y nuevos servicios brindados a través de nuevas plataformas digitales con mayor participación ciudadana. Plataformas y estructuras digitales que, poco a poco, reemplazarán por completo los trámites, los procedimientos y las gestiones habituales o tradicionales que brindaba la Administración Pública.

 

Hoy el mundo se encuentra atravesado por una pandemia nunca antes vista en la historia reciente provocada por el covid-19. Las fortalezas y debilidades de los desarrollos informáticos y telemáticos en la construcción de la Administración Electrónica están hoy a la vista de todos y reclaman a los distintos países soluciones para enfrentar los problemas y desafíos de este tiempo de excepcionalidad.

 

Cuanto más fortalezas y construcción tecnológica presente la Administración Electrónica en cada país, mejor posicionado estará para enfrentar las situaciones complejas que la pandemia trae consigo. Pero tales estrategias habrán de hacerse sin perder de vista en ningún momento que las tecnologías están al servicio de la dignidad humana, no al revés como desde algunas terminales mediáticas se intenta transmitir a una sociedad inerme, indefensa, sin recursso morales frente a la colosal maquinaria de manipulación que se ha puesto en marcha precisamente en este tiempo.

 

En este sentido, la virtualidad como sinónimo de no presencialidad en la prestación de los servicios de la Administración Electrónica empieza a ser una realidad en la que la nueva ciudadanía digital exigirá nuevas prestaciones, nuevos servicios, nuevas formas de comunicación y de resolución de los problemas en cada Estado

 

La reflexión moderna sobre la Administración debe hacerse desde un enfoque abierto, plural y dinámico porque la Administración Pública es una realidad multidisciplinar a la que hay que aproximarse desde muchos puntos de vista. En efecto, junto al enfoque jurídico, se encuentra la dimensión económica, el aspecto sociológico, el tecnológico o el histórico, que ayudan a comprender una realidad tan compleja como es la Administracion Pública

 

La ciudadanía, la denominada nueva ciudadanía digital, tiene la posibilidad de acceder a más y mejor información, controlar más y mejor a las Autoridades, obtener un mayor y mejor trato igualitario y aumentar la eficiencia en el uso del tiempo y demás recursos, accediendo a servicios y a trámites burocráticos, que hasta hace no muchos años tardaban mucho tiempo y exigían la presencialidad necesaria del ciudadano en el organismo público donde se debía realizar el trámite.

 

En este tiempo, hay que tener en cuenta que para que la Administración on-line tenga sentido, el desarrollo debe ir paralelo al propio desarrollo tecnológico de la sociedad. Por ello, no solo hay que hacer esfuerzos por implantar la e-Administración, sino que también, y sobre todo, hay que priorizar la extensión del uso de las nuevas tecnologías en la sociedad, minimizando la brecha social que se puede producir según se use o no la información.

 

El impacto de las ventajas y/o beneficios que puede aportar una nueva Administración Electrónica debe ser transversal a toda la sociedad. De ahí la importancia capital de la inclusión social y de la accesibilidad universal que evite que el tan conocido “efecto derrame” de las nuevas tecnologías sea cada vez menor, llegando a desaparecer en cuanto sea posible.

 

En este nuevo ecosistema, en la conjunción entre una nueva Administración on-line y una nueva ciudadanía digital, emerge el nuevo concepto de la buena administración electrónica, que se constituye en el eje central de esta transición de una Administración Pública tradicional, clásica y fuertemente “presencial”, a una nueva Administración Electrónica, mayoritariamente “virtual”, diseñada, insisto, desde la centralidad de la dignidad humana, desde la tarea capital de la Administración del Estado social y democrático de Derecho de proteger, defender y promover los derechos fundamentales de la persona, los individuales y los sociales.

 

Por ello, la recopilación de datos con el fin de mejorar la eficiencia operativa de los servicios sanitarios, así como la mejor atención y accesibilidad por parte de los ciudadanos, es también una consecuencia de la crisis sanitaria global provocada por el Covid-19, donde entran en juego el acceso y manejo de nuestros datos personales. Manejo y gestión que deberán realizarse con el mayor de seguridad y confidencialidad posibles y en el marco del Estado de Derecho, pues si no se actúa desde este espacio, el despotismo y la tiranía estarán pronto entre nosotros. ¿O ya han llegado y se están instalando precisamente a través de estas “magníficas” tecnologías”?

 

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

 

Dignidad en tiempos de pandmia

Los derechos humanos, los derechos fundamentales de la persona, vienen siendo interpretados, también en este momento tan inquietante de la historia del mundo que nos ha tocado vivir, desde una perspectiva individualista. Tal orientación, presente en muchas legislaciones de muchas latitudes, no es más que la expresión en clave jurídica de una ola de profunda insolidaridad que atenta, y gravemente, al bien común, al interés general. La dimensión subjetiva prima de forma casi absoluta mientras que la dimensión social brilla por su ausencia. No es ninguna casualidad. Las tecnoestructuras dominantes imponen, también por supuesto las intervencionistas de cuño marxista, determinados esquemas de comportamiento y de estilo de vida que convierten a una población indefensa y sin recursos de pandemia en marionetas y en moneda de cambio para la perpetuación en el poder.

En este contexto, cada vez es más urgente llamar la atención acerca de la necesidad de armonizar la dimensión individual, personal, con la consideración social, con el empeño por la mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Si prevalece la perspectiva individualista, cada persona termina por convertirse en la medida primera y última de todo y de todos, agregándose a esa legión de personas solas, de ciudadanos abandonados a su suerte, de vecinos sin lazos comunitarios que quizás puedan vivir cómodamente pero que han perdido la capacidad relacional tan importante para el libre y solidario desarrollo del ser humano. Personas que la pandemia ha golpeado especialmente como hemos contemplado desde marzo de este año.

La exaltación del lucro, del beneficio, del resultado, de la eficiencia, también del Estado y de la intervención pública, conducen, desde la instauración del pensamiento único, a la conversión del ser humano, sea del que está por venir, del que es, pero vive en malas condiciones y del que está a punto de dejar de ser, en puro objeto de usar y tirar.

El dominio de la técnica y de la eficiencia suele llevarnos a ambientes en los que la persona es reducida a un mero engranaje de una estructura que la convierte, como mucho, en un bien de consumo que cuándo ya no sirve a la causa, es desechado sin reparo. Ahí están los enfermos terminales, los ancianos abandonados y sin cuidados y, sobre todo, los niños a los que se condena a no poder existir.

Por eso, la dignidad humana debería volver a ser el centro de las políticas, el centro y la raíz del orden social, político y económico, no el trampolín de la demagogia reinante, ni el expediente para la perpetuación en el poder.  2021 es un buen año para sacudirnos tantos yugos y tanta opresión de las tecnoestructuras dominantes.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana