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El espacio local


En los últimos tiempos es relativamente frecuente encontrarse con una pluralidad de iniciativas, aproximaciones, reflexiones y propuestas encaminadas todas ellas, en su conjunto, a replantear las relaciones que deben regir la posición respectiva de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales y aún quizás a replantear la posición del sistema local en el conjunto del ordenamiento autonómico del Estado. Tal situación no es más que la consecuencia lógica de buscar un mayor equilibrio territorial en los diferentes niveles de gobierno a partir de la relevancia que tiene el espacio local para el ejercicio de las competencias que más inciden en la calidad de vida de los ciudadanos.

En este sentido, debe subrayarse la revalorización operativa de la vida local en el espacio europeo, en el cual se comprueba el paulatino aumento de la actuación de los Entes locales, dirigida a los más diversos sectores materiales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Las funciones que, en el ámbito europeo, son realizadas por los Entes locales afectan a materias tales como la seguridad pública, la prestación de servicios asistenciales, funciones de ordenación y planificación urbanística, de promoción y dinamización social, fijación de programas de medio ambiente, promoción económica del territorio y fomento de la ocupación.

La revitalización del espacio local reclama que en un país tan descentralizado como España en favor de Comunidades Autónomas y Entes locales, se alcancen mejores equilibrios territoriales, para lo que se considera razonable y conveniente la aplicación progresiva del principio de subsidiariedad, una vez que, como es fácilmente comprobable, el Estado Autonómico está ya consolidado.

En efecto, tras la importante descentralización operada por el Estado a las Comunidades Autónomas podemos considerar que ha llegado el momento de los Gobiernos y Administraciones locales, ya que, el proceso de descentralización que trajo consigo la puesta en marcha de la llamada Administración Común, especialmente entre 1996 y 2000, no debe detenerse en el escalón autonómico, sino que debe plasmarse en el ámbito local, para así conseguir una efectiva realización del principio de subsidiariedad. Estos dias de emergencia, comprobamos como el espacio local es determinante para la mejora de la calidad de vida de las personas.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Espacio de centro y Administración Pública (y II)

Una Administración Pública que se ajuste adecuadamente a las demandas democráticas ha de responder a una rica gama de criterios que podríamos calificar de internos, por cuanto miran a su propia articulación interior, a los procesos de tramitación, a su transparencia, a la claridad y simplificación de sus estructuras, a la objetividad de su actuación, etc. Pero por encima de todos los de esta índole o, más bien, dotándolos de sentido, debe prevalecer la finalidad de servicio al ciudadano . Estos días, en una situación deemergencia, comprobamos como es posible la simplificación, la sencillez, la simplicidad aunque, como ponen de manifiesto los chino a la hora de hacer llegar mascarillas y otros utiles sanitarios de primera necesidad, la pesadez de nuestra burocracia, incluso en estos momentos, llama poderosamente la atención.

No es superfluo, más en estos tiempos, la centralidad del individuo en el entendimiento de la vida política. El individuo real, la persona, con el cúmulo de circunstancias que lo acompañan, en su entorno social, es el auténtico sujeto de los derechos y libertades que en la Constitución proclamamos. A ese hombre, a esa mujer, con su determinada edad, su grado de cultura y de formación, mayor o menor, con su procedencia concreta y sus intereses particulares, propios, legítimos, es a quien la Administración Pública sirve. Al servicio de esa persona concreta el aparato administrativo debe promover las condiciones para que ejerza con la mayor calidad y hondura sus libertades, hoy en cuestión mientras dure el Estado de alarma.

En este sentido, los empleados públicos para poder desempeñar su trabajo con eficacia necesitan, además de los medios y condiciones de trabajo adecuados, un constante esfuerzo en su competencia profesional para consolidar una Administración que no es una entidad abstracta, sino que la integran personas tan reales como los ciudadanos a los que sirven, y ellos mismos ciudadanos también. Detrás de cada expediente están las aspiraciones de un ciudadano.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Calidad democrática

“La democracia ha vencido, la que tenemos es la única democracia real que se haya realizado jamás sobre la tierra: la democracia liberal”. Estas palabras de Giovanni Sartori, escritas tiempo atrás, nos ayudan a entender el sentido de los principios sobre los que asienta la democracia liberal: separación de poderes, reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona y primacía del principio de juridicidad. Sin embargo, tales basamentos a día de hoy han saltado por los aires y la situación política general,lo vemos a diario, tiende al autoritarismo, de uno u otro signo. Un autoritarismo que mueve a su antojo la tecnoestructura dominante, tal y como podemos presenciar justo estos días.

En efecto, la separación de poderes hoy se ha convertido, en tantos países, en una quimera, en un sueño, debido a que la preponderancia de los partidos, sus cúpulas sobre todo, han terminado por impedir que cada poder cumpla autónomamente su función. El reconocimiento de los derechos fundamentales también es desconocido cuándo se impide la igualdad de todos ante la ley pues los fuertes se la saltan con frecuencia mientras a los débiles e inocentes se les aplica rigurosamente. Y no digamos el principio de juridicidad, conculcado cuándo al poder dominante no le viene bien alguno de los preceptos de la ley o de la Constitución; entonces, en ejercicio del uso alternativo del mando, se incumplen hasta groseramente las Normas, arrumbando cientos de años de lucha por racionalizar y limitar aquel absolutismo entonces tan denostado, que hoy, siquiera sea sutilmente, vuelve a asomar desde dentro del sistema causa de la ausencia real de controles independientes.

Maeztu escribió con buen criterio hace ya muchos años que la ventaja de la democracia sobre las demás formas de gobierno es que no hay en ella, no debería haber me permito añadir, una casta interesada en sofocar el pensamiento libre. ¿Qué pensaría Maeztu por ejemplo, si estuviera hoy con nosotros?. O, por ejemplo, ¿qué comentaría Ortega y Gasset Madariaga o Pérez de Ayala, al contemplar como se desvanece, poco a poco, la esencia liberal de nuestra democracia al igual que aconteció con los últimos coletazos de la II República española?. Desgraciadamente, es una pena, pero hoy existe una casta, cada vez más evidente, empeñada en imponer determinados puntos de vista sobre la vida política, económica y social practicamente sin contestación alguna. Son los apóstoles de ese pensamiento único y plano, del que obtienen pingues beneficios, que no tolera ni la disidencia ni el pluralismo, por mucho que canten y alaben todos los días los más sagrados principios democráticos.

Alain Touraine definió la democracia como el conjunto de garantías institucionales que permiten combinar la unidad de la razón instrumental con la diversidad de las minorías. Ahora bien, es probable que la razón iluminada por la justicia, expresión real de la democracia, no entienda bien la dictadura de las minorías a que nos está conduciendo la forma de permanecer en el poder a cualquier precio que caracteriza a nuestros actuales dirigentes.

Los españoles queremos que se trabaje por el entendimiento y que los dirigentes tengan la grandeza y la altura de miras suficiente para mirar al futuro con ilusión. Si así no lo hacen, el pueblo, cuándo toque, actuará en consecuencia. Porque, como escribió G.W. Shaw, la democracia es el proceso que garantiza que no seamos gobernados mejor de lo que nos merecemos.

“Dos cosas son verdad indiscutibles: que el pueblo es soberano y que nunca el pueblo ejerce ni puede ejercer su soberanía”. Esta cínica reflexión de Antonio Rivarol, cargada de pesimismo y amargo realismo, acampa entre nosotros cuándo la dimensión del autoritarismo es de tal calibre que poco a poco va adueñándose de la voluntad de muchos ciudadanos que renuncian a la perspectiva crítica y a la conquista de su libertad.

En este contexto, es menester abrir la democracia a la vitalidad del pueblo, despejando esos vericuetos por los que aspiran a transitar tantos especialistas de un interés general que sigue contemplándose como algo cerrado y estático. Como algo de la propiedad de los dirigentes cuando en realidad el verdadero dueño y señor del espacio público es el pueblo. Un pueblo que o despierta, o será dominado como acontece en otras latitudes bien conocidas en las que imperan dictaduras y demas formas de totalitarismo. A tiempo estamos, pero cuanto más tarde despertemos más complejo será sacudirnos el yugo del actual autoritarismo.

Jaime Rodríguez-Arana

Autonomías y derechos humanos

Como sabemos, en el tercer inciso del preámbulo de la Constitución se plantea la cuestión de los derechos humanos y el reconocimiento de la identidad política y cultural de los pueblos de España, al señalar como objetivo de la Carta Magna “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones”.

Este principio general expresado en el preámbulo se ve traducido, en el artículo 2 de Constitución, en el reconocimiento de la identidad política de los pueblos de España, al garantizar el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española, así como la solidaridad entre todas ellas, lo que se ha concretado, tras más de cuarenta años de desarrollo constitucional, en un modelo de Estado que goza de una razonable consolidación y estabilidad, como lo prueba la cantidad y calidad de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas, por más que en este momento, a causa de la debilidad de Gobierno, el independentismo haya escalado muchas posiciones políticas al haberse convertido nada menos que en el sostén de la Moncloa.

En efecto, en este tiempo, dada la situación política general, y la necesidad de contar con los separatistas para mantener el Gobierno como sea, aumentan los recelos mutuos entre ciertos sectores. De una parte, los de quienes aspiran a la independencia o a una autonomía extrema que de hecho rompe el marco constitucional, y de otra, los de quienes consideran que el marco autonómico y la promoción de la pluralidad los españoles rompe la unidad de España.

Pues bien, ante estas tensiones es necesario una vez más apelar al entendimiento como metodología para el desarrollo constitucional, particularmente en este punto –en lo referente al Título VIII- porque nos encontramos ante una cuestión que afecta esencialmente a la misma concepción del Estado. No se trata de elaborar un nuevo consenso, sino de establecer nuevos consensos sobre la base del consenso constitucional. Y la Constitución ha querido que el derecho al autogobierno se reconozca a la vez que la solidaridad entre todas las autonomías. Es cierto que las Comunidades Autónomas, en cuanto que identidades colectivas con una personalidad propia manifiestan sus legítimas particularidades y singularidades. Los usos políticos han denominado a estas particularidades “hechos diferenciales”, denominación adecuada precisamente en la medida en que existen elementos comunes.

Pues bien, la existencia de esas diferencias o singularidades –como se quieran llamar- promueve un enriquecimiento constante y dinámico de ese conjunto que se llama España, vertebrado como un Estado autonómico, y en el que la potenciación y desarrollo de las distintas partes, mejora el conjunto.

En este sentido, me parece atinada la explicación sobre España como la del conjunto y las partes, que hacía ORTEGA Y GASSET, no sólo por sus evidentes connotaciones históricas sino porque supone la llamada a otros criterios constitucionales como pueden ser la solidaridad y la cooperación. En este marco, España constituye un magnífico espacio de solidaridad y convivencia siempre desde la plena aceptación de las diferentes identidades que la integran, en un ejercicio activo de compromiso en el respeto a las diferencias. Por eso, la cooperación al bien de todos y común, parece el mejor bien posible para cada uno.

Ahora bien, si es preciso moderar los excesos diferencialistas, debe recordarse al mismo tiempo que donde hay unidad uniformante no hay cooperación, todo lo más habrá operatividadd o capacidad operativa. La cooperación implica, necesita la diversidad, la pluralidad, la aportación diversa de los que cooperan y tienen un objetivo común. Además, no se trata de una solidaridad mercantilista, sino de una solidaridad en la que cada identidad se esfuerza para la mejora propia, la de los demás y la del conjunto, en la medida y la forma en que esto sea posible. Por eso hablamos de autonomía y de integración en un equilibrio que conviene encontrar entre todos, para cada momento. En este sentido, la Constitución se nos aparece como un instrumento jurídico y político adecuado para la consecución de tan fecundo equilibrio, que tenemos que saber alcanzar y desarrollar inteligente y respetuosamente los unos con los otros. Por eso, necesitamos enfoques y planteamientos que abreven en esta lógica, una lógica que desde luego es mayoritaria entre nosotros, pero por la razón que sea no encuentra una formulación política capaz de devolver a la sociedad española la moderación y el ansiado equilibrio. Ese es el problema y esa es la solución.

Jaime Rodriguez-Arana

@jrodriguezarana

El reino de lo políticamente correcto

Es bien conocida la cita de F. SHAW sobre la libertad: libertad implica responsabilidad: por eso le tienen tanto miedo la mayoría de las personas. No es, ni mucho menos, un gran descubrimiento señalar que una de las principales características que definen el mapa ideológico y político de fin de siglo fue el miedo a la libertad.

Tampoco es ningún misterio, me parece, afirmar que no pocos prefieren aliarse con un mediocre conformismo y llevar una vida plana que evite cualquier sobresalto procedente de la muy noble, y necesaria, actividad de pensar, y, consecuentemente, actuar coherentemente. Por ejemplo, ¿cómo es posible la continua insistencia en la preservación de los derechos humanos y, simultáneamente, que aumente la pobreza y el número de atentados a esos derechos inalienables?.

Thomas PAVEL advertía en uno de sus escritos que la “political correctress” trae su causa de un colectivismo particularista heredado de la pasión por la igualdad, en detrimento de la libertad individual. Otra característica de este poderoso fenómeno es la imposición de la discriminación positiva, valga la redundancia, sin discriminación, y la tendencia al fundamentalismo. Sí, de ese fanatismo del que escribió HOLMES que “la mente del fanático es como la pupila de los ojos; cuando más luz recibe, más se contrae”. ¿Por qué?. Porque el fundamentalista o fanático ve con tanta claridad lo que le parece lo único posible que no se explica para qué sirve la libertad.

Esta descripción del fundamentalismo les recordará aquello de LENIN de “libertad, ¿para qué?”. Pues libertad, para trabajar, para convivir y, sobre todo, para poder elegir con criterio. Libertad para opinar, para expresar las convicciones sin ser discriminado. Libertad, siempre libertad, aunque no nos gusten o convenzan las posiciones de los otros.

JaimeRodríguez-Arana

La Constitución de 1978

El tiempo político en que vivimos, en manos de arribistas y personajes a quienes solo preocupa estar como sea en el poder, aunque sea por contraste, devuelve al primer plano de la actualidad, el espíritu de la Constitución de 1978, hoy lesionado con frecuencia.

En efecto, en la historia de un país hay hitos históricos que contribuyen a conformar los rasgos de la ciudadanía política de sus habitantes. Olvidarlos, desvirtuar su sentido, o convertirlos en un tópico inerte, como se está intentado en este tiempo, afecta de manera inmediata a nuestra propia identidad de ciudadanos. Por eso debemos recordar que significó para España y los españoles el 6 de diciembre de 1978. Ese día, se abrió para España, para todos los ciudadanos, un esperanzador panorama de libertad, de justicia, de igualdad y de pluralismo político. Recordar esta fecha es reconsiderar el valor de estos preciados bienes, lamentar su ausencia en tantos años de nuestra historia, rememorar el esfuerzo de su consecución, y reafirmar nuestro compromiso de preservarlos y enriquecerlos a pesar del intento constante y pertinaz de los actuales gobernantes por echar abajo los valores de la concordia y el entendimiento con el fin de imponer un nuevo régimen de signo autoritario.

Hoy se ha roto el consenso y se gobierna desde la aritmética política despreciando el entendimiento, que en lugar de medio para que brille la dignidad humana, se convierte en un instrumento de lucha ideológica. Pues bien, el espíritu de consenso se puso particularmente de manifiesto, como bien sabemos, en la elaboración de nuestro Acuerdo Constitucional. Muchos de nosotros podemos recordar con admiración la capacidad política, la altura de miras y la generosidad que presidió todo el proceso de elaboración de nuestra constitución de 1978. Una vez más se cumplió la máxima de Dahlmann: “En todas las empresas humanas, si existe un acuerdo respecto a su fin, la posibilidad de realizarlas es cosa secundaria…”

En aquel tiempo el sentido común, la categoría y el talento de los actores políticos, y la moderación, alumbraron un amplio espacio de acuerdo, de consenso, de superación de posiciones encontradas, de búsqueda de soluciones, de tolerancia, de apertura a la realidad, de capacidad real para el diálogo que, hoy como ayer, debieran fundamentando nuestra convivencia democrática.

Este espíritu al que me refiero -de pacto, de acuerdo, de diálogo, de búsqueda de soluciones a los problemas reales- fue posible porque de verdad se pensaba en los problemas de la gente, cuando detrás de las decisiones que hubiera que de adoptar aparecían las necesidades, los anhelos y las aspiraciones legítimas de los ciudadanos. Por eso, cuando las personas son la referencia para la solución de los problemas, entonces se dan las condiciones que hicieron posible la Constitución de 1978: la mentalidad dialogante, la atención al contexto, el pensamiento compatible y reflexivo, la búsqueda continua de puntos de confluencia y la capacidad de conciliar y de escuchar a los demás. Y, lo que es más importante, la generosidad para superar las posiciones divergentes y la disposición para comenzar a trabajar juntos por la justicia, la libertad y la seguridad desde un marco de respeto a todas las ideas. Cuando se trabaja teniendo presente la magnitud de la empresa y desde la tolerancia cobra especial relieve el proverbio portugués que reza “el valor crea vencedores, la concordia crea invencibles”. Es anecdótico lo que voy a decir, pero la misma razón puede encontrarse en aquella cantinela –“el pueblo unido jamás será vencido”- tan repetida en el período constitucional. Podremos disentir en no pocas de las cuestiones que nos afectan a diario. Pero habremos de permanecer unidos en la absoluta prioridad de los valores que nuestra Constitución proclama.

      Por eso precisamos recuperar ese ambiente social y político y por eso necesitamos que den un paso personas realmente comprometidas con los valores y principios constitucionales. Mientras eso no acontezca, seguiremos instalados en ese cainismo y maiqueismo que, adobado con una elevada dosis de control y manipulación social, producen esta situación de inestabilidad y de enfrentamiento que tanto daño hace a nuestro país y a todos los españoles. A tiempo estamos.

JaimeRodriguez-Arana

@jrodriguezarana

La vuelta a lo local

Los Estados compuestos como el español se caracterizan, entre otras cosas, por la existencia de determinados espacios territoriales que disfrutan de autogobierno y autoadministración en un marco de integración, cooperación y lealtad institucional. El gobierno de España, los gobiernos de las Comunidades Autónomas, y los gobiernos de los diferentes Entes locales son gobiernos democráticos, elegidos por los ciudadanos, que se caracterizan por su autonomía para la realización de políticas públicas propias en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los gobiernos se legitiman, podríamos decir, en la medida en que asumen efectivamente un compromiso creciente con los problemas reales de la gente. Siendo esto así, como lo es, no es menos cierto que cada vez, según la común opinión de politólogos y administrativistas, los Gobiernos nacionales, y en cierta medida también los regionales o autonómicos, cada vez deben circunscribir sus políticas a la orientación general, a la planificación estratégica o, si se quiere, al establecimiento de las bases, o el común denominador, que hagan posible la igualdad en las condiciones básicas para el ejercicio de los derechos humanos por todos los españoles, con independencia del lugar de España en que residan.

Por otra parte, si bien, las Comunidades Autónomas están llamadas, por su inserción en el esquema descentralizador, a elaborar igualmente políticas públicas de ámbito supramunicipal, no debemos olvidar que deben, y así ocurre afortunadamente, dedicar una parte sustancial de sus recursos materiales y medios humanos a actividades de pura gestión o ejecución. Pero es, sin embargo, el espacio local el espacio de la gestión por autonomasia. Además, por su cercanía a la gente, el espacio local se nos presenta también como un espacio muy adecuado para las experiencias participativas, así como para las reformas e innovaciones de determinadas políticas públicas. En este sentido, hasta podría decirse sin exageración alguna, que el espacio local es un permanente laboratorio democrático en el que el pluralismo y la participación, si hay voluntad política, resplandecerán permanentemente. Y no digamos la posibilidad de hacer buena esa reflexión tan atinada de que la Administración pública, en una democracia, es de la gente, de los vecinos.

Quizás por éstas, entre otras razones, en todo el mundo hay una vuelta a lo local. Una vuelta a lo local, me parece, desde posiciones moderadas y equilibradas. Es decir, desde el pensamiento compatible y dinámico, desde la aceptación de la realidad hay una vuelta a lo local. Una vuelta a lo local que nos lleva a tratar de un tema en verdad central, el principio de subsidiariedad. Pero eso será otro día.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Iniciativas nacionales anticorrupción

La creación de un marco normativo adecuado en el ámbito internacional, con la participación de Poderes públicos, empresas privadas y agentes sociales, precisa también, como señala el consejo de expertos anticorrupción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una agenda nacional sólida y bien planteada.

En concreto, en este ámbito es menester de disponer de normas sobre transparencia financiera y gubernamental que faciliten de verdad el acceso a la información sin incluir obstáculos o impedimentos que a fin de cuentas dificulten en la realidad esta relevante cualidad democrática de la gestión financiera y pública. Además, las leyes sobre gestión pública de recursos, sobre contratos y adquisiciones deben ser claras, precisas, concretas y completas. Igualmente, es necesario afinar las nuevas tecnologías para que puedan ser útiles en la lucha anticorrupción y trabajar con realismo y efectividad para evitar la captura del Estado con disposiciones que eviten los conflictos de interés. El control sobre la actividad pública en sentido amplio debe ser independiente, así como el ejercicio de la función jurisdiccional en todos los niveles y órdenes.

En concreto, las leyes sobre la contratación pública deben evitar las licitaciones dirigidas y vigilar adecuadamente las calificaciones parciales en las adjudicaciones y las renegociaciones ex post. Como señalan los expertos del BID, la adjudicación de contratos de infraestructuras mediante licitaciones competitivas contribuye poco a evitar sobrecostos y corrupción si luego se renegocian en beneficio de su ganador. Es decir, si se usan los reformados para compensar al adjudicatario por otros “servicios”, entonces no solo no se combate la corrupción, sino que se propicia.

La prevención es, desde luego, una de las mejores formas de combatir la corrupción. Por eso, en el ámbito de estos grandes contratos de infraestructuras en los que participa intensamente el sector privado, como señalan los expertos del BID deben definir mejor los problemas a resolver y los servicios concretos a prestar, aumentando la rendición de cuentas y evitando, a la vez, los peligrosos procesos de renegociación. Igualmente, en estos contratos se deben establecer marcos generales que permitan implantar formas electrónicas de contratación con presencia de todos los licitadores garantizando la transparencia, la integridad, la competencia y el acceso a la información.

La prevención de la corrupción en estos contratos aconseja también adoptar marcos licitatorios y documentos estandarizados que impidan la exclusión de algunos licitantes. También es menester publicar todos los cambios e incidencias contractuales que se produzcan siempre en el mismo medio donde se publican los contratos originales. Además, se debe facilitar las denuncias de corrupción garantizando el anonimato, prohibir las cláusulas de equilibrio financiero, planificar y racionalizar las compras públicas, separar los órganos de planificación de los de ejecución de los contratos e implantar tribunales administrativos integrados por profesionales independientes.

En fin, la actividad administrativa de prevención, por derecho propio, integra ya una modalidad relevante de la tipología de la acción administrativa. Pero si no hay personal formado y preparado para la prevención, estas medidas no serán eficaces. Así de claro.

Jaime Rodríguez-Arana @jrodriguezarana

El centro y la Administración pública (I)

La constitución de 1978, que define la Administración como una organización que sirve con objetividad intereses generales (Artículo 103.1 CE), nos recuerda que las reformas administrativas deben levantarse en función de las personas y no en función de los intereses burocráticos. ¿Por qué?. Porque, como también señala la Constitución, corresponde a los poderes públicos -artículo 9.2 CE- promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

En efecto, el Estado vive un momento de tránsito que se viene prolongando el tiempo suficiente para considerar el cambio como algo permanente y, en consecuencia, la capacidad de adaptarse a él como un auténtico rasgo definitorio del Estado moderno. En este sentido, el propio futuro del ejercicio democrático del poder pasa necesariamente, por hacer de su capacidad de adaptación a los cambios, una condición esencial de su propia existencia.

La ingente tarea que supone este aspecto de la vida pública requiere profundizar en las ideas que lo sostiene: asegurar las libertades reales de la ciudadanía. Desde el espacio del centro político, la Administración pública aparece como uno de los elementos clave para asegurar que las aspiraciones de los españoles puedan hacerse realidad, por lo tanto: ni nunca podrá ser un aparato que se cierra a la creatividad, o la impida con cualquier tipo de trabas, ni tampoco podrá dejar -especialmente a los más débiles- al arbitrio de intereses egoístas.

El modelo centrista de Administración pública apuesta por la libertad, que es apostar por la sociedad, por confiar en el ser humano, por confiar en la capacidad, en las energías, en concreto, en la creatividad de los españoles, que ha tenido y debe seguir teniendo, a pesar de los pesares, a pesar de la actual situación, amplia cabida en la historia.

El pensamiento compatible de centro, permite que al tiempo que se hace una política de impulso de la sociedad civil, no haya compuertas que limiten una acción de la Administración que asegure la libertad de disfrutar, por ejemplo, de una justa y digna jubilación de nuestros mayores, que limiten la libertad de disponer de un sistema de salud para todos, que recorten la libertad de que todos tengan acceso a la educación en todos sus niveles, o acceso a un puesto de trabajo, o sencillamente a disfrutar de la paz. Aquí reside el sentido de la Administración pública que queremos desde el centro.

Por eso, la Administración debe ser un entorno de entendimiento, y un marco de humanización de la realidad que fomente el objetivo constitucional central “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás” (Artículo 10.1 CE).

Por tanto, el aparato administrativo debe promover las condiciones para que todos los españoles sin excepción podamos ejercer con mayor calidad nuestras libertades, teniendo también presente que la Administración también debe estar próxima, cercana a la gente en un ambiente de real descentralización (Artículo 103.1 CE) teniendo presente que la programación y ejecución del gasto público debe responder a los criterios de eficiencia y eficacia (Artículo 31.2 CE).

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La conquista de la libertad

Desde la Constitución de 1978 disfrutamos en España de un marco de libertades como nunca en nuestra historia se ha contemplado. Y sin embargo no podemos dejar de constatar el sentir que late permanentemente en el corazón del ser humano, una aspiración a una más amplia y cumplida libertad, hoy más actual que nunca. Este mismo sentir en determinadas épocas, ene este tiempo por supuesto, y en algunas capas de la población, incluso a veces en amplísimas capas de la población, se llega a sentir como una necesidad colectiva y urgente. Hoy, frente a la operación de división y fraccionamiento social en marcha, la reivindicación de espacios de no dominación, de espacios de libertad es más importante pues nos enfrentamos a una ola de intervencionismo y populismo como pocas veces hemos tenido entre nosotros..

Nuestro sistema democrático satisface esa aspiración de libertad política, pero no podemos dejar de interrogarnos y de procurar horizontes en los que gocemos de más libertad. ¿Es esto posible? Casi con seguridad que sí. Afirmar que hemos llegado a tal grado de libertad que no se hace posible progreso alguno, que no cabe una ampliación del ámbito de nuestras libertades, significaría haber sentenciado el fin de la historia, el punto final del progreso humano, el estancamiento y la esclerotización del ser humano. Pero está claro que hay mucho por hacer y que la capacidad creativa de los hombres se nos manifiesta como insondable, especialmente en unos momentos en que las libertades de quienes no están alineados con la tecnoestructura corren serio peligro.

Los espacios de moderación, hoy fuera de juego, significan nuevas oportunidades, oportunidades también para la libertad, para ser más libres, pero tenemos que conseguir ser todos más libres, todos. Esa es una conquista que tenemos que hacer también entre todos, incorporando los nuevos espacios a nuestro personal ámbito vital, existencial, al ámbito de nuestras vivencias concretas, de modo que se enriquezcan nuestras experiencias, nuestras relaciones personales, nuestras amistades, nuestros referentes culturales, etc., etc., no sólo el ámbito de negocios de los emprendedores económicos. Como decía Clara Campoamor, a ser libres, como a tantas cosas en la vida, se aprende ejerciendo la libertad todos los días, y varias veces.. De lo contrario, otros, nos sustituirán, como ahora acontece, y nos dirán hasta como hay que ser “libres”. A diario lo experimentamos inmersos en esta colosal operación de manipulación y control social en la que estamos instalados desde hace tiempo.

Jaime Rodríguez-Arana

@jodriguezarana