La transparencia, como la participación o el pluralismo, grandes valores democráticos, no es suficiente que estén previstas en las leyes para que su ejercicio sea una venturosa y saludable realidad. Se trata de algo más, de algo que surge de un genuino compromiso que no se produce mecánica o automáticamente porque las leyes lo promuevan o estimulen. Es más, probablemente en este tiempo en que vivimos se habla y se escribe muchísimo sobre los valores y principios democráticos y, sin embargo, el grado real de práctica de estos  hábitos es el que todos conocemos, el que todos observamos si todavía nos queda algo de perspectiva crítica. Probablemente porque el imperio de la forma impide que la materia  esté presente con la fuerza que debería a la altura del tiempo en que estamos.
Si la transparencia en los países formalmente democráticos no es asunto sencillo, no digamos en los Estados que todavía mantienen sistemas políticos autoritarios. En estos regímenes dictatoriales las solicitudes o reclamaciones de libertad o de transparencia ordinariamente son calificadas como graves atentados al orden público. Por ello, son reprimidas por la policía en primera instancia, practicándose la correspondiente detención y, después, si el caso, confirmadas como graves lesiones al orden público o como subversión del orden político imperante por un poder judicial que no es más que la “longa manus” del poder político real.
En efecto, un tribunal chino acaba de sentenciar a cuatro de cárcel al fundador del movimiento Nuevo Ciudadano, de nombre Xu Zhiyong, simplemente por reclamar pacíficamente transparencia al Gobierno comunista. La reacción no se hizo esperar y el tribunal hizo pública su condena ante la sorpresa de algunos ingenuos que pensaban que los “compromisos” del Gobierno para luchar contra la corrupción eran una ilusionante realidad.
El abogado de Xu Zhiyong al escuchar el veredicto del tribunal se limitó a censurar la injusticia del proceso, lo que le valió entrar en un furgón policial con rumbo bien conocido. Parece que el juicio se celebró a puerta cerrada, a pesar de que estaba previsto con público. Los testigos de la parte acusada no pudieron comparecer, ni tampoco algunos diplomáticos que intentaban presionar para obtener garantías en el proceso. El acusado intentó, sin suerte, leer una declaración al inicio del juicio, pero no se le permitió, por lo que optó por permanecer en silencio las seis horas que duró la sesión. La cobertura mediática del juicio también parece que fue, según reporteros presentes, gravemente dificultada por la policía.
El Gobierno chino  ha encarcelado, desde marzo de 2013,  a una veintena de seguidores del movimiento Nuevo Ciudadano por haber cometido el terrible crimen de solicitar que los dirigentes políticos publiquen sus bienes para que la lucha contra la corrupción sea fiable.  Algo muy complicado tras las revelaciones de las empresas, dineros y bienes que personas cercanas a muchas Autoridades del régimen tienen en paraísos fiscales.
En China pedir libertad o transparencia es un delito. En otras latitudes, con magníficas constituciones y leyes de todo tipo, la transparencia, a pesar de las solemnes declaraciones que contienen, sigue brillando por su ausencia porque el dominio de la forma, de los procedimientos, de quienes operan a su través, impide que la luz ilumine la realidad. Así de claro.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es