En el año 2011 el déficit del conjunto de las Administraciones públicas de nuestro país ascendió a un 8.51 % del PIB.  Es decir, dos puntos y medio más de lo previsto, que era el 6%. Así las cosas, el nuevo gobierno al tomar las riendas de la situación tuvo que restringir el gasto en 9.000 millones de euros y decretar una subida del impuesto de la renta por valor de 6.000 millones. Ahora, es menester, si se pretende llegar al recorte de 50.000 millones previsto, alcanzar más de 35.000 millones de ahorro.

 
Los datos del monumental déficit reflejan desviaciones en todas las Administraciones.La Administracióndel Estado un 0.3%,la SeguridadSocial, un 0.45%, las Autonomías, el 1.64% y los Entes locales el 0.08%. Solola Comunidadde Madrid cumplió con lo previsto y el déficit de 2011 no llegó al 1.3%. Sin embargo, Castilla-La Mancha batió todos los pronósticos situándose en el 7%, seguida de Extremadura,  con el 5%, y Murcia con el 4%.
 
Estos datos son claros y demuestran que el problema del excesivo gasto de las Administraciones públicas debe ser atajado sin demoras. No se trata de paliar la deuda incrementando los ingresos fiscales porque los ciudadanos son los que menos responsabilidad tienen en este gran desaguisado. El nervio de la cuestión reside en el necesario, y radical, recorte de las subvenciones y de las estructuras administrativas. Una asignatura cada vez más urgente que deberá ser abordada en breve si es que se quiere racionalizarla Administraciónpara que sirva objetivamente al interés general, no al interés de determinados grupos y facciones bien conocidos.
 
En efecto, el mundo de las subvenciones ha alcanzado tal notoriedad en el estático Estado de bienestar de los últimos años que todas las Administraciones sin excepción se lanzaron en los últimos tiempos a una carrera desenfrenada por controlar cuantas más actividades sociales mejor. Abrir las páginas de cualquier boletín oficial, provincial, autonómico o el nacional, era abrir la creciente nómina de subvenciones instrumentadas para el asalto a una sociedad que, es fuerza reconocerlo, se dejó capturar por los tentáculos públicos. Ahora, procede, con rapidez e inteligencia, desmontar ese entramado subvencional de colosales proporciones.
 
La actual planta y estructura dela Administración, y sus personificaciones, la llamada Administración instrumental, reclama una racionalización que a día de hoy ya debiera estar en marcha. Las Comunidades Autónomas deben ser repensadas en su dimensión institucional. Urge aclarar el mapa competencial para evitar el despilfarro producido por las numerosas duplicidades y superposiciones que todavía dominan el panorama administrativo español. Hay que suprimir tantas empresas y compañías de capital público que no sirven más que para dar acomodo a afines y adeptos.
 
En fin, si se quiere cumplir el compromiso de déficit adquirido conla UniónEuropea, es imprescindible trabajar intensamente en racionalizar las estructuras. Si volvemos a cargar el grueso del ajuste sobre las espaldas de los ciudadanos, además de cometer una gran injusticia,  seguiremos en la senda de la irracionalidad y el despilfarro que han caracterizado estos años.
 
El camino emprendido con la reforma de los reguladores es una buena señal. En ese sentido, las estructuras públicas de las Comunidades Autónomas deben reducirse sin que por ello sufran las políticas sociales. No puede ser, si fuera cierto, que campen por nuestra geografía miles y miles de liberados sindicales al frente de miles tarjetas de crédito sin control. No puede ser que todavía perviva toda una corte de adeptos y afines, sin oficio ni beneficio, encaramos al presupuesto público. No puede ser, de ninguna manera que sigamos tratando estos temas con una metodología pensamiento político del pasado. El ciudadano, que es el dueño y señor de instituciones y procedimientos, empieza a indignarse al conocer la realidad del gasto público y, tarde o temprano, reclamará como pueda sensatez, austeridad y racionalidad.
 
Es decir, es hora de leer mejorla Constitucióny caer en la cuenta de que gobiernos y administraciones se justifican solamente en la mejora de las condiciones de vida de todos. No de unos privilegiados que quieren seguir disfrutando de prebendas sin cuento. La crisis es una buena oportunidad para gobernar y administrar desde otros parámetros, desde otras perspectivas. Por ejemplo, ya es hora de que las Comunidades Autónomas sean conscientes de que el modelo organizativo de que se han dotado en estos años es inviable y requiere replantearse.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es