El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, del que España es miembro fundador, hizo público en 2014 un informe en el que se proponía a nuestro país que se garantizara la independencia de los miembros del órgano constitucional de gobierno de jueces y magistrados: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hoy, a principios de 2018, de nuevo el GRECO nos recuerda la necesidad de despolitizar el CGPJ
 
Tal medida se integraba con otras del mismo tenor como el establecimiento de criterios objetivos para la selección de los altos funcionarios judiciales y la revisión del método de designación del Fiscal General del Estado.
 
El propio presidente del GRECO, Marin Mrcela, magistrado de la Corte Suprema de Croacia señalaba en 2017 que en cualquier país la existencia de consejos generales del poder judicial tiene por objeto salvaguardar de la mejor forma posible la independencia del poder judicial, tanto en la apariencia como en la práctica cotidiana. Por eso el GRECO ha señalado reiteradamente que el sistema español tiende a la politización. Mrcela recuerda que es verdad que se han emprendido varias reformas para infundir una mayor transparencia en el funcionamiento del CGPJ y mejorar los perfiles de sus integrantes. Sin embargo, el propio presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) manifiesta que una encuesta realizada por el CGPJ entre jueces y magistrados españoles señala que el 75% de los encuestados considera que el Consejo no protege suficientemente el principio de independencia judicial.
 
El Cuadro de indicadores de Justicia de la Unión Europea puso de relieve que la percepción pública de la independencia judicial en España está en la parte inferior de la media europea.
 
Estos datos, como es lógico, animan al GRECO a recomendar que las autoridades de nuestro país realicen una evaluación sobre cómo funciona el sistema judicial en la práctica y si ha tenido efectivamente efectos en la confianza del pueblo en la administración de Justicia y en la protección debida a jueces y magistrados en el ejercicio de la jurisdicción.
 
En los tiempos de reformas en que estamos, una fundamental y necesaria es, precisamente, la del Consejo General del Poder Judicial. Una reforma a fondo del sistema de integración de los vocales que proyecte independencia y autonomía. Casi nada.
 
 
 
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana