El poder judicial tiene como misión constitucional la solución de las controversias  jurídicas que se producen en la vida social. Unas veces han de resolver con arreglo a la justicia pleitos entre instituciones y, otras veces, las más, ha de buscar la solución justa a los conflictos y disputas que se producen entre los ciudadanos. Tales soluciones han de estar presididas, en el marco de la ley, por la justicia, que es la perpetua y permanente voluntad de dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, lo que se merece. Cuando el pueblo confía en la justicia porque esta cumple con su papel sin interferencias externas y en plazo razonable, entonces la solidez de la democracia es una realidad. Por el contrario, cuando hay sospechas, más o menos generalizadas, de que la justicia está secuestrada por el poder, sea éste político o económico, entonces las mismas bases del sistema democrático hacen agua de manera grave. Y cuando la justicia es lenta, tardía, cuando ya no es útil a los justiciables, entonces se mina la confianza del pueblo en el poder judicial.
 
Una simple visita a un juzgado de pueblo,  a un juzgado de ciudad de tamaño medio, o de capital de provincia, es suficiente para comprobar las condiciones reales del trabajo de los jueces y los medios humanos y materiales con que cuentan para su tarea. Por eso, la reflexión y la meditación serena que requiere cada caso es bien difícil que pueda realizarse en las horas de oficina, en las que han de impulsar y despachar asuntos de relevancia procesal. La articulación armoniosa de todas las personas que laboran en las oficinas judiciales es otro desafío que tiene la Administración de justicia.
 
La proverbial lentitud de la justicia, cuando supera los cánones de la racionalidad, es un problema, un problema grave. Justicia retrasada es justicia denegada suele decirse con verdad. También, y sobre todo, en la lucha contra la corrupción. Como ha señalado Marin Mrcela, presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), cuando el sistema judicial es lento y los plazos de prescripción transcurren, no se puede hacer justicia y las acusaciones de corrupción es muy difícil que se prueben adecuadamente.
 
En estos casos, como señaló Mrcela durante una reciente visita a nuestro país para una conferencia, los ciudadanos, por tanto, pierden la fe en el sistema judicial y en la capacidad del Estado para identificar y castigar a quienes cometen actos de corrupción. El resultado es la impunidad, un problema que en opinión del presidente del GRECO, afecta no solo a España sino a varios países europeos.
 
No hay más que consultar cualquier sondeo o encuesta sobre lo que piensa la ciudadanía de la independencia judicial y de la celeridad de los procesos. Y, sin embargo, tanto la politización de la justicia como la celeridad procesal siguen siendo asignaturas pendientes que aquejan gravemente a nuestro poder judicial. Así de claro.
 
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es