El Colegio de Comisarios de la UE, con la que está cayendo tras el escándalo de las “bonificaciones fiscales” que Luxemburgo obsequió a varias multinacionales, no ha tenido más remedio, siendo quien es su actual Presidente, que modificar sustancialmente una praxis que hasta la fecha venía facilitando la falta de transparencia entre la propia Comisión de la Unión Europea y los lobbies.
 
En efecto, a partir de ahora los Comisarios, miembros de sus gabinetes y los Directores generales de la Comisión, habrán de publicar su agenda de trabajo. Algo que se venía reclamando desde hace tiempo.
 
Es bien sabido que una de las causas del llamado déficit democrático dela Unión Europease encuentra en la opacidad  con que tantas veces se dirimen los concursos y las adjudicaciones públicas en el seno de la burocracia comunitaria. A pesar del número de normas, de libros verdes,  blancos y de los esfuerzos de numerosas autoridades de la Unión en diferentes etapas, la verdad es que todavía la transparencia no era un término que identifique el ambiente de trabajo enla Comisión Europea.
 
En efecto,  hasta no hace mucho, ante la petición del Defensor del Pueblo europeo sobre el nombre de los miembros de los lobbies que tratan habitualmente con la tecnoestructura comunitaria, la Comisión se permitía el lujo de señalar que no podía facilitar dichas identidades porque atentaría contra la privacidad de dichas personas y, por ende, estaría conculcando las normas sobre la protección de datos. Cómo si resultara ahora que la protección de los datos, que es muy importante por supuesto, adquiera una relevancia absoluta.
 
La argumentación de la Comisión por aquel entonces era  digna de reflexión. Admitía, solo faltaría, la existencia de lobbies, grupos de presión, que trabajan ante las autoridades europeas, pero no facilitaba, en aras de la protección de los datos, ni sus nombres ni las reuniones que los miembros de la tecnoestructura comunitaria europea mantenía con dichas organizaciones.
 
En un Estado de Derecho, en un Estado en el que la Administración pública está al servicio objetivo del interés general, lo razonable es que la ciudadanía pueda conocer los actores que participan en la elaboración de las normas y si existen o no tratos de favor a determinados colectivos o grupos de presión. Ocultar la identidad de los miembros de los lobbies o grupos de presión es una mala práctica. Primero porque quien oculta algo es normalmente porque no le beneficia la luz. Y, segundo, porque la transparencia hoy, en el siglo XXI, es la característica, la señal de identidad más relevante por la que se debería conocer a la Administración pública democrática. Sin embargo, todos los años nos topamos con que el mes de agosto sigue siendo un mes en el que muchas normas, no poco importantes, se publican en los boletines oficiales.
 
La alusión a la privacidad de la identidad de las personas que integran los lobbies debe ceder, como ha sido ha sido, ante las exigencias del interés general. No era razonable la preferencia de la privacidad en la gestión de los asuntos públicos, salvo que estemos en procedimientos que afecten a la seguridad pública o al derecho de la intimidad, casos excepcionales que, en todo caso, justificarían la regla general dela transparencia. Este es un principio general que ha de aplicarse con prudencia, sabiendo que lo público está destinado al conocimiento general precisamente porque el dueño de las instituciones y los procedimientos administrativos es, precisamente, el pueblo soberano, no el político o administrador de turno que piensa que es el experto en el manejo de los asuntos de interés general.
 
El artículo 41 dela Carta Europeade los Derechos Fundamentales reconoce el derecho fundamental de la persona a la buena administración pública, derecho que consiste en que los asuntos públicos se resuelvan equitativamente, objetivamente y en un plazo razonable. La transparencia en la actuación de los lobbies cerca de las autoridades comunitarias para intentar mejorar las regulaciones y las normas en beneficio de sus representados constituye, desde luego, una concreta manifestación del derecho fundamental a la buena administración de los asuntos públicos. Menos mal que se ha rectificado. Tarde pero se ha rectificado. Nunca es tarde si la dicha es buena.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.