Cuatro años después, el 15-M, el movimiento de indignación que en 2011 recorrió todo el mundo desde la madrileña Puerta del Sol, sigo vivo y coleando. Hasta el punto de que en buena medida los cambios y transformaciones experimentadas desde entonces hasta la fecha se explican en función de las discusiones y propuestas que en aquel ambiente se cocinaron hace ya cuatro años.
Para unos, los menos, el clamor de censura y crítica que arrancara con gran ímpetu en 2011 se ha desinflado. Para otros, los más,  el movimiento es cuajando y produciendo palpables resultados en el escenario político, económico y social de nuestro país. Es lógico porque aquel espacio y lo que representó era necesario para que el discurso político cambiara, para que emergieran otras formas de hacer y estar en política. Y también, para que se asumieran mayores cotas de participación ciudadana. Y, sobre todo, porque el orden político, económico y social debe cimentarse de verdad sobre la dignidad del ser humano.
A pesar de todo, todavía el grado de deterioro de las condiciones de vida de tantos millones de personas en nuestro país es una realidad. Mientras, observamos atónitos fluctuaciones especulativas de gran calado en las bolsas así como el inmovilismo que reina en las terminales de las formaciones partidarias clásicas, cuyos dirigentes parecen temerosos de perder la posición.
La reforma real del sistema financiera no llega, todo lo más observamos remedos y parches, cambios y transformaciones puntuales. Ni sabemos cómo los bancos se han gastado los miles de millones destinados a reflotar el sistema financiero ni se han dado cuentas ante la soberanía popular  de los destinos de tales sumas de dinero de todos los españoles.
De alguna manera, aunque todavía queda mucho por hacer, las propuestas que el movimiento 15-M recogió en 2011 en  los buzones ubicados  a tal efecto parece que se van concretando en diferentes iniciativas que ahora proponen los nuevos partidos. De las 14.700 opiniones escritas que fueron introducidas en los diez buzones habilitados al efecto en la Puerta del Sol durante esos días de 2011, el 32 % de las propuestas se referían a la política, el 21% a la economía, al medio ambiente el 14%, el 12% a la educación, a las cuestiones sociales el 10%, el 4% a la organización interna del movimiento 15-M y el 3% a asuntos culturales.
Lo que más preocupaba a las personas que depositaron sus ideas en los buzones es, parece obvio, la situación de la política. En concreto, se reclamaba entonces y se sigue reclamado hoy, de una u otra manera, el fin de los privilegios de los políticos. En este sentido, se pedía un cargo por persona, se censuraban las dietas y asistencias de los altos cargos, se pedía la supresión de la libre designación como sistema de promoción en la carrera administrativa, se postularon las listas abiertas para la selección de los candidatos más importantes de los partidos, así como medidas eficaces contra la corrupción como que los que roben dinero público, además de la pena de cárcel que corresponda,  devuelvan los fondos sustraídos.
Algunas de estas ideas o propuestas, sin embargo, ni se las espera. Es el caso de las listas abiertas, un tema que da pavor a los actuales dirigentes, temerosos de perder la posición. Es el caso de la libre designación, una forma de allegar afines y adeptos a la rectoría de los asuntos públicos en lugar de personas preparadas. También esperan el sueño de los justos la reforma de la ley electoral, la  modificación de la financiación de los partidos políticos o la prohibición del desempeño de más de un cargo político.
En otras materias, sobre todo en materia económica y financiera, las cosas van muy despacio. Tanto que las agencias de calificación siguen disfrutando del mismo régimen jurídico privilegiado y que todavía es posible que una conjunción de inversores pueda poner a los pies de los caballos la deuda soberana de un Estado, y por ello las condiciones de vida de millones de ciudadanos.
Va siendo hora ya de que los dirigentes públicos se acostumbren a administrar y gestionar con los ingresos establecidos en los presupuestos sin tener que endeudar a generaciones de ciudadanos como han hecho quienes han regido los destinos públicos de nuestro país en las últimas décadas. Es verdad que algo se ha movido desde el 15 M de 2011. Por supuesto, pero todavía queda mucho por cambiar. Lo más importante: que efectivamente la dignidad del ser humano sea el centro y la raíz de las políticas públicas. Casi nada.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.
@jrodriguezarana