Desde hace algún tiempo los barómetros del CIS, el centro de sondeos y encuestas del gobierno, refleja una situación económica y política francamente mejorable. Ahora,  los datos que se ofrecen en el mes de febrero reflejan una tendencia creciente al empeoramiento de la situación política y económica.
En efecto, para el 82.2 % de los consultados la situación económica es mala o muy mala. Por su parte, el 82.2 % de la población opina que la situación política es también mala o muy mala. En ambos casos se constata un crecimiento, cercano al 5%, de los que piensan que en el futuro, a corto plazo, el escenario político y económico todavía empeorara más.
En febrero sube también el porcentaje de los que piensan que la corrupción y el fraude son un problema importante para los españoles. Del 39.5% de enero pasamos al 44.2% en febrero. Además, el desempleo también crece como preocupación para los españoles, pasando del 78.5% en enero al 81% en febrero.
En estas circunstancias, buena cosa sería que se impulsara un gran diálogo general para buscar formas de mejorar la situación política y económica. Ese diálogo debería de contar con la participación de los principales actores políticos, económicos, sociales y culturales y centrarse en los problemas reales de los españoles: el desempleo y la corrupción.
En épocas de crisis debiera ser más sencillo acercar posiciones y buscar  soluciones entre todos para los graves problemas que nos aquejan. La realidad, sin embargo, acredita que el grado de confrontación ideológica impide por el momento sentarse a explorar acuerdos desde un punto de vista abierto, plural, complementario y dinámico.
La corrupción y el desempleo, los dos grandes males que hoy dominan la escena política, económica y social, debieran concitar el esfuerzo de los principales agentes políticos, económicos y culturales. Si de verdad pudiéramos rebajar el grado de corrupción y desempleo que caracterizan la vida pública española, entonces podremos empezar a pensar que las cosas pueden mejorar. Pero mientras  tengamos los índices de corrupción y desempleo que mes a mes registran los barómetros del CIS y de otros institutos de sondeos y encuestas, será muy complicado que la situación se enderece.
Dos preguntas: ¿por qué las medidas contra la corrupción y el desempleo no son proporcionales a la gravedad de su realidad?, ¿por qué las políticas públicas no se centran más en combatir estas dos grandes lacras?
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es