Uno de los aspectos centrales de la reforma y modernización del gobierno y de la administración pública en nuestros días  se refiere, como es bien conocido, al gobierno en red, al gobierno abierto, al gobierno y a la administración transparente. Una forma de gobierno y administración pública en la que las nuevas tecnologías permiten subrayar la centralidad del ciudadano y la transparencia en las políticas públicas. En efecto, en casi todos los países desarrollados se han acometido, con distinta suerte, procesos de implantación de las nuevas tecnologías en el marco de las nuevas políticas públicas.
 
Tal y como se define en el Memorándum del Presidente Obama de 21 de enero de 2009 sobre transparencia y en gobierno en red, tal forma de entender la función gubernamental ha de estar caracterizada por el aseguramiento de la confianza pública a partir de un sistema de transparencia, participación pública y colaboración. Por tanto, los tres principios del gobierno abierto son la transparencia, la colaboración horizontal y vertical y la participación pública en el diseño y ejecución de las políticas públicas.
 
El gobierno abierto tiene un objetivo esencial y dos objetivos básicos.  El objetivo esencial es la apertura del gobierno y de la administración pública. Gobierno y administración  deben abrirse a la sociedad, a los ciudadanos, a las empresas y a las organizaciones en general. El primer objetivo básico es de orden político: fortalecer la democracia y el segundo de naturaleza administrativa, promover la eficacia y la eficiencia en las tareas de naturaleza ejecutiva o administrativa.
 
El gobierno abierto es consecuencia del eGovernment o gobierno electrónico. Es decir, es una proyección de la irrupción de Internet como red de redes en la sociedades occidentales a mediados de los noventa del siglo pasado, una irrupción, como señala García Mexía, que al ocupar todas las facetas de la vida humana, no podía dejar de tener reflejo en la esfera pública.
 
 
El gobierno abierto constituye un estadio de la evolución natural del gobierno electrónico aunque realmente, además de estar conectado al eGovernment, esta forma de concebir el gobierno y la administración pública están más cercanos a las modernas concepciones del buen gobierno y de la buena administración, que además, de una obligación inherente a los Poderes públicos, son también un principio de organización y actuación pública y, sobre todo, un derecho fundamental de los ciudadanos.
 
El eGovernment es consecuencia de los procesos de reforma y modernización del Estado de finales del siglo pasado presididos por la globalización y la tecnificación a partir de cuatro estrategias: financieras (menores costes), de crecimiento (mejores servicios), de eficiencia (optimizar procesos) y de proximidad al ciudadano.
 
Otra perspectiva del eGovernment sería la de constituir un medio para una buena gobernanza, un gobierno caracterizado por la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. El gobierno abierto, tal y como ha señalado García Mexía, se ha convertido en una especie de “mecanismo-puente” entre la dimensión ética de la función pública y las nuevas tecnologías en el desarrollo de las tareas del gobierno y la administración pública. Ética y nuevas tecnologías son dos dimensiones del gobierno y la administración pública que deben ir inseparablemente unidas para que se pueda hablar en propiedad de gobierno abierto.  Las TICs se justifican en este campo en la medida en que abran el gobierno y la administración a los ciudadanos de manera que éstos se consideren los auténticos soberanos del sistema político. Entonces, la accesibilidad y la transparencia facilitan la democracia entendida como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. A partir de ahí surge una mayor participación y entonces se comprende en su pleno sentido que el interés general no debe ser definido unilateralmente por el gobierno o la administración pública sino a través de inteligentes alianzas entre Poder público y agentes sociales.
 
En la medida en que el gobierno y la administración pública se asientan sobre la ética y las nuevas tecnologías, entonces, en expresión inglesa, el gobierno abierto forma parte del paisaje constitucional y  puede ser asumido por todos, ya sean gobiernos, ciudadanos, o empresas u organizaciones de un color o de otro. Este es el principal sentido del gobierno abierto en la tradición del gobierno electrónico y los valores que componen la dimensión ética de la función y el servicio público.
 
La transparencia se concreta en la apertura de datos e información en manos del poder público gracias al empleo de Internet y las TIC (Open data). La participación se materializa  en herramientas y en democracia electrónica a través de las redes sociales y otros mecanismos 2.0, así como en asambleas y encuentros off-line con los propios ciudadanos. Y la colaboración se proyecta en sitios web donde los ciudadanos aportan sus conocimientos para la elaboración de políticas públicas.
 
El Open data constituye el mecanismo de menor interacción pues el ciudadano se limita a recibir las informaciones suministradas por el poder público. La participación, por su parte, incrementa la interacción con el ciudadano, a quien se solicitan decisiones (votación electrónica) y opiniones (redes sociales o foros off-line). La colaboración incrementa el compromiso cívico pues en este caso el ciudadano en este caso aporta el propio conocimiento como bagaje personal.
 
Hoy, precisamos gobiernos y administraciones abiertas, donde los intereses generales fluyan y orienten de verdad la toma de decisiones. Gobiernos y administraciones sensibles a la realidad,  a los problemas reales que marcan la vida de las personas, al compromiso con la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Algo que, a juzgar por lo que la gente expresa a través de sondeos y encuestas, poco, muy poco tiene que ver con la obsesión de dominación que todavía, parece mentira,  acampa en las mentes y en los hábitos de tantos representantes de una tecnoestructura que, afortunadamente, tiene sus horas contadas. Por supuesto, por méritos propios.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho Administrativo.
@jrodriguezarana