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Interés general y ciudadanos

INTERÉS GENERAL Y CIUDADANOS

El interés general en un Estado social y democrático de Derecho está inescindiblemente conectado a la defensa, protección y promoción de la dignidad del ser humano, y, por ello, a la defensa, protección y promoción de los derechos fundamentales, sean de orden individual, sean de orden social. El interés de los ciudadanos como miembros de la colectividad en cuanto integrantes del cuerpo social conforma el concepto del interés general, que se refiere a la cobertura de las necesidades colectivas de los ciudadanos, entre las que más relevantes son, sin duda, la educación o la sanidad.

El interés general tiene una obvia vinculación a las personas consideradas, eso sí, como integrantes de la sociedad. Desde este punto de vista el interés general puede considerarse como el interés social en la medida en que descansa sobre los intereses de las personas como componentes básicos de la sociedad.

Desde esta perspectiva, el interés general es el interés del conjunto de intereses que los individuos tienen cuando son considerados como miembros de la sociedad. Por eso, la Administración pública cuándo sirve objetivamente el interés general, debe tener presente los intereses de las personas en su dimensión social, debe atender a las necesidades colectivas de las personas.

El interés general, pues, ha de estar definido en el Ordenamiento jurídico. No es una abstracción, una especulación, una filigrana intelectual, o el deseo o aspiración particular del gobernante. Es, a partir de los valores del Estado social y democrático de Derecho, algo concreto, materializado, puntualizado, encarnado en la realidad que, además, debe ser racional, objetivo, susceptible de motivación o argumentación a partir de los criterios de la lógica.

Es decir, el interés general debe estar concretado, detallado, puntualizado en el Ordenamiento jurídico, en la mayoría de los casos en una norma jurídica con fuerza de ley. La idea, básica y central, de que el interés general en un Estado social y democrático de Derecho se proyecta sobre la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos en lo que se refiere a las necesidades colectivas, exige que en cada caso la actuación administrativa explicite, en concreto, cómo a través de actos y normas, de poderes, es posible proceder a esa esencial tarea de desarrollo y facilitación de la libertad solidaria de los ciudadanos.

Hoy, en tiempos de pandemia, el interés general reside en la efectividad del derecho a la salud de los ciudadanos, en que los médicos y personal sanitario disponga de los mejores medios para realizar con mayor seguridad su trabajo, en que la seguridad pública facilite el ejercicio de las libertades por parte de los ciudadanos, en que los poderes y potestades públicas se operen con proporcionalidad. En una palabra, en que el Estado de Derecho y la democracia puedan funcionar adecuadamente, de forma transparente y responsable. Justo lo contrario de lo que acontece entre nosotros.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Buena administración y acceso a la información

El derecho fundamental a una buena administración, como es sabido, es un tema de gran actualidad, especialmente en tiempos de pandemia y está presente, por derecho propio, en el debate jurídico administrativo en el ámbito comunitario e iberoamericano. El derecho a la buena administración se ha incorporado con mucha fuerza en los Ordenamientos jurídicos contemporáneos. Está reconocido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales de 2000 y de él trata monográficamente la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública de 2013, además de estar expresamente previsto cada vez en más textos legales nacionales y en resoluciones de los órganos jurisdiccionales en Europa y América Latina.

Este derecho fundamental a que las Administraciones resuelvan los asuntos públicos de forma objetiva, equitativa y en plazo razonable integra una serie de derechos fundamentales entre los que se encuentra el derecho a la información de interés general. En efecto, una buena Administración debe actuar de acuerdo con principios como el de transparencia y acceso a la información de interés general.

La Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública señala como uno de los derechos derivados del derecho fundamental a una buena administración es el derecho al acceso a la información pública y de interés general en el marco del respeto al derecho a la intimidad y a las declaraciones motivadas de reserva, que habrán de concretar el interés general en cada supuesto en el marco de los ordenamientos jurídicos.

Una buena administración pública defiende, protege y promueve el principio de máxima transparencia permitiendo a los ciudadanos acceder a la información de interés general. Manifestaciones de este principio de buena transparencia son, entre otros: el deber de resolver las solicitudes en plazo razonable, la valoración imparcial y equitativa de las solicitudes, la ponderación de los intereses particulares y generales afectados en las concesiones de acceso, o la buena fe en las concesiones de acceso. Hoy, como comprobamos a diario, este derecho es sistemáticamente laminado por las Autoridades que no suelen contestar a dichas peticiones o solicitudes recurriendo cuando algún órgano público de transparencia accede a facilitar lo que le solicitan los ciudadanos.

En caso de pandemia, como el que actualmente vivimos, el acceso a la información de interés general debe ser en tiempo real pues, de lo contrario, la ciudadanía no podrá juzgar, como se merece, la calidad y el rigor de sus actuaciones, así como el el respeto a los derechos fundamentales y las motivaciones del ejercicio de poderes discrecionales. En tiempos de COVID-19 este derecho, como todos, no es una opción, no es una extravagancia, es, lisa y llanamente, una exigencia que toda democracia seria y avanzada debe facilitar a los ciudadanos. No hacerlo, no solo manifiesta prepotencia y abuso, expresa una inquietante ausencia de compromiso democrático que imposibilita para gobernar en un Estado de Derecho. Es muy muy grave.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Revolución cívica

El llamado espacio de la deliberación pública, abierto y plural por definición, en ocasiones, no pocas, se presenta como un ámbito propicio para las adhesiones inquebrantables o para la sumisión o el vasallaje. Hoy, en tiempo de pandemia, de excepcionalidad, lo comprobamos a diario en tantas latitudes, también por supuesto por estos pagos.

El espacio público debiera ser un ambiente en el que, como enseña la teoría, se expresen las diferentes dimensiones de la realidad sobre las que debatir y razonar en cada caso. En su lugar, los frentes ideológicos, más cerrados cada vez, mueven sus peones mediáticos y su artillería pesada para silenciar, excluir o laminar, si es posible, al diferente, al disidente o al crítico con el pensamiento dominante.

En ocasiones se cercenan las más obvias libertades de manera calculada para que el censurado, por ejemplo, no se pueda defender. A veces, se argumenta con ese peculiar: no es de los nuestros. De intento, esto es lo más grave, se restringe la libertad educativa para evitar que, además del poder, alguien tenga la tentación de transmitir conocimientos e ideas que vayan más allá del pensamiento y la doctrina única que se elabora desde las más sofisticadas técnicas de manipulación. El pluralismo se predica con ocasión y sin ella, pero salvo excepciones, ha ido desapareciendo de escena. El miedo a la verdad, a lo que las cosas son, no a lo que parecen, conduce a edulcorar y maquillar una realidad que no debe ser conocida. He aquí un caso de manual: la pandemia ha sido inevitable, imprevisible y nada se pudo hacer desde gobiernos y administraciones, como si las omisiones de primeros de marzo no hubieran multiplicado exponencialmente los contagios.

En este ambiente, sería bienvenida una educación cívica para la libertad, no para cortar por el mismo patrón a los jóvenes, a los que hemos de transmitir el gusto por el conocimiento, por la verdad, por el pensamiento abierto, plural y crítico. Hoy, quien lo iba a imaginar, vamos por un camino que adocena, que aborrega, que estandariza, que impide el ejercicio de la libertad solidaria, que aplana el pensamiento.

Es un tiempo propicio para una revolución cívica pacífica, serena, razonable y humana. Es tiempo para conquistar la libertad todos los días, para afirmar la dignidad de la persona. Es un tiempo para luchar, de nuevo, por los valores y las cualidades democráticas. Desde luego, vale la pena.

Jaime Rodríguez-Arana.

@jrodriguezarana

Una revolución cívica

El llamado espacio de la deliberación pública, abierto y plural por definición, en ocasiones, no pocas, se presenta como un ámbito propicio para las adhesiones inquebrantables o para la sumisión o el vasallaje. Hoy, en tiempo de pandemia, de excepcionalidad, lo comprobamos a diario en tantas latitudes, también por supuesto por estos pagos.

El espacio púlico debiera ser un ambiente en el que, como enseña la teoría, se expresen las diferentes dimensiones de la realidad sobre las que debatir y razonar en cada caso. En su lugar, los frentes ideológicos, más cerrados cada vez, mueven sus peones mediáticos y su artillería pesada para silenciar, excluir o laminar, si es posible, al diferente, al disidente o al crítico con el pensamiento dominante.

En ocasiones se cercenan las más obvias libertades de manera calculada para que el censurado, por ejemplo, no se pueda defender. A veces, se argumenta con ese peculiar: no es de los nuestros. De intento, esto es lo más grave, se restringe la libertad educativa para evitar que, además del poder, alguien tenga la tentación de transmitir conocimientos e ideas que vayan más allá del pensamiento y la doctrina única que se elabora desde las más sofisticadas técnicas de manipulación. El pluralismo se predica con ocasión y sin ella, pero salvo excepciones, ha ido desapareciendo de escena. El miedo a la verdad, a lo que las cosas son, no a lo que parecen, conduce a edulcorar y maquillar una realidad que no debe ser conocida. He aquí un caso de manuela: la pandemia ha sido inevitable, imprevisible y nada se pudo hacer desde gobiernos y administraciones, como si las omisiones de primeros de marzo no hubieran multiplicado exponencialmente los contagios.

En este ambiente, sería bienvenida una educación cívica para la libertad, no para cortar por el mismo patrón a los jóvenes, a los que hemos de transmitir el gusto por el conocimiento, por la verdad, por el pensamiento abierto, plural y crítico. Hoy, quien lo iba a imaginar, vamos por un camino que adocena, que aborrega, que estandariza, que impide el ejercicio de la libertad solidaria, que aplana el pensamiento.

Es un tiempo propicio para una revolución cívica pacífica, serena, razonable y humana. Es tiempo para conquistar la libertad todos los días, para afirmar la dignidad de la persona. Es un tiempo para luchar, de nuevo, por los valores y las cualidades democráticas. Desde luego, vale la pena.

Jaime Rodríguez-Arana.

@jrodriguezarana

Pandemia y Administración

La Administración pública en una sociedad moderna debe ser una organización profesional especializada en el servicio objetivo al interés general tal y como dispone el artículo 103 de nuestra Constitución. Es decir, su función y principal tarea reside en la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas. Servir a la comunidad, a la sociedad, es estar a disposición de las necesidades e inquietudes sociales latentes en la realidad puesto que en un Estado social y democrático de Derecho, que es el que define nuestra Constitución en su artículo 1.1, el interés general ya no es un concepto que definen unilateralmente los Poderes públicos. Más bien como señala el Tribunal Constitucional en una sentencia de 7 de febrero de 1984 debe definirse a través de la colaboración y cooperación entre Administraciones públicas y agentes sociales.

En estos años, a pesar de los esfuerzos que se han realizado por adecuar la planta y la estructura de las Administraciones públicas a la realidad, lo cierto y verdad, durante la crisis de COVID-19 todos lo experimentamos, es que todavía disponemos de estructuras anquilosadas y, lo que es más grave, todavía habitan muchas inercias y resistencias a los cambios en la mente de no pocos dirigentes y altos administradores públicos.

En una sociedad democrática como la nuestra, los ciudadanos sabemos que las Administraciones públicas, los procedimientos y las estructuras públicas no son de propiedad de políticos y funcionarios, sino de todos y cada uno de los ciudadanos. Este aserto tan evidente, sin embargo, sigue muy presente en los hábitos y esquemas de funcionamiento de una Administración que teme a las transformaciones y que busca en ocasiones la conservación de la posición encaramándose a toda suerte de privilegios y prerrogativas.

La caracterización constitucional de la Administración como organización de servicio objetivo al interés general reclama un giro copernicano en las formas y actuaciones administrativas, que deben estar más pendientes de las necesidades generales de la población y del desarrollo social y económico del país que de otras consideraciones burocráticas o tecnoestructurales.

En el actual contexto de crisis sanitaria y económica derivada del brote de la pandemia de COVID-19, es menester reflexionar sobre medidas concretas que permitan a nuestro tejido productivo afrontar en las mejores condiciones de competitividad la salida de esta situación, para poder iniciar una recuperación económica; que potencie lo antes posible el crecimiento de la riqueza nacional y la recuperación del nivel de empleo.

A este respecto, el exceso de trabas burocráticas y cargas administrativas injustificadas, se han revelado como una amenaza para el desarrollo económico, al restar competitividad y agilidad a nuestras empresas en el mercado global. Si bien es verdad que en los últimos tiempos se han acometido algunas reformas administrativas, éstas todavía no han permitido que el aparato público se adapte a la cambiante realidad, máxime ante un caso, como el actual, de una pandemia que debió haberse previsto pues, en el tiempo en que estamos, cualquier Administración que se precie debería practicar una actividad administrativa de prevención y precaución eficaz y, junto a ello, fomentar y facilitar una simplificación administrativa dirigida facilitar el desarrollo económico y social.

Tenemos en este tiempo una magnífica oportunidad para una reforma en profundidad del funcionamiento de la Administración. En sus estructuras, funcionamiento y adecuación a los valores constitucionales.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La licuación del Estado de Derecho

Acabo de leer un sugerente artículo del profesor German Teruel estos días en el blog Hay Derecho sobre el pensamiento líquido y su proyección, en tiempos de pandemia, al Estado de Derecho. Su conclusión, bien clara: se está licuando el Estado de Derecho. Así es, la proyección del pensamiento líquido que explicó Bauman hace tiempo ha penetrado con fuerza en la Democracia y en el Estado de Derecho hasta terminar por licuar, liquidar, los fundamentos de un modelo político basado en la limitación del poder y en la participación ciudadana -Democracia- y en la juridicidad, separación de los poderes y reconocimiento de los derechos fundamentales –Estado de Derecho-.

Como es sabido, Zygmunt Bauman, fue un famoso sociólogo polaco de origen judío fallecido en enero de 2017 en Leeds, ciudad en la que se estableció en 1972 para enseñar en su Universidad tras ser declarado persona non grata por el régimen comunista polaco en 1968. Mundialmente se le conoce como el intelectual que puso en circulación en 1999 la idea de la modernidad líquida, esa característica de la organización social en la que todo es pasajero, inaprehensible, en continua y constante transformación. Hoy, su pensamiento está de gran actualidad a causa de esta pandemia que tan fuerte nos golpea desde tantos ángulos, desde tantos puntos de vista, no sólo, aunque sea el más importante, el sanitario.

Zygmunt Bauman era, es, porque sus ideas siguen presentes, un pensador, un intelectual de los que prácticamente ya no quedan. Se compartirán o no sus tesis, pero en el tiempo en que vivimos, especialmente ahora en plena pandemia por el COVID-19, sus reflexiones resuenan con fuerza en un mundo dominado por lo que llamaba el “precariado”, una forma de referirse a la forma de vida a que son sometidos millones de seres humanos en la época de la globalización, hoy multiplicados por los efectos laborales de la pandemia. En efecto, en lo que el denominaba “vulnerabilidad mutuamente asegurada” se encierra uno de los grandes males de este tiempo: la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Hoy, en tiempos del coronavirus, no tenemos más opción que superar esta insensibilidad y ser solidarios con tantos millones de personas que en el marco de esta crisis van a engrosar multitudinarias listas de ciudadanos necesitados de protección social.

El pensamiento líquido, según Bauman, parte de un a priori: todo está en cambio, no hay nada seguro, lo sólido no existe. Es, qué duda cabe, una buena descripción de una realidad que esperemos se transforme tras la pandemia. En estos días los valores humanos han vuelto al lugar que les corresponde, la solidaridad ha hecho acto de presencia con intensidad, la dignidad del ser humano está recobrando su posición central en las convicciones de tantas personas de bien. Sin embargo, es verdad que, en sentido contrario, se ciernen graves peligros sobre todos nosotros en forma de autoritarismos que aspiran a controlar la vida de las personas, restringiendo o eliminando muchas de las libertades que tanto esfuerzo nos ha costado recuperar. Hasta ochenta y tres países, según un reciente informe de Human Rights Watch lesionan las libertades en este tiempo de excepcionalidad sin aparente resistencia.

Aplicado este pensamiento sobre la democracia comprobamos como la limitación del poder es atacada por el poder mismo, sea público o privado y, por otra parte, la participación social empieza a ser trasunto de la colosal operación de manipulación iniciada décadas atrás. Además, el control deja de ser independiente, pues se transforma en sumisión y obsecuencia ante el sujeto pasivo del control, los derechos fundamentales de la persona se conceden a quienes se alinean con el sistema y la separación de poderes se convierte en una fenomenal terminal de expresión de un poder único que se impone a diario.

La superación del pensamiento líquido y el regreso al pensamiento humano depende de la naturaleza de nuestro compromiso con la libertad y el Estado de Derecho, de si seremos valientes para comprometernos con el pensamiento abierto, libre y crítico o si preferiremos, por cómodo y confortable, el silencio o la condescendencia en que llevamos instalados ya mucho tiempo. He aquí el dilema.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Arendt y la mentira en política

La editorial Página indómita acaba de publicar un nuevo libro de Hannah Arendt, Verdad y mentira en política, en el que se recogen dos breves trabajos de la famosa filósofa judía. El primero, Verdad y política, escrito en los años sesenta del siglo pasado, trae causa de la polémica en torno a Eichmann en Jerusalén. El segundo, La mentira en política, a raíz de los llamados Papeles del Pentágono de principios de los setenta, también del siglo pasado.

En este contexto, Arendt llama la atención acerca de una realidad indudable: la mentira no es solo patrimonio de las dictaduras. También en los regímenes democráticos se nos presenta como un factor bien destructor, con capacidad de influir poderosamente en la opinión de los ciudadanos, impotentes ante la potencia de esta colosal operación de transformacion de la realidad al servicio de lo conveniente, de lo eficaz.

Arendt siempre censuro la tendencia tecnocrática del poder político así como el dominio de la acción política a través del marketing. Hoy, como se aprecia cotidianamente, tanto la dimensión tecnocrática del poder como, por otro lado, la conversión en espectáculo de la política, campa a sus anchas por una razón que Arendt ya entreveía en su tiempo.

Efectivamente, si el ciudadano y las asociaciones comunitarias que surgen de la vitalidad social no son el centro del espacio público, éste es dominado, como ahora acontece, por la ideología y la propaganda. Si a eso añadimos la alianza estratégica orquestada por los poderes mediáticos, los poderes financieros y los poderes políticos, entonces nos encontramos con lo que Fukuyama denomina privatización del espacio público. En materia de redes sociales lo estamos comprobando en tiempo real.

Pues bien, en este escenario la mentira, el engaño, el cálculo, se adueñan del ejercicio de la política, que se acaba convirtiendo, en una actividad desvinculada del interés general y asociada, a veces hasta groseramente, con la dictadura de lo conveniente, que tiñe de corrupción todo lo que toca.

En este contexto, denunciado por Arendt décadas atrás, se crea el caldo de cultivo para la emergencia del populismo y la demagogia que, jaleados por esa visión marketiniana, de espectáculo político, conduce al esperpento que contemplamos. Una situación que reclama el protagonismo ciudadano y la consiguiente liberación del espacio público de lo eficaz, de lo útil, de lo conveniente para la tecnoestructura.

La filósofa judía es un ejemplo de rebeldía inteligente frente a la imposición del pensamiento único y de lo políticamente correcto, venga de donde venga. Hoy, personalidades como las de Arendt están de gran actualidad , pues precisamos librar ese combate, hoy en primer plano a causa de la deriva totalitaria que cabalga a lomos de la pandemia, por la libertad y la verdad en el que ella brilló con gran sentido de la coherencia.

En fin, la lectura de nuevo de Arendt en este tiempo constituye una bocanada de aire fresco en un mundo en el que la dictadura de lo tecnoestructural y la conversión de lo político en puro divertimento y entretenimiento, en un ejercicio de manipulación y control social, confirman el peligro de la banalización de una actividad orientada y dirigida, nada menos, que a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos en un ambiente de centralidad de la dignidad del ser humano. Hoy, en tiempos de pandemia, urgente y necesaria. Ojala tuviéramos más Arendts entre nosotros que nos animarán a esa rebeldía cívica tan necesaria hoy, tiempo en el que precisamos sacudirnos el yugo de una tiranía cada vez más explícita.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Pandemia y simplificación administrativa

La Administración pública en una sociedad moderna debe ser una organización profesional especializada en el servicio objetivo al interés general. Es decir, su función y principal tarea reside en la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas. Servir a la comunidad, a la sociedad, es estar a disposición de las necesidades e inquietudes sociales latentes en la realidad puesto que en un Estado social y democrático de Derecho, que es el que define nuestra Constitución en su artículo 1.1, el interés general, que ya no es un concepto que definen unilateralmente los Poderes públicos, si, más bien, que se objeto de articulación, como dice el Tribunal Constitucional en una sentencia de 7 de febrero de 1984, a través de la intercomunicación entre Administraciones públicas y agentes sociales.

En estos años, a pesar de los esfuerzos que se han realizado por adecuar la planta y la estructura de las Administraciones públicas a la realidad, lo cierto y verdad, durante la crisis del COVID-19 todos lo experimentamos, es que todavía disponemos de estructuras anquilosadas y, lo que es más grave, todavía habitan muchas inercias y resistencias a los cambios en la mente de no pocos dirigentes y altos administradores públicos.

En una sociedad democrática como la nuestra, los ciudadanos sabemos que las Administraciones públicas, los procedimientos y las estructuras públicas no son de propiedad de políticos y funcionarios sino de todos y cada uno de los ciudadanos. Este aserto tan evidente, sin embargo, sigue muy presente en los hábitos y esquemas de funcionamiento de una Administración que teme a las transformaciones y que busca en tantas ocasiones la conservación de la posición encaramándose a toda suerte de privilegios y prerrogativas.

La caracterización constitucional de la Administración como organización de servicio objetivo al interés general reclama un giro copernicano en las formas y actuaciones administrativas, que deben estar más pendientes de las necesidades generales de la población y del desarrollo social y económico del país que de otras consideraciones burocráticas o tecnoestructurales

La reforma administrativa durante largo tiempo se centró en la búsqueda de aparatos públicos más sencillos, más eficaces, que cuesten menos y que piensen más en los ciudadanos. En España, sin embargo, el modelo de Estado ha dado lugar a una estructuración administrativa muy compleja en la que se encuentran duplicidades y solapamientos administrativos que impiden una acción administrativa ágil y eficaz.

Por eso, es menester analizar competencia a competencia para determinar su mejor ubicación, dentro del marco constitucional. Hay que simplificar las estructuras eliminando muchas innecesarias por duplicadas. Hay que mejorar el reparto de funciones entre los distintos niveles de gobierno. Igualmente, es menester preservar la transparencia, la seguridad jurídica, la austeridad y, sobre todo, la sensibilidad en relación con los desafíos sociales y económicos de nuestro país.

Una de los objetivos de los proyectos de reforma y modernización administrativa de los últimos años reside en la reducción de cargas administrativas y de trámites innecesarios. La realidad, empero, es que todavía, a pesar de los esfuerzos realizados en estas manifestaciones de simplificación administrativa, los procedimientos lejos de facilitarse se complican cada vez más. Por eso, es necesario hacer efectivo con todas sus consecuencias el derecho de los ciudadanos a que no se nos pida documentación que ya obra en la Administración, sea esta general, autonómica o local. La interoperabilidad y la sincronización de los registros de las diferentes Administraciones podría suponer un gran avance en esta materia.

Es decir, precisamos más simplificación, más sencillez, más accesibilidad. Sobre todo, necesitamos Administraciones públicas que, en lugar de parapetarse en el privilegio y en la prerrogativa del poder público, atiendan con mayor sensibilidad las demandas sociales que promuevan el interés general.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodríguezarana

Sobre ética y política, de nuevo

La relación entre Ética y Política, entre la rectoría de los asuntos públicos y la dimensión moral, es un problema intelectual de primer orden, de gran calado. Desde los inicios mismos del pensamiento filosófico y a lo largo de toda la historia en Occidente ha sido abordado por tratadistas de gran talla, desde las perspectivas más diversas y con conclusiones bien dispares. Y por mucho que se haya pretendido traducir algunas de ellas en formulaciones concretas, la experiencia histórica ha demostrado sobradamente que ninguna puede tomarse como una solución definitiva a tan difícil cuestión. En realidad, la democracia como forma de gobierno encierra en sí misma una fuerte componente ética pues consiste esencialmente en gobernar para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos a través de su participación real en los asuntos que vertebran el interés general.

La dignidad de la persona y sus derechos fundamentales ocupan en este tema una posición capital. Hasta el punto de que el ejercicio del poder público en la democracia debe ir orientado y dirigido a que las personas se puedan realizar libre y solidariamente de la mejor forma posible en la vida social. Sobre esta base, sobre el suelo firme de nuestra común concepción del hombre, que se explicita de algún modo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, es el solar sobre el que debiera asentarse la construcción de nuestro edificio democrático.

Hoy, en plena pandemia, la verdad es que la dimensión ética de actividad política, como demuestran los sondeos y encuestas en todos los países, parece que se ha olvidado y que cuestiones tan relevantes para la calidad ética del Estado de Derecho como la transparencia o el ejercicio de las libertades se consideran extravagancias, objetos decorativos o, en todo caso, resabios burgueses. Así las cosas, urge un renacimiento de lo ético si es que no queremos caer presos, de una u otra manera por la actual deriva totalitaria con sus purgas ideológicas en todo el mundo.

Por eso, conviene recordar, que el centro de la acción política es la persona. Ahora bien, la persona no puede ser entendida como un sujeto pasivo, inerme, puro receptor, destinatario inerte de las decisiones públicas. Definir a la persona como centro de la acción política significa no sólo, ni principalmente, calificarla como centro de atención, sino, sobre todo, considerarla el protagonista por excelencia de la vida pública.

No obstante, afirmar el protagonismo de la persona no quiere decir darle a cada individuo un papel absoluto, ni supone propugnar un desplazamiento del protagonismo ineludible y propio de los gestores democráticos de la cosa pública. Afirmar el protagonismo del individuo, de la persona, es poner el acento en su libertad, en su participación en los asuntos públicos, y en la solidaridad.

En el orden político se ha entendido en muchas ocasiones la libertad como libertad formal. Siendo así que sin libertades formales difícilmente podemos imaginar una sociedad libre y justa, también es verdad que es perfectamente imaginable una sociedad formalmente libre, pero sometida de hecho al dictado de los poderosos, vestidos con los ropajes más variopintos del folklore político.

Las sociedades realmente libres son las sociedades de personas libres. El fundamento de una sociedad libre no se encuentra en los principios constituyentes, formales, sobre los que se asienta su estructuración política. El fundamento de una sociedad libre está en los hombres y en las mujeres libres, con aptitud real de decisión política, que son capaces de llenar cotidianamente de contenidos de libertad la vida pública de una sociedad. Pero la libertad, en este sentido, no es un estatus, una condición lograda o establecida, sino que es una conquista moral que debe actualizarse constantemente, cotidianamente, en el esfuerzo personal de cada uno para el ejercicio de su libertad, en medio de sus propias circunstancias.

Afirmar que la libertad de los ciudadanos es el objetivo primero de la acción política significa, en primer lugar, perfeccionar, mejorar, los mecanismos constitucionales, políticos y jurídicos que definen el Estado de Derecho como marco de libertades. Pero en segundo lugar, y de modo más importante aún, significa crear las condiciones para que cada hombre y cada mujer encuentre a su alrededor el campo efectivo, la cancha, en la que jugar, libre y solidariamente su papel activo, en el que desarrollar su opción personal, en la que realizar creativamente su aportación al desarrollo de la sociedad en la que está integrado. Creadas esas condiciones, el ejercicio real de la libertad depende inmediata y únicamente de los propios ciudadanos, de cada ciudadano. Pienso que por este camino deben discurrir algunas de las más relevantes manifestaciones de regeneración democrática que requiere nuestro sistema político.

La política democrática es una tarea ética en cuanto se propone que el hombre, la persona, erija su propio desarrollo personal en la finalidad de su existencia, libremente, porque la libertad es la atmósfera de la vida moral. Que libremente busque sus fines, lo que no significa que gratuita o arbitrariamente los invente, libremente se comprometa en el desarrollo de la sociedad, libremente asuma su solidaridad con sus conciudadanos, sus vecinos.

El solar sobre el que es posible construir la sociedad democrática es el de la realidad del ser humano, una realidad no acabada, ni plenamente conocida, por cuanto es personalmente biográfica, y socialmente histórica, pero incoada y atisbada como una realidad entretejida de libertad y solidaridad, y destinada por tanto, desde esa plataforma sustantiva, a protagonizar su existencia.

La política democrática no puede reducirse, pues, a la simple articulación de procedimientos, con ser éste uno de sus aspectos más fundamentales; la política democrática debe partir de la afirmación radical de la preeminencia de la persona, y de sus derechos, a la que los poderes públicos, despejada toda tentación de despotismo o de autoritarismo, deben subordinarse. Justo lo contrario de lo que acontece en la actualidad en tantas latitudes. O nos sacudimos el yugo del nuevo totalitarismo, o luchamos en serio por nuestras libertades o en no mucho tiempo bien que lo lamentaremos.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Cualidades democráticas

Años atrás, en pleno debate sobre la democracia y sus principios, Alain Minc llamó la atención sobre un fenómeno sobre el que vale la pena pensar: la vitalidad en el ejercicio de las cualidades democráticas por parte de los ciudadanos en nuestro tiempo. Un asunto de gran actualidad dado el apogeo de la polarización social y política que preconizan los populismos, sean del signo que sean. Estos días, sin ir más lejos, hemos visto sus consecuencias en la toma del Capitolio por una banda de fanáticos.

Desde luego, la existencia de cualidades y hábitos democráticos en los ciudadanos es un tema de interés que refleja realmente la temperatura ética y el temple moral que se respira en el seno de las organizaciones e instituciones del presente y también en la vida social.

Afortunadamente, la democracia, como sentenció Ortega, es el tipo superior de vida en común. Y, como diría Friedrich, la democracia es un talante que expresa preocupación real por las personas y por sus derechos fundamentales. La democracia se desarrolla en entornos abiertos, hace posible que las personas sean el centro de la realidad, proporciona estilos de pensamiento compatible y complementarios. La democracia es incompatible con el pensamiento único y con esa filosofía del ordeno y mando que todavía subsiste en quienes tienen miedo a la libertad y a la sana competencia.

Hoy, sin embargo, visto lo visto, y teniendo en cuenta las derivas totalitarias que se aprecian en las formas de gestión de la crisis de la pandemia, las cualidades y hábitos democráticos podrían mejorar sustancialmente. Sobre todo en quienes tienen a su cargo los destinos de la comunidad que son los más responsables a la hora de tomar decisiones que mejoren las condiciones de la vida de las personas, hoy seriamente lesionadas a causa de una deficiente y pésima gestión pública incapaz de atender precisamente a quienes más lo precisan. No tiene sentido que el Estado recaude más subiendo los impuestos a las personas y luego se siga castigando a los ciudadanos mientras se alimentan estructuras públicas superfluas y se mantiene una corte de adeptos y afines de incalculables proporciones.

Sí, las cualidades democráticas son básicas para que el funcionamiento de las instituciones sea real y producto de la libre aportación de las personas. Por el contrario, es posible, y ejemplos no faltan entre nosotros, de líderes que ejercen hábitos autoritarios conducentes, no sólo a evitar la participación, sino a eliminar a quien se atreva a levantar la voz o sostener alguna posición disidente.

Veamos un ejemplo bien paradigmático procedente del sector privado, pero que bien podría ocurrir en las corporaciones públicas. El liderazgo en el sector empresarial plantea esta disyuntiva: ¿quién es buen líder empresarial?. ¿El que logra hacer subir, como sea, el valor de las acciones de su compañía?. ¿El que se recompensa a sí mismo y a su equipo con retribuciones espectaculares mediante millonarias “stock options”? o, ¿el que busca que los empleados crezcan con la empresa?,¿ el que los considera como instrumentos de usar y tirar?, ¿el que se enfada porque una empleada se ha quedado embarazada?, ¿el que reparte los beneficios con los trabajadores?, ¿el que anima a sus colaboradores y les da oportunidades de desarrollar iniciativas?, o ¿el que reclama que el temor y el miedo dominen las condiciones laborales?.

Ciertamente, estas disyuntivas no son teóricas. Se producen en la realidad. Plantean, a las claras, una de las cuestiones morales de mayor actualidad: que la calidad moral de la acción tiene entidad en sí misma. No se mide sólo si influye en los resultados. En el fondo, el utilitarismo en estado puro encierra una peligrosa forma de liderazgo que lleva a dar a las personas la condición de cosas. De ahí que una cualidad democrática que distingue de verdad a un líder es su capacidad real -no fingida o escenificada- para acercarse a las personas y compartir sus preocupaciones y problemas. Algo que no es fácil de encontrar más allá de tácticas o estrategias de fuego artificial.

Hace unos días, cayó en mis manos una recensión sobre unas Jornadas de Ética empresarial. No sé por qué anoté estas dos frases de uno de los ponentes: “en la ética empresarial y en la vida en general, siempre se espera que, actuando bien, aunque cueste a corto plazo, compense a la larga”. “Nadie es imprescindible, y si en algún momento puntual se es, trabájese para subsanar esa laguna tentadora para el propio ego, pero peligrosa para el porvenir y bienestar de futuras generaciones”.

Termino. Acabo de releer la biografía de Maura escrita por Tusell. No puede ser más actual una de las características de su regeneracionismo: dotar de vida real las instituciones liberales y democráticas. Y, la democracia real, no se puede olvidar, se produce cuando los hábitos democráticos resplandecen por su ejercicio habitual. Un ejercicio que no se improvisa, que o se practica o se cultiva o no hay nada que hacer porque ni se impone por decreto ni aparece por generación espontánea. Cuanto se precisan hoy, en tiempos de deriva totalitaria, las cualidades democráticas. Cuanto.