En un mundo en profunda crisis y acelerada transformación, la corrupción golpea con fuerza la credibilidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en la actividad pública. Es verdad, en el presente la corrupción sigue omnipresente sin que aparentemente seamos capaces de expulsarla de muchas  prácticas económicas,  políticas y administrativas. Se promulgan leyes y leyes, se aprueban códigos y códigos, pero ahí está, desafiante y altiva, una de los principales lacras que impiden el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos en tantas partes del mundo.
 
Estos días conocíamos el barómetro global de la corrupción 2016 elaborado por Transparencia Internacional como consecuencia de una serie de encuestas realizadas entre diciembre de 2015 y enero de 2016. Un barómetro relativo a 42 países de Europa y Asia Central. Nuestro país, una vez más, lo encontramos en las posiciones más altas de la tabla. El 80% de los encuestados en España considera, según el barómetro, que existe razones suficientes para un ambiente de desconfianza a hacia los altos cargos de los poderes del Estado. El 70% piensa que la corrupción entre nosotros es uno de los principales males que aquejan a la vida política. El 55% es de la opinión de que los miembros del gobierno están involucrados en casos de corrupción opina que la corrupción es algo normal con lo que debemos convivir sin mayores problemas.
 
 
Si admitimos la existencia de un derecho fundamental de la persona, un derecho humano a una buena Administración pública,  caracterizada por la justicia, la equidad, la imparcialidad y la racionalidad, entonces la perspectiva de análisis de la corrupción va a depender del grado de percepción social de este fenómeno y de las posibilidades reales de reacción general de la ciudadanía ante los ilícitos penales y administrativos que se perpetren, por acción u omisión, en la actuación de los funcionarios públicos y autoridades políticas. Este es, me parece, la dimensión crucial del problema. Si el pueblo no tolera la corrupción, la batalla estará ganada, tarde o temprano. Pero si la corrupción no es más que el reflejo de una sociedad enferma, entonces la medicina no es sencilla y es menester que crezca el temple y cultura cívica de la ciudadanía, al final la destinataria de las políticas públicas.
 
La corrupción ha aumentado en los últimos tiempos a causa de los problemas de financiación de los partidos políticos, de la ausencia de controles efectivos en la contratación pública y de la falta de rigor y motivación de las principales operaciones urbanísticas.
 
Hoy lamentablemente se tolera  la llamada «corrupción blanca» para fines personales y la «gris» para el partido o el grupo al que se pertenece. Además, la fragilidad de las leyes de incompatibilidades, la proliferación de normas y normas a cual más enrevesadas, la falta de compromiso de los dirigentes, y la prevalencia de la eficacia en la Administración pública sobre el servicio,  son factores que  facilitan esta temible cultura de la corrupción.
 
En fin, esperemos que por fin se adopten medidas serias y convincentes que demuestren que se persigue la corrupción en todas sus formas, las más groseras y las más sofisticadas. La palabra la tiene el pueblo soberano y, desde luego, jueces y fiscales independientes que no busquen más que el primado de la Ley y del Derecho. Nada más.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana