Estos años de la crisis, también el 2013, pasarán a la historia de Europa  probablemente como ejemplo de desnaturalización de un sistema político, social, económico, y financiero que  terminó por olvidarse de lo más fundamental: la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. El Estado de derecho se ha convertido en un Estado de  partidos. La democracia por momentos queda reducida a la dictadura del procedimiento. El sistema económico ha sido secuestrado por  determinadas  minorías. Las instituciones financieras, movidas por la maximización del beneficio en el menor  tiempo posible, alimentaron los sueños expansionistas e imperiales de no pocos dirigentes  al tiempo que ofrecían créditos alucinantes a sectores mayoritarios de las clases medias, que entraron al juego. Al final, desde las terminales tecnoestructurales de la vieja y enferma Europa, borracha de éxito, se  han ido minando los cimientos de un Estado de bienestar rendido a los pies de quienes de verdad deciden y disponen cómo  deben conducirse los asuntos generales.
Nada menos que 115 millones de personas en Europa se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, sin contar los 100 millones que están a punto de traspasar la frontera. Los datos, para quien los quiera examinar, los ofrece Eurostat  en general  y país a país. Se trata de muchas personas de clase media o media-baja que han sido despedidas de sus trabajos en estos años de aguda y dolorosa crisis que se ha cernido sobre el llamado mundo occidental.
El Estado de bienestar, una de las mejores conquistas de la justicia social que imaginar se pueda, ha caído estrepitosamente por la pésima gestión y administración de estos años. Tal ausencia de rigor en las cuentas públicas se ha debido, entre otras causas, a que muchos dirigentes públicos, de uno u otro color político, confundieron medios con fines. En lugar de atender al interés general, al interés de todos y cada uno de los ciudadanos en cuanto miembros de la comunidad, se concentraron en el enriquecimiento de no pocos  integrantes de las tecnosetructuras, Afloró el fraude en muchas prestaciones sociales, se incrementaron exponencialmente todo tipo de estructuras y organizaciones paracolocar a legiones de afines y se recurrió al endeudamiento como forma ordinaria de financiamiento de servicios de toda clase y condición con el fin de controlar la sociedad. El interés general se confundió con el interés particular y la corrupción campó a sus anchas en un ambiente de predominio de los mediocres.
Los partidos políticos, unos más que otros ciertamente, se aplicaron al dominio social cargándose  el principio de la separación de poderes. El poder judicial se convirtió, sobre todo en las más altas magistraturas, en la prolongación de determinadas opciones  partidarias y el poder legislativo en una institución al servicio del poder ejecutivo. Los entes reguladores y la llamada administración independiente  acabaron por convertirse a la docilidad y a la sumisión.
En este panorama, se olvidó la relevancia del pensamiento crítico, se mercadeó con los más fundamentales de los derechos humanos y se condenó a relevantes mayorías de ciudadanos al ostracismo. Las consecuencias de tal proceder están a la vuelta de la esquina y en este tiempo son bien explícitas en el mundo occidental. Una crisis moral de gravísimas consecuencias que en modo alguno se arregla con medidas económicas. La economía y las finanzas claro que merecen una reforma, y de calado. Pero lo más importante, sin duda, es la devolución al pueblo de su posición central en el sistema. La democracia no es sólo procedimientos, no es sólo formas. La democracia precisa vitalidad, que corra la sangre de la participación y la libertad por sus venas.  Y hoy la participación de la ciudadanía se reduce a ir cada cierto tiempo a votar. Por eso, la gran asignatura pendiente de este tiempo es democratizar esta democracia, desmercantilizar el mercado y, sobre todo, garantizar que la dignidad del ser humano y sus derechos inviolables vuelven a ocupar el centro del sistema político. 2014 es buen año para empezar a andar por esta senda.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es