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La resistencia cívica

El derecho a la resistencia ha tenido, a lo largo del tiempo, diferentes entendimientos en función del modelo de gobierno imperante. En el pasado, el derecho a la resistencia, por ejemplo, justificó la Revolución norteamericana, la inglesa o la francesa, para proceder a una alteración radical de la naturaleza del gobierno. En el caso de Francia se produjo una transformación radical del orden político, mientras en el mundo anglosajón, al menos en el Inglaterra, el cambio se realizó para renovar los pactos medievales.

Tras la Revolución francesa, la Constitución de 1793 reconoce el derecho a la resistencia como uno de los principales derechos naturales junto a la libertad y el derecho a la seguridad. Poco tiempo después será la burguesía gala, quien más y mejor se benefició de la Revolución de 1789, quien montaría todo un sistema político y normativo sobre la base de los privilegios y prerrogativas construidos por ella misma para encaramarse al poder. En este contexto, se elimina el derecho a la resistencia, ese derecho que fue instrumentalizado por la burguesía para alcanzar la rectoría de los asuntos públicos pero que ahora convenía desterrar porque por fin llegó el nuevo orden que salvará al hombre por mor de la iluminación y la ilustración inherente a la salvadora Revolución. Así, de un plumazo, desparece el derecho a la resistencia, un derecho que en el Estado de Derecho habrá de canalizarse a través de los recursos, reclamaciones, garantías y demás instrumentos de impugnación de actos y normas del poder público que el Ordenamiento jurídico facilita a personas físicas y a personas jurídicas.

Se resiste, pues, a través de los recursos y demás medios de censura jurídica previstos en el Ordenamiento jurídico. Esta es la gran falacia de una Revolución que pretendió instaurar un positivismo jurídico blindando la posición de una clase social que pensó que estaría permanentemente en el poder por los siglos de los siglos.

Tendrá que ser el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas de 1948, dando un salto de varios siglos, quien nos recuerde que el régimen de Derecho, el Estado de Derecho, permite la resistencia en su dimensión fáctica extrema, la rebelión o la insurrección, contra la opresión o la tiranía, es decir contra la lesión de los derechos humanos, que se convierten así en el principal canon de legitimidad a que debe responder la acción de gobierno que se quiera tildar de legítima. Exponentes de esta perspectiva fáctica de la resistencia las encontramos recientemente en los países musulmanes del Norte de Africa que protagonizaron rebeliones contra sistemas de gobierno autoritarios en los que las situaciones de excepción se prolongaban, sin justificación, por largas décadas.

En Europa serán los alemanes los que en 1968, en una reforma de la Constitución de Bonn, quienes acogen una perspectiva fáctica del derecho a la resistencia que autoriza al pueblo a su ejercicio cuando efectivamente se lesionen los valores constitucionales. Resistencia, pues, para la defensa de la Constitución. También, desde otra perspectiva, la Constitución griega o la portuguesa, como reacción, a regímenes autoritarios, recogerán en su seno el derecho a la resistencia. En Italia, tras un encendido debate constitucional, resolverían excluir este derecho de la Carta Magna por entender, no sin razón, que es inmanente al principio cardinal de la soberanía popular y a la centralidad jurídica de la dignidad del ser humano. Igual interpretación puede deducirse del Derecho Constitucional español, que reconoce la objeción de conciencia y desde luego la soberanía popular mandando que los derechos inviolables inherentes al ser humano y el libre desarrollo de la personalidad son el fundamento del orden político y la paz social.

Hoy, ante el regreso del totalitarismo, en cualesquiera de sus formas y manifestaciones, no siempre grosero o explícito, vuelve a cobrar actualidad un derecho humano que reconoce y protege la libertad y los derechos fundamentales frente a regímenes politicos dirigidos resueltamente a ahogar la vida social, a impedir el pluralismo y a cegar cualquier atisbo de crítica. No podemos dormirnos en los laureles porque la impronta totalitaria está al acecho, dispuesta a aprovechar cualquier atisbo de debilidad en la defensa de las libertades para volver a tomar el timón. El mayor antídoto, el ejercicio cotidiano, y sin miedo, de todas y cada una de las libertades. Si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros, y bien que lo lamentaremos.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Razón y democracia

La democracia moderna, es sabido, se establece sobre el supuesto de que los gobiernos deben tener presente que la razón ha de presidir la discusión que alimenta la vida pública. Discusión que, lógicamente, debe orientarse a los fundamentos mas racionales de las cosas, independientemente de las posiciones partidistas. Es decir, es la razón humana quien debe constituirse como guía última del discurso democrático, y no la razón partidista, la razón estratégica, la razón técnica, o la razón de Estado. Algo que, a causa de la profunda mediocridad imperante, brilla por su ausencia.

En este sentido conviene siempre preguntarse hasta que punto los gobiernos toman en consideración las opiniones de los distintos interlocutores para buscar soluciones razonables que posibiliten el consentimiento general de quienes participan -o deben participar- en la vida política. Es igualmente pertinente cuestionarse hasta qué extremo algunos interlocutores exageran su desacuerdo haciendo primar criterios ideológicos o estrategias de desgaste de los gobiernos sobre el interés general de la comunidad.

Por eso, desde la razón, fundamento de la vida política en la democracia,  es preciso llamar la atención sobre la configuración de la persona como centro del sistema y simultáneamente señalar la referencia básica de que la democracia es el camino idóneo para promover las condiciones necesarias para el pleno desarrollo del ser humano y para el libre y solidario  ejercicio de sus derechos. El sistema democrático -en el sentido más amplio de la participación ciudadana en la vida pública- es una exigencia incuestionable de la condición personal del hombre.

 

En definitiva, la democracia debe aportar en este tiempo de grave crisis la recuperación de sus valores primigenios, y propiciar un ambiente de solidaridad, equidad, convivencia, tolerancia y de sensibilidad ante los problemas de las mujeres y de los hombres de nuestro tiempo. Algo, sin embargo, en este momento, es muy dificil a causa de la profunda ideologización y de la inoculación de toneladas de odio y rencor en la vida pública. La solucion la tenemos los ciudadanos, que somos los dueños y señores de la democracia. Ojala nos lo creyeramos y actuáramos en consecuencia.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

 

La funcionalidad del poder constituyente

La función de un poder constituyente es, lisa y llanamente, la elaboración de la Constitución. Tarea que, desde luego, no es sencilla. A los poderes constituidos les corresponde la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial. Al poder constituyente no le compete promulgar leyes, nombrar funcionarios o resolver controversias jurídicas entre poderes o entre particulares al igual que a los poderes constituidos no les corresponde de ninguna manera elaborar la Constitución.

Es el pueblo en su conjunto, finalmente, quien ha de ratificar o no el texto elaborado por el constituyente, porque realmente la soberanía reside en el propio pueblo. Esto es lo que acontece en la democracia norteamericana. El constitucionalismo europeo, algo confuso en este punto, como trabaja con la hipótesis de la soberanía de la Asamblea, no del pueblo, ha propiciado que en ocasiones el constituyente haya querido perpetuarse como poder legislativo ordinario abriéndose la puerta, como señala el profesor Pedro de Vega, al sistema Asambleario estilo Convención francesa, o, si se quiere, a la denominada por Carl Schmitt, dictadura soberana. Sin embargo, el poder constituyente finaliza su tarea, y se extingue como tal cuando el pueblo la vota en referéndum.

 

La elaboración de la Constitución, de acuerdo con los postulados del  Estado de Derecho y de acuerdo con la teoría constitucional, requiere de límites y controles que eviten algo que se puede y se debe evitar a pesar de la naturaleza ilimitada que en pura teoría tiene el poder constituyente: la arbitrariedad y la concentración del poder. Es de la esencia de la democracia la limitación del poder y su división en diversas funciones para propiciar un ambiente de equilibrio en el que su ejercicio se pueda realizar con arreglo a la justicia. Si alguno de los poderes se arroga la ilimitación y el carácter absoluto, entonces en ese momento, salvo que se renueven los compromisos con el Estado de Derecho, se empieza a caminar por una senda distinta de la democracia liberal moderna que, con luces y sombras, permite que el gobierno se realice al servicio objetivo del bienestar de los habitantes.

 

La discusión y el debate académico son una necesidad en las sociedades abiertas. Como decía Maeztu, la diferencia de la democracia sobre las demás formas de gobierno es que no existe en ella una casta interesada en sofocar el pensamiento para que no se le discuta. En la democracia se puede y se debe discutir. Se puede y se deben expresar, como se hace en la demanda que prologamos, argumentos transidos de racionalidad y de compromiso con los valores eternos del derecho.

 

Havel decía no hace mucho tiempo que vivimos en una ficción que en ocasiones se torna inhabitable, insoportable. Es verdad, hoy se nos habla de democracia a la vez que se pisotea y se limita, hoy se proclama a los cuatro vientos la efectividad de los derechos fundamentales de la persona mientras se niegan a los que van a ser y a los que van a dejar de ser, derechos inalienables fundamentales. Hoy se pontifica sobre la ética y el servicio al pueblo, mientras no pocos aprovechan los cargos públicos para el enriquecimiento y la discriminación de quienes no piensan como ellos. Es verdad, vivimos tiempos de contradicciones, de una universal esquizofrenia presidida por el pavor a la congruencia entre el pensamiento y la acción. Los juristas, que eso somos quienes nos dedicamos a la noble ciencia del Derecho, expresión radical de la aspiración a la justicia, tenemos que rebelarnos cívicamente cuando, en efecto, comprobamos que en ocasiones se laminan los más elementales principios generales que han permitido que el Derecho público sea una creciente aspiración ordenada racionalmente a la justicia.

Por eso es explicable el lamento de Ripert en su libro sobre la decadencia del derecho: “ es inadmisible ver a juristas que usan la lengua del derecho y una técnica hábil, proponiendo o justificando reglas que habrían condenado cuando aprendían o enseñaban los principios del Derecho. Y si tantas leyes que crean el desorden o realizan la injusticia son acogidas con indiferencia o aprobadas con temor, hay que ver en este silencio o en esta adhesión, desgraciadamente, una decadencia del Derecho”.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

El poder constituyente (II)

El poder constituyente nace, como se sabe, en el marco de los esquemas representativos en su interacción con el principio democrático de la soberanía popular. El poder constituyente adquiere sentido en el contexto de la separación de los poderes. No sólo porque es distinto de los poderes constituidos, sino porque es esencialmente diferente, aunque traiga causa del poder de titularidad popular, que será quien tenga que pronunciarse sobre la Constitución que ha de elaborar el mismo poder constituyente.

 

Con independencia de las conocidas discusiones entre Sieyès y La Fayette sobre si la paternidad del poder constituyente hay que situarla en Francia o en los Estados Unidos, es lo cierto que surge en el marco de los procesos revolucionarios que alumbraron el constitucionalismo liberal y que su sentido ha de situarse en la propia elaboración de la Constitución: ni más ni menos. Como reconoce De Vega, es verdad que Montesquieu no se refiere en sus libros al poder constituyente. Sin embargo,  la existencia de los tres poderes tradicionales, que recíprocamente se vigilan y controlan como poderes constituidos, no se concebiría sin la existencia de un poder previo y superior en el que aquellos cifraran la razón de su existencia.

 

El poder constituyente, es verdad, ha sido clásicamente entendido como un poder ilimitado, como un poder absoluto en la medida en que es la encarnación de la soberanía del pueblo, como el poder soberano por excelencia. Se trata de un poder que crea otros poderes, que se dirige a elaborar la Constitución y que es un poder, se dice, que el pueblo se da a si mismo por sí mismo. Suele hablarse en este punto de la analogía de la posición del príncipe “legibus solutus” y de la proyección de la idea absolutista de la concepción de la soberanía de Bodino.

 

El propio Sieyès decía que el poder constituyente necesita para ejercer su función verse libre de toda forma y de todo control. Sin embargo, hoy, dos siglos después de la peripecia de la revolución francesa, no podemos menos que censurar las consecuencias, desde la experiencia, de la instauración, en nombre de tales ideas, de un régimen de terror como pocas veces hemos conocido tal y como ha acontecido en la tradición marxista.

El poder constituyente, aunque es ilimitado y total para elaborar la Constitución, ha de circunscribirse en la cultura jurídica enmarcada en los principios y postulados del Estado de Derecho que, más que cómo límites, operan como marco de trabajo trabajo de los miembros de las Cortes o Asambleas Constituyentes. Salirse del contexto en el que se reconocen los elementos esenciales de la democracia moderna, es colocarse en otra longitud de onda ideológica diferente, contraría, claro está, al pensamiento democrático tal y como ha sido formulado entre nosotros por largo tiempo.

 

Es verdad que el poder constituyente trae su causa del poder del pueblo, que es la esencia de la democracia. Sin embargo, a pesar de que es la resultante del poder del pueblo en cuanto orientado a la elaboración de la Constitución, su fundamentación, como expresó el propio Sieyès, es de orden ontológico, de naturaleza metafísica, iusnaturalista en una palabra.  Por eso, aunque el poder constituyente es ilimitado, lo es en el marco del glosario de principios que vertebran el Estado de Derecho. Esta cuestión es capital para comprender el alcance, extensión y límites del propio poder constituyente y su peculiar manera de ejercicio.

 

En efecto, como ha recordado el profesor Pedro de Vega, el poder constituyente puede ejercerse fundamentalmente por el pueblo de dos maneras, según que nos situemos en el constitucionalismo americano o europeo.

Según los norteamericanos, el ejercicio del poder constituyente requiere siempre la participación directa del pueblo como titular efectivo del poder. Según la tesis de Sieyès, no queda más remedio que admitir la delegación de competencias a partir de la representación para poder comprender realmente el sentido y el funcionamiento del poder constituyente. Al igual que los colonos establecieron sus comunidades de orden religioso a partir de pactos, también siguieron esta metodología para fundar la comunidad política que, en última instancia, el pacto o convención constitucional debía ser refrendada por todos pues, en efecto, el pueblo debe participar directamente en la elaboración y aprobación de la Norma fundante del sistema político.

En el caso francés, seguramente para evitar el refrendo del pueblo, lo que llama la atención si partimos de los presupuestos de la democracia de identidad, es la transformación dell dogma de la soberanía popular en soberanía de la nación. Lo que tiene una gran relevancia puesto que, según Sieyès, al ser la nación un ente abstracto que sólo puede expresar su voluntad a través de representantes, la potestad constituyente solo será posible a través de representantes.

Entonces, el poder constituyente deja de ser lo que debe ser, el poder en el que el pueblo directamente participa, y se convierte en el poder de la Asamblea en la que la nación delega sus competencias. De esta manera se elimina la intervención directa del pueblo para instaurar el llamado Asamblearismo en cuya virtud, en nombre de una abstracta soberanía de la nación se levanta el omnímodo u omnipotente poder de la Asamblea que, por sorprendente que parezca, se reproduce en las Constituciones francesas de 1793, 1848 y 1871 y dio lugar a la conocida tesis de la soberanía de las Asambleas. Se hurta pues al pueblo su poder y se atribuye a la Asamblea, de manera que quien maneja la Asamblea maneja el poder.

Más adelante, las pretensiones de la burguesía de encaramarse en la más alto de la cúpula y, después, los intereses de los partidos políticos, ha propiciado que en esencia se mantenga esta peligrosa tesis que surge del intento de compatibilizar el principio democrático y las Cortes constituyentes representativas.

En Bolivia, Venezuela y Ecuador, en tiempos recientes, tal versión del poder constituyente para alumbrar nuevas constituciones, no han traído más que pobreza, miseria y una élite que se encarama al poder y se dedica a la justificación de la reelección indefinida.

 

Jaime Rodriguez-Arana

@jrodriguezarana

La democracia liberal

En pleno siglo XXI, en tiempos de emergencia sanitaria, tras una crisis económica-financiera, una de las constantes del pensamiento político se dirige, una y otra vez, de una manera o de otra, a repensar la esencia de un sistema, de un modelo que fue pensado y diseñado para que, en efecto, el gobierno del pueblo, para y por el pueblo fuera una realidad. Sin embargo, a pesar de que los pasos dados han sido claros y firmes, todavía observamos y contemplamos como en nombre del pueblo siguen pugnando por prevalecer determinados intereses parciales, sean de orden económico, sean de orden partidario que impiden que la aspiración a la justicia y al bienestar de millones de seres humanos encuentre cumplida satisfacción. La democracia, como escribió Friedrich, más que un sistema de gobierno constituye un estilo vital desde el que es posible comprender las diferencias, desde el que posible poner en el centro de la acción del gobierno la mejora constante de las condiciones de vida de los ciudadanos. Algo que el pensamiento ideológico y el uso del odio y el rencor, desde una u otra orilla, impide como estamos experimentando

 

Mucho se ha discutido, se discute y se discutirá acerca del sentido del interés general en los sistemas democráticos. Para unos, es la voluntad de la mayoría la que debe prevaler unilateralmente en cualquier caso, pasando por encima, si es menester, de las minorías. Para otros, entre los que me cuento, el interés general constituye la expresión del bien de todos y de cada uno de los ciudadanos en cuanto miembros de la comunidad, de manera que el gobierno a la hora de aplicar sus políticas ha de tener en cuenta esta realidad y evitar la función de apisonadora que tantas veces comprobamos que constituye la esencia del mal gobierno en el seno de nuestras “ilustradas” democracias.

 

En cualquier caso, la teoría política sigue de moda. No podía ser de otra manera porque, estando todo inventado, también en materia de sistemas de gobierno, se observa una cierta vuelta a perspectivas unilaterales, de corte totalitario, desde las que se intenta a toda costa levantar concepciones de la democracia periclitadas, bien sea por su imposibilidad racional de implementación (democracia de identidad) bien sea por su incapacidad real para posibilitar gobiernos con capacidad de atender a los intereses generales entendidos desde el pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario. Metodología desde la que las instituciones sociales y políticas han de ser revisadas permanentemente para que no se alejen de su verdadero sentido, para que atiendan siempre y en todo momento a la efectividad de los derechos fundamentales de las personas

 

A pesar de que Sartori ha señalado certeramente que la democracia liberal ha vencido porque es la única democracia real que se ha podido aplicar, los intentos de desnaturalizar el gobierno de todos, para todos y por todos para implantar sistemas de gobierno de unos pocos, de una parte, por relevante que esta sea, sigue estando presente tal y como se demuestra en el mundo en el que vivimos.

 

En efecto, el agotamiento del pensamiento marxista al desvanecerse los modelos de socialismo a que dio lugar, hoy se rebela contra su estrepitoso fracaso y pugna por el uso alternativo de las instituciones de la democracia liberal. Es el caso de la quiebra de los postulados del Estado de Derecho, la gran conquista del pensamiento liberal que trajo consigo la primacía de la ley, la centralidad de los derechos fundamentales de la persona y la separación de poderes. Trípode sobre el que se la levantado el edificio de la política y el derecho de la cultura jurídica moderna y que, sin embargo, poco a poco han sido asaltados por diferentes teorías y explicaciones que buscan, de una u otra forma, laminar estos grandes principios para instalar dictaduras de hecho a partir de la subversión del orden constitucional e institucional.

 

Es lo que está aconteciendo en algunas naciones en las que se está experimentando, dos siglos después, con modelos de democracia identitaria, que diría Rousseau. Con modelos esencialmente inaplicables pero que permiten el uso fraudulento de las instituciones de la democracia liberal por los agitadores de masas en detrimento de la convivencia pacífica de todos y de la búsqueda de modelos racionales y humanos, mejorables ciertamente, desde los que convocar a políticas sociales que ayuden a la ciudadanía a superar lacerantes situaciones de pobreza, especialmente en tiempos de pandemia. La pobreza, está demostrado, se combate desde la educación y desde el compromiso de los gobiernos con los abandonados de este mundo, no desde la fragmentación y el ejercicio totalitario del poder para laminar al adversario.

 

Parece mentira pero el fracaso de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador animados por el socialismo del siglo XXI, se pretende replicar en España. Y mientras, cuantos intelectuales, también de izquierdas, o miran para otra parte o temen expresarse con libertad. Están en juego las libertades y con las cosas de comer no se juega, hay que defenderlas con uñas y dientes.

 

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

El giro al centro

 

 

En el tiempo en que estamos, de fuertes contrastes y de regreso de las ideologías cerradas, la vuela a la moderación, al centro político es, no ya una opción, sino una necesidad pues los rotos y las quiebras que se están produciendo en algunos casos hasta podrían ser irreversibles. Y este giro al centro es hoy, más que nunca, ante la amoralidad la mediocridad reinante reinante que todo lo justifica por permanecer en el poder, un giro ético, no un solo un giro táctico o semántico.

 

Es decir, no el giro al centro no debe ser entendido necesariamente como un cambio de los valores asumidos, ni como un cambio en todos los valores imperantes en la sociedad, que en muchos aspectos están siendo motores de nuestra mejora individual. Se trata, en el cambio ético a que se alude, de asumir valores que hagan posible el giro o la búsqueda que se propone.

 

En primer lugar, una mentalidad abierta a la realidad y a la experiencia, que nos haga adoptar aquella actitud socrática de reconocer la propia ignorancia, la limitación de nuestro conocimiento como la sabiduría propia humana, lejos de todo dogmatismo, y al mismo tiempo de todo escepticismo paralizador y esterilizador. Que nos impulsa necesariamente a una búsqueda permanente y sin tregua, ya que la mejora moral del hombre alcanza la vida entera. Algo que me temo que ni se intuye ni se comprende cuando se habla, por enésima vez, del giro al centro.

 

En segundo término, una actitud dialogante, consecuencia inmediata de lo anterior, con un permanente ejercicio del pensamiento dinámico y compatible, que nos permite captar la realidad no en díadas, tríadas, opuestas o excluyentes, sino percatándonos, de acuerdo con aquel dicho del filósofo antiguo de que, en el ámbito humano y natural, todo está en todo. Percatándonos de que en la búsqueda de la pobre porción de certezas que por nuestra cuenta podamos alcanzar, necesitamos el concurso de quienes nos rodean, de aquellos con los que convivimos.

 

Y, en tercer lugar, una disposición de comprensión, apertura y respeto absoluto a la persona, consecuencia de nuestra convicción profunda de que sobre los derechos humanos debe asentarse toda acción política y toda acción democrática.

 

Hoy, en tantas latitudes, ante la colosal operación de manipulación y control social en marcha, agravada por la crisis de covid, la lucha por la libertad solidaria y la dignidad del ser humana pasa por un compromiso real y constante por la mentalidad abierta, la capacidad de entendimiento y la sensibilidad social desde la real realidad y desde la razón. No desde las ideologías cerradas que siembran continuamente odio y rencor. Desde el compromiso monolítico con la defensa, protección y promoción de la dignidad humana.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

El poder constituyente (I)

 

 

EL PODER CONSTITUYENTE (I)

 

 

En la teoría constitucional, el poder constituyente, elegido por el pueblo, tiene el encargo, la misión de confeccionar la Constitución. En efecto, la Constitución es la Norma que reconoce y diseña las instituciones, que atribuyen los poderes y que establecen los principios y criterios sobre los que descansa el entero Ordenamiento jurídico. Es decir, es el pueblo, en quien reside la soberanía, quien elige a los miembros de las Cortes Constituyentes o Asamblea Constituyente con el propósito de elaborar y aprobar la Constitución. El texto, una vez aprobado por los constituyentes ha de ser sometido a referéndum del conjunto del pueblo porque es la soberanía popular quien debe pronunciarse sobre el trabajo realizado por sus delegados o representantes, que eso son los miembros de la Asamblea, ni más ni menos. El poder constituyente, pues, una vez concluida su tarea, pierde su sentido y justificación. Desaparece y, a partir de ese momento, el principio, como dice De Vega, es la supremacía de la Constitución. Supremacía que lo es de la Constitución y de los valores en que se funda.

La teoría constitucional se explica y se entiende a partir de los postulados del Estado de Derecho: reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, principio de legalidad y separación de los poderes. De forma y manera que una Constitución que se apartara de estas premisas sería una “Constitución” al margen del Estado de Derecho, sería una Constitución fuera del Derecho. Casos hay en la historia que quizás estén en la mente del lector en este momento, tanto del mundo Occidental como del Oriental.

En el marco del principio democrático y a través de la democracia representativa nos encontramos con el poder constituyente porque, hoy por hoy, la única forma viable de organizar la comunidad política desde el Estado de Derecho es, precisamente, la llamada democracia representativa. Como señala el profesor Pedro De Vega, esta manera de concebir la democracia, todavía no superada, parte de la distinción entre representantes y representados. Ahora bien, si la soberanía popular reside en los representados y estos la transfieren temporalmente a los representantes para que elaboren la propia Constitución, entonces esa soberanía del pueblo se dirige, se orienta, hacia la efectiva confección de una Norma de rango superior que obliga a todos, ciudadanos y poderes públicos.

En otras palabras, el poder constituyente surge en este marco como un poder previo, ilimitado y total para hacer la Constitución. Mientras, los poderes constituidos, los que surgen de la Constitución, son poderes mensurados, limitados. Esta ilimitación del poder constituyente ha de ser entendida en el marco del sentido de la soberanía popular tal y como se expresa en la democracia representativa encarnada en el Estado de Derecho. Si se pierde de vista la referencia, el contexto en el que opera el poder constituyente, hasta se podría justificar la existencia del constituyente más allá de la Constitución y, por cierto, la posibilidad de que dicho poder, trascendiendo el mandato de quien dispone de la soberanía, se concrete en decisiones propias de los poderes constituidos, tales como elaborar normas, resolver controversias entre poderes, o incluso nombrar autoridades. Cuando eso acontece, aparece un ambiente de profunda ideologización del poder constituyente al confundir la titularidad real del poder con el poder que se delega o se transmite para la aprobación de una Constitución que finalmente habrá de volver al poder de la soberanía popular que será, en última instancia, quien calificará, de una u otra manera la labor realizada en el seno de la Asamblea Constituyente.

 

En realidad, cuando tal cosa acontece lo que pasa es que se confunde la democracia de identidad con la representativa. O mejor, se utilizan alternativamente desde las bases de la democracia de identidad los elementos propios de la democracia representativa. Es decir, se afirma que no siendo posible técnicamente el establecimiento de ese poder soberano directamente representado por la denominada voluntad general, se hace imprescindible usar la ficción de la división del poder para, sin admitirlo de verdad, asumir desde el constituyente todo el poder. Ciertamente, si Rousseau se levantara de la tumba difícilmente admitiría la distinción entre representantes y representados porque ello, entre otras cosas, repugnaría la esencia misma de la construcción de la democracia identitaria a partir del contrato social. Sin embargo, como lo que verdaderamente se pretende, ahí están los casos de Venezuela, Bolivia o Ecuador, es subvertir el orden establecido desde la afirmación del carácter absoluto e ilimitado del poder constituyente, entonces, como el fin siempre justifica los medios en estas construcciones de ingeniería intelectual, doctrinarias y dogmáticas, el poder constituyente, según quienes así argumentan, es auto-atribuido por el propio pueblo y constituye la esencia y la encarnación de la soberanía. La ficción reside en pensar que los elegidos para hacer la Constitución son los dueños de todos los poderes y a ellos, sólo a ellos, compete la tarea de fundar el nuevo orden político en nombre de todos.

Es lo que pasó en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, y los resultados ahí están: pobreza, miseria, totalitarismo.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Radicalización y moderación en Europa (III)

El espacio de centro es un espacio de realismo que rechaza todo voluntarismo ciego que no quiere contar con la realidad y con el intento de aproximarse a ella tal cual es, de apertura a la experiencia, de prudencia política, y no de exaltación, sabiendo de la complejidad de los problemas (realismo), de la insuficiencia de nuestro conocimiento (ausencia de dogmatismo), de la limitación de nuestras capacidades de acción (sentido práctico), lo que nos llevará a establecer necesarias priorizaciones, y acciones sectoriales, no totalizadoras, que pueden muy bien ser calificadas de reformistas.

 

También el espacio de  centro se caracteriza por la comunicación, en la que la fluidez de transferencia de información entre quienes ejercen funciones ejecutivas, legislativa, o políticas en general y el común de la ciudadanía, no se reduzca tan sólo a medidas que favorezcan la transparencia, sino a acciones positivas y permanentemente renovadas de contacto real que permita una percepción siempre actualizada de las aspiraciones de los diversos sectores sociales y una transmisión convincente de los proyectos políticos en los distintos ámbitos territoriales o sectoriales.

 

 

En el centro se valora la eficiencia, porque no hay auténtica política, política de calidad si no hay política eficiente, política de resultados, con las necesarias remodelaciones. Se potencia la participación, donde los ciudadanos no sean simples sujetos pasivos de la acción tutelar y directiva del Estado y de las instancias políticas, ni sujetos soberanos encerrados impermeablemente en el ámbito más o menos reducido de su individualidad.

 

Igualmente, desde el centro se revitaliza la seguridad, en la que se dé cumplida respuesta a la legítima aspiración humana de la seguridad vital, económica, médica, etc., aunque evitando la tentación ineludible de refugiarse en una supuesta responsabilidad del Estado que, en todo caso, sólo podrá establecerse sobre el supuesto de la responsable aportación de todos los ciudadanos.

 

El centro es un espacio de participación, de los jóvenes, de los mayores, de los desfavorecidos, participación de los que tienen éxito, de tolerancia, o convivencia, donde no haya una mera yuxtaposición de culturas, sino una apertura real y comunicación entre los diversos modos de concebir y entender la vida, las relaciones entre los hombre, la sociedad, lejos de todo fundamentalismo de cualquier signo, pero sin menoscabo de la firmeza en las propias convicciones.

 

 

También es un espacio de liberación para quienes se han encontrado aherrojados o constreñidos por roles sociales que es posible que hayan podido tener algún sentido en otra organización social pero que hoy no pueden ser eje en la construcción de una sociedad más libre. Todos estos rasgos o valores definen el espacio de centro. No podemos tener la arrogancia de pensar que son rasgos nuevos, son valores que han acompañado en mayor o menor grado y con mayor o menor reconocimiento toda la vida política del hombre, pero es su aplicación en nuestros regímenes democráticos lo que los hace configurar este espacio peculiar, imposible de concebir en regímenes que, por muy justos que fueran, no respondieran a los cánones básicos de la democracia liberal y social.

 

Hoy precisamos moderación, cordura, concordia, gobernar para todos, proyectos políticos que partan de la dignidad humana, políticas que devuelvan a este país el prestigio perdido y el lugar que le corresponde en el concierto de las naciones. Nos lo merecemos.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La democracia liberal

En pleno siglo XXI, en tiempos de emergencia sanitaria, tras una crisis económica-financiera, una de las constantes del pensamiento político se dirige, una y otra vez, de una manera o de otra, a repensar la esencia de un sistema, de un modelo que fue pensado y diseñado para que, en efecto, el gobierno del pueblo, para y por el pueblo fuera una realidad. Sin embargo, a pesar de que los pasos dados han sido claros y firmes, todavía observamos y contemplamos como en nombre del pueblo siguen pugnando por prevalecer determinados intereses parciales, sean de orden económico, sean de orden partidario que impiden que la aspiración a la justicia y al bienestar de millones de seres humanos encuentre cumplida satisfacción. La democracia, como escribió Friedrich, más que un sistema de gobierno constituye un estilo vital desde el que es posible comprender las diferencias, desde el que posible poner en el centro de la acción del gobierno la mejora constante de las condiciones de vida de los ciudadanos. Algo que el pensamiento ideológico y el uso del odio y el rencor, desde una u otra orilla, impide como estamos experimentando

 

Mucho se ha discutido, se discute y se discutirá acerca del sentido del interés general en los sistemas democráticos. Para unos, es la voluntad de la mayoría la que debe prevaler unilateralmente en cualquier caso, pasando por encima, si es menester, de las minorías. Para otros, entre los que me cuento, el interés general constituye la expresión del bien de todos y de cada uno de los ciudadanos en cuanto miembros de la comunidad, de manera que el gobierno a la hora de aplicar sus políticas ha de tener en cuenta esta realidad y evitar la función de apisonadora que tantas veces comprobamos que constituye la esencia del mal gobierno en el seno de nuestras “ilustradas” democracias.

 

En cualquier caso, la teoría política sigue de moda. No podía ser de otra manera porque, estando todo inventado, también en materia de sistemas de gobierno, se observa una cierta vuelta a perspectivas unilaterales, de corte totalitario, desde las que se intenta a toda costa levantar concepciones de la democracia periclitadas, bien sea por su imposibilidad racional de implementación (democracia de identidad) bien sea por su incapacidad real para posibilitar gobiernos con capacidad de atender a los intereses generales entendidos desde el pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario. Metodología desde la que las instituciones sociales y políticas han de ser revisadas permanentemente para que no se alejen de su verdadero sentido, para que atiendan siempre y en todo momento a la efectividad de los derechos fundamentales de las personas

 

A pesar de que Sartori ha señalado certeramente que la democracia liberal ha vencido porque es la única democracia real que se ha podido aplicar, los intentos de desnaturalizar el gobierno de todos, para todos y por todos para implantar sistemas de gobierno de unos pocos, de una parte, por relevante que esta sea, sigue estando presente tal y como se demuestra en el mundo en el que vivimos.

 

En efecto, el agotamiento del pensamiento marxista al desvanecerse los modelos de socialismo a que dio lugar, hoy se rebela contra su estrepitoso fracaso y pugna por el uso alternativo de las instituciones de la democracia liberal. Es el caso de la quiebra de los postulados del Estado de Derecho, la gran conquista del pensamiento liberal que trajo consigo la primacía de la ley, la centralidad de los derechos fundamentales de la persona y la separación de poderes. Trípode sobre el que se la levantado el edificio de la política y el derecho de la cultura jurídica moderna y que, sin embargo, poco a poco han sido asaltados por diferentes teorías y explicaciones que buscan, de una u otra forma, laminar estos grandes principios para instalar dictaduras de hecho a partir de la subversión del orden constitucional e institucional.

 

Es lo que está aconteciendo en algunas naciones en las que se está experimentando, dos siglos después, con modelos de democracia identitaria, que diría Rousseau. Con modelos esencialmente inaplicables pero que permiten el uso fraudulento de las instituciones de la democracia liberal por los agitadores de masas en detrimento de la convivencia pacífica de todos y de la búsqueda de modelos racionales y humanos, mejorables ciertamente, desde los que convocar a políticas sociales que ayuden a la ciudadanía a superar lacerantes situaciones de pobreza, especialmente en tiempos de pandemia. La pobreza, está demostrado, se combate desde la educación y desde el compromiso de los gobiernos con los abandonados de este mundo, no desde la fragmentación y el ejercicio totalitario del poder para laminar al adversario.

 

Parece mentira pero el fracaso de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador animados por el socialismo del siglo XXI, se pretende replicar en España. Y mientras, cuantos intelectuales, también de izquierdas, o miran para otra parte o temen expresarse con libertad. Están en juego las libertades y con las cosas de comer no se juega, hay que defenderlas con uñas y dientes.

 

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Política y opinión pública

 

La atención a la opinión pública no significa sólo atención a la opinión mayoritaria, ni mucho menos. La política democrática debe tener particular sensibilidad para atender a las demandas de grupos y sectores minoritarios que manifiestan un especial compromiso ético-político en la solución de graves problemas que aquejan a nuestra sociedad, y trascendiéndola, al mundo entero, y que representan, en cierto modo, aquello que se denominaba conciencia crítica de la sociedad. La conciencia ecológica, el antimilitarismo, el reparto de la riqueza, el compromiso con los desposeídos, la crítica de una sociedad consumista y competitiva, la reivindicación de la dignidad de la condición femenina, la denuncia de una sociedad hedonista y permisiva, etc., son tantas manifestaciones de una particular sensibilidad ética. A veces, es cierto, estas tomas de postura se hacen con manifestaciones desmesuradas y reduccionistas o totalizantes, pero que nunca el político, la política, debe dejar de tener presente estas cuestiones, con el equilibrio y mesura que deben caracterizarle. Una respuesta cumplida a las demandas y expectativas de la sociedad de nuestro tiempo, requiere estar abierto también a las nuevas sensibilidades y hacer una ponderada valoración de sus diversas manifestaciones, sabiendo distinguir los compromisos auténticos de los oportunismos y de las estrategias de lucha partidista.

Algo, que, como se ve, no parece que esté al alcance del actual ejercicio de la política, preocupada únicamente de los sondeos de opinión.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana