El modelo autonómico diseñado en la Constitución de 1978 significa, entre otras cosas, la afirmación plural de la realidad española desde la identidad gallega, vasca, catalana, andaluza, o cualquier otra de las que integran España. Constitucionalmente es así aunque en la cotidianeidad, por diversas razones, no siempre se ha comprendido de esta forma,  habiendo primado las posiciones extremas: el unitarismo por un lado, y el diferencialismo, por el otro. Por eso precisamente ahora, ante un nuevo desafío como es el del anuncio del referendum de autodeterminacion en Cataluña, es menester, de nuevo, hacer pedagogía constitucional y recordar el sentido de nuestro modelo territorial.
 
En efecto,  la afirmación de la identidad particular de las Comunidades Autónomas en absoluto tiene que suponer la negación de la realidad integradora de España. Y, por otra parte, es conveniente repetir, con la misma claridad, que la afirmación de España no puede ser ocasión para menoscabo alguno de la identidad particular de las Comunidades Autónomas.
 
La obligación de las instancias públicas de preservar y promover la cultura de las nacionalidades y regiones no es una concesión graciosa del Estado, sino un reconocimiento constitucional, es decir, constitutivo de nuestro régimen democrático. Por tanto, los Poderes públicos no deben ser indiferentes ante los hechos culturales diferenciales. Pero igualmente la interpretación de esa obligación debe hacerse tomando en consideración un bien superior que fundamenta la construcción constitucional de una España plural, que no es otro que el de la libertad. Sólo en una España de libertades cabe una España plural. Y las libertades, bien los sabemos, y lo hemos experimentamos sobradamente en el pasado, son ante todo libertades individuales, de cada uno. Cualquier otra libertad será una libertad formal, o abstracta. Por eso la promoción de la cultura particular no podemos interpretarla sino como la creación de condiciones favorables para que los ciudadanos, libremente, la desarrollen, nunca como una imposición, ni como un proceso de incapacitación para el uso libre de los medios que cada uno considere oportunos para su expresión.
 
La solidaridad es otro principio central en la interpretación de la realidad plural de España. Por eso nadie está legitimado en España para hablar de deuda histórica –aunque obviamente hay desequilibrios, a veces graves-, porque todos somos deudores de todos, de ahí la pertinencia de España como proyecto histórico de convivencia, que a todos enriquece.
 
El modelo autonómico exige también, si se mira desde el centro político, una actitud de moderación y de equilibrio. Se trata de evitar las disyuntivas absolutas y traumáticas que pretenden, sean de un signo o de otro, hacer depender la propia identidad personal y colectiva de una opción política extrema, en este caso la que afecta ni más ni menos que a la soberanía. En pleno siglo XXI, en una España plural, solidaria y de libertades, en una perspectiva histórica que parece anunciar situaciones inéditas hasta ahora en el discurrir de la humanidad sobre el planeta, pienso que no es de la soberanía ni de la independencia  de lo que depende la pervivencia cultural o
 
política de ningún grupo, ni de ninguna colectividad, y que el camino de futuro, en una sociedad globalizada, abierta, multicultural, sólo podrá recorrerse haciendo reales los procesos de integración que se basen en el respeto a la identidad y a la diversidad individual y colectiva.
 
 
Desde el centro político, desde el que se propugnan marcos de integración cada vez más amplios, con un respeto absoluto a las peculiaridades diferenciales en tanto en cuanto no son concebidas como barreras, y por tanto obstáculos para aquella integración de la que nuestras sociedades tantos beneficios pueden obtener, debe buscarse una solución al problema territorial actual a partir precisamente de explicar el sentido constitucional de nuestro modelo.
 
En este sentido, la afirmación de la identidad propia no nos cierra celosamente sobre nosotros mismos, sino que desde esa identidad es desde donde tomamos conciencia de España, y es en ella, desde su peculiaridad y con todo lo que representa, como podemos sumarnos libremente a este proyecto colectivo de alcance que llamamos España. Este, me parece, es uno de los grandes retos a que nos enfrentamos que requiere de una gran dosis de pedagogía y de diálogo. Pedagogía y diálogo que parecen ser las dos grandes ausentes del escenario en el que ahora estamos y que son fundamentales para la integración que se precisa en estos dificiles momentos, en la antesala de una fractura política difícilmente subsanable si se consuma.
 
Desde el supuesto, insisto, de la libertad y de la solidaridad es posible construir una España plural. O, expresándolo tal vez mejor, la realidad plural de España puede
 
ser aceptada y afirmada auténticamente desde el fundamento irrenunciable de la libertad y la solidaridad.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana
Catedrático de Derecho Administrativo. jra@udc.es