De un tiempo a esta parte no hay día que no aparezca en boca de los políticos la palabra interés general.  Normalmente, como justificación de las medidas, de los proyectos o de sus principales propuestas. Casi siempre, pretendiendo que la apelación a tal mágico término permita toda suerte de actuaciones o críticas. El interés general reclama tal política determinada. El interés general ampara tal censura o crítica. Eso sí, casi nunca los políticos que esgrimen tal palabra la justifican o la razonan. Piensan, eso es lo más grave, que el uso de esta expresión les exime de mayores motivaciones o argumentaciones.
Pues bien, tal práctica o costumbre, autoritaria y despótica donde las haya, acaba de llegar al fútbol. En el colmo de la desfachatez resulta que en la próxima jornada de liga se señala que el partido de interés general, el que ha de darse en abierto, es el Bétis-Rayo Vallecano. Con todo respeto a los aficionados béticos y a ese gran barrio de Madrid, afirmar que ese es el partido de interés general solo puede proceder de un planteamiento profundamente unilateral. ¿Qué pasaría si preguntáramos a un grupo de españoles, de distintas partes del territorio, acerca de cuál sería a su juicio el partido de interés general de esta semana?.
El término interés general, cuándo se utiliza para fundar una decisión o para adoptar una determinada medida, debe, por definición, justificarse. No hacerlo, o peor, negarse a ello, es, además de una censurable práctica autoritaria, un desprecio a los aficionados al fútbol. Por un lado, porque en democracia no se pueden envolver en abstracciones y generalidades decisiones que pretenden ampararse en  una pretendida superioridad moral del interés general sobre el particular. Y, por otro, porque la ausencia de argumentaciones y razonamientos en la toma de decisiones, de la naturaleza que sean, es propia de los regímenes autoritarios.
Qué pena que también en el fútbol el interés general se maltrate como suele acontecer en el terreno de la política. Qué pena que también en el fútbol la apelación al interés general esconda esa dominación del interés particular o privado sobre el interés general. Qué pena que el abandono de la razón y de la argumentación sea una de las principales características de la sociedad en que nos ha tocado vivir. Un abandono de la razón que tantas impide la crítica y el ejercicio de la libertad de expresión. Sobre todo cuándo se opone al dictado de los poderosos. De aquellos que de antemano deciden lo que se puede tratar y lo que no, cómo se deben abordar ciertas cuestiones y cómo no se pueden plantear.
Hace unos días, en un programa de debate, por supuesto fuera de España, uno de los invitados preguntó ante la cuestión bien polémica que le planteaban: ¿se puede abordar con libertad o es menester someterse a lo políticamente correcto o conveniente?.
En fin, una de las manifestaciones de la crisis en que vivimos, además de lo económico y de lo financiero, se encuentra en la guerra a la razón y en una fuerte censura, sutil y bien orquestada, ante ciertos temas que están en la mente de todos. Otra, por lo que hace al artículo de hoy, la presunción de que en virtud de la apelación al interés general, sin justificación alguna, todo se puede hacer. Hace muchos años Locke dejó escrito que la arbitrariedad es la ausencia de la racionalidad. Un pensamiento de rabiosa y palpitante actualidad, ¿no le parece?. ¿Es qué el interés general debe someterse a los dictados del poder económico o del poder político?.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es