Una de las causas de la crisis económica es, sencillamente, el abultado gasto  de numerosos entes y órganos públicos para quienes los fondos públicos apenas tenían límite alguno. Así se explica, entre otras razones, el crecimiento exponencial de entes, órganos, organismos, agencias, entidades y toda suerte de Administraciones instrumentales y empresariales que pueblan el paisaje administrativo español.
 
Un análisis sereno del modelo organizacional de las estructuras administrativas del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Entes locales, confirma la desproporción en el crecimiento. Un crecimiento motivado las más de las veces por la necesidad de colocar excedentes de la contienda política y por la convicción, en unos y otros,  de que el aparato público es la principal agencia de colocación y de ubicación de personal al que retribuir y agradecer servicios prestados en el pasado.
 
En parte, la situación a la que se ha llegado, permite reflexionar sobre la necesidad de una contundente rectificación. La sanidad española, por poner un ejemplo bien conocido, podría gestionarse sin tantas estructuras y cargos de designación política. El problema, sin embargo, es que el modelo de organización burocrático que las Comunidades Autónomas y los Entes locales han calcado del aparato estatal ya no sirve. No es posible que las estructuras administrativas sean, más o menos, las mismas en la dimensión estatal, en el ámbito autonómico y en la esfera local.
 
La cuestión, pues, no se resuelve únicamente eliminando sin más cargos y estructuras. Así solamente se parchea el problema. La clave está en buscar nuevos modelos organizativos más adecuados para la mejor gestión de las políticas públicas locales y autonómicas. No es una cuestión cuantitativa, es cualitativa. Reproduciendo esquemas organizativos periclitados y obsoletos se profundiza en el error. Buscando nuevos esquemas, nuevos modelos y analizando lo que funciona de verdad, las experiencias exitosas en los niveles del gobierno y de la administración pública, al menos podemos situarnos en nuevos escenarios y horizontes que tan necesarios son para sacudirse una forma anticuada de gestionar y administrar el espacio público.
 
Hay que buscar otro modelo, otra estructuración de lo público en los gobiernos y administraciones autonómicas y locales, que atienda mejor a los intereses públicos propios. Todavía, también en la Administración del Estado, no hemos comprendido que para gestionar y administrar las políticas públicas de equidad y de solidaridad, que son las más conectadas a la esencia estatal, no sirven las estructuras actuales. Es decir,  tendríamos que liberarnos de clichés y estereotipos y diseñar en función de los intereses generales y pensando, sobre todo y ante todo, en las personas. Sin embargo, seguimos, a juzgar por lo que se va conociendo, que seguimos anclados en métodos antiguos, en pugnas corporativistas y, sobre todo, en una perspectiva tecnoestructural y burocrática que impide lo más importante: primero las personas y luego las estructuras.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es