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Iniciativas globales contrala corrupción

Iniciativas globales contrala corrupción

La corrupción pública, por más que nos pese, más en unas latitudes que en otras, está bastante generalizada y afecta sobre todo a la contratación, al urbanismo y, como consecuencia, a la financiación de los partidos políticos. Es un fenómeno sistémico que requiere respuestas sistémicas y sobre todo globales, multinacionales.

En efecto, la respuesta a la corrupción, como plantea el consejo de expertos anticorrupción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), debe ser integral partiendo de iniciativas globales, nacionales, contando con el sector privado y también, como no, con la sociedad civil.

En el marco global e internacional, las iniciativas de orden mundial buscan soluciones a través de mecanismos de colaboración multilaterales para tratar problemas comunes que trascienden las fronteras nacionales. En efecto, los problemas derivados del lavado de dinero, de los privilegios fiscales, de las empresas ficticias o tapadera, de las monedas virtuales o de las extradiciones, requieren respuestas globales. En este sentido, son necesarios mecanismos de colaboración en aplicación de la ley y el establecimiento de parámetros para la lucha contra la corrupción como sugieren los expertos del BID.

Es verdad que en los países de América latina y Caribe (LAC) se rubricó en 1996 la Convención Interamericana contra la Corrupción, un hito desde luego en la lucha contra esta terrible lacra social y política. Es verdad que estos países adhirieron a la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que algunos de ellos han firmado la Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, que estas naciones participan también en una red de compromisos multinacionales sobre materias relacionadas con la corrupción, con el lavado de dinero con las practicas fiscales ilícitas, como son las Normas Internacionales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y la proliferación de del Grupo de Acción Financiera Internacional. Y también, por si fuera poco, la mayoría de estos países han adoptado los estándares de la OCDE relativos al intercambio de información fiscal. Sin embargo, a pesar de los pesares, a pesar de la rúbrica de todos estos acuerdos y convenios, la situación es la que es. Pregunta, ¿y si no se hubieran firmado?.

Por lo pronto, ahora es más fácil investigar hechos de corrupción vinculados a delitos multinacionales. Ahora hay, como dicen los expertos del BID, incentivos para mejorar el desempeño en esta ardua labor pues los trabajos del Grupo de Acción Financiera Internacional o del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria son más conocidos e incorporan informes que fijan determinados estándares internacionales.

El problema real está, como en tantas otras cosas, en la implementación real de estas recomendaciones y normas pues la resistencia de los actores políticos es mostrenca. Por si fuera poco, la dependencia política del Ministerio Público y la falta de una auténtica independencia judicial hacen muy complicado que la reacción jurídica ante ilícitos penales y administrativos sea la que debería.

Por eso, mientras no cunda un ambiente de servicio real a la ciudadanía por parte de la función pública, mientras las fiscalías no sean independientes y mientras el poder político siga siendo determinante para la selección de los jueces y magistrados, será muy difícil, por no decir imposible plantear un combate a la corrupción creíble.

Finalmente, la cooperación internacional será muy poco efectiva mientras pervivan los centros offshore y las jurisdicciones de paraísos fiscales. Mientras tanto, la llamada economía de las sombras dará al traste con tantas iniciativas globales y bien intencionadas. Por tanto, coherencia, independencia de los controladores y formación sólida en ética. Casi nada.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

JRA

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