En un contexto de baja calidad democrática como el que reina en buena parte del planeta, que se traduce en una baja calidad regulatoria, debemos recordar que en el Estado de Derecho el ejercicio del poder público, también el financiero y el económico por supuesto, está, debiera estar más bien,    sometido plenamente a la ley y al Derecho. En efecto, el principio de juridicidad, junto a la separación de los poderes del Estado y al reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, los individuales y los sociales, componen el trípode sobre el que asienta ese modelo cultural y político que conocemos como Estado de Derecho. Un modelo que se pisotea y transgrede, sutilmente las más de las veces, groseramente de vez en cuando, cuándo se permite que la voluntad de mando, de poder, se convierta en canon único y exclusivo, sin límites, de la actuación de quienes están investidos de alguna suerte de potestades, sean de la naturaleza que sean.    Hoy, lo vemos cristalinamente, no solo en lo formal, sino en el talante con que se desprecia a quienes no comulgan con la oficialidad, con la verticalidad, a quienes piensan en libertad y exponen ideas que no se identifican con el pensamiento único, con lo políticamente correcto.

En efecto, a pesar de que los Ordenamientos constitucionales someten a la ley y al Derecho las manifestaciones del poder político, económico y financiero, en realidad, como bien sabemos, el respeto que merece el Derecho brilla tantas veces por su ausencia pues con frecuencia quienes disponen del poder hacen, de una u otra manera, lo que les viene en gana tal como hoy comprobamos con toda claridad. En el fondo, y siguiendo a Hobbes, se ha sustituido la razón, el elemento central de la norma para Tomás de Aquino, por la voluntad con las funestas consecuencias que de esta operación se deriva, también en el plano de la técnica normativa.

En este tiempo, la prensa y la televisión nos sirven a diario escenas y pasajes que confirman que la victoria de Hobbes sobre Tomás de Aquino es una amarga realidad. La voluntad se impone a la razón y, por ende, el equilibrio aristotélico entre materia y forma se convierte en dictadura de una forma que aleja de si tanto cuanto puede toda referencia a los principios, a la sustancia de la realidad.

Como es bien sabido, los dictadores usaron en su provecho el propio Estado, hasta el Estado de Derecho, claro en su versión formal y procedimentalizada. Hitler, sin ir más lejos, utilizó, y de qué manera, el Estado, sorprendentemente el Estado de “Derecho” del momento, pues llegó al poder a través de unas elecciones, utilizando la institución estatal como arma arrojadiza contra el propio Derecho hasta conseguir anularla, laminarla, dominando a su antojo a una sociedad inerme, sin temple cívico, sin capacidad crítica. Los alemanes, por eso, en la Constitución de Bonn dejaron esculpido en uno de sus preceptos más relevantes que el poder público está sometido a la ley y al Derecho, con mayúsculas. A la norma elaborada en el parlamento y a ese humus o conjunto de principios que han de respirar las normas para orientarse derechamente a la justicia.

La recuperación de la razón como norte de la ley y del ejercicio del poder es una tarea urgente. Se lleva hablando y escribiendo desde hace tiempo acerca de esta cuestión, pero no se afronta de verdad porque el dominio de la razón positivista es tal que impide contemplar la realidad en su esencial dimensión plural y abierta. Por eso, los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario cada vez tienen más importancia si es que de verdad queremos asentar el solar de nuestra democracia sobre bases sólidas.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana