En 2010 conocimos, gracias a un informe publicado en Harvard Business Review, que la factura de fondos públicos que ayudaron a rescatar el sistema financiero internacional reflotando bancos y aplicando planes de estímulo ascendía, hasta finales de2009, a13 billones de dólares. Es decir, el 21.12 del PIB mundial,  que supone una carga adicional próxima a los 1.900 dólares por cada ser humano del planeta. Hoy, noviembre 2012, hemos sabido que los fondos públicos, los fondos de todos destinados a la crisis financiera en España superaron los 85.000 millones de euros. Es decir, 1850 euros por persona, por ciudadanos español.
 
Sorprende, y no poco, que estas decisiones de los diferentes gobiernos, en parte a causa de la deficiente regulación de los mercados financieros nacionales y globales, se hayan adoptado sin consulta alguna con los ciudadanos, cuando se trata efectivamente de políticas de gasto público que afectan a las condiciones de vida de las personas. En muchos casos, además, sin que los ciudadanos hayamos sido informados acerca del destino real de esos fondos y de su eventual devolución.
 
Las desaforadas políticas de gasto público que han debido afrontar los gobiernos para mantener la estabilidad financiera no tienen por qué pagarlas íntegramente los ciudadanos, como está ocurriendo en general. Más bien, las entidades beneficiarias de los planes de rescate financiero deberían devolver cuanto antes a las arcas públicas los fondos recibidos explicando minuciosamente el destino dado a esas ayudas públicas.
 
Los rescates bancarios implementados por los gobiernos ascienden, según el informe citado, hasta 2010, a 3.6 billones de dólares, el 5.73 % del PIB mundial. Los planes de estímulos suponen el 9.4 billones de dólares, el 15.39 % del PIB global. El 75 %  del rescate bancario se ha concentrado en los países occidentales, que representa el 7.8 % del PIB de estos países. En este contexto, hemos seguido con los programas de estímulos financieros, con lo que el déficit público seguirá subiendo. Lo que implica, es obvio, que los impuestos seguirán creciendo. Todo ello con la población como la gran convidada de piedra de unas políticas que ayudan a que algunos  bancos, a pesar de su gestión, no caigan, y a que la gente corriente no disponga de créditos, todo lo mas rebajas de salarios, si es que no están en paro, o subidas de impuestos.
 
Por estos lares, a pesar de los fondos del común que se han puesto a disposición de las instituciones financieras, ahora resulta que hacen falta 60.000 millones de euros más. ¿Qué hay detrás de ese gran dogma de la estabilidad financiera?. ¿Hasta cuándo el pueblo llano tendrá que soportar decisiones tan oscuras y tan injustas?.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es