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Estado de Bienestary Política Social

La política social, según Messner, consiste en las medidas e instituciones del Estado para proteger a los grupos sociales que dependen del trabajo contra todo perjuicio en la participación del bien común. Entre las medidas de la política social, cada vez más necesarias, están una protección de la salud digna y humana, una protección del salario a través de la seguridad social general y una protección de los convenios colectivos para que las condiciones de trabajo permitan la realización del hombre en su plenitud. También en estos casos la acción del Estado está vinculada por el principio de subsidiariedad, de forma que en muchas ocasiones la integración social es posible dejando a los individuos y grupos que los representa la iniciativa en esta materia.

El Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del bien común. Por eso, el modelo del Estado social del Bienestar implica que la acción pública, en el marco de la subsidiariedad, se oriente hacia la dignidad de la persona, que es la fuente y la garantía del bien común, de manera que la intervención, cuando sea necesaria, tiene siempre esta connotación de servicio al hombre que vive en comunidad. De ahí que sea incompatible con el modelo del Estado social del Bienestar la creencia de que el mercado por sí mismo todo lo arregla. Sabemos que el liberalismo económico a ultranza implica fallas sobre los derechos humanos; por eso, la intervención pública debe legitimar un orden económico al servicio del hombre. Quizás, en este sentido puede entenderse la doctrina de la llamada economía social de mercado, que me parece que se encuentra en la entraña de lo que debe entenderse por el Estado social del Bienestar.

Ludwig Erhard entendió claramente la función del Estado cuando escribía en su célebre obra «Bienestar para todos» que «el ideal que yo sueño es que cada cual pueda decir: yo quiero afianzarme por mi propia fuerza, quiero correr yo mismo el riesgo de mi vida, quiero ser responsable de mi propio destino. Vela tú, Estado, porque esté en condiciones de ello». Que palabras tan actuales.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La crisis del Estado de Bienestar

La crisis del Estado del Bienestar es clara, está fuera de duda. No solo desde el punto de vista económico, sino también, y ello es más importante, como modelo de Estado. Sobre todo, esa versión cerrada y unilateral denominada Estado de bienestar estático que ha fracasado estrepitosamente.

Por eso, aunque lentamente, se está recuperando una nueva forma de entender lo público, no como algo propio del Estado, sino como algo en lo que tiene que participar el ciudadano, la sociedad civil. Se está rompiendo el monopolio que hasta ahora tenía el Estado frente a los intereses públicos. Y, además, está reapareciendo la idea de que el Estado está para fomentar, promover y facilitar que cada ser humano pueda desarrollarse como tal a través del pleno, libre y solidario ejercicio de todos y cada uno de los derechos humanos. Por tanto, el ser humano, la persona es el centro del sistema, el Estado está a su servicio y las políticas públicas, por tanto, también. En este contexto surge espontáneamente el principio de subsidiariedad y se justifica que el Estado sólo debe actuar cuando así lo aconseje el bien común. Es más, debe el Estado hacer posible una sociedad más fuerte, más libre, más capaz de generar iniciativas y con mayor capacidad de responsabilidad política.

El Estado debe permitir que cada ciudadano se desarrolle plenamente y que pueda integrarse en condiciones dignas en la sociedad. La muerte del «Welfare State» no es la muerte de una manera más social de ver la vida, sino la muerte de un sistema de intervención creciente que ha terminado asfixiando y narcotizando al ciudadano. Por lo demás, las propuestas que aquí se esbozarán participan de la necesidad de seguir luchando por el Bienestar, pero con otra metodología, con otra forma de interpretar la función esencial del Estado.

El Estado del Bienestar, tal y como se ha manifestado en Europa en los últimos años ha asumido los gastos de la sanidad, las pensiones de jubilación, el sistema educativo y los subsidios de desempleo. Sin embargo, ha sido, en muchos casos, una tarea propia y exclusiva del Estado, sin abrirse a la sociedad, con lo que el Estado ha tenido que correr con todos los gastos hasta que se acabó la financiación. Esto es, simplemente, lo que está aconteciendo en este tiempo a gran velocidad. Parece mentira pero era un sistema, más tarde o más temprano, abocado al fracaso porque la crisis económica que ha producido semejante gasto público acabaría apareciendo. Se produce un elevado déficit público, un aumento importante del paro y, consiguientemente, un imposible recorte de las prestaciones sociales, que es el elemento identificador del Estado del Bienestar.

Se ha dicho que si el colapso del sistema de tipos de cambios, que si el crecimiento de la inflación, o que si el aumento del precio del petróleo, o que si la disminución de la demanda productiva eran causas de la crisisProbablemente, como también lo ha sido el crecimiento del sector público, o la corrupción inherente a todo sistema de intervención administrativa. Es cierto, pero lo más interesante es poner de manifiesto que el sistema ha fracasado en su propia dinámica: a pesar de aumentar la presión fiscal y de, lógicamente, aumentar el gasto público, resulta que los servicios públicos no eran proporcionados al gasto. ¿Por qué?. Sencillamente, porque hemos seguido viviendo en una Administración para quien el ciudadano es la justificación para crecer y crecer y porque no ha calado en los políticos la Ética Política propia de un Estado que aspira a instaurar el verdadero bien común.

Porque, no se puede olvidar, que ni siquiera en los momentos de prosperidad se ha incentivado el ahorro. Es más, se ha propagado, desde el Estado, porque era «conveniente», una manera de vivir en la que cada vez era necesario «más», cada vez era necesario consumir más y más, hasta el punto de que ¡oh paradoja!, ha sido el Estado del Bienestar el principal responsable del consumismo hoy imperante. Pero es que, además, tampoco se ha incentivado, en las épocas de bonanza, la inversión a pesar del crecimiento incesante de los salarios. El colmo ha sido que, en algunos países, se ha disparado el paro de una manera alarmante. Hay mas: esta mentalidad asistencial, por una parte, -porque por otra genera, consumismo- ha ido calando poco a poco hasta conseguir la improductividad económica. En este contexto, la natalidad desciende preocupantemente; se alarga la esperanza de vida. Aumenta, de esta manera, el número de personas que deben cobrar pensión de jubilación o de desempleo y desciende el número de personas que cotizan.

Lógicamente, en estos términos, las prestaciones sociales han tenido que disminuir poniendo en entredicho un sistema que parecía invencible. Se anuncia que es aconsejable que los funcionarios dispongan de planes privados de pensiones. La mitad o más de los presupuestos públicos se dedica al pago de prestaciones sociales.

En definitiva, tenemos deudas públicas elefantiásicas, una déficit público colosal   mientras la presión fiscal no para de crecer ¿Qué pasa, entonces?. Pues que el ciudadano se ha acostumbrado a esperarlo todo del Estado y, si nos descuidamos, a veces los empresarios necesitan de la subvención para todo, absolutamente para todo. Se ha generalizado una peligrosa cultura de la subvención que ha enganchado a los ciudadanos y a sus agrupaciones en la todopoderosa maquinaria del Estado. El que paga manda, dice el refrán: y es así; de forma que la tentación de la extensión del poder ha sido ampliamente colmada hasta llegar a la más pequeña de las asociaciones de vecinos, porque no se quiere dejar nada a la improvisación. Eso sí, mientras tanto, los ciudadanos hemos ido perdiendo sensibilidad social y capacidad de reacción. Cada vez somos más dependientes del poder y menos libres. Desde luego, así no podemos seguir.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La función del bienestar

La función del bienestar constituye, como enseña Messner, la segunda función social básica del Estado, después del mantenimiento de la paz y el orden interior y exterior. En realidad, la función del bienestar se refiere a la vida económica y social y sus principales campos de aplicación son las bases ordenadoras de la economía general.

La función del bienestar, que tiene mucho que ver, no sólo etimológicamente, con el bien común, puede alcanzarse a través de la intervención directa del Estado en la vida económica y social o a través de la aplicación del principio de subsidiariedad. En este sentido, conviene distinguir entre Estado-Providencia y Estado social del Bienestar.

El Estado Providencia (Welfare State) es el que se ocupa inmediatamente de todas las necesidades y situaciones de los individuos desde «la cuna hasta la tumba». Es un modelo de Estado de intervención directa, asfixiante, siempre presente, que exige elevados impuestos y, lo que es más grave, que va minando poco  a poco lo más importante, la responsabilidad de los individuos. Trae consigo una poderosa y omnipotente burocracia que crece y crece sin parar. En fin, este modelo de Estado del Bienestar es el que ha fracasado estrepitosamente en Europa en este tiempo por no confiar en el principio de subsidiariedad como elemento de regulación de la tarea estatal de bienestar y, por tanto, por no seguir un principio del bien común a partir de la promoción de las condiciones básicas para que el ciudadano se desarrolle en libertad solidaria  y en  responsabilidad.

En realidad, el Estado social del Bienestar no supone que la regla deba ser la de mayor intervención del Estado en la vida económica y social; ni tampoco que se deba practicar una no intervención de los Poderes públicos en la sociedad. El Estado, es necesario recordarlo, tiene una función ordenadora en la vida económica y social, tiene un cometido fundamental: establecer el orden en el que se consiga la mayor medida posible de bienestar general y se promueva el libre y solidario desarrollo de la persona en beneficio de la generalidad. Por eso, como acertadamente señala Messner, la finalidad de la política económica, que siempre tiene un claro sentido instrumental, es la creación de los medios adecuados para una mayor productividad socioeconómica y un mayor nivel de vida de todos los ciudadanos. La elevación de la productividad socioeconómica implica  que todas las instituciones económicas deben orientarse en su actuación a este objetivo. Y, para alcanzar el mayor nivel de vida posible es necesario un justo reparto del producto social de manera que, también al servicio de esta finalidad, han de orientarse la política monetaria, la política crediticia, la política de salarios de precios o de impuestos, la política laboral, la política agraria,  pesquera, ganadera, sindical…. También la política fiscal ha de ser analizada en este contexto: debe orientarse hacia el bienestar económico y social porque no es un fin en si misma parafinanciar todaclase de ocurrencias de quienes en cada momento dirigen el país.

El Estado social de Derecho, que parte de los  principio de subsidiariedad y de solidaridad , supone que el propio Estado no debe ejercer actividad económica propia, a menos que la iniciativa privada sea insuficiente para cubrir las necesidades sociales o que el bien común exija su presencia en la vida económica. Por tanto, debe recordarse que la actividad económica estatal se justifica solamente, como es lógico, en caso de bienes y servicios de necesidad pública. En relación con la empresa privada, el Estado debe estar presente para garantizar el cumplimiento del bien común en un mundo en el que el capitalismo precisa de reformas y en el que el  socialismo igualmente necesita de transformaciones. Casi nada.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Políticas sociales

Las políticas sociales del Estado asistencial, que, originariamente, eligieron a la familia como objeto preferente de sus prestaciones, han acabado por vaciar de casi todo contenido relevante a la institución familiar hasta imponer una determinada manera de entender esta institución como si la función del Estado fuera la de construir intelectualmente conceptos y después proyectarlos unilateralmente sobre la vida social.

Para superar esta situación una solución podría pasar por traspasar la barrera del Estado de bienestar hacia lo que denominaríamos la Sociedad de bienestar. Esto supone no sólo poner el acento en lo vital («sociedad») frente a lo estructural («Estado»), sino que también evoca una nueva noción de bienestar: en vez de una recepción pasiva de prestaciones, una intervención activa en una tarea común. La vida social tiene calidad cuando a sus actores natos se les permite que realicen sus proyectos originales y se les otorga una ayuda a la que tienen derecho precisamente para poner en marcha iniciativas genuinamente sociales.

Como decía Don Eberly hace unos años, para restaurar la sociedad civil tenemos que dar marcha atrás en el modo de plantear los problemas sociales. En la historia americana anterior, el debate se centraba en la naturaleza profunda: del hombre y sus obligaciones. Ahora discutimos acerca de estructuras impersonales, a saber, acerca del gobierno y del mercado. Muchos conservadores y muchos liberales intervencionistas hablan de un modo racional y frío sobre los programas de gobierno o los sistemas de mercado, la mejora de los incentivos y la tasa de crecimiento económico, que se supone son los verdaderos indicadores del bienestar nacional.

Para detectar las causas culturales del debilitamiento de la sociedad civil, Eberly cita el diagnostico del sociólogo Sorokin, para quien la contradicción básica de nuestra cultura era la simultanea glorificación y degradación del hombre; manifestación de lo cual es el actual utilitarismo, que ha producido un hombre totalmente mecanicista, materialista y extremadamente individualista.

Tocqueville, con su  clarividencia probervial señaló que la fuerza de América consistía en la tendencia a unirse en asociaciones voluntarias, mientras que la principal preocupación a largo plazo sería el egoísmo que lleva a cada ciudadano a vivir aparte -extraño al destino del resto-. Le preocupaba que esta forma de individualismo, combinada con el nacimiento de la sociedad de masas, produjera el omnipresente Estado burocrático que ha provocado tantos estragos en la vida social a partir de su hábil alianza con el denominado consumismo insolidario.

En este sentido, las políticas públicas de este tiempo, del color que sean, refuerzan esta forma de concebir la sociedad como habitada por individuos libres sin limitaciones, mimados con promesas, armados de múltiples derechos legales, inundados de posibilidades de consumo, y sin embargo más súbditos que ciudadanos. Así nos va.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Sobre el principio de subsidiariedad

El principio de subsidiariedad, como es bien sabido, limita considerablemente la operatividad del poder estatal y responsabiliza a las personas en el cumplimiento e sus fines vitales y sociales. Como principio superior filosófico-social, señaló Messner, tiene tres importantes corolarios. Primero: un sistema social es tanto más perfecto cuanto menos impida a los individuos la consecución de sus propios intereses. Segundo: un sistema social es tanto más valioso cuanto más se utilice la técnica de la descentralización del poder y la autonomía de las comunidades más cercanas a los ciudadanos. Tercero, y muy importante, un sistema social será más eficaz cuanto menos acuda a las leyes  y más a la acción de fomento y a los estímulos para alcanzar el bien común. El libre y solidario desarrollo de la persona, en un contexto de bien común, es un dato capital.

Por eso, el principio de subsidiariedad supone tanta libertad como sea posible y tanta intervención estatal como sea imprescindible. En realidad, como sabemos, el ideal del orden social se orienta hacia la mayor libertad posible en un marco de mínima regulación estatal. Los pueblos que han tenido más leyes no es que hayan sido los más felices comenta Messner. Sin embargo,  hoy por hoy existe una fuerte convicción, tan errada como irreal, en que el progreso social depende de la intervención estatal. La cuestión es reducir la intervención a  ese marco de ayuda ínsito en la idea del bien común, porque no se puede olvidar que la gran paradoja, y tremendo fracaso del Estado del Bienestar, ha sido pensar que la intervención directa producía automáticamente mayor bienestar general.

La fórmula es, más bien, la que parte de la subsidiariedad: cuanto más se apoye a la persona y a las comunidades más cercanas en que se integra, se fomentará la competencia y la responsabilidad y el conjunto tendrá una mayor autonomía. Porque no se puede olvidar que el principio de subsidiariedad protege los derechos de las personas y de las pequeñas comunidades frente a un Estado que, históricamente, ha cedido a la sutil tentación de aumentar considerablemente su poder. Pero lo más importante, independientemente de la fuerza evidente de este principio básico de la Ética política, es que el bien común se alcanza más fácilmente si los propios individuos y las pequeñas comunidades, como enseña Messner viven y se desarrollan en un contexto de responsabilidad e ilusión por conseguir sus fines existenciales.

 Es evidente que el modelo del Estado de bienestar, tal y como esta concebido actualmente, en su dimensión estática, esta agotado. Sus estructuras están sobrecargadas porque ha pretendido hacerlo todo. Por otra parte, su rigidez burocrática le ha hecho perder contacto con las fuentes que le proporcionarían vitalidad, entre ellas la familia. Y, fundamentalmente, este modelo de Estado ha caído presa, como un instrumento más, del poder político en unos casos y del poder financiero en otros. El poder político se ha apropiado de sus instituciones y ha convertido lo que es la principal acción de fomento, la subvención, en la principal fuente de control social.

En efecto, el ansia de control y manipulación social creció y creció así igualmente, con la misma intensidad y frenesí, se ampliaron los programas y planes de ayudas y subsidios hasta que la caja de todos se quedó vacía. Y, por otra parte, el poder financiero consiguió, a través del tráfico de influencias y del “buen” hacer de don dinero, captar o, mejor, capturar no pocas veces las instituciones reguladoras que en lugar de ser entidades independientes o neutrales, como las denomina la doctrina, se han convertido  en ocasiones en cómplices de tantos desaguisados financieros como hemos visto en estos años.

Tenemos, pues, que buscar otras fórmulas. La ideología cerrada ya sabemos adónde nos conduce. Por qué, entonces, no atreverse a ensayar nuevas fórmulas, que seguro que existen, que partan de democratizar la democracia, de desestatizar el Estado y de liberar la libertad?.

Jaime Rodríguez-Arana

@jroriguezarana  

Libertad e intervención

El sentido de la libertad económica y el alcance de la presencia del Estado en la economía y en las finanzas es un tema permanente del debate académico y político acerca de las relaciones entre libertad y Estado. En mi opinión, siguiendo a los profesores de la Escuela de Friburgo, los patrocinadores de la teoría de la economía social de mercado, la clave está en que realmente exista tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea imprescindible. Algo, en los tiempos que corren bien alejado de la real realidad, pues unos y oros tienden, cuándo gobiernan, a intervenir e invadirlo todo, sea en nombre de la libertad sea en nombre del Estado.

En términos generales, se puede afirmar que la principal función del Estado es la de garantizar, promover  el libre ejercicio de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Tarea promocional o garantizadora que, sin embargo, en ocasiones, no pocas, brilla por su ausencia porque el Estado, traicionando su legítima función, invade y se adentra en el sacrosanto mundo de la libertad de las personas adoctrinando con ocasión y sin ella sobre cuestiones y opiniones que pertenecen a la esfera de la intimidad de los ciudadanos. Hoy tal cosa acontece, con una obvia y evidente restricción de la libertad de expresión, y muy pocos son quienes nos atrevemos a denunciarlo como un atropello impropio de quien debe, insisto, ser el principal valedor de las libertades y los derechos.

Por otra parte, no debemos olvidar, como aconteció en la crisis de los años que se inició en 2007-2008, que la propia función reguladora, inspectora, supervisora, de vigilancia del Estado, bien deficiente durante esa crisis económica, hoy reaparece por no haber tenido la valentía de trabajar sobre las causas.

El actual colapso del Estado de bienestar en su versión estática, se ha ido produciendo poco a poco. A base de incrementar la intervención pública en la vida social, pero no ara fomentar la libertad, o para garantizarla, sino  precisamente para todo lo contrario, para ir controlando, para ir manipulando, la sociedad a través del uso clientelar y unilateral de la principal institución conformadora del Estado social que es la subvención.

En realidad, hemos llegado a la situación que conocemos por muchas causas. Una de ellas, no menor, reside en que el mercado, el espacio de las transacciones, ha sido dominado en estos años por la idea de lucro, que, lisa y llanamente, no es más, ni menos, que la ganancia obtenida sin contraprestación. Es decir, el beneficio por el beneficio sin otras consideraciones.

Para comprender mejor el alcance de las tareas u funciones que deben caracterizar a un Estado que sitúe en el centro, en el corazón, la dignidad del ser humano, es menester, siquiera sea brevemente, trazar algunas ideas generales acerca de esta materia, para así comprender mejor cómo la libertad, también en la economía, debe ser la regla general, pero una regla general que no debe entenderse de manera absoluta, sino, más bien,  en el marco de los límites y limitaciones que componen la realidad. Pretender que la libertad sea absoluta o que el Estado sea ilimitado conforma dos ideologías que la propia Iglesia ha condenado hace ya muchos años por despreciar, por laminar la dignidad del ser humano. Ni el Estado, como decía Hegel, es la encarnación del ideal ético, ni el mercado, como afirman algunos de los más rutilantes representantes de la Escuela de Chicago, es el espacio de la asignación de los derechos y los deberes.  Promover, defender y proteger la libertad solidaria, por ahí van los tiros.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

El Estado

EL ESTADO

El Estado es la comunidad de un pueblo asentada sobre un determinado territorio, dotado del más alto poder de dominio, para la fundamentación completa de su bienestar general. Esta definición, una de las mejores que se pueden encontrar en el marco del Derecho, recoge expresamente el término «bienestar». ¿ Por qué será ?. Porque una de las funciones esenciales del Estado  es la puesta en marcha de las instituciones que hagan posible la obtención autorresponsable de sus propios fines en el marco del bien común.

El bien común es precisamente la finalidad general del Estado. Es más, el poder estatal es el medio del que dispone la autoridad política  para alcanzar el bien común, para conseguir precisamente el bienestar de la sociedad como un todo. El bien común, en realidad consiste en hacer posible a los ciudadanos su realización como persona. En palabras más claras: el Estado debe garantizar el marco y las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan desarrollar íntegramente su personalidad.

El poder estatal tiene un evidente sentido de servicio al bien común y es el poder supremo entre los poderes sociales naturales porque el cumplimiento de las tareas particulares de todas las pequeñas comunidades depende de que el Estado cumpla sus tareas sociales más básicas. Sabemos que los hombres pertenecemos inmediatamente a pequeñas comunidades (familia, Ayuntamiento, Autonomía, Corporación profesional) y que el primer deber del Estado es crear los presupuestos para cumplir las tareas que a esas comunidades impone la naturaleza. En este sentido, el Estado sería una vinculación de comunidades de forma que en las relaciones bilaterales del Estado con respecto a la pequeña y gran comunidad  debe respetar y promover los derechos originarios comunitarios.

El poder estatal es el poder supremo de los poderes sociales naturales porque el cumplimiento de las tareas propias de las pequeñas comunidades depende de que el Estado cumpla sus tareas sociales básicas. El propio fin del poder estatal, en la medida en que se orienta hacia el cumplimiento e las funciones sociales básicas de protección del orden jurídico y de aseguramiento del bienestar, implica evidentes limitaciones. Primera: el Derecho Natural y los derechos naturales adquiridos de los ciudadanos, de las comunidades, de las minorías, de otros Estados, de la Iglesia, etc. Y segunda: los medios imprescindibles para garantizar una situación de bienestar. Estos límites son flexibles ya que las exigencias del bien común son variadas y diversas según las distintas soluciones. Pero como regla general puede afirmarse que la presunción jurídica está contra la extensión del poder estatal. ¿Por qué? Porque precisamente el poder estatal se justifica en la constitución natural del orden colectivo de las funciones sociales fundamentales. Como sabemos, la responsabilidad o la competencia individual precede a la global o universal. Es decir, lo que los individuos y las pequeñas comunidades sean capaces y estén dispuestos a hacer deben hacerlo, sin interferencias del Estado.

Bien común,  subsidiariedad y bienestar son conceptos que están más unidos de lo que parece. Por eso, en el estudio sobre el llamado Estado del Bienestar y su crisis deben desarrollarse convenientemente estos conceptos. El bien común es la clave porque implica ayuda, ayuda para que los individuos puedan conseguir losfines esenciales de la vida. No ayuda para el individualismo, ayuda para el ejercicio de lo que he llamado libertad solidaria.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Urbanismo y persona

El urbanismo es por esencia una actividad de relevancia pública y general. Su centro es la persona, el habitante de la ciudad, el ciudadano nunca mejor dicho. La persona, el ser humano, no puede ser entendido como un sujeto pasivo, inerme, puro receptor, destinatario inerte de las decisiones públicas. Definir a la persona como centro de la acción pública significa no sólo, ni principalmente, calificarla como centro de atención, sino, sobre todo, considerarla el protagonista por excelencia de la vida social. Por eso, en las políticas públicas del suelo los ciudadanos han de jugar un papel fundamental a través de las diferentes audiencias previstas en las normas de manera que en la definición del modelo de ordenación del suelo de la ciudad los vecinos puedan tener una presencia relevante, así como en la ejecución de dicha ordenación.

Afirmar que la libertad de los ciudadanos es el objetivo primero del urbanismo significa, pues, en primer lugar, perfeccionar, mejorar, los mecanismos constitucionales, políticos y jurídicos que definen el Estado social de Derecho como marco de libertades. Pero, en segundo lugar, y de modo más importante aún, significa crear las condiciones para que cada hombre y cada mujer encuentren a su alrededor el campo efectivo, la cancha, en el que desarrollar su opción personal, en la que realizar creativamente su aportación al desarrollo de la sociedad en la que está integrado. Creadas esas condiciones, el ejercicio real de la libertad solidaria depende inmediata y únicamente de los propios ciudadanos, de cada ciudadano.

El urbanismo ha de reconocer el derecho de propiedad así como el desarrollo y garantía de otros derechos sociales. En un sistema de libertades, la planificación urbanística sólo puede incidir en el derecho a edificar como una parte de ese derecho y condicionar su ejercicio.

La racionalidad en la ordenación del suelo, que por definición es escaso., exige que los Poderes públicos velen precisamente por la función social del derecho de propiedad y por la efectividad de otro derecho relevante como es el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos en un marco de calidad de vida y cohesión social.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Etica y urbanismo

Toda política pública debe ser una actividad ética. Por eso, la política urbanística, en cuanto se propone que el ser humano, la persona, erija su propio desarrollo personal en la finalidad de su existencia, ha de encontrar un entorno urbano y ambiental que permita el ejercicio de la libertad solidaria. En efecto, la política pública urbana debe hacer posible que cada persona libremente asuma su solidaridad con sus conciudadanos, sus vecinos, lo cual tiene su sentido desde la consideración social del derecho de propiedad desde parámetros de racionalidad y de calidad de vida.

El solar sobre el que es posible construir la sociedad democrática es el de la realidad del ser humano, una realidad no acabada, ni plenamente conocida, por cuanto es personalmente biográfica, y socialmente histórica, pero incoada y atisbada como una realidad entretejida de libertad y solidaridad, y destinada por tanto, desde esa plataforma sustantiva, a protagonizar su existencia. Libertad y solidaridad que se encuentran, en el tema que nos ocupa, justo en la afirmación del derecho de propiedad inmobiliaria y del uso del suelo del acuerdo con el interés general, que no es el interés de los políticos, sino el interés en que todos tengan derecho a una vivienda y  a un  hábitat dignos y adecuados un entorno de racionalidad sostenible orientado a la calidad de vida y a la igualdad en el desarrollo personal.

La política pública, y menos la urbanística, no puede reducirse a la simple articulación de procedimientos, con ser éste uno de sus aspectos más fundamentales; la política pública debe partir de la afirmación radical de la preeminencia de la persona, y de sus derechos, a la que los poderes públicos, despejada toda tentación de despotismo o de autoritarismo y de privilegios y prerrogativas deben subordinarse. Por eso, hay que evitar que, en la delimitación del derecho de propiedad de acuerdo con su función social, penetren versiones más o menos autoritarias que conviertan dicho derecho en una quimera, en pura ilusión. Algo que suele ocurrir desde aproximaciones autoritarias al plan urbanístico, o desde perspectivas desde las que se aprovechan las determinaciones del plan de forma unilateral, simple y llanamente para obtener beneficios no precisamente de acuerdo con los intereses públicos. Obviar la dimensión ética en el desarrollo urbano no es sólo privar al ciudadano de una dimensión directamente relacionada con la calidad de vida; es sencillamente practicar un urbanismo cerrado, unilateral.

Jaime Rodriguez-Arana

@jrodriguezarana

Urbanismo y constitución

El artículo 38 constitucional reconoce, como es sabido, de la libertad de empresa en un sistema de mercado, en el que los poderes públicos garantizan su ejercicio y la productividad en un marco de economía general y, en su caso, de planificación. Precepto en el que, como en el preámbulo de nuestra Carta magna, se conjuga lo individual y lo colectivo, la libertad y la solidaridad como realidades complementarias.

En el mismo sentido, el artículo 33 de la Constitución, tras reconocer el derecho de propiedad, señala que la función social de este derecho delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. El ejercicio del derecho de propiedad inmobiliaria está limitado, pues, por la solidaridad, por su función social, que, de acuerdo con la ley, viene concretada a través del plan urbanístico. Es decir, en pura interpretación constitucional, el plan delimitará el contenido de un derecho, el de propiedad, que la Constitución, cómo no podía ser de otra manera, se limita a reconocer.

El artículo 47 de la Ley Fundamental proclama la existencia del derecho a una vivienda digna y adecuada, indicando que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo dicho derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.  Además, se afirma en el precepto referido que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los Entes públicos. El uso del suelo debe estar en conexión con el interés general y un principio de orden económico justo: la participación de la ciudadanía en el aumento de valor que trae consigo la urbanización.

El urbanismo se incardina en la economía al regular el mercado de suelo y de la vivienda. Por eso, también deben tenerse presente los preceptos constitucionales relativos a la economía, en los que encontramos ese dinámico equilibrio libertad económica – solidaridad social. Así, por ejemplo, debe traerse a colación el artículo 128 constitucional cuando dispone, en su párrafo primero, que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general.

Por otra parte, el urbanismo atiende también, como fenómeno conectado a la ordenación del territorio, a la realidad ambiental. En efecto, el desarrollo sostenible del territorio ha de contemplar los desarrollos urbanos desde la dimensión medio ambiental porque, efectivamente, sin tener en cuenta el enfoque ambiental es imposible diseñar y construir ciudades sustentables, ciudades habitables para las nuevas generaciones. El derecho humano a ciudades abiertas, humanas, que permitan la libre y solidaria realización de la persona presupone, por supuesto, la dimensión ambiental.

En este sentido, también hay que tener en cuenta el artículo 45 de la Constitución:

“1. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida, y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales, o en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”.

Siendo como es el medio ambiente, según la Constitución, un medio, valga la redundancia, para el desarrollo de la persona, la racionalidad en la ordenación del territorio ha de atender a salvaguardar los criterios y directrices medioambientales si lo que es que se pretende fomentar un desarrollo sostenible de la persona.

Por otra parte, el artículo 130.1 constitucional encomienda, por su parte, a los Poderes públicos, la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos (…) a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Y, finalmente, el artículo 131 de la Carta Magna, dice que la planificación, por ley, de la actividad económica general debe, entre otras finalidades, estimular el crecimiento de la renta y su más justa distribución.

El marco constitucional nos invita, por tanto, a tener muy presentes estas consideraciones a la hora de diseñar e implementar políticas urbanas, que lejos de encerrarse en la lógica tecnoestructural, han de abrirse a la realidad para a su través contribuir poderosamente a la mejora de las condiciones de vida de las personas.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana