Estos días, el presidente del consejo de ministros de Italia Mario Monti acaba de poner el dedo en la llaga al reconocer que una de las causas de la crisis está en los fallos de vigilancia y control que han caracterizado a no pocas instituciones estatales. Por eso, una de las preguntas más interesantes que se formulan estos días a cuenta de la que está cayendo, es, sin lugar a dudas, esta: ¿Quién controla a las agencias de calificación de los riesgos financieros?. En otras palabras, ¿ante quien responden las agencias de rating de sus notas y calificaciones?. O, si se quiere, ¿cuáles son los procedimientos, cuáles son los principios que inspiran las decisiones de unas instituciones que realizan obvias funciones de interés general y que, sin embargo, se rigen por el beneficio?.
Las calificaciones de estas agencias en relación con Grecia primero, Portugal y España después y ahora nada menos que con EEUU, ponen en pié de guerra a los mercados y agitan con gran intensidad la calidad de la deuda soberana de algunos países. En Europa, tiempo atrás, el comisario del ramo anunció que en el viejo continente dispondríamos de una institución pública que realizaría estas relevantes funciones de control y vigilancia. Entre otras razones, porque en un Estado de Derecho no es de recibo que puedan existir instituciones que vivan y actúen al margen del control, máxime si realizan funciones tan relevantes para el interés general.
Pues bien, estas agencias, por lo menos por el momento, no responden de sus actuaciones. Sus decisiones son, por ello, inapelables. Salvo que se pueda demostrar que han incurrido en un ilícito, ningún tribunal de justicia procederá contra ellas. En Italia precisamente estos días hemos conocido que una de las agencias más renombradas debe afrontar un juicio penal. En EEUU, a través de la desprestigiada SEC se ha iniciado una investigación acerca de su papel y funcionalidad en al crisis de las hipotecas norteamericanas al sospecharse, no sin fundamento, que en sus calificaciones han podido actuar con negligencia.
Estas agencias, que realizan obvias funciones de interés general, son, sin embargo, empresas privadas que cotizan en bolsa, que realizan investigaciones internacionales y se dedican a establecer las garantías de determinados productos financieros, sean de instituciones privadas o públicas, de bancos o de gobiernos. Y, lo más escandaloso, fiscalizan o emiten calificaciones y veredictos sobre instituciones que participan en el accionariado de las agencias de rating.
Las agencias de rating más importantes, nacidas a principios del siglo pasado, surgen vinculadas al dólar, y a la libra esterlina, y, a pesar de la irrecurribilidad de sus decisiones, a día de hoy valoran, además, nada menos que la solvencia de los países de la zona euro. Es decir, no sólo se trata de instituciones que han tenido un papel nada claro en la etiología de la crisis financiera de las hipotecas subprime sino que, a pesar de actuar al margen del control estatal, están teniendo un papel nada neutral en la batalla por la hegemonía económica que se libra entre el dólar y el euro.
Para terminar, otra pregunta: ¿cómo es posible que la UE no sea capaz de reaccionar coordinadamente ante tal situación?. ¿Por qué las decisiones en el seno de la UE son tan lentas?. ¿Por qué no disponemos todavía de una agencia europea de rating con procedimientos claros, de naturaleza pública o semipública, con integrantes de prestigio internacional?. En definitiva, ¿por qué si el euro blindó a los países de la UE contra operaciones de grandes grupos que pretenden hacer negocio con la moneda, no se puede actuar contra las agencias de rating cuándo sea necesario?.
¿Será por qué hay asuntos inconfesables que impiden la toma de decisiones?. ¿Será por que la enfermedad que aqueja a Europa, de evidente diagnóstico moral, impide que los líderes asuman su papel?. ¿Por qué será?. ¿Por qué será?.
Jaime Rodríguez-Arana. Catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es