• jra@udc.es

Category ArchiveGeneral

El Estado material de Derecho

El Estado social y democrático de Derecho es una fórmula que, como otras tantas del Derecho Público, debe entenderse a partir de los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario. Es posible explicarla desde diversas coordenadas, desde diferentes posiciones, pues es una fórmula que está en permanente evolución y, sobre todo, es una fórmula que permite una cabal comprensión de la renovada fuerza jurídica al Estado de Derecho en sentido material.

Hoy ya no es posible mantener una posición formalista del Estado de Derecho que se ponga de perfil ante la existencia de derechos fundamentales de la persona que reclaman prestaciones concretas de la Sociedad o del Estado. Hoy no es posible mantener posiciones provenientes de prejuicios o preconceptos ideológicos que pretenden proyectar unilateral y totalitariamente sobre la realidad un determinado modelo político o social. Hoy es menester buscar categorías y conceptos que permitan, he aquí la clave, un más libre y solidario desarrollo de las personas, especialmente de todas y cada una de sus libertades, de todos y cada uno de sus derechos fundamentales.

La clave se encuentra en la realización de la dimensión material, sustancial, de la cláusula del Estado de Derecho pues la idea del compromiso social del Estado surge de la extensión del pensamiento del Estado de Derecho material al orden del trabajo y de los bienes. Por eso, el derecho al trabajo, de acceso en condiciones de igualdad al mercado de trabajo, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la educación o, entre otros, a la salud, son derechos humanos en sentido estricto, derechos fundamentales de la persona, puesto que hacen a la misma dignidad humana y sin su concurso no se puede hablar propiamente de condiciones reales, en ocasiones incluso de mínimos, para una existencia acorde a la naturaleza del ser humano.

La creación de las condiciones que hagan posible la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran no es la única exigencia de la cláusula del Estado social. También, en su vertiente negativa, esta cláusula demanda del Estado la remoción de los obstáculos que impidan la libertad y la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en que se integran. Y, todavía, más, el artículo 9.2 de la Constitución española reclama al Estado que fomente la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica y social. Es decir, la cláusula del Estado social y democrático de Derecho trata de acciones positivas, de acciones de remoción de impedimentos y de acciones de fomento de la participación. Tres formas de presencia del Estado que, en mi opinión, en la medida de lo posible, pueden realizarse armónicamente. Pero que, en este tiempo, brillan por su ausencia por el exceso de ideología que ahoga la preocupación real por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

En un Estado de Derecho las controversias o disputas que pueda haber en relación con el ejercicio concreto de las libertades las resuelven los jueces o tribunales, no el poder ejecutivo. Cuando así acontece, lisa y llanamente, el Estado de Derecho desparece y aparece en su lugar la concentración del poder y el advenimiento del totalitarismo. Así de claro.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La realización del Estado social

¿Debe ser el Estado el único configurador del bienestar social? ¿Debe la sociedad, la comunidad, participar en tal tarea? La experiencia de la exclusividad del Estado en tal misión es conocida. También la autorregulación social sabemos a dónde conduce. En este tema, como en tantos otros, los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario, arrojan algunas luces.

Es verdad que la responsabilidad en la realización del Estado social es pública. Pero la forma en que las políticas públicas sociales se implementan debe tener en cuenta la realidad social y, sobre todo, la existencia de instituciones sociales especializadas, por ejemplo, en el trato con personas excluidas, desvalidas o vulnerables. Por eso, en la instrumentación concreta de tales acciones hay que tener presente el principio de solidaridad y también el principio de subsidiariedad, pensando en inteligentes alianzas público-privadas que permitan ofrecer a quienes lo precisen una atención social humana. Hoy, guste o no, las instituciones sociales como Cáritas o los Bancos de Alimentos están paliando en buena medida la situación de pobreza que asola a muchas familias en España mientras las partidas públicas crecen y crecen para la contratación de adeptos y afines.

El Estado social está muy presente en la doctrina del Tribunal Constitucional español. Hasta 2010 esta expresión había sido empleada por el máximo intérprete de la Constitución en 158 ocasiones, en todas ellos para sentar que la acción de los Poderes públicos ha de estar guiada y orientada a la reducción de la desigualdad social y, por ende, a la protección de los colectivos más desvalidos o desfavorecidos.

El Tribunal Constitucional del Reino de España, aunque no se ha pronunciado directamente sobre la irreversibilidad de las conquistas sociales, en la sentencia 97/1990 de 24 de mayo, sobre el artículo 50 de nuestra Carta Magna, en materia de pensiones, señala que éstas han de ser las adecuadas recordando que el Estado administra medios limitados y que no cabe en esta cuestión la denominada responsabilidad por omisión.

Por lo que se refiere a la irreversibilidad de las medidas sociales más favorables, hay que distinguir las que afectan a las condiciones del mínimo vital digno de las que son complementarias o accesorias a este verdadero patrón o canon de la acción social. El mínimo vital digno, el derecho social fundamental al mínimo vital, debe preservarse y protegerse por ser la esencia del mismo Estado social tal. Especialmente, porque el mínimo vital de dignidad, además de contenido básico del derecho fundamental a una buena Administración, es un derecho tan fundamental de la persona que hasta puede calificarse como el segundo derecho fundamental de la persona más relevante, después del primero: el derecho a la vida, del que obviamente se deriva como su más capital corolario básico.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La cláusula del Estado social

El contenido de la cláusula del Estado social, entendida dinámicamente, es muy amplio y, en cada momento, presenta aspectos específicos, aunque, como cometido básico, reclama la existencia y efectividad de derechos fundamentales sociales. Tales derechos deben estar en la Constitución y no dejarse, en su definición, al legislador ordinario, menos todavía a la Administración. En este sentido, la misión del Estado social está dirigida, ante todo, a asegurar un mínimo existencial a cada persona, lo cual no sería posible sin la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos fundamentales sociales.

Como finalidad del Estado, esta cláusula plantea su vinculación directa para todos los poderes del Estado, lo que implica que dichos poderes deben en su actuación la realización de los derechos sociales fundamentales. En palabras del Tribunal Constitucional español, sentencia 18/1984: “la sujeción de los Poderes públicos a la Constitución se traduce en un deber positivo de dar efectividad a tales derechos en cuanto a su vigencia en la vida social, deber que afecta al legislador, al ejecutivo y a los jueces y tribunales en el ámbito de sus funciones respectivas”.

Por lo que se refiere a la vinculación del Legislador, el artículo 53.3 de la Constitución española impone el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios rectores de la política social y económica, que habrán de informar la legislación positiva. Tales principios deben estar reconocidos en una ley que los desarrolle y que prevea su exigibilidad ante los tribunales. En caso de que así no sea nos encontramos ante las consecuencias de la omisión del legislador en esta materia. Un problema que podría solucionarse dando entrada en el concepto de derechos fundamentales, porque pertenecen a su misma categoría, a los que siendo inherentes a la persona requieren determinadas acciones positivas del Estado: los derechos sociales fundamentales. Bien a través de una reforma constitucional, bien a través de un giro copernicano en la doctrina del Tribunal Constitucional, que bien podría, acudiendo a la argumentación racional, como han hecho otras Cortes de la misma naturaleza.

La paralización de los derechos prestacionales, especialmente los que atienden a la garantía de la dignidad del ser humano, atenta a la misma esencia del Estado social por lo que es urgente buscar una solución como las apuntadas. El tema de la omisión del legislador en materia de derechos sociales fundamentales debe afrontarse de la eficacia directa de la Constitución y todos sus preceptos. Las discusiones acerca de la soberanía del Parlamento y la jerarquía de la doctrina del Tribunal Constitucional no pueden en forma alguna condenar a situaciones de indignidad, a lesiones de la garantía de dignidad del ser humano.

La Administración pública es la institución a quien compete en mayor medida la realización del contenido del Estado social. Contenido que está vinculado a las dotaciones presupuestarias que debe establecer el Parlamento. Es decir, si no hay dotaciones presupuestarias, adiós al Estado social. Para evitarlo, y dada la experiencia de estos años, la Constitución debería incluir alguna previsión en materia social que obligara a la legislación presupuestaria, en términos generales y mientras fuera necesario, que lo es obviamente, a establecer unas dotaciones mínimas destinadas a garantizar el mínimo vital de aquellos ciudadanos que no estén, por causas ajenas a su voluntad, en condiciones de disfrutar dignamente sus derechos sociales fundamentales.

Por lo que respecta a los Jueces y Tribunales, el artículo 53.3 de la Constitución española establece que los preceptos en los que se concreta el Estado social “informarán la práctica judicial”. En este sentido, hay que recordar que el propio Tribunal Constitucional español establece que la vinculación directa de las normas constitucionales “no tendrá más excepciones que aquellos casos en que así lo imponga la propia Constitución o en que la naturaleza misma de la norma impida considerarla inmediatamente aplicable” (sentencia 15/1982).

En tiempos de pandemia, de emergencia humanitaria, las dotaciones presupuestarias deben ir orientadas en este sentido. ¿Ocurre así entre nosotros?.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

El principio de subsidiariedad

La responsabilidad o la competencia personal anteceden a la global. Es decir, lo que los individuos y las pequeñas comunidades sean capaces y estén dispuestos a hacer deben hacerlo, sin interferencias del Estado. El principio de subsidiariedad es un principio fundamental de toda autoridad social que ante la constante presión de los poderes públicos por ahormar y controlar la ida social nos interesa, y mucho, recuperar y poner en juego cuanto antes.

En realidad, bien común, subsidiariedad y bienestar son conceptos que están más ligados de lo que parece. El bien común es la clave porque implica ayuda para que los individuos puedan conseguir los fines esenciales de la vida, no ayuda dirigida a captar la voluntad política de los ayudados, de los subsidiados, tal y como hemos comprobado discurren los acontecimientos, también en este tiempo de pandemia.

El principio de subsidiariedad limita considerablemente la operatividad del poder estatal y responsabiliza a las personas en el cumplimiento de sus fines vitales y sociales. Como principio superior filosófico-social, tiene, según Messner, tres importantes corolarios. Primero: un sistema social es tanto más perfecto en la medida en que facilite a las personas la consecución de sus propios intereses en un contexto de libertad solidaria. Segundo: un sistema social es tanto más valioso cuanto más se utilice la técnica de la descentralización del poder y la autonomía de las comunidades menores. Tercero, y muy importante, un sistema social será más eficaz cuanto menos acuda a las leyes y más a la acción de fomento y a los estímulos para alcanzar el bien común.

El libre y solidario desarrollo de la persona en un contexto de bien común, hoy cada vez más difícil a causa de la continua y constante invasión de las libertades por parte de los poderes públicos y de los poderes tecnoestructurales, es esencial para recuperarla vital y pujanza de la vida social, bajo mínimos desee hace tiempo. Por eso, el principio de subsidiariedad supone tanta libertad solidaria como sea posible y tanta intervención estatal como sea imprescindible. En la crisis del Estado de bienestar estático, y hoy especialmente, nos encontramos ante la máxima intervencionista de tanto poder como sea posible y tanta libertad como sea inevitable produciéndose una colosal operación de control y manipulación social de consecuencias insospechadas.

En realidad, como sabemos, el ideal del orden social se orienta hacia la mayor libertad solidaria posible en un marco de mínima regulación estatal. Los pueblos que han tenido más leyes no es que hayan sido los más felices tal y como acredita la experiencia histórica. Sin embargo, hoy por hoy existe una fuerte convicción de que el progreso social depende de la intervención estatal.

La cuestión es reducir la intervención a ese marco de ayuda ínsito en la idea del bien común, porque no se puede olvidar que la gran paradoja, y tremendo fracaso del Estado del bienestar estático, ha sido pensar que la intervención directa producía automáticamente mayor bienestar general. La fórmula es, más bien, la que parte de la subsidiariedad: cuanto más se apoye a la persona y a las comunidades en que se integra, se fomentará la competencia y la responsabilidad y el conjunto tendrá una mayor autonomía. Porque no se puede olvidar que el principio de subsidiariedad protege los derechos de las personas y de las pequeñas comunidades frente a un Estado que, históricamente, ha cedido, unas veces más que otras, hoy en tiempos de pandemia de forma paradigmática, a la sutil tentación de aumentar considerablemente su poder. Pero lo más importante, independientemente de la fuerza evidente de este principio básico de la Ética política, es que el bien común se alcanza más fácilmente si los propios individuos y las pequeñas comunidades viven en un contexto de responsabilidad e ilusión por conseguir sus fines existenciales. Ojala no lo olvidemos en estos tiempos de tanta intervención pública y de tantas dificultades para el ejercicio de las libertades.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

ESTADOS UNIDOS Y EUROPA

La discusión sobre los fines del Estado se encuentra en el mismo origen de la historia de las formas políticas y ha caracterizado, como es sabido, el nacimiento y evolución del concepto del mismo Estado. Para unos, lo decisivo del poder es la supremacía y, para otros, lo fundamental, es efectividad de los derechos humanos.

 

Pues bien, algo de esto me parece que se puede detectar en dos relevantes libros, relativamente recientes, que intentan explicar el sentido del poder norteamericano en el mundo. Por una parte, tenemos el libro de Robert Kagan: “Poder y debilidad”, cuyo título es bien expresivo y, por otra, nos encontramos con la obra de Joseph S. Nye: “La paradoja del poder norteamericano”. Dos concepciones del poder que están en las antípodas y que reflejan hasta que punto reaparecen con diferentes matices las viejas ideas sobre los fines del poder.

 

Ambos escritores, además, fueron destacados asesores ligados a líderes políticos bien conocidos. Nye fue subsecretario de defensa de Clinton y Kagan uno de los ideólogos más influyentes de la Administración Bush. Para Kagan, que contrapone poder a debilidad, lo decisivo en el mundo actual es el poder político y militar. Desde esta perspectiva, poder y debilidad son realidades que se excluyen tanto que el poder es incompatible con todo lo que no sea hegemonía y dominio del enemigo, incluso por la fuerza. Kagan parece pensar que la única forma de mantener la posición en un mundo como el actual amenazado por el terrorismo es preservar la condición de superpotencia mundial de los Estados Unidos. Probablemente, la versión de Kagan se inscribe en un planteamiento de unlilateralidad, mientras que Nye, claramente, parte de otro punto de vista, más orientado a como influir más en el mundo, pero a costa de ganarse a sus aliados desde la multilateralidad. Kagan cree más en el poder bélico y Nye es partidario de la diplomacia y censura la amenaza y la gratificación por los servicios prestados.

 

En realidad, el problema que se trasluce entre líneas no es otro que el de cuál debe ser la naturaleza del papel de Estados Unidos en el mundo, o el de la supremacía militar o el de promotor, en colaboración con otros Estados, de la efectividad de los derechos humanos, la separación de poderes y el Estado de Derecho.

 

Con frecuencia, desde la vieja  Europa se renuncia a la propia identidad desde un pensamiento débil y desde una tolerancia negativa que está liquidando las señas de identidad que tanto asombraron al mundo siglos atrás cuando se abolió la esclavitud, se apostó por la democracia, se terminó la arbitrariedad-al menos teóricamente-, se afirmó la igual dignidad del hombre y la mujer…Hoy en Europa, por falta de estadistas, por la proliferación de políticos que sólo miran sus intereses, por falta de sentido de la historia, por miedo a la verdad, por tantas cosas, el viejo continente se está descomponiendo como realidad y espacio cultural para ser entregado precisamente a quienes están en contra de los principios del humanismo, llámese occidental o cristiano, que alumbró de esperanza y de vida a todo un continente que buscaba la libertad y la igualdad entre todos los hombres.

 

Por eso, el Estado de Derecho que surge en Europa, que se declara partidario de los derechos fundamentales, de la separación de poderes y del principio de juridicidad, no puede entregarse. En esta tarea es imprescindible que Estados Unidos y Europa trabajen conjuntamente, apostando más por la multilateralidad que por la amenaza y, sobre todo, que se analicen las causas de ese profundo odio que se está insuflando en grandes masas de gentes en todo el mundo. De nuevo, la lucha por los derechos humanos requiere de análisis serios y de medidas concretas adecuadas a la magnitud de los nuevos acontecimientos, conscientes de que, si no se actúa con inteligencia y firmeza, nos dirigiremos a un nuevo período de la historia en que la dignidad humana, la democracia y la separación de poderes brillaran por su ausencia.

 

Esperemos que el nuevo presidente de los Estados Unidos trabaje en esta dirección y que la dimensión economicista de la Unión Europea deje paso a un compromiso más firme con la dignidad humana y los derechos fundamentales, individuales y sociales, de todas las personas. Casi nada.

 

¿Vuelve Keynes?

El crecimiento continuo y desmedido del Estado en la economía es el rasgo más característico de la evolución de la economía, de la sociedad y de la política del denominado Estado de Bienestar. El impacto de la crisis económica de 1929 hizo reflexionar a muchos sobre la consistencia del mensaje neoclásico. Al desencanto con el sistema capitalista sucedió el ascenso del socialismo, la actuación de las autoridades económicas para paliar los efectos de las guerras y el advenimiento del paradigma keynesiano, que, de alguna manera, explican el aumento de la intervención del Estado en la economía.

 

La figura clave de esta ruptura con el modelo anterior fue, como bien sabemos, Keynes. A diferencia de los neoclásicos, Keynes pensaba que el ahorro y la inversión podían situarse en condiciones de equilibrio que no tenían por qué ser las de pleno empleo. Su punto de vista partía del convencimiento de que el mercado no era capaz de garantizar el mantenimiento de un nivel de actividad suficiente que permitiera el pleno empleo de los recursos productivos y de que tampoco existe esa mano invisible que, como por arte de magia, lograba el equilibrio entre las unidades de gasto y las de producción. Con este argumento, Keynes ponía en entredicho la veracidad de uno de los postulados básicos de la economía clásica, que sostenía a capa y espada que toda oferta crea su propia demanda. Por tanto, la incapacidad del mercado, su irracionalidad y su fracaso como instancia absoluta, justificaban la intervención del Estado en la economía con medidas estabilizadoras que elevarían la demanda agregada y que evitarían los vaivenes cíclicos del capitalismo.

 

Para entender el avance del Estado del bienestar en la postguerra es preciso volver al pensamiento keynesiano, sin el que no hubiera sido posible. En su obra «Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero», Keynes expuso sus ideas acerca del orden económico, que se desarrollaban en tres sentidos. En primer lugar, el Estado debe jugar un papel activo en la economía, a fin de orientar la policía de gasto y, más en concreto, la de inversión. En segundo lugar, censuró el principio neoclásico del presupuesto equilibrado, con lo que la neutralidad de la Hacienda Pública dejaba de tener sentido. Por último, la política salarial y de seguros sociales no originaba siempre inflación y paro, sino que, debidamente coordinada con el resto de la política económica, era capaz de impulsar la producción, de facilitar una distribución más igualitaria de las rentas y de promover el pleno empleo. A ello había necesariamente que añadir un sistema tributario muy progresivo y personalizado.

La realidad, sin embargo, demostró que fiarlo todo del Estado, de la intervención, de los decretos y de los funcionarios, no trajo consigo la prosperidad deseada. Ahora, instalados en una crisis de grandes proporciones, Keynes vuelve a la escena. Y, de nuevo ante nosotros el debate entre la intervención y la libertad. La solución, probablemente, ni viene de la mano del Estado exclusivamente ni de un mercado autorregulado. Más bien, tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea necesaria.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

El artículo 10.1 constitucional

En el artículo 10.1 de la Constitución encontramos una declaración en la que el constituyente señala, con toda claridad, cuales son los fundamentos del orden político y la paz social, conceptos obviamente estrechamente vinculados a lo que puede entenderse por interés general constitucional: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.

 

Por tanto, desde esta perspectiva, la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y los derechos fundamentales definen el marco de lo que puede entenderse por interés general.

 

Hoy, en tiempos de pandemia, de crisis general, es más importante que nunca exigir a los Poderes públicos que actúen por la senda constitucional y que en todas sus decisiones se respete el Estado social y democrático de Derecho.

 

Gobernar, efectivamente, no es tarea sencilla, menos en tiempos de evidentes riesgos sanitarios, en el marco de una emergencia sin precedentes. Un buen gobierno, y una buena oposición en un Estado democrático que atraviesa por difíciles momentos, deben tener presente que como señala este precepto constitucional que glosamos brevemente en el artículo de hoy, los derechos fundamentales de todos los ciudadanos deben presidir e impregnar las decisiones y propuestas que se realicen.

 

Jaime Rodríguez-Arana

 

Estado social de Derecho y dignidad humana

 

La cláusula del Estado social, una vez reconocida formalmente en la Constitución, se convierte en un principio rector vinculante para los poderes públicos y las instituciones sociales. Un principio que obliga al Estado a realizar las tareas que sean necesarias para su efectividad. O, lo que es lo mismo, un principio que manda al Estado que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Principio de realidad y de efectividad de la cláusula del Estado social que, por muy distintas y variadas expresiones que contenga, reclaman del Estado, sobre todo, que contribuya positiva y concretamente a que cada ciudadano pueda realizar los derechos fundamentales sociales que le son propios. Sin esta consideración, el Estado social no sería tal.

 

En Alemania, el Tribunal Constitucional entendió muy pronto, a partir de la tesis de la habilitación de las normas constitucionales, que éstas encomiendan al Estado tareas de configuración social orientadas a la consecución de un orden social justo. La cuestión reside en que estas normas constitucionales, entre las que está, por supuesto, la cláusula del Estado social, requieren ordinariamente de la actuación del legislador, lo que supone un no pequeño problema puesto que en no pocas ocasiones nos hallamos ante la omisión de este poder del Estado. En este punto debemos precisar que al menos los derechos fundamentales sociales si debieran tener, como derechos fundamentales de la persona que son, eficacia inmediata y directa, así como la protección judicial propia y específica de estos derechos.

 

El legislador dispone, pues, de una amplia discrecionalidad a la hora de hacer efectivas las exigencias del Estado social para que configure un orden social orientado al establecimiento y garantía de la justicia social y, consecuentemente, a la eliminación de situaciones de menesterosidad socia.

 

En realidad, la clave de toda esta cuestión se encuentra en la dignidad del ser humano, que es el canon supremo desde el que plantear la cuestión. Para el Derecho en general, y por supuesto, y especialmente para el Derecho Público, la dignidad del ser humano es el principal pilar y fundamento de todas sus categorías e instituciones.   Hasta tal punto es así que el propio Estado de Derecho, entendido material y sustancialmente, significa esencialmente que la dignidad de cada ser humano se levanta omnipotente y todopoderosa ante cualquier intento del poder público por lesionarla, por perjudicarla o por eliminarla.

 

La dignidad del ser humano, su centralidad y capitalidad, que conforma indeleblemente ese espacio de indisponibilidad del que disfrutan los derechos fundamentales de la persona, también los sociales, justifica, como entendió tempranamente la jurisprudencia constitucional alemana, que el derecho de todo ciudadano a unos recursos materiales mínimos surge de la garantía de la dignidad humana contenida en el artículo 1.1 de la Ley Fundamental de Bonn.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La realización de los derechos sociales fundamentales

 

La cláusula del Estado social y democrático de Derecho reclama la efectividad de los derechos fundamentales de las personas. Especialmente en lo que se refiere a la realización de derechos fundamentales sociales que afectan al mismo contenido esencial de la dignidad del ser humano. Si el Estado surge para asegurar unas mínimas condiciones de desarrollo libre y solidario a las personas, es lógico que el Derecho y las Políticas públicas se orienten hacia esa finalidad.

 

Que tales derechos fundamentales sociales requieran prestaciones concretas del Estado cuando la Sociedad falla, significa, ni más ni menos, que el Estado debe cuantificar en sus presupuestos sociales las disponibilidades necesarias para alcanzar ese objetivo social tan relevante: garantizar un mínimum de dignidad esencial para todos los ciudadanos, con particular atención a los más necesitados o desvalidos. Además, que estas prestaciones concretas no puedan ser previstas en normas generales y abstractas propias de una Constitución no significa que deban quedar “extra constitución” puesto que el Estado de Derecho entendido en su formulación material y sustancial incorpora, qué duda cabe, contenidos sociales que implican actuaciones concretas y precisas del Estado.

 

Plantear el Estado de Derecho en una burbuja, en una torre de cristal, sin influencias provenientes de la acción administrativa desde luego no se compadece ni con las tradicionales relaciones entre Derecho Constitucional y Administrativo ni con las más elementales exigencias de realización de los derechos fundamentales sociales. O, lo que es lo mismo, pretender a estas alturas del tiempo en que estamos que el rasgo esencial del Estado de Derecho sea precisamente el formalismo jurídico y la neutralidad ante los valores constitucionales no tiene ningún sentido desde la misma formulación de la efectividad del Estado social.

 

El Derecho Administrativo necesita mirar hacia la Constitución y la Constitución precisa del Derecho Administrativo para hacerse efectiva, para que llegue al conjunto de la sociedad, para que sus valores y sus principios impregnen la acción del complejo Gobierno-Administración Pública. Por eso, siguiendo una alegoría que ayuda a comprender las relaciones entre estas dos ramas del Derecho Público y la Filosofía del Derecho, se puede afirmar que así como los fundamentos y pilares del edificio jurídico son de cuenta de los filósofos del Derecho, la arquitectura y el diseño general son de responsabilidad de los constitucionalistas,  mientras que a nosotros los administrativistas nos cabe el honor de dotar de vida al edificio, de hacerlo habitable, de que quienes moran en él puedan hacerlo en las mejores condiciones posibles.

 

Las personas que requieren prestaciones sociales del Estado tienen derechos subjetivos o intereses derivados de la regulación legal de ciertas materias, que deben estar previamente previstas en una Ley previa.  Hoy, además, existen técnicas jurídicas para controlar la inactividad material de la Administración y para evitar los perniciosos efectos de la omisión del deber de legislar en estas materias. El problema es que en ocasiones esa inactividad no tiene consecuencias y eso, es lisa y llanamente, inaceptable. Así de claro.

 

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La procura existencial

 

El Estado social, denominado desde un punto de vista sociológico Estado de bienestar, constituye una reacción frente a los fallos del Estado liberal entendido en sentido formal, sin correcciones, dejado a las puras fuerzas de la autorregulación del mercado. Los derechos fundamentales en sentido clásico se entendían como espacios de libre determinación del individuo sin posibilidad de actuación estatal pues se trataba de ámbitos vedados al mismo Estado que lo que debe hacer es ser un mero observador, reduciendo su actuación a la mera abstención, a la no interferencia. En este marco se llega al convencimiento de que la autorrealización personal en sí misma y por sí misma no se produce en todos los casos y para todos los ciudadanos si no es en un marco de libertad solidaria.

 

La cuestión social, la revolución industrial, la ausencia de condiciones mínimas para una vida digna explican que, a fines del siglo XIX, y sobre todo en el siglo XX, comience a tomarse conciencia de estos problemas. Problemas que suponen un aldabonazo para la esencia y existencia del Estado, que deja de ser visto como una amenaza o un poder que debe ser restringido por definición. Se cae en la cuenta de que no es posible un ejercicio de la libertad si su establecimiento y garantías formales no van acompañados de unas condiciones existenciales mínimas. Condiciones que ciertamente deberían haber sido conformadas por la misma Sociedad en virtud del superior criterio de la subsidiariedad.

 

La liberación de las necesidades básicas asegurando los recursos materiales mínimos se vincula, como es lógico, a la garantía de la dignidad humana, lo que significa, lisa y llanamente, que el Estado, a causa de la inhibición tantas veces de las instituciones sociales, debe asumir un papel fundamental en orden a preservar ese mínimo vital indispensable para una vida digna puesto que una vida indigna es el fracaso del Estado y de la Sociedad.

 

El Estado social en su formulación clásica vela porque las personas dispongan de las prestaciones y servicios básicos indispensables para una existencia digna y adecuada a su condición, de manera que al Estado corresponde, en virtud de esta cláusula, facilitar a todas las personas la procura existencial. Concepto que, aunque pueda parecer paradójico, fue elaborado por Forsthoff en 1938 en referencia a todas las actividades que le corresponde realizar a la Administración en la era de la industrialización, actividades tendentes a asegurar la existencia de todos los ciudadanos. Ahora la Administración, dirá Forsthoff, ya no debe dedicarse a garantizar pasivamente la libertad, ahora la Administración es aportadora de prestaciones y su fundamento está en la participación en la vida social.

 

Probablemente, si la concepción de la procura existencial hubiera sido vinculada en mayor medida a la existencia digna es probable que la ausencia de consecuencias jurídicas hubiera sido superada porque realmente si hay un concepto que tiene fuerza jurídica en el Estado social y democrático es el de la dignidad de la persona. Es más, es un concepto que en sí mismo constituye la esencia del Derecho, por lo que hoy realmente resulta incomprensible que tales prestaciones, aquellas vinculadas a la dignidad del ser humano, no hubieran sido dotadas de fuerza jurídica. En descargo de esta teoría se puede señalar que quizás el estado y evolución de un modelo de Estado que está en permanente transformación, y que, por tanto, en 1938 no permitía los desarrollos actuales.

 

Para Forsthoff, el desarrollo técnico e industrial de los siglos XIX y XX redujo lo que él denomina espacio vital dominado mientras crecía el espacio vital efectivo provocando una situación general para todos los ciudadanos de menesterosidad social puesto que, valga la redundancia, es menester buscar los bienes necesarios para mantenerse. En el caso de las personas con medios de vida más que suficientes, la afirmación del profesor alemán es polémica pero, en todo caso, una mayoría de personas que ven su espacio vital propio abandonado a causa del éxodo a las grandes ciudades comprueban a diario, hoy también en la crisis actual provocada por la pandemia, que las garantías sustanciales para una existencia digna se han ido mermando.

 

En este contexto, la persona, que ha ido perdiendo su espacio vital dominado, se encuentra desprotegida frente a un tiempo de desarrollismo y economicismo,  abandonada a la asistencia en sus más diversas forma. Entonces, la mayor parte de los ciudadanos dependen de un trabajo para alcanzar, ellos y sus familias, una existencia digna. El puesto de trabajo es el medio para obtener un mínimo vital que permita en condiciones de dignidad realizarse libre y solidariamente como ser humano.

 

El Estado, también a finales del siglo XIX, ante la situación, llamemos hoy de indignidad en la que vivían ya demasiadas personas, hubo de asumir, tras constatar la insuficiencia de las iniciativas sociales,  la obligación de facilitar la subsistencia a partir de introducir en el proceso económico una adecuada relación entre salarios y precios que permitieran un poder adquisitivo de los salarios razonable para vivir con dignidad. Hoy, con los matices que se quiera, hemos vuelto a las andadas, precisamente en el marco de un Estado social que pensábamos maduro y desarrollado y que, sin embargo, por el falseamiento de sus fines propios, por su estaticidad, está reduciendo y recortando prestaciones sociales muchas de ellas directamente vinculadas a una vida digna.

 

El concepto de procura existencial incluye el desarrollo de sistemas y su control, sin los que no es posible la vida humana en la actual civilización. En este sentido, se incluye la seguridad en los diferentes aspectos vitales en la sociedad nacional, que incluye no solo la defensa exterior, también la seguridad interior frente al delito y a la subversión; la prevención de situaciones de necesidad de carácter global; la degradación del medio ambiente; el agotamiento de los recursos naturales, las situaciones de conflicto y las tensiones sociales. Igualmente, entran bajo el concepto de procura existencial para García Pelayo  la garantía de ciertas prestaciones sociales más allá de su simple reconocimiento: la fijación de un salario vital mínimo, el acceso a un puesto de trabajo en el marco de pleno empleo; la atención a los colectivos más débiles: discapacitados, ancianos, niños, desempleados, etc, así como el acrecentamiento de las posibilidades vitales de la población mediante una justa distribución de ingresos, de acuerdo con las posibilidades de la situación económica general; mediante el progresivo acceso a los bienes culturales, con especial atención y a la innovación y la posesión de los conocimientos tecnológicos; y por la expansión y perfeccionamiento de los servicios sociales y los sistemas de previsión social.

 

Hoy, de nuevo, la procura existencial entre nosotros. Ochenta años después a consecuencia de la pandemia y de la deficiente previsión delos riesgos.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana