La profunda crisis moral que en este momento surca el mundo de uno a otro costado está en la base de los desastres económicos y financieros que hemos conocido estos años. Si, como parece, resulta rentable el uso de mano de obra infantil, la contravención de los más elementales estándares medioambientales, la falta de transparencia o, por ejemplo, las retribuciones indignas, es que algo no funciona o, mejor,  que algo muy importante funciona muy mal  en el mundo económico y financiero. Cuándo los accionistas minoritarios no pintan nada en la toma de decisiones relevantes en las empresas o cuándo nada tienen que decir en punto al establecimiento de los salarios fijos y variables de los directivos, es que se están horadando las más elementales reglas de la ética y de la justicia.
 
La contratación administrativa es, además de una convocatoria al sector privado a colaborar con el público en la realización de obras y servicios de interés general, una política pública que puede fomentar buenas prácticas al servicio de los derechos de las personas y, por ello, obviamente, del interés general. Es el caso del comercio justo, en el que encontramos cláusulas en la contratación pública que promueven la protección ambiental, la justicia social o la participación social.
 
La reflexión acerca de las causas de la crisis económica y financiera está animando a muchas personas acostumbradas al pensamiento crítico a formular nuevas formas y maneras de entender y enfocar la actividad económico-financiera, también desde el sector público. En concreto, el profesor Christian Felber, promotor de la doctrina de la economía del bien común, del interés general podríamos decir en términos jurídico-administrativos, plantea, por ejemplo, que el marco legal favorezca estas prácticas éticas.
 
Es decir, la legislación debiera, ojala con carácter y vinculación global, facilitar este tipo de actuaciones y perseguir prácticas lacerantes o indignas. Por ejemplo, a las empresas que practiquen prácticas éticas en línea con el comercio justo, se las debería de primar. Por ejemplo con bajadas de impuestos y tasas aduaneras o con créditos en condiciones ventajosas.
 
En la medida en que se fomente lo que es digno de la condición humana será más difícil que lo impropio o inadecuado siga siendo tan rentable como lo es en este tiempo. Un tiempo en el que todavía existen empresas y empresarios que  realizan su actividad con la única finalidad de obtener el mayor beneficio en el menor plazo de tiempo posible. En estos casos, tales estructuras y organizaciones inflingen un grave daño a los empleados, muchas veces condenados a ser objetos de usar, explotar y tirar.
 
La economía del bien común plantea también, es lógico y coherente con sus postulados, que los balances de las empresas reflejen los valores del comercio justo. Los balances, desde esta perspectiva, dejan de ser fines en sí mismos para convertirse en instrumentos de una forma novedosa de dirigir y gestionar que parte de la centralidad humana y de sus derechos fundamentales. Casi nada, ¿verdad?.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es