Estos días hemos conocido un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) en el que, como era de esperar, se reflejan unos datos ciertamente inquietantes. Durante los años de la crisis,2007 a2011, el paro entre los titulados universitarios en España se multiplicó por tres. Es decir, mientras la media europea se sitúa en el 5.2 % solo superada por Grecia, con un 8.7%, en el Reino de España ya estamos en el 12.4%. Por si fuera poco, resulta que el informe arroja otro dato para la reflexión, y para la acción por supuesto: El 37% de nuestros graduados universitarios ocupa puestos de trabajo para los que se  requieren menores conocimientos que los propios del título obtenido.

 
A la vista de la realidad de las cifras del desempleo y de su incidencia entre los titulados universitarios, es evidente que algo no funciona, o funciona mal en el sistema universitario. Por un lado, el mercado de trabajo no debe valorar suficientemente los títulos que otorga la universidad y, por otro, muchos de los títulos que se ofertan poco o nada tienen que ver con las necesidades profesionales del país.
 
Las universidades tienen autonomía por decisión del constituyente. Su financiación es fundamentalmente pública y está en manos de las Comunidades Autónomas, que son los Entes políticos en donde están residenciadas las competencias sectoriales en materia de educación superior. La financiación privada es muy baja probablemente porque el sector privado no confía suficientemente en las investigaciones y estudios que se hacen en el sistema educativo superior en España. Si así no fuera, los datos de encuestas y sondeos irían en otra dirección, pero la realidad, aunque nos pese es la que es.
 
Los presupuestos de las universidades han decrecido ene este tiempo de crisis entre el  5 y el 8%. Unos presupuestos, insisto, en su mayoría públicos, que demuestran la necesidad de que la universidad se abra más a la sociedad, de que la universidad pueda hacer una oferta académica atractiva acordada con los principales sectores sociales y económicos y  de que realmente la universidad se implique más en la resolución de los problemas reales que aquejan a esta maltrecha y decadente sociedad que nos ha tocado vivir.
 
La Fundación CYD aconseja, con toda razón, profundizar en la autonomía de las universidades de manera que tengan las manos más libres para la elaboración de la oferta académica y para la gestión del personal. A pesar de que las competencias en la materia están transferidas a las Comunidades Autónomas, la universidad, de alguna manera, sobre todo en época de crisis, y en buena medida al haber recurrido también al endeudamiento como forma ordinaria de gestión pública, tiene poco espacio de actuación porque, como tantas instituciones públicas, están bajo sospecha. Sin embargo, si se estrecha el cerco sobre las universidades cercenando su autonomía a partir de razones tecnoestructurales, otro espacio de libertad y autonomía quedará en entredicho entre nosotros.
 
En fin, la universidad tiene hoy un papel esencial en la vida social. Una función que reside en la transmisión rigurosa del conocimiento, de un conocimiento volcado a la mejora de la realidad social. Si no somos capaces, como profesores, de exponer lo que sabemos para que los futuros profesionales asuman actitudes y aptitudes de compromiso con la mejora de la vida social, habremos fracasado. La autonomía universitaria es una garantía constitucional para que los saberes se enseñen en libertad y, sobre todo, para que la institución actúe al servicio de su propia identidad. Para eso necesita medios materiales y personales. Los materiales no debe esperarlos de brazos cruzados de las Administraciones públicas, también debe procurarlos fomentando investigaciones de vanguardia y demostrando, en relación con los medios personales, que los profesores aportan a la sociedad, cada uno desde su área de conocimiento, una ciencia y una sabiduría que resuelve problemas, que da soluciones, que busca la mejora de las condiciones de vida de los habitantes.
 
¿De qué sirve que, en efecto, en este tiempo hayan aumentado las publicaciones científicas en España si luego se demuestra que apenas tienen incidencia en la vida social?. La crisis también es una oportunidad para el crecimiento de las universidades, en compromiso social y excelencia académica e investigadora, no en dependencia o sumisión hacia las Comunidades Autónomas.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es